Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
TOMO XXI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1207 FOLIO Nº 4096/4099 PROT. ELECT. TSS1 010 C.261
Río Gallegos, 13 de agosto de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “URIBE CARLA ANDREA C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº U-817/20-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver la caducidad de instancia planteada por la Municipalidad de Río Gallegos, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Karina Astudillo Gallardo (cfr. PE1960887-2025).-
En sustento de su pretensión, dice que:
“...Estando los autos paralizados desde el 07/02/2022 siendo que el último movimiento de impulso procesal fue la contestación del reclamo y correspondiente notificación ministerio legis por parte de la actora, vengo a solicitar a VS se declare caducidad de instancia de las presentes actuaciones […] En el caso de los presentes autos, apreciará V.S. que el actor ha abandonado el proceso administrativo, siendo manifiesta la inactividad y el desinterés por impulsar el libelo de marras. En virtud de lo expuesto, ha transcurrido con creces el término establecido por la norma legal citada ut supra (art. 288 inc. 2° del CPCyC.)…por lo que ha operado la perención de la instancia y así solicito que se declare oportunamente.” (cfr. PE cit. págs. 1/2).-
Corrido el traslado del pedido de caducidad de la instancia (cfr. código de validación: 5c6c47cd) y conforme surge de la certificación actuaria obrante en PE1203294-2025, la parte actora no contestó el referido traslado.-
En PE1203294-2025 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
Mediante PE2295421-2026, se suspendió el pase al Acuerdo, notificándose a las partes la integración del Tribunal.- En PE2315772-2026, vuelven los autos al Acuerdo.-
II. Liminarmente, corresponde recordar que el artículo 45 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de proceso regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, contempladas en los artículos 288 a 296. Este cuerpo legal establece, para el juicio ordinario, que la misma se producirá cuando no se instare el curso del proceso por un lapso de seis (6) meses, en primera o única instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC). Asimismo, el artículo 289 de dicho Código señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.-
De consuno con ello, se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial para el juicio ordinario, donde se requiere -como se señaló más arriba- un plazo de seis (6) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en primera o única instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC).-
III. Ahora bien, en relación al instituto de la caducidad de la instancia debemos memorar que es doctrina de este Alto Cuerpo que: “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomos XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093 y XVIII, Reg. 1116, Folio 3592/3594, y XIX, Reg. 1125, Folio 3621/3623, entre otros).-
Asimismo, tiene dicho este Excmo. Tribunal Superior que si bien la caducidad de la instancia -por ser un modo anormal de terminación del proceso- debe ser de interpretación restrictiva, nada impide que concurriendo los presupuestos que la configuran pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención, puesto que se trata de una institución de orden público (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1032, Folio 3212/3213 y XVIII, Reg. 1099, Folio 3529/3532).-
Además, se impone recordar que en los procesos dispositivos, como el presente, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (cfr. art. 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien promovió la demanda, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra el desinterés en mantener la acción que promovió.-
Desde esta óptica, no debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo.
Por ello se ha afirmado que su existencia responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas (cfr. TSJ Santa Cruz, fallos cit.).-
IV. En el caso bajo análisis, se advierte que la última actuación que ha tenido por efecto impulsar el procedimiento fue la providencia identificada como PE246688- 2022, dictada el día 7 de febrero de 2022, por cuyo conducto se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada; se declararon como extemporáneas las excepciones previas de incompetencia del Tribunal y de litispendencia; se acogió como defensa de fondo la excepción de litispendencia ordenándose su traslado a la actora por el término de 20 días y, por último, se dispuso el traslado a la actora de la documental acompañada, en los términos del artículo 336 del CPCyC, de aplicación supletoria por remisión del art. 45 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Así, se verifica que entre la referida providencia (cfr. PE246688-2022), notificada a la actora por ministerio de ley el 8 de febrero de 2022 (cfr. certificación obrante en PE405956- 2022), y la presentación obrante en PE1960887-2025, del 18 de agosto de 2025, en la cual la parte demandada acusó la perención de instancia, ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad establecido por la ley procesal para la presente instancia (cfr. art. 288, inc. 1º del CPCyC, por remisión de los arts. 82, 45 y 22 del CPCA, Ley Nº 2600).-
Sin embargo, no puede soslayarse que, con posterioridad al planteo formulado por la demandada y encontrándose pendiente de resolución la presente incidencia, se produjo una modificación normativa relevante en materia de caducidad de instancia. En efecto, mediante Ley Nº 3946, sancionada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz el día 26 de junio de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el día 19 de agosto de 2025, se modificaron los artículos 293 y 294 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.- En lo que aquí interesa, el artículo 1º de la Ley Nº 3946 modificó el artículo 293 del CPCyC, incorporando como regla de sustanciación del pedido de caducidad la intimación previa por única vez a la parte incidentada. El texto sancionado dispuso: “Artículo 293.- Quienes pueden pedir la declaración. oportunidad. intimación previa por única vez. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en el incidente, por el contrario de quién lo hubiere promovido; en el recurso, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario, en el caso de que aquél prosperare. La petición se substanciará previa intimación por única vez a la parte incidentada, para que en el término de cinco (5) días manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de reticencia, de decretarse la caducidad de instancia. En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad, y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia. En todos los casos, de la solicitud de caducidad se dará traslado al profesional en el domicilio constituido y a su representado en el domicilio real, con la transcripción del presente artículo”.-
Asimismo, el artículo 2º de la Ley Nº 3946 modificó el artículo 294 del CPCyC, estableciendo: “Artículo 294.- Modo de Operarse. La caducidad podrá ser declarada de oficio, en los casos y con los procedimientos previos establecidos en el artículo precedente”.-
Ahora bien, mediante Decreto Nº 0637/2025, del 17 de julio de 2025, publicado también en el Boletín Oficial el 19 de agosto de 2025, el Poder Ejecutivo Provincial vetó el artículo 1º de la Ley Nº 3946 y propuso un texto alternativo para el artículo 293 del CPCyC. En particular, el veto recayó sobre la exigencia de notificar también al representado en el domicilio real, por considerarse suficiente que el traslado de la caducidad sea dirigido al domicilio constituido del letrado interviniente, conforme los alcances y previsiones dispuestos en la ley.-
De tal modo, el texto alternativo propuesto por el Poder Ejecutivo mantuvo la intimación previa por única vez a la parte incidentada para que, en el término de cinco (5) días, manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento, en caso de reticencia, de decretarse la caducidad de instancia; pero sustituyó el último párrafo del artículo 293, disponiendo que: “En todos los casos, de la solicitud de caducidad se dará traslado al profesional en el domicilio constituido, con la transcripción del presente Artículo”.-
Finalmente, por Resolución H.C.D. Nº 221/2025, sancionada el día 11 de septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el día 30 de septiembre de 2025, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz resolvió aceptar el veto y el texto alternativo propuesto mediante Decreto Nº 0637/2025 para el artículo 1º de la Ley Nº 3946.-
En tales condiciones, si bien de las constancias de autos surge que el plazo de perención se encontraba cumplido al momento de ser deducido el planteo de caducidad por la parte demandada, lo cierto es que, al momento de resolver la presente incidencia, se encuentra vigente una norma procesal posterior que introdujo un procedimiento previo específico para la sustanciación de la caducidad de instancia, consistente en la intimación por única vez a la parte incidentada, en los términos del nuevo artículo 293 del CPCyC.-
Dicha previsión, por su naturaleza procesal, resulta de aplicación inmediata a los procesos en trámite, sin afectar actos cumplidos ni situaciones procesales definitivamente consolidadas, máxime cuando en el caso la incidencia aún no ha sido resuelta. Ello se compadece, además, con el criterio restrictivo que debe presidir la interpretación del instituto de la caducidad de instancia, por tratarse de un modo anormal de terminación del proceso.-
Así, conforme el artículo 7º del CCyCN, las leyes se aplican desde su entrada en vigencia a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, regla que, en materia adjetiva, conduce a su aplicación inmediata a los procesos en trámite.-
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que: “…las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia se aplican de inmediato a las causas pendientes, en tanto la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía. En ese sentido, no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado régimen procesal, pues las normas de procedimiento y jurisdicción son de orden público…(Fallos: 249:343; 321:1865; 326:2805 -voto del juez Maqueda-; entre otros).” (Fallos: 342:697).- Por consiguiente, previo a emitir pronunciamiento definitivo sobre el planteo de perención deducido por la Municipalidad de Río Gallegos, corresponde suspender el pase al Acuerdo ordenado en PE2315772-2026 y, por consiguiente, ordenar se cumpla con la intimación previa prevista en el artículo 293 del CPCyC, para que la actora, en el término de cinco (5) días, manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento, en caso de reticencia, de decretarse la caducidad de instancia.-
V. Que, por todo lo expuesto y de conformidad a las constancias que surgen de autos, corresponde suspender el pase al Acuerdo ordenado en PE2315772-2026 y, en consecuencia, disponer que se cumpla con la intimación prevista en el artículo 293 del CPCyC, de aplicación supletoria por remisión del artículo 82 del CPCA, Ley Nº 2600, sin imposición de costas atento el modo en que se resuelve.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
2. Intimar a la parte actora para que en el plazo de cinco (5) días de notificada, manifieste su intención de continuar con la acción y produzca actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia (cfr. art. 293 del CPCyC, aplicable por remisión del art. 82 del CPCA, Ley Nº 2600); sin imposición de costas atento el modo en que se resuelve.-
3. Regístrese y notifíquese con transcripción de los artículos citados precedentemente.-
GABRIEL NOLASCO CONTRERAS AGÜERO
Presidente Tribunal Superior de Justicia DANIEL MAURICIO MARIANI Vocal Tribunal Superior de Justicia PAULA ERNESTINA LUDUEÑA CAMPOS Vocal Tribunal Superior de Justicia FERNANDO MIGUEL BASANTA Vocal Tribunal Superior de Justicia RENEÉ GUADALUPE FERNÁNDEZ Vocal Tribunal Superior de Justicia Siguen…/// ///…las firmas.-
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORA
Vocal Tribunal Superior de Justicia SERGIO EDGARDO ACEVEDO Vocal Tribunal Superior de Justicia JUAN LUCIO R. DE LA VEGA Vocal Tribunal Superior de Justicia EDUARDO EMILIO SOSA Vocal Tribunal Superior de Justicia MARCELA SILVIA RAMOS Secretaria Tribunal Superior de Justicia
Fin de la sentencia