Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 40.042-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución 97/19, recaída en las actuaciones administrativas 12539-59-2013, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A., con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-56775075-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Mayo de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “UNOMOTOR S.R.L. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente nº 40.042-A El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que a fs. 22/46 se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución 97/19, recaída en las actuaciones administrativas 12539-59-2013, mediante la cual se le exige el pago de $156.929,84 en concepto de multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del Código Aduanero (“C.A.”), vinculado al DI 10052IC04004523X. Relata que del cruce de documental realizado por la aduana, surge que en la DDT referida, oficializada el 25 de noviembre de 2010, se estableció como “documentos a presentar” el Certificado de Otorgamiento 42-2456/2009 -Certificación de Homologación de autopartes y/o elementos de seguridad (“C.H.A.S.”)-, el que se encuentra incluido en la lista proporcionada por la División Prohibiciones No Económicas como “C.H.A.S.
Cancelado INTI” con fecha 7 de septiembre de 2010. Cita la Resolución 91/01. Alega que los cascos están probados bajo las normas del Reglamento 22 de las Naciones Unidas en el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA) mediante expediente L 10099069 del 20/10/10. Sostiene que no se generaron las muestras respectivas para realizar la contraprueba ni se informó de forma detallada, el lugar, la fecha y los resultados técnicos obtenidos por aplicación de la norma IRAM AITA 3621, ni se citaron a los interesados a los ensayos correspondientes. Alega que se violó su derecho de defensa. Asimismo, alega que la nota del 7-09-10 del INTI no cumple con los requisitos esenciales del art. 7 de la ley 19549, resultando nula de nulidad absoluta por ser infundada y arbitraria.
Alega que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1094, inc. b) del C.A. Hace referencia a los arts. 6 y 8 de la Res. 91/2001. Sostiene que como la firma recibió la mercadería antes de haber sido notificados de la nota de fecha 7-09-10, la supuesta cancelación del certificado no le es oponible al despacho a plaza. Asimismo, relata que luego de realizar nuevos ensayos, se emitieron nuevos CHAS registrados bajos los números 42-3708/2011 y 42-3709/2011, que cubrieron los certificados que fueron cancelados. Concluye que el C.H.A.S. dado de baja se encuentra validado por el certificado posterior emitido por el INTI. Asimismo, plantea que no se configura la infracción que se le imputa.
Sostiene que la mercadería importada no es prohibida. Alega que no hay declaración inexacta. Cita jurisprudencia y doctrina a su favor. Asimismo, aduce que el esquema de atribución de responsabilidad es subjetivo. Invoca el art. 902 del C.A. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 51/54 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. En primer término, efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Asimismo, niega toda la documentación aportada por la contraria. Realiza una breve reseña de los hechos. Destaca que el sistema aduanero descansa sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas acerca de la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías que constituyen los objetos de las destinaciones u operaciones que se realizan en las aduanas, como también de todos los demás datos relevantes que puedan ser requeridos en la destinación/operación de que se trate. Cita jurisprudencia. Alega que se trata de una prohibición no económica relativa fundada en la seguridad pública y que la contravención reglamentaria encuadra en la figura del art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. Efectúa reserva de caso federal. Acompaña las actuaciones administrativas. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 55 se tiene por presentada a la D.G.A., por contestado el traslado del recurso que le fuera conferido y por acompañadas las actuaciones administrativas. A fs. 60 se abre la causa a prueba. A fs. 61/67 y 79/87 lucen las contestaciones de oficios del INTI. Luego, se certifica que el período de prueba ha concluido. Se declara clausurado el período de prueba, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. Después se agrega el alegato de la actora. El fisco no hace uso del derecho que le fuera conferido. Con posterioridad, se ponen autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 12539-59-2013 se inician con el Acta de Denuncia 374-2013/14 por la presunta infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. por presentación del certificado de otorgamiento C.H.A.S. dado de baja el 7-09-10, siendo la DI 10052IC04004523X oficializada el 25-11-10. A fs. 5/8 luce listado C.H.A.S. dados de baja. A fs. 10 luce en sobre contenedor el DI y a fs. 13 la valoración en aduana. A fs. 14/15 con fecha 9 de octubre de 2014 se instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b) y se corre vista a la actora, quien se notifica a fs. 16/17 el 10-10-14. A fs. 28/34 contesta la vista conferida. A fs. 35/36 luce el mail del ingeniero del INTI. A fs. 45 se tiene por presentada a la firma UNOMOTOR S.R.L., por contestada la vista y se abre la causa a prueba. A fs. 57/58 luce el Dictamen 2/19 y a fs. 59/62 la Resolución 97/19, apelada.
V. Que, en primer término, corresponde expedirse respecto de los planteos de nulidad opuestos por la actora, quien sostiene que se ha vulnerado su derecho de defensa en sede aduanera.
Que, los mismos no pueden prosperar debido a la posibilidad en esta instancia tanto de ofrecer y producir prueba con toda amplitud como de exponer sus agravios, sin restricción alguna.
Que es por ello que las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VI. Que, seguidamente, corresponde pronunciarse respecto del planteo de la actora vinculado a la falta de motivación de la nota de fecha 7-9-10 emitida por el INTI.
Que, de la referida nota surge que: “Los cascos de esta firma modelos CR-005 y CR-007 se sometieron a un ensayo del sistema de retención y dieron no conforme. Esto motivó la baja de los certificados 42-2456/2009 y 42-2457/2009” -ver fs. 35 de las actuaciones administrativas-.
Que, tal como surge de fs. 4 de las actuaciones administrativas la División Prohibiciones No Económicas determina las operaciones de importación que deben presentar el C.H.A.S. y realizan las operaciones referidas con los certificados dados de baja -situación de autos-.
Que, de la búsqueda iniciada en la página del INTI se consignó el listado de empresas a las cuales se les había vencido el certificado referido y se completó con un listado del sistema Discoverer de todas las operaciones que llevan CHAS. Que, al cruzarse los datos, se encontraron las operaciones que no cumplían con el art. 17, inc. b) de la Resolución 91/2001.
Que, asimismo, de fs. 5/8 de las actuaciones administrativas lucen los listados de CHAS dados de baja y las operaciones efectuadas, figurando a fs. 6 la actora y el certificado 42-2456/2009 indicado en el campo: “Documento a presentar” del DI 10052IC04004523X.
Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que se encuentra debidamente fundamentada la nota referida.
VII. Que, a continuación, corresponde expedirse respecto del planteo de la actora vinculado a la violación de lo dispuesto en el art. 1094 del C.A.
Que, en lo que aquí interesa, en el auto de apertura de sumario que luce a fs. 14/15 de las actuaciones administrativas - auto dictado en conjunto con la corrida de vista- se dijo: “(...) Del cruce documental realizado, se concluye que en la DDT señalada fue consignado como “documentos a presentar” el Certificado de Otorgamiento 42-2456/2009 C.H.A.S., el cual se encuentra incluido en la lista proporcionada por la División Prohibiciones No Económicas como “CHAS cancelado INTI”, con fecha de baja 7 de septiembre de 2010, siendo que la destinación objeto del presente fue oficializada en fecha 25 de noviembre de 2010.
Que (…) la mercadería (…) requería la presentación del Certificado de Homologación de autopartes y/o elementos de seguridad (CHAS), de conformidad con lo establecido por la Res. 91/2001.
Que, en lo que aquí concierne, por la normativa citada se establece la exigencia de contar con un Certificado Expedido por el Organismo de Aplicación como requisito ineludible para la importación de la mercadería objeto del presente. Que la exigencia del certificado supone una prohibición a la importación, cuyo incumplimiento -como en el caso que nos ocupa- entraña ipso facto relevancia infraccional en los términos del art. 954 inc. b) del Código Aduanero. (...)” Que, incluso en el auto de apertura de sumario se detalla el valor en aduana de la mercadería en infracción y el importe de la multa.
Que, a mayor abundamiento, dicho auto se funda en el acta de denuncia, informe técnico y listado de CHAS dados de baja. Asimismo, a fs. 10 de las actuaciones administrativas luce el sobre contenedor del DI.
Que, de lo expuesto resulta que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1094 del C.A.
VIII. Que, sentado lo expuesto, corresponde resolver en autos, si resulta ajustada a derecho la Resolución 97/19, recaída en las actuaciones administrativas 12539-59-2013, mediante la cual se le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. respecto del DI 10052IC04004523X.
Que mediante el referido DI, oficializado el 25-11-10, se documenta la importación de 2.400 unidades de “Los demás De plástico Para automovilismo o motociclismo, abiertos -Cascos de seguridad LOS DEMAS SOMBREROS Y TOCADOS, INCLUSO GUARNECIDOS”, mercadería que clasifica en la P.A. 6506.10.00.219, figurando en campo:
“DOCUMENTOS A PRESENTAR” “CERT. OTORG. CHAS=42-2456/2009.
Que el certificado referido luce en sobre contenedor a fs. 10 de las actuaciones administrativas, figurando como fecha de emisión 21 de mayo de 2009.
Que, del cruce de documental efectuado surge que el certificado referido se encuentra en el “listado de C.H.A.S. Cancelado INTI” de la actuación 13683-93-2011, siendo la fecha de baja 7-9-10; es decir, el mismo no estaba vigente a fecha de oficialización del DI -esto es: 25-11-10-.
Que, en consecuencia, la aduana condena a la actora al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A., atento a que no se cumple con lo dispuesto en la Res. 91/01 (y modificaciones).
IX. Que, corresponde destacar que la Res. Referida unifica la normativa sobre prescripciones vinculadas con la Certificación de Homologación del conjunto de autopartes y/o elementos de seguridad.
Que, el art. 5 dispone: “Desígnase a la DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIA como autoridad competente para realizar la emisión de los Certificados de Homologación para las Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) no producidos como provisión normal de fabricación del vehículo automotor, acoplado o semiacoplado, que se fabriquen o se importen para el mercado de reposición exclusivamente, los que serán certificados como repuestos no originales.” Que, el art. 6 establece que: “El Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) es el instrumento que habilita la comercialización, importación o transferencia por cualquier título en el Territorio de la REPUBLICA ARGENTINA de la autoparte y/o elemento de seguridad de que se trate para el mercado de reposición. Este Certificado podrá ser otorgado por producto o por familia, a elección del interesado. A los efectos de la formación de las familias, se seguirán los criterios que el Organismo Certificador Reconocido establezca.” -el resaltado me pertenece-. Que el art. 8 establece que: “A los fines de la presente reglamentación entiéndese como Organismo reconocido para otorgar la Licencia de Certificación a:
a) El INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (I.N.T.I.) Organismo Descentralizado en el ámbito de la SECRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE ECONOMIA, o el INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION - ASOCIACION DE INGENIEROS Y TECNICOS DEL AUTOMOTOR (IRAM-AITA).
Dichas entidades deben acreditarse en el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.) dentro de un plazo no superior a los DOS (2) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.
b) Los Organismos detallados en los listados del documento TRANS/WP.29/343 emitido por la Organización de las Naciones Unidas - O.N.U. - vigente a la fecha de certificación del ensayo, o c) Las instituciones que estén acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (O.A.A.).”
X. Que, teniendo en cuenta la normativa referida, corresponde resolver si le asiste razón a la aduana -esto es: si se encuentra configurada la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. por estar cancelado el C.H.A.S. declarado al oficializarse el DI-; o si le asiste razón a la actora -léase: no se trata de mercadería prohibida, no siendo la cancelación del C.H.A.S. oponible al despacho a plaza de la mercadería, máxime considerando que se emitieron otros C.H.A.S. con posterioridad-.
Que, para resolver el presente caso, corresponde tener en cuenta los lineamientos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada "Nate Navegación y Tecnología Marítima SA c/DGA" (TF 22.220-A) sentencia del 12 de Junio de 2012, en la cual haciendo suyos los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, distinguió claramente las mercaderías sujetas a una prohibición de importación de aquellas otras cuya importación está permitida bajo la vigencia de ciertas y determinadas condiciones o requisitos que no constituyen estrictamente prohibiciones.
Los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal, a los que la CSJN se remitió, fueron los siguientes: -El Código Aduanero regula de manera genérica el régimen de las prohibiciones en su Sección VIII. Tal como surge de la exposición de motivos de dicho cuerpo -de la que VE. hizo mérito en el precedente de Fallos: 319:1046-, este sistema, junto con el concerniente a los tributos y al control sobre el tráfico internacional de mercadería, "constituyen el eje principal de la legislación aduanera" (punto 1), y con él se ha buscado establecer un "estatuto básico" para "reunir los principios y reglas que regulan la materia" para que "se aplique en forma supletoria con relación a las normas que impongan prohibiciones", puesto que, de tal manera "la tarea del legislador se verá facilitada notablemente en el futuro, pues al dictar la medida respectiva sólo deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las disposiciones generales y supletorias previstas en el código (punto 2).
-Asimismo, de la exposición de motivos surge que el término "prohibiciones" designa a las restricciones directas, es decir "las que impiden en forma directa la importación o la exportación", agregando que es claro "que no se pretende abarcar aquí el tratamiento de un sinnúmero de restricciones operativas tales como la concerniente al despacho de cierta mercadería por una' determinada aduana, a la realización de las operaciones dentro de horarios hábiles, etc., que serán de cumplimiento obligatorio dentro de las pautas fijadas con carácter general por este código o bien establecidas por la repartición aduanera o por otros organismos en la esfera de su respectiva competencia" (puntos 3 y 4), agregando que el Código no establece específicamente prohibición alguna, sino que ellas "deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate" (Punto 5).
La Resolución 909/94, con las modificaciones introducidas por su similar 1.472/94, estableció, con claridad, un régimen de prohibición de importación para consumo en su art. 4 para las mercancías detalladas en su Anexo II. Pero, además, según aprecio, contempló otros dos conjuntos de mercaderías a la que sujeto a regímenes de diversa naturaleza al mencionado. Por una parte, aquellas que si bien estaban comprendidas en las posiciones arancelarias mencionadas en el art. 1 no resultaban incluidas en ninguno de los anexos, las que podrían importarse libremente con un arancel cero (art.5, segundo párrafo).
Y por otro lado, en lo que aquí interesa, el régimen de los arts. 1 y 2°, que abarcaba a ciertos bienes usados, cuya importación definitiva para consumo se regulaba sujeta a ciertas condiciones, a saber a) acondicionados fuera o para ser acondicionados dentro del país, b) el importador debía ser su usuario directo; c) este se veía imposibilitado de enajenar el bien durante dos años, estando sujeto al régimen de comprobación de destino correspondiente; y d) sujetos a un arancel diferencial (inicialmente fijado en el 15% y, en lo que hace al caso de autos, en el 25% por la-resolución 155/95)
Es decir que: según la naturaleza del bien y su inserción de cara a la política comercial y económica seguida en ese momento, su importación estaba prohibida o bien permitida bajo ciertas condiciones. Y así lo reconoció el propio Poder Ejecutivo en las sucesivas resoluciones que complementaron y modificaron el régimen, sincrónicamente, a medida que se apreciaban cambios en las condiciones de la economía nacional. A modo de ejemplo, obsérvese que la resolución 811/2007 del Ministerio de Economía y Producción, complementaria y modificatoria del régimen bajo estudio aquí, reconoció en sus considerandos que "de acuerdo a la naturaleza del bien y al hecho de que el mismo pueda o no ser provisto por la industria nacional. su importación se encuentra prohibida o permitida, en ciertos casos bajo determinadas condiciones de tributación y exigencias a cumplimentar y en otros sin ningún condicionamiento. Desde mi óptica, sostener la tesitura de la demandada, en cuanto a que la Resolución 909/94 y sus modificatorias, in totum, fijaban exclusivamente un régimen de prohibición, implicaría -como lo advirtieron tanto el propio legislador en la exposición de motivos citada más arriba, como la Cámara- elevar a tal categoría a todas las restricciones y simples condicionamientos para la exportación o importación de mercaderías, dando a los arts. del Código de la rama una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado. En efecto: toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que -siempre desde esta perspectiva que considero errónea- se trataría de una "excepción" a la regla de la prohibición.
Así las cosas, estimo que, al no tratarse de una prohibición de importación para consumo el supuesto de autos, la conducta seguida por las actoras demuestra ser carente de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera.” -el resaltado me pertenece-.
XI. Que, entonces, y teniendo en cuenta los lineamientos de la CSJN, y lo dispuesto en la Res. 91/01 -y modificatoriascorresponde analizar si se ha configurado o no la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. Que, de la lectura de la Res. 91/01 -transcripta en sus partes pertinentes en el considerando VIII- resulta que la mercadería amparada por el DI 10052IC04004523X se encuentra amparada en una prohibición no económica relativa fundada en un interés de seguridad pública, tal como sostiene la aduana, -toda vez que se permite la importación de la mercadería siempre que se cumplan con determinados requisitos-.
Que, en otras palabras, la documentación exigida -esto es: C.H.A.S.- lo es al efecto de poder importar, comercializar y transferir la mercadería -art. 6 de la Res. 91/01-.
Que, esto implica que no cualquier persona física o jurídica puede libremente importar, comercializar y transferir la mercadería, sino que previamente a ello debe contar con el certificado referido -y obviamente, el mismo debe estar vigente-.
Que de la reseña normativa referida surge que existe una restricción denominada directa para la importación del bien -en lo que aquí interesa-, y que la misma es relativa -toda vez que se puede importarlo de tener el C.H.A.S. -vigente-. Es decir, se establece la excepción a esta restricción o prohibición.
Que la exigencia referida es condición indispensable para liberar a plaza la mercadería ingresada al territorio aduanero. Esto implica que dicha importación se halla sujeta a una prohibición relativa en atención a su alcance, según se prevé en los arts. 608, inc. b), y 612 del C.A.
XII. Que, sentado lo expuesto, corresponde determinar en autos si se ha configurado o no la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A.
Que de la Exposición de Motivos del C.A. se desprende que el legislador ha querido tutelar en el capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas, el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera.
Que, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Que, como ya se dijo, el C.H.A.S. es el instrumento que habilita la comercialización, importación o transferencia por cualquier título en el territorio de la República Argentina -art. 6 de Res. 91/01-. En consecuencia, la mercadería involucrada en autos requería del certificado referido -el que debe estar vigente- a los efectos de posibilitar, en lo que aquí interesa, su importación.
Que a la fecha en que se oficializó la operación -esto es: 25-11-10- se declaró y acompañó un certificado que no estaba vigente -esto es: CHAS 42-2456/09 dado de baja el 7-9-10-.
Que, ello así, se encuentra acreditada la diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación -diferencia que surge del cruce de documental de los documentos presentados en el DI como documentación complementaria -CHAS 42-2456/09 y el listado de la actuación 13683-93-2011 de donde surge que el CHAS referido está cancelado-.
Que, en el caso, no solo estamos frente a una declaración inexacta, sino que ésta, de haber pasado inadvertida, hubiera podido producir una transgresión a una prohibición a la importación porque, al momento del registro de la declaración aduanera -momento en el que se comete la infracción aduanera-, la mercadería se encontraba alcanzada por una prohibición o restricción legal y el certificado de homologación correspondiente estaba vencido. Es decir, no es válido. Que, en consecuencia, se encuentra configurada en autos la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A.
XIII. Que, a mayor abundamiento, corresponde aclarar que los certificados CHAS 42-3708-11 y 423709-11 invocados por la actora, al ser emitidos el 10-02-11 no son aplicables a la operación de autos.
XIV. Que, asimismo, resulta pertinente destacar que el certificado del expediente L1009069 del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil tampoco resulta aplicable a la operación de autos. Notése que el mismo no figura en el campo: “Documentos a presentar” del DI.
Que, a mayor abundamiento, no escapa a la vista del suscripto que la aduana niega la documental aportada por la actora al contestar el traslado que le fuera conferido y que la firma no ofreció prueba para demostrar su veracidad.
XV. Que, a continuación, corresponde expedirse respecto del planteo de la actora vinculado a la inexistencia de culpa de la firma.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 902, ap. 2, del C.A. la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de sanción, salvo las excepciones expresamente previstas, que no se configuran en autos.
Que, precisamente, las circunstancias apuntadas resultan inoponibles ante el servicio aduanero, por cuanto la operatoria aduanera está estructurada sobre la base de la confianza que dicho organismo deposita en los distintos sujetos que desarrollan su actividad en el área del comercio exterior, sistema que tiende a simplificar los controles para agilizar el intercambio en el comercio internacional, y que tiene como contrapartida la necesidad del autocontrol del importadorexportador y la sanción ejemplificadora al detectar infracciones.
Que como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan…”(conf. sent. del 12/05/1992, in re “SUBPGA S.A.C.I.F. e I.”). Que en este sentido, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, también sostuvo en la causa “Roussel Argentina S.A. (T.F. 16.966-A) c/ DGA”, que: “...cabe tener presente que la ley alcanza el hecho ilícito en el momento en que se efectúa la declaración aduanera ... Por ello, al momento de la presentación del documento analizado en el sub examine quedó configurada la declaración inexacta susceptible de producir una transgresión a la importación, debiendo puntualizarse que la presentación tardía de los certificados, no eliminó la virtualidad de la declaración de producir dicha transgresión”.
Que, a mayor abundamiento, no puede dejar de señalarse que la actora omite el hecho de que manifestó en forma expresa que acompañaba el certificado, siendo que adjuntó un certificado que estaba dado de baja.
XVI. Que, por otro lado, cabe destacar que, contrariamente a lo que argumenta la recurrente, la mercadería en trato no se convierte en prohibida porque no se acompañó un certificado vigente, sino que la misma resulta de importación prohibida salvo que se gestione el mismo. Notése que la propia Res. 91/01 dispone que es el certificado el instrumento que habilita la comercialización, importación o transferencia por cualquier título en el territorio de la República Argentina -ver art. 6-. Que, como ya se dijo, el Código Aduanero contempla a las prohibiciones a la importación y a la exportación en la Sección VIII, distinguiendo entre prohibiciones económicas y no económicas, así como entre prohibiciones absolutas y relativas. En el caso, nos encontramos ante una prohibición de carácter no económico, atento su finalidad, y relativa, toda vez que permite la importación de determinada mercadería con el cumplimiento de determinados requisitos.
Que, en consecuencia, no sólo se cometió una declaración inexacta, sino que se produjo una transgresión a una prohibición a la importación, ya que al momento de la oficialización de la declaración aduanera la mercadería importada se encontraba alcanzada por una prohibición o restricción legal por cuanto no contaba con la debida autorización para su importación -esto es: no contaba un C.H.A.S. vigente-. Surge así que la conducta investigada en autos encuadra en el tipo descripto en el art. 954, ap 1, inc. b), del C.A.
XVII. Que, por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
Confirmar la Resolución 97/19, recaída en las actuaciones administrativas 12539-59-2013, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A., con costas. El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
Confirmar la Resolución 97/19, recaída en las actuaciones administrativas 12539-59-2013, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A., con costas. Regístrese y notifíquese.
Firme que quede la presente, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
ABACA MARCELO 20143927777 DGA CUIT: 33-69345023-9
Date: 2024.05.29 16:26:56 -03:00 Date: 2024.05.30 15:35:51 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.30 16:03:34 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.30 16:03:35 -03:00
Fin de la sentencia