Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa U-2.035/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder los recursos extraordinarios federales interpuestos por la Unión Cívica Radical a fs. 1382/1401, y por los Sres. Juan José Ortega, Javier A. Stoessel y Diana M. Huerga Cuervo a fs. 1413/1432 vta., con costas en el orden causado.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: U-2.035/15-TSJ Otros Recursos N°: 367.-
Actor: UNION CIVICA RADICAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTROS Demandado: ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTROS Objeto: AMPARO Fecha: 26-11-15 Texto TOMO VII –OTROS RECURSOS– T.S.J..-
REGISTRO Nº 367 FOLIO Nº 1383/1391 PROT. ELECT. TSS1 013 O.151
Río Gallegos, 4 de diciembre de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “UNIÓN CÍVICA RADICAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTROS c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ AMPARO”, Expte. Nº U-16.559/15 (U-2.035/15-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud de los recursos extraordinarios federales que articulan la Unión Cívica Radical a fs. 1382/1401, y Juan José Ortega, Javier A. Stoessel y Diana M. Huerga Cuervo a fs. 1413/1432 vta., ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 1359/1365 que declara mal concedidos los recursos de inconstitucionalidad y, en consecuencia, revoca la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1334/1335.- La Unión Cívica Radical funda el recurso deducido manifestando que “…En el presente caso existe una notoria gravedad institucional, pues están comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno y los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional…” (cfr. fs. 1382 vta.).
Afirma que “…Los artículos 3º y 4º de la ley 3415 afectan gravemente en forma actual e inminente el derecho de la UCR de postular candidatos a gobernador y vicegobernador en las próximas elecciones y también en las futuras…” (cfr. fs. 1383 vta.). Bajo el acápite “Cuestiones Federales”, expresa que “La decisión de V.E., al declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, no se hizo cargo de los argumentos expuestos por esta parte desde el inicio de las actuaciones y omitió la consideración de las cuestiones federales en juego que le fueron expuestas.” (cfr. fs. 1393). También señala que “V.S. debió haberse pronunciado sobre las cuestiones federales llevadas a su conocimiento y al no hacerlo incurrió en denegación tácita de las cuestiones federales oportunamente introducidas y sostenidas por esta parte… En el presente caso existe una cuestión federal compleja atento que los artículos 3º y 4º de la ley 3415 son inconstitucionales, y así debe declararlo V.S., por vulnerar el sistema representativo y republicano resguardado por los artículos 1º y 5º de la Constitución Nacional, como así también por violentar el valor ‘igual’ del voto garantizado por el artículo 37 de la Constitución Nacional, todo lo cual vulnera las normas pertinentes de los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 23 CADH, 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).
El presente caso no conlleva una mera discusión de derecho local, atento que la grosera vulneración constitucional existente impregna de un clarísimo interés federal a la presente causa, en el marco de un supuesto de extrema gravedad institucional…” (cfr. fs. 1394). En el acápite dedicado al sistema representativo y republicano de gobierno, afirma que “…las reglas sobre la organización del poder, la constitución de los poderes, y su división son centrales para la adopción del sistema republicano y debe asegurarse su vigencia mediante acciones que permitan su protección efectiva” (cfr. fs. 1395 vta.). Seguidamente expresa que “…desde el prisma de la Constitución Nacional, es evidente que las acciones llevadas adelante por los poderes constituidos de la Provincia de Santa Cruz, puntualmente la adopción de un régimen electoral que violenta las claras y expresas disposiciones constitucionales locales, están afectando la plena vigencia de la forma republicana de gobierno que tales poderes deben cumplir y asegurar… al promover y permitir la violación del artículo 114 de la Constitución Provincial, se ha producido una vulneración del régimen republicano de gobierno asegurado por la Constitución Nacional y una afectación de la voluntad expresa y concluyente del Poder Constituyente de Santa Cruz…” (cfr. fs. 1396 vta./1397).
Por otro lado, afirma que “…los artículos 3º y 4º de la ley 3415 aquí impugnados son violatorios del artículo 37 de la Constitución Nacional. En dicha norma los constituyentes de 1994 pugnaron el valor igual del voto para cada uno de los ciudadanos, quedando excluida la posibilidad de que los poderes constituidos puedan incorporar el mecanismo de voto simultáneo y acumulativo” (cfr. fs. 1397). Entiende que no resulta aplicable el precedente de Fallos 326:2004, en razón de que “…en el caso del Partido Demócrata Progresista, el cuestionamiento de la ley de lemas de Santa Fe se hizo con base únicamente en las normas de la Constitución Nacional… En autos… se discute si el sistema de lemas se adecua y respeta el artículo 114 de la Constitución Provincial.
Se discute su legalidad y constitucionalidad y el impacto en el sistema representativo y republicano que la vulneración de la legalidad y constitucionalidad generan” (cfr. fs. 1398 vta.). Por último, afirma que “La sentencia recurrida no constituye una derivación razonada del derecho vigente e incurre en diversos vicios de arbitrariedad, con todo lo cual violó el derecho de defensa y la garantía del debido proceso de nuestra parte (arts. 18 de la Const. Nacional). En primer lugar, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia debe ser revocada por cuanto carece de fundamentación suficiente y constituye una sentencia dogmática, sólo apoyada en la mera voluntad de los jueces intervinientes… A su vez, en segundo lugar, la sentencia impugnada es arbitraria atento que se apartó arbitrariamente de las constancias de la causa, por lo que también debe ser revocada…” (cfr. fs. 1400 y vta.).
Finalmente, solicita que se haga lugar al recurso extraordinario, con costas (conf. fs. 1401).- A fs. 1413/1432 vta., presentan recurso extraordinario Juan José Ortega, Javier A. Stoessel y Diana M. Huerga Cuervo. Afirman que “En este litigio se ha cuestionado la validez de los artículos 4to. y 5to. de la Ley Provincial Nro. 2052, según la modificatoria introducida por la Ley Provincial Nro. 3415, en cuanto establece para los fines de la elección de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz el sistema de elección por ‘LEMAS y ‘SUBLEMAS’, por resultar violatorio de los artículos 1, 123 y 31 de la Constitución Nacional…” (cfr. fs. 1414). Agrega que “Asimismo, se configura en autos otro supuesto de CASO FEDERAL POR SENTENCIA ARBITRARIA… por cuanto la sentencia declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto apartándose de las constancias de la causa, sin analizar debidamente los motivos recursivos invocados y en violación de la ley aplicable, no siendo el fallo derivación razonada de las constancias de la causa y del derecho vigente…” (cfr. fs. 1414 y vta.).
Expresan que “…En primer lugar se debe advertir que el TSJ cercena arbitrariamente la vía recursiva intentada en clara contradicción con la ley aplicable… Esta parte impugnó la sentencia recurrida en tanto se había configurado un supuesto subsumible dentro del inciso 1ro. del artículo 19 de la Ley Nº 1687, por cuanto en este litigio se ha cuestionado la validez de los artículos 4to. y 5to. de la Ley Provincial Nro. 2052, según la modificación introducida por la Ley Provincial Nro. 3415, por resultar violatorio de los artículos 114, 111 y 17 de la CP, además de violar los artículos 1, 123 y 31 de la CN; y la decisión de la Cámara de Apelaciones fue a favor de la Ley en cuestión” (cfr. fs. 1421 y vta.).
También entiende que “…se configura un supuesto de arbitrariedad, pues el fallo del TSJ se aparta de las constancias de la causa y omite analizar las cuestiones esenciales articuladas por esta parte en contra del fallo de Cámara y que habilitaban la vía recursiva intentada” (cfr. fs. 1423 vta.). Por otro lado, manifiestan que “Ante la posible afectación que sostiene la Cámara: se dijo que ni la sentencia de primera instancia -ni la postura de los amparistas- implican una afectación a los principios de la garantía federal. Todo lo contrario, pues las facultades que poseen las provincias para organizar sus propias instituciones, implica (sic) también la facultad de establecer modelos de sistemas electorales para la elección de sus autoridades, en respeto al sistema representativo republicano y federal, y a fijar dentro de tal marco y en su propio texto constitucional provincial las bases sobre las cuales estructurarlos; bases que han de servir de límites al poder constituido para organizar el sistema electoral” (cfr. fs. 1424).
Continúan su recurso expresando que “…se han controvertido argumentativamente todos los fundamentos vertidos por la Cámara dirigidos a sostener la constitucionalidad de la ley de lemas atacada por los suscriptos, realizándose una crítica concreta y razonada de la sentencia en crisis que habilita sin más la vía recursiva intentada” (cfr. fs. 1428 vta./1429). Por último, enuncian que “…si el poder constituyente de la provincia de Santa Cruz fijó a través de los artículos 111 y 114 del texto Constitucional bases del sistema político electoral en consonancia con la representación exigida por los artículos 1, 37, 38 y 123 de la CN, el poder constituido debe obrar dentro de tales límites; y no puede alegarse la garantía federal, ni la libertad de los estados provinciales para fijar sus instituciones, para desconocer y violar los mismos límites y reglas que el estado provincial se impuso… el presente caso implica una discusión de derecho local, pero también de derecho federal, pues admitir la norma inconstitucional y aceptar la postura expresada por los apelantes demandados…admitiéndose la confusión del poder constituido y el poder constituyente, estaríamos ante un supuesto de extrema gravedad institucional, por afectarse la forma constitucional de gobierno garantizada por los arts. 1 y 123 de la CN (el estado republicano de derecho), y el principio de jerarquía normativa - art. 31 de la CN” (cfr. fs. 1430 vta./1431).- A fs. 1403 y 1434 se corre traslado, a las partes intervinientes, de los recursos deducidos por el término y bajo apercibimiento de ley, quienes debidamente notificadas lo contestan a fs. 1445/1461, 1462/1471, 1474/1478, 1479/1489, y 1490/1500.-
En efecto, a fs. 1445/1461 se presenta la Provincia de Santa Cruz y respecto del recurso interpuesto por los Sres. Ortega, Stoessel y Huerga Cuervo, expresa que “…se ha reseñado de forma incorrecta, infundada e imprecisa la mención de las cuestiones planteadas como de índole Federal… se advierte sin mayor esfuerzo que los propios recurrentes confunden los alcances de sus propias pretensiones en el devenir del escrito en traslado” (cfr. fs. 1446). Seguidamente señala que la redacción del recurso es imprecisa y contradictoria, no existiendo un relato claro y preciso de las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, por lo que entiende que “…nos encontramos frente a un supuesto de ausencia de agravio Federal, en función de lo cual debe declararse la improcedencia de la vía intentada” (cfr. fs. 1447 y vta.).
Afirma que “…la mayor parte del Recurso Extraordinario Federal introducido es fruto de la transcripción del fallo de primera instancia, con absoluta falta de elaboración propia, aspecto que denota la imposibilidad de demostrar la pretensa arbitrariedad de la sentencia actualmente recurrida, frente al insoslayable dato de la existencia del precedente ‘RUBALCABA’ emanado del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, del que surge una interpretación argumentativa adecuada para sostener actualmente la constitucionalidad de los (sic) normas provinciales puestas en crisis…” (cfr. fs. cit.). Entiende que el pronunciamiento impugnado no les ocasiona a los recurrentes un gravamen personal, concreto y actual, ni que exista la alegada arbitrariedad manifiesta (conf. fs. 1448).
Por otro lado, expresa que “…no se demuestra la existencia de una ‘cuestión federal’ porque en el conjunto de particularidades del sub examine no se halla en juego la interpretación de normas federales contrariamente a lo que indica la recurrente, por ende, no se encuentran satisfechos los recaudos formales exigidos por los Artículos 1, 2º, 3º, y 10 de la Acordada C.S.J.N. 04/2007, debiendo V.E. desestimar formalmente el Recurso Extraordinario planteado, en los términos del Artículo 11º de dicho plexo reglamentario” (cfr. fs. 1448 vta.). Luego analiza el recurso extraordinario interpuesto por la Unión Cívica Radical, manifestando que “El remedio procesal intentado resulta formalmente inadmisible por cuanto tampoco cumplimenta los recaudos exigidos por la Acordada 04/2007 de la C.S.J.N., adoleciendo de iguales deficiencias que las ya apuntadas en acápite precedente, a las que brevitatis causae nos remitimos” (cfr. fs. 1448 vta.).
Señala que resulta extemporánea “…la pretensión de introducir en esta instancia peticiones que no fueron incluidas y debatidas inicialmente, toda vez que se indica dentro del mismo acápite que: ‘…iii) se ordene al Estado Provincial proclamar ganador de las elecciones en curso convocadas por decreto 183/2015 al binomio de candidatos a Gobernador y Vicegobernador que obtenga la mayoría a simple pluralidad de sufragio, con costas’. Ante tal improcedente petición formulada en este estadio procesal, se advierte la improcedencia del recurso bajo análisis” (cfr. fs. 1450). Seguidamente, y en relación al recurso deducido por Ortega, Stoessel y Huerga Cuervo, realiza un análisis de sus fundamentos afirmando que “…los argumentos blandidos por los amparistas recurrentes no consiguen evidenciar la existencia de fundamentos novedosos o carentes de coincidencia con el precedente caratulado: ‘RUBALCABA TIRSO S/ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD’ EXPTE R-207/91 – FALLO REGISTRO 18 – FOLIO 331/336, que sentara claros lineamientos de interpretación en materia de Ley de Lemas… Cabe reiterar que a la fecha del dictado de la Ley 3415… existía el ya citado antecedente del Excmo.
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, que avaló la legitimidad del proceso eleccionario bajo el sistema de ‘Ley de Lemas’… Dicha circunstancia necesariamente determina que ante un texto legislativo que prevea ese sistema, no pueda aludirse o invocarse la existencia de ilegalidad y/o arbitrariedad manifiesta, ni agravio federal, de modo de habilitar la vía de excepción aquí intentada” (cfr. fs. 1452 vta./1453 vta.). Respecto de los fundamentos del recurso interpuesto por la Unión Cívica Radical, expresa que “…so pretexto de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, lo que se hace es reeditar ante esta instancia extraordinaria argumentos que ya han sido vertidos y rebatidos en las etapas procesales previas.- Y esto sucede sin el aporte de argumentos novedosos que permitiesen concluir que lo resuelto por la Alzada o bien que la postura doctrinaria y jurisprudencial seguida por la misma pudiera ser considerada como infundada, arbitraria, en atención al recurso de inconstitucional (sic) intentado” (cfr. fs. 1457).
Finalmente, solicita se decrete la inadmisibilidad del Recurso Extraordinario Federal deducido por el Sr. Juan José Ortega, Javier Stoessel, Diana Huerga Cuervo y por la Unión Cívica Radical, con costas (conf. fs. 1460 vta./1461).- A fs. 1462/1471 y a fs. 1479/1489 vta., se presenta el partido Kolina – Distrito Santa Cruz manifestando que “…conforme a nuestro ordenamiento legal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estamos ante una cuestión de derecho interno, de las denominadas no federales. Concibo que el fallo atacado por los amparistas al haber fallado la contienda según la interpretación que los jueces de la causa hicieron de una norma de derecho no federal, no habilitan la competencia apelada de la Corte en los términos del artículo 14 de la ley 48” (cfr. fs. 1462 vta.).
Por otro lado expresa que “La amparista no ha traído a la causa fundamentos suficientes que puedan hacer cambiar la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal en autos: ‘RUBALCABA TIRSO S/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD’… y ‘BIELLE, FERNANDO JAVIER Y OTROS S/ ACCIÓN DE INCONTITUCIONALIDAD’ (sic)…” (cfr. fs. 1464 vta.).- Asimismo en relación a la resolución de la CIDH citada por los amparistas respecto de la autenticidad del voto, señala que “…los amparistas citan de forma parcial…la Resolución 1/90…” (cfr. fs. 1465 vta.) y que los casos citados se refieren a casos de fraude (conf. fs. 1466). Seguidamente transcribe el párrafo que fuera mal señalado por la amparista, el Nº 47, que en su parte final dice que “…En sentido negativo, esta característica implica la ausencia de coerciones que distorsionen la voluntad de los ciudadanos” (cfr. fs. 1466).
Agrega otro párrafo de dicha resolución, el Nº 49, que se refiere a las condiciones generales en las que se desarrolle la competencia electoral, que requiere que todas cuenten con condiciones básicas similares para el desarrollo de su campaña (conf. fs. 1466 vta.). Concluye señalando que “…la ley de lemas se aplica a todos los partidos políticos siendo las condiciones para el proceso eleccionario, iguales para todos los candidatos…” ( cfr. fs. 1466 vta./1467).- A fs. 1474/1478 contesta traslado el Presidente de la Junta Promotora del Partido Primero Santa Cruz, afirmando que “La parte recurrente intenta construir su caso sobre la base de la configuración de una supuesta decisión arbitraria por parte del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo intenta demostrar, en el presente caso la actora no logra articular un genuino caso federal en los términos en que es admitido por la corte suprema…” (cfr. fs. 1474 vta.).
También expresa que “…so pretexto de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, lo que se hace es reeditar ante esta instancia extraordinaria argumentos que ya se han vertido y rebatida (sic) en las etapas procesales previas.- Y esto sucede sin el aporte de argumentos novedosos que permitiesen concluir que lo resuelto por la Alzada o bien que la postura doctrinaria y jurisprudencial seguida por la misma pudiera ser considerada como infundada, arbitraria y, en atención al recurso que se interpone inconstitucional” (cfr. fs. 1475 vta.).- Por último, a fs. 1490/1500, se presenta el Partido de la Victoria, contesta el traslado conferido y se opone a la concesión del recurso deducido por la Unión Cívica Radical reproduciendo los argumentos esgrimidos por el partido Kolina, a los que, en honor a la brevedad, nos remitimos.-
Que, a fs. 1501 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien dictamina a fs. 1502/1503 vta., respecto del recurso impetrado. Allí expresa que “… los recurrentes al describir las razones que justifican el remedio intentado, articulan una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como tipo jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que los recursos interpuestos no superan el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que los originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica… los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras… En el sub lite, las presentaciones denotan la ausencia de debida fundamentación, toda vez que los ensayos recursivos esbozados no alcanzan a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas, no logran demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos... En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisibles los recursos impetrados” (cfr. fs. cit.).- Que, a fs. 1504 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Analizando las presentaciones de la Unión Cívica Radical a fs. 1382/1401, y de Juan José Ortega, Javier A. Stoessel y Diana M. Huerga Cuervo a fs. 1413/1432 vta. y tal como lo disponen los artículos 257 del CPC y C de la Nación, 14 y 15 de la ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales de los recursos articulados.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que los presentes recursos se articularon ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quienes tienen capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que los recurrentes dieron cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar los recursos deducidos en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar los recursos a la luz de la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso d) del artículo 2º por la Acordada Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos de los artículos primero y segundo de las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, ambas presentaciones no superan las 40 páginas de 26 renglones cada una, han sido escrita con letra claramente legible (art. 1 del Reglamento) y cuentan con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º.-
Analizando los recaudos exigidos por el articulo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia. Fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. Fallos: 303:633).-
En consecuencia, en el presente el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, los escritos recursivos logran poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b) pero no consiguen satisfacer las exigencias del inciso c) del artículo citado.-
Se observa que las recurrentes no logran demostrar que el pronunciamiento impugnado les ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (conf. art. 3º inc c), es decir, no acreditaron la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (conf. Andrés Gil Domínguez, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja” Ed. Edial, Pág. 107 y vta.) sino que se limitaron a realizar un análisis de lo que, consideran debería haber resuelto este Alto Cuerpo (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 357, Folio 1347/130). Es decir, que no logra demostrar cual es el perjuicio constitucional concreto que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limitan a mencionar derechos que emanan de la Carta Magna y que, dicen, han sido menoscabados (inc. c), sin explicar ni demostrar debidamente cómo es que se ha producido tal violación.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (conf. Fallos 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (confr. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal y al caso de inequívoco carácter excepcional, como es la arbitrariedad, invocados (conf. Fallos 310:1014, 313:934 317:1321; 323:1247; 325:2319; 329:4279; 331:1906; 333:360; entre otros, y Lacustre del Sud S.A. c/ Consejo Agrario Provincial -Provincia de Santa Cruz s/ demanda contencioso administrativa L. 16. L. Rex, CSJN).- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14, ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina, la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Carlos R. Tribiño, “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, página 104).- Tanto la Unión Cívica Radical como los recurrentes Ortega, Stoessel y Huerga Cuervo, fundan sus recursos extraordinarios en el artículo 14º, inc. 2º de la ley 48, ya que la validez de una ley provincial se ha puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, y la decisión ha sido favorable a la validez de la ley provincial.-
Sin embargo, los recurrentes no logran demostrar cual es el perjuicio constitucional concreto que el pronunciamiento impugnado les ocasiona, sino que sólo se limitan a mencionar derechos que emanan de la Carta Magna y que, dicen, han sido menoscabados, sin demostrar cómo es que se ha producido tal violación, reiterando las argumentaciones vertidas en anteriores presentaciones, desatendiendo los fundamentos de la resolución impugnada, sin asumir la tarea que le compete, de rebatir los mismos.-
Cabe señalar que hubo acabado tratamiento de las cuestiones planteadas, las cuales no fueron resueltas tal cual pretendían los recurrentes y la mera disconformidad con la resolución de las mismas no es más que una diferencia de opinión, insuficientes para lograr habilitar la vía extraordinaria.-
Asimismo en relación a la insistencia en la afectación al sistema republicano en cuanto al procedimiento anómalo de reforma de la Constitución, cabe señalar tal como consideró la Cámara y este TSJ, en las resoluciones en crisis, que la ley electoral dictada dentro de las potestades del Poder Legislativo Provincial y observando principios de razonabilidad, incluyó las categorías de Gobernador y Vicegobernador, además de la categoría de Intendente, -la que nunca fue cuestionada- sin invalidar las disposiciones de elección a voto directo y a simple pluralidad de sufragios establecidos en la Constitución, habiéndose desarrollado en las resoluciones atacadas, los fundamentos que lo sustentan al decir entre otros, que la adhesión a una postura doctrinaria como la que expresa que la simple pluralidad de sufragio debe ser entendida -necesariamente- como ‘mayoría relativa’, en contraposición a la denominada ‘mayoría absoluta’ o ‘la mitad más uno’, no habilita la vía extraordinaria.- Se reitera tal como se expresara en la resolución impugnada, que de la lectura de los recursos incoados, surge que el reclamo de los amparistas tan sólo se vincularía con la conveniencia del régimen electoral optado por el legislador, únicamente para la elección de Gobernador y Vicegobernador y no para otra categoría habida cuenta que la Constitución provincial prevé igual elección directa y a simple pluralidad de sufragios para el Órgano Ejecutivo Municipal (art. 145 CP) aplicándose históricamente el sistema electoral de ley de lemas en la Provincia, sin que se haya planteado la inconstitucionalidad de tal procedimiento, de lo cual se puede concluir lo inatendible del argumento de los recurrentes en cuanto a la reforma de la Constitución.- Por otra parte los recurrentes, citando garantías de derecho de jerarquía de derecho internacional, en función de la eventual responsabilidad de estado argentino frente al orden jurídico supranacional, como fuera la autenticidad del voto, no hacen más que limitarse a realizar meras menciones de las garantías referidas sin realizar una seria demostración de la vulneración de las mismas.
La Comisión Interamericana ha indicado que es garantía de la “autenticidad” de las elecciones, el sistema legal e institucional de cada Estado. Por ello, la Comisión se ha focalizado en sus distintos informes anuales y de país, en detectar la eventual manipulación de los procesos electorales a favor de quienes controlan las instituciones, quienes deciden sobre la validez del voto y cómo se controlan sus decisiones (conf. Alberto R. Dalla via, “Los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos”, Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, pág 57). Cuestiones totalmente ajenas al caso de autos, en que los recurrentes no hacen más que mencionar las garantías sin describir, ni aún menos demostrar como se podrían haber afectado dichas garantías.- En cuanto a la igualdad del voto, los recurrentes insisten en la introducción de un confuso concepto y forzada interpretación del contenido de dicho derecho aplicado al caso, que tal como se sostuviera en la sentencia recurrida, no se encontraría vulnerado el artículo 37 de la Constitución Nacional invocado.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado en materia electoral, hallándose cuestionada la constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de San Juan, la competencia provincial, habiendo afirmado en dicho caso el Procurador General de la Nación que “…la pretensión del actor consiste en invalidar dicho acto eleccionario solamente en lo relativo a la elección de gobernador y vicegobernador, por entender que la aplicación en él de la ley local 6539 que establece el sistema llamado ‘ley de lemas’ violaría el artículo 185 de la Constitución de la Provincia de San Juan, que adopta la elección directa. Habida cuenta de ello, surge en forma nítida que la solución de la causa depende sustancialmente de la aplicación e interpretación de normas provinciales, por lo que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que en lo esencial versan sobre aspectos propios de su derecho público local (Fallos: 310:1074; 312:606 Ver Texto: 314:94 y 810, entre otros)…” (cfr.
Fallos 318:2396).- Al respecto podemos señalar que “…si la legislación local electoral -bien que sin transgredir parámetros federales que dimanan, en primer lugar, de la Constitución- cuenta con su órbita competencial propia cuando se trata de actos electorales provinciales, nos queda la impresión de que la materia del juicio no se fundaba directa y exclusivamente en normas de índole federal sino, a la inversa, en normas provinciales; por ende, lo federal sólo venía, secundariamente, de la necesidad de verificar si esa normativa provincial era inconstitucional por discrepancias con la normativa federal… el tema de la ley de lemas que la Corte sitúa acertadamente en las competencias provinciales, y que venía a ser el núcleo de los planteos formulados por el partido actor, muestra claramente que el caso se hallaba regido por esa legislación provincial y para nada pendía directamente de normativa federal…” (cfr.
Bidart Campos, Germán J., “La ley de lemas santafesina en un proceso asumido por la Corte en su jurisdicción originaria”, Publicado en LA LEY 2003-F, 973, cita on line AR/DOC/11282/2003).- En igual sentido: “…Por materia electoral entendemos a todos aquellos aspectos que hacen al modo de designación de los gobernantes… todo este campo de la competencia estatal es objeto en nuestra Constitución Nacional de una clara distribución de potestades que podemos resumir del siguientesmodo (sic): le compete a la Nación el establecimiento de todas las reglas relacionadas con la elección de sus autoridades; mientras que, es de la potestad de las provincias el dictado de la normativa que hace a la designación de sus titulares del poder y a su aplicación… Esta clara prohibición para el Estado federal de intervenir en este tipo de cuestiones, abarca igualmente a los mecanismos por medio de los cuales se eligen a las autoridades, es decir la materia electoral a que ya hemos hecho referencia… El actor cuestiona el sistema de ley de lemas utilizado en dichos comicios, ya que a su entender el mismo no se compadece con las cláusulas constitucionales que prescriben que la elección de los titulares de dichos cargos debe hacerse por simple mayoría de votos.
Más allá del planteo de corte procedimental que se efectúa en el recurso, la Corte entiende que en la especie se debe determinar el carácter federal o provincial del tribunal competente en la materia. La respuesta que da el Supremo Tribunal es categórica, pues estima que en la medida que en el caso lo que se ventila es la adecuación de la normativa provincial electoral a las disposiciones concordantes de la ley fundamental de la provincia nos hallamos frente a un claro conflicto que queda reservado al conocimiento de los jueces locales. La decisión que acoge en su integridad lo resuelto por la Procuración General de la Nación, se funda en el respeto de las autonomías provinciales, de resultas del razonamiento con que comenzamos el presente comentario… Pretender lo contrario llevaría a un debilitamiento intolerable de nuestro sistema federal, sería un claro subterfugio para invadir la esfera de competencia de las provincias y así impedir que en los hechos se concrete el esquema territorial de poderes que prevé nuestra Ley Fundamental.
Esta misma posición es la que hemos sostenido en otras oportunidades en que se analizaban cuestiones similares…” (cfr. Sabsay, Daniel Alberto, “La materia electoral y el deslinde de competencias nación-provincias en nuestro sistema federal”, Publicado en LA LEY 1997-B , 294/296).- Cabe destacar que las alegadas violaciones de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituyen una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.- Las impugnaciones resultan improcedentes ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este Tribunal atañen exclusivamente al orden local, de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisadas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.-
Por otro lado, los planteos relacionados con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal- no constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado (conf. TSJ, Santa Cruz, Tomo VI, Otros Recursos, Reg. 296, Folio 1136/1139). Así lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expresar que “Las resoluciones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales de la causa, por vincularse con asuntos de naturaleza no federal, son, en principio, ajenas a la instancia extraordinaria” (cfr. Sumario Fallos 328:4597, Dictamen del Procurador Fiscal al que la CSJN hace suyo).- De esta manera, corresponde agregar que “…la interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria…” (cfr. Fallos 312:2110) y tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado.-
También resulta necesario recordar el estándar aplicado por la CSJN en el fallo 335:98, Dictamen del Procurador Fiscal al que la CSJN remitió “…Resulta inadmisible el recurso que pretende que la Corte Suprema revise una sentencia del Tribunal Superior provincial acerca de una materia que integra el derecho público local, como es el contenido y alcance de normas de igual carácter que regulan el procedimiento de elección de legisladores locales…”.-
Así como también que “Si el conflicto normativo resuelto en el fallo apelado remite exclusivamente al examen de compatibilidad entre la ley que declaró la necesidad de reforma de una Constitución provincial y las disposiciones sancionadas por la convención reformadora -en el caso, en Tucumán-, por ser parte del derecho público local, son cuestiones ajenas al recurso extraordinario, y esto no puede ser alterado por la interpretación que se lleve a cabo de las cláusulas de la Constitución Nacional que se invocan como vulneradas” (cfr. CSJN, Sum. “Colegio de Abogados de Tucumán c. Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otro”, 14/04/2015, cita on line AR/JUR/3750/2015).- Las referencias efectuadas en los recursos extraordinarios a cláusulas de la Constitución Nacional solo significan un vano intento por federalizar una cuestión que tuvo su génesis en un conflicto normativo de naturaleza exclusivamente local, que así fue debatido entre las partes y que no ha mutado su condición a la luz de los fundamentos que sostienen el pronunciamiento recurrido.
En el fallo ut supra mencionado, la CSJN afirmó que “…En efecto, la demostración más rigurosa de la ausencia de relación directa que se viene puntualizando es que parece ser absolutamente indiferente para el resultado de las pretensiones el alcance que se atribuya a toda disposición de la Constitución Nacional… Si el pronunciamiento apelado se basa en fundamentos de naturaleza no federal adecuados para sustentarlo, o la cuestión federal es ajena a los puntos decididos en la sentencia, u obviamente ineficaz para modificarla, viene a faltar entre ambos la relación directa e inmediata que exige el art. 15 de la ley 48 para la procedencia de la apelación extraordinaria (Fallos: 177:390; 187:534; 188:120; 189:321; 190:368; Robertson y Kirkham “Jurisdiction of the Supreme Court of the United States”, pág. 100)…” (cfr. Fallo cit.).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3 inciso d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, los recurrentes insisten en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la CSJN ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intentan encauzar sus recursos, debe recordarse que la Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Federal (conf. sum. Fallos 325:3265).- En autos, las presentaciones denotan la ausencia de debida fundamentación, toda vez que realizan un análisis de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio de los recurrentes es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses, sin tomar en consideración los argumentos vertidos en la resolución impugnada. Teóricamente se menciona el apartamiento de las constancias de la causa cuando este Tribunal Superior de Justicia, se basó en ellas para su pronunciamiento como surge de su razonada lectura.- En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas que fundamenta la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (conf. sum. Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).-
A ello cabe agregar que, el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de provincia cuando deciden, como en el caso, recursos extraordinarios de orden local (conf. sum. Fallos 324:3612; 325:798; 326:621; entre muchos otros).-
La Corte Suprema en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (conf. sum. Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (conf. sum. Fallos 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos 308:761 -disidencia del Dr. Carlos S. Fayt- y 2421; 310:722 -disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi-; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.-
IV. Por otro lado, en relación a la gravedad institucional invocada por la Unión Cívica Radical a fs. 1382 vta., y por los recurrentes Ortega, Stoessel y Huerga Cuervo a fs. 1432 vta., si bien es un presupuesto del Recurso Extraordinario Federal derivado de la construcción pretoriana de la CSJN, debemos señalar que únicamente se traduce en un mero intento de suplir la falta de cuestión federal. Al respecto corresponde remitirnos a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afirma: “…en cuanto a la invocación de gravedad institucional, ella no se configura tan sólo por la simple mención, como ocurre en el caso, de que la cuestión ha excedido el marco del interés particular.
En tal sentido esta Corte ha sostenido que la gravedad institucional que comprende a aquéllas cuestiones que exceden el interés individual de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad (Fallos: 290:266; 293:504; 307:770; entre muchos otros), en el caso de concurrir, solo facultan al Tribunal para prescindir de ciertos extremos formales del recurso, pero no a suplir la inexistencia de cuestión federal…” (cfr. Fallos 326:183; en igual sentido 325:2534, 326:2710).- No puede sostenerse que concurra en el caso una cuestión federal, ya que la legislación electoral local cuenta con competencias propias en lo que concierne a actos electorales provinciales, por lo que la materia de los presentes autos no se funda directamente en normas de índole federal sino, por el contrario, en normas provinciales, lo que sella la suerte del planteo.
Las circunstancias aludidas por los recurrentes “…no permiten indiscriminadamente superar las limitaciones que la Constitución y la ley han impuesto a la Corte Suprema en su jurisdicción apelada, sin obviar determinados ‘ápices (sic) procesales frustratorios del control constitucional’ (CSJN-Fallos, 248:189) cuando se trataba, por ejemplo, de supuestos regidos por normas federales… O cuando la resolución apelada configura arbitrariedad… Pero, por corresponder precisamente a una jurisdicción excepcional, no puede ser ejercida cuando el asunto -aun de extrema gravedad- no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Const. Nacional, ya que de no ser así la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales, alterando el sistema federal de gobierno…” (cfr.
Augusto M. Morello, Recursos Extraordinarios, Ed. Hammurabi, 2º Ed. Ampliada, 2001, Bs. As., págs. 579/580).- Cabe agregar, por otro lado, que los recurrentes tampoco logran demostrar la existencia de la gravedad institucional alegada en atención a que en la resolución de este Tribunal atacada, se afirmó que ya existía un precedente de este Alto Cuerpo “caso Rubalcaba”, respecto de la constitucionalidad del sistema de ley de lemas para la elección de gobernador, no existiendo argumentos novedosos, ni una situación de incertidumbre en relación a la legalidad de la norma atacada.-
Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad de los recursos intentados.-
Finalmente, también se observa que la Unión Cívica Radical incumplió con el requisito previsto en el artículo 8 de la Acordada de marras pues no trascribió la norma jurídica en que motiva sus agravios que no está publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, esto es la ley provincial Nº 2052, omitiendo indicar el período de vigencia de la misma.-
Por lo expuesto, corresponde rechazar los recursos articulados, con costas por su orden en razón de la naturaleza y fin institucional de los recursos (conf. Fallos: 261:246; Morello y otros en ‘Códigos…’, Tomo III, p. 716; TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 117, Folio 192/194; ídem, Tomo I, Otros Recursos, Reg. 10, Folio 24/25, ídem, Tomo VII, Otros recursos, Reg. 338, Folio 1284/1288).-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder los recursos extraordinarios federales interpuestos por la Unión Cívica Radical a fs. 1382/1401, y por los Sres. Juan José Ortega, Javier A. Stoessel y Diana M. Huerga Cuervo a fs. 1413/1432 vta., con costas en el orden causado.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1013O.151 Tomo: VII Otros Recursos: 367.-
Folio N°: 1.383/1.391 Secretaría: 1
Fin de la sentencia