Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 32048-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios en estudio y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de recurso.
2Imponer las costas de esta instancia a su cargo, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
URBAN TREND SA (TF 32048-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2022.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por decisorio del 26/4/2022, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la determinación de oficio del IVA de la firma Urban Trend SA efectuada por la AFIP- DGI, por los períodos 11/03 y 12/03, con más intereses resarcitorios y costas; confirmó la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias, con más intereses resarcitorios y costas; confirmó la resolución que determinó el Impuesto a las Ganancias –Salidas no documentadas-, con más intereses y costas; y revocó parcialmente la resolución que determinó el IVA por los períodos 6/02 a 10/03, con costas.-
II.-Que el 19/5/19 el letrado apoderado del Fisco Nacional solicitó regulación de los honorarios de los representantes fiscales intervinientes en autos. El 19/6/19 el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación, el que fue concedido mediante resolución del 18/7/19. El 18/7/19 la AFIP-DGI presentó reliquidación, cuyo traslado no fuera contestado por la parte actora, y el 1/10/19 el Tribunal Fiscal de la Nación aprobó aquella reliquidación.1/11/19 la apelante expresó agravios, los que no fueron contestados por la parte actora. El 3/3/22 se recibieron las actuaciones en formato papel en esta Sala y el 4/4/22 se llamaron autos a sentencia.-
III.-Que la parte demandada se agravia ante esta instancia de la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto revocó la determinación de oficio del IVA por los períodos fiscales 6/02 a 10/03, de acuerdo con lo expuesto en el considerando IX. Sostiene que según el texto legal es el contribuyente quien debía demostrar que el incremento patrimonial no justificado no se hubiera originado en operaciones alcanzadas por el IVA, para derribar así la presunción prevista Alta en sistema: 22/11/2022 en la ley. Agrega que dicha presunción no fue alterada por la modificación citada por el Tribunal Fiscal de la Nación y cita el artículo 18 inc. f) de la Ley nro. 11.683 en su actual redacción.-
IV.-Que para decidir como lo hizo y en lo que aquí interesa, señaló el Tribunal Fiscal de la Nación: “Que, en cuanto se refiere al ajuste en IVA por los períodos junio de 2002 a octubre de 2003, no estaba vigente la modificación efectuada por la Ley 25.795 (29/10/2003), por lo cual corresponde atender a la jurisprudencia que establecía que ‘…no siempre que se verifica un incremento patrimonial no justificado, el fisco se encuentran habilitado para efectuar el ajuste impositivo en el I.V.A., suponiendo que tal incremento responde a ventas omitidas alcanzadas por dicho gravamen, pues para ello debe existir una intensa motivación por parte del organismo recaudador…’ (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala V, ‘ALSUR BAHIA SA v AFIP-DGI’ del 18/6/2008 y ‘SACKS, Santiago’ TFN, Sala ‘C’, 27/11/2008). En el mismo sentido se ha dicho también que ‘…la traslación al I.V.A. no operó automáticamente, máxime si se tiene en cuenta que el ente fiscal no alegó ningún otro fundamento para sustentar esta presunción…’ (C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, ‘GRAL-AL SA v. DGI’ del 5/7/2007). Que se advierte que en el presente caso el ajuste en el I.V.A. relacionado con el incremento patrimonial no justificado resultó automáticamente inferido a partir de la impugnación de los aportes declarados, toda vez que no ha existido un trabajo de inspección que relacione las operaciones comerciales del contribuyente con el incremento patrimonial ni una argumentación independiente que para este concepto sustente el criterio fiscal. Por ello, corresponde revocar parcialmente la resolución que determina el IVA de la apelante por el concepto tratado en el presente considerando, períodos 06/2002 a 10/2003…”. Y a continuación agregó el Tribunal Fiscal de la Nación: “A su turno, para los períodos posteriores a la reforma efectuada por la Ley 25.795, es decir, períodos noviembre y diciembre de 2003, la doctrina emanada de la jurisprudencia citada ya no rige, en tanto de allí en adelante el art. 18 inc f) de la ley ritual prescribe: ‘Los incrementos patrimoniales no justificados, representan: 2) En el impuesto al valor Alta en sistema: 22/11/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V agregado: Montos de ventas omitidas determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto precedente. El pago del impuesto en estas condiciones no generará ningún crédito fiscal’”.-
V.-Que la cuestión que es traída a conocimiento de esta Alzada resulta sustancialmente análoga a la analizada y decidida por esta Sala en la causa “Coop. de Prov. de Obras y Servicios Pub Clorinda Ltada. c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 41154/2013, sentencia del 29/08/2014, considerando V. En términos similares, esta Sala se pronunció en la causa “Kuzma, Rodolfo Alfredo c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. nro. 71.083/2016, sentencia del 14/11/2019, considerando V.3. En aquellos precedentes se señaló que para los períodos allí discutidos y de conformidad con la normativa entonces vigente, el incremento patrimonial no justificado no habilita automáticamente al Fisco Nacional a suponer la existencia de operaciones omitidas para así determinar el IVA. En idéntico fundamento sustentó el Tribunal Fiscal de la Nación la decisión apelada en los presentes actuados ante esta Alzada y se remitió a las sentencias dictadas por la Sala V en “ALSUR BAHIA SA v AFIP-DGI”, del 18/6/2008; por el Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “C”, en “SACKS, Santiago” TFN, Sala “C”, del 27/11/2008, y por la Sala IV de esta Excma. Cámara en “GRAL-AL SA v. DGI”, del 5/7/2007.-
VI.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria. Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute Alta en sistema: 22/11/2022 son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- VII.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).- VIII.-Que por lo demás, en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de Alta en sistema: 22/11/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed. en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5- 2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).-
IX.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa; lo que no se verifica a en el supuesto de autos.-
X.-Que en atención al desarrollo que antecede, y toda vez que como lo sostuviera el Tribunal Fiscal de la Nación, el Fisco Nacional no fundó su ajuste en elementos de prueba que permitieran vincular de manera independiente el incremento patrimonial con ventas omitidas del contribuyente a los fines de aplicar la presunción legal, ni se hizo cargo de manera convincente de los precedentes y la normativa aplicable a los que se refiriera el Tribunal Fiscal de la Nación, SE RESUELVE: 1) Rechazar los agravios en estudio y confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de recurso. 2) Imponer las costas de esta instancia a su cargo, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 22/11/2022
Fin de la sentencia