Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa U-1.987/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 285/293 vta., y, en consecuencia, revocar sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 295 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: U-1.987/14-TSJ Interlocutorio N°: 3.143.-
Actor: URIBE RUBEN ALBERTO Y OTRO Demandado: OLEOSUR S.A Y OTRO Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 9-10-15 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J.-
REGISTRO Nº 3.143 FOLIO Nº 5.153/5.156 PROT. ELECT. TSS1 053 I.151
Río Gallegos, 9 de octubre de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “URIBE RUBEN ALBERTO Y OTRO c/ OLEOSUR S.A Y OTRO s/ DEMANDA LABORAL”, Expte Nº U- 13.014/11 (U-1.987/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan las presentes a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para dar tratamiento al recurso de casación interpuesto a fs. 285/293 vta., por el Dr. Norberto Miguel Castelo -en su carácter de apoderado de los actores- contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 274/280 vta.-
II. La sentencia de primera instancia desestima las excepciones de prescripción y hace lugar parcialmente a la demanda condenando a la empresa Oleosur S.A. a resarcir a los actores por el daño moral causado por la denuncia y por ser sometidos a un proceso penal, con más intereses y costas; desestimando la responsabilidad solidaria del Sr. Atilio Vázquez Alvarez (conf. fs. 242).-
Posteriormente, en la sentencia de Cámara se rechazó la excepción de prescripción y el planteo de pluspetición inexcusable incoado por la demandada, en cambio, se admitieron los restantes agravios de Oleosur S.A., resolviendo rechazar la demanda promovida y condenando en costas, a los actores, en ambas instancias (conf. fs. 280 vta.).-
Ante esta solución, el Dr. Norberto Miguel Castello -en su carácter de apoderado de los actores- recurre el fallo de segunda instancia por la causal prevista en el artículo 3 inciso a) de la ley 1687 (conf. fs. 285) afirmando que la sentencia de Cámara incurre “... en un (sic) grosera interpretación de las normas constitucionales, legales y jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, lo que constituye una violación flagrante de la dignidad de los actores en su condición de sujeto de preferente tutela constitucional (artículo 14 bis C.N.), del derecho a no ser dañados (artículo 19 C.N) y de sus derechos de propiedad (artículo 17 C.N.). Asimismo la sentencia de segunda instancia viola la defensa en juicio y el debido proceso, como también de aquellos que también forman parte de nuestro ordena-miento por disposición del Artículo 72, inciso 22) de nuestra Carta Magna.
Por esto es que interpongo la presente en el carril impugnativo de la doctrina de lo irrazonable, desproporcionado, arbitraria y absurda.” (cfr. fs. 285 vta.). Solicita que: “… se anulen los fundamentos contrarios a derecho que sostienen el decisorio en crisis, relativos a: *) La inexistencia del daño moral, confundiendo ésta institución jurídica con el daño psicológico y el despido… *) la inexistencia de conducta desplegada por la demandada, a través de una denuncia penal, donde su ilicitud es imputarle a los actores formar parte de un hecho que perjudicaron sus intereses… por cuanto no participaron de la hipotética conducta dañosa a su patrimonio… Oleosur S.A. a través de sus gerentes actuó negligentemente y de mala fe en la adopción de las medidas propias de un buen empleador en cuanto señalar a los actores como participantes de un ‘piquete’ y perseguía la finalidad de hostigamiento de sus calidades de trabajadores en el vínculo contractual de dependencia que los unía. *) la grave violación al derecho de la defensa en juicio y a la garantía del debido proceso al no considerar pruebas esenciales emanadas de la propia demandada en su actividad probatoria y de otras del presente proceso, que acreditan los presupuestos de la culpa de los dependientes de la demandada, que tiñe al decisorio recurrido de una evidente parcialidad pro patronal ajena a los estándares constitucionales, a la de los tratados internacionales, a la de las normas y de la jurisprudencia del más alto Tribunal.” (cfr. fs. 285 vta./286).
Plantea que la sentencia atacada ha incurrido en errónea aplicación de la ley y violación de la doctrina legal (conf. fs. 286 vta.). Añade que sus representantes “… sufrieron daño moral en el hecho y con motivo del contrato de trabajo que los vincula con la demandada por el cual su empleador debe responder.” (cfr. fs. cit). Al respecto, hace referencia a la doctrina legal de este Tribunal registrada al Tomo XVI, Reg. 557, Folio 3151/3159; 18/09/2013 (conf. fs. 287). Plantea que la Cámara subsumió erróneamente lo relativo al daño moral en los artículos 1.067, 1.090, 1.109, 1.113 parte 2, párrafo 1 y 1.127 C.C., cuando debió hacerlo -según el impugnante- en el artículo 1.067 C.C. (conf. fs. cit.).
Hace referencia a las declaraciones testimoniales de María Inés Reninqueo, Jorge Maximiliano Almagro, Eulogio Amado Mamaní, Soto y Fabio Ernesto Torres y la pericial psicológica de la Licenciada María Guadalupe Judis (conf. 287 vta./288 vta.). Agrega que la empresa demandada, mediante la formulación del pliego de absolución de posiciones, le imputó responsabilidad a los actores por los hechos que denunció penalmente (conf. fs. 289 vta.). También expresa que resulta absurdo y por ende arbitrario e irrazonable “… que la sentencia elogie que la demandada no se haya apartado de ‘la lealtad y diligencia exigible a un buen hombre de negocios’, cuando su propias afirmaciones lo desmiente…” (cfr. fs. 290).
Afirma que tanto la Juzgadora de Primera Instancia como la Excma Cámara debieron “… aplicar el art. 34 inc. 4to. del CPCC, en lo que respecta a la incongruencia atacada referente a la falta de fundamentación de la sentencia atacada…” (cfr. fs. 290 vta.) Señalando la no aplicación de normas de derecho común (conf. fs cit.). También impugna la sentencia desde el carril impugnatorio del absurdo por considerar irregular la apreciación de la prueba realizada por la Cámara (conf. fs. 291). Dice que el hecho generador del daño reclamado fue “… reconocido por la propia demandada en su escrito de contestación de demanda (la denuncia invocando la presencia de mis mandantes en el lugar), lo cual importa una confesión de parte respecto a su existencia, que no obstante ello, fue reforzada con la prueba directa referida.” (cfr. fs. 291).
Finalmente, hace reserva del caso federal (conf. fs. 292 vta.), y solicita se haga lugar al recurso por la causal de errónea aplicación de la ley, por vía de la doctrina de la arbitrariedad casando la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones (conf. fs. 293 vta.).- A fs. 295 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte actora.-
III. Que conforme ha quedado planteado el presente recurso de casación, corresponde en primer término verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad mínimos que debe sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial; teniendo en cuenta que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina: condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación. Los requisitos formales hacen a la admisibilidad, mientras que los otros, se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc. apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (conf. Juan Carlos Hitters, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, Ed. L.E.P. S.R.L., La Plata, 1998, 2da. ed., págs. 243/244).- De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1687 y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar de la casación a los fines de decidir si ha sido bien o mal admitido el recurso de casación, cabe señalar que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que se interpo-nen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
Se constata que los planteos realizados remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, materias propias de los jueces de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- a la instancia casatoria. Esto es así ya que en última instancia el núcleo de la impugnación se refiere a si el contenido de la denuncia penal formulada el 23 de diciembre de 2008 es idónea para responsabilizar a la empresa Oleosur S.A.. Es decir, es una cuestión que hace a la valoración probatoria y por lo tanto, en principio ajena a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se constata en el presente.- En consideración a que el recurrente afirma que interpone el recurso por la causal prevista en el artículo 3, inciso a) de la ley 1687 (conf. fs. 235) en el carril impugnativo de la doctrina de lo irrazonable, desproporcionado, arbitrario y absurdo (conf. fs. 285 vta.), es menester recordar que la doctrina del absurdo se configura cuando lo que se resuelve “… escapa a las leyes de la lógica, o resulta imposible o inconcebible; implicando en consecuencia un desvío notorio de la aplicación del raciocinio, o con grosera degeneración interpretativa” (cfr. autor y ob. cit. pág. 453). Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que el absurdo se produce cuando nos encontramos ante “… un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.644, Folio 3.980/3.984).- La sentencia por absurdo es un remedio excepcional (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VIII, Sentencia, Reg. 282, Folio 1531/1533; Tomo XV, Sentencia, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica, cuya observancia es controlable en la casación, pues le incumbe a este Alto Cuerpo analizar si el fallo ha seguido el camino lógico que corresponde para arribar a determinada conclusión.-
En tal inteligencia la Suprema Corte bonaerense señaló que: “Sabido es que no resulta suficiente para enervar la decisión atacada exponer una opinión distinta a ella, sino que es menester demostrar acabadamente que el razonamiento empleado por el juzgador fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes en el orden lógico formal e insostenibles en la discriminación axiológica” (cfr. “Compagnoni, José c/ Vázquez, Isidro s/ División de condominio”, Ac. 57.426-S, 5-3-96). Concordante con lo expuesto, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr.
Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788; Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.648, Folio 3.999/4.003).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos proba-torios que no se advierte como arbitraria o absurda. Allí expresa: “Al observar la denuncia penal y la ampliación de la misma que efectuara el gerente operativo de la empresa demandada ante el Juzgado, no surge una imputación directa y enderezada a incriminar a los actores […] Vázquez Alvarez en su relato solo describe un hecho, que estaría impidiendo el normal funcionamiento de la empresa que representa, ante las autoridades competentes. No imputó a los actores conducta alguna, solo puso en conocimiento de la autoridad policial y judicial la existencia de un presunto hecho delictivo para que dichos funcionarios realicen las diligencias necesarias para esclarecerlo y/o hacerlo cesar a efectos de que se restablezca el normal funcionamien-to de la actividad económica de la empresa por lo que su accionar no puede ser califi-cado de malicioso ni siquiera negligente o imprudente…las constancias de la causa penal no permiten encuadrar el accionar de Vázquez en un obrar doloso o culposo que permita atribuir responsabilidad a su representado.
Tampoco observo en ello un accionar contrario a la buena fe, ni un abuso de derecho, ni la vulneración de ninguno de los tratados internacionales que consagra la manera en la que deben actuar las partes de una relación laboral (arts. 63 y 68 de la LCT y 75 inc. 22 de la CN) ni se puede interpretar que al denunciar como lo hizo Vázquez, se haya apartado de la lealtad y diligencia exigible a un buen hombre de negocios, por lo que la empresa demandada no debe responder por los daños que invocan los actores.” (cfr. fs. 277 vta./278).- Examinados los términos del recurso, se advierte que las con-clusiones del voto mayoritario del ad quem no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia algún decisivo error de argumentación en el fallo.-
Por otra parte, a criterio del recurrente la sentencia impugnada es incongruente por falta de fundamentación (conf. fs. 290 vta.).-
Debe recordarse que el principio de congruencia “…consiste en la coherencia o correspondencia lógica que debe existir entre lo peticionado por las partes y la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento sobre lo requerido. (confr. Enderle Guillermo J., ‘La Congruencia Procesal’, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores, 2007, pág. 57). Al respecto, este Tribunal lo ha definido diciendo que: ‘…el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al art. 34, inc. 4to. y 164, inc. 6to. del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…’ (confr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 425, Folio 2322/2327)…” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Tomo XIV, Sentencia, Reg. 491, Folio 2.678/2.697).- Se observa que el recurrente no argumenta mínimamente como se produjo la violación al principio de congruencia remitiéndose solo a cuestiones de hecho y prueba propias de la sentencia.-
En cuanto a la denuncia de violación de los artículos 14 bis, 17, 19 y 75 inciso 22 -referido erróneamente por el recurrente como artículo 72 inciso 22- de la Constitución Nacional (conf. fs. 285 vta.) y la alegada conculcación al debido proceso y la defensa en juicio, se advierte que el recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio (conf. SCBA, “Castaño, Feliciano y otra contra Garrote, José María y otros. Daños y perjuicios” Ac. 57.103, del 4 de junio de 1996; “Quiroga, Alberto y otros contra La Colorada Sociedad Anónima Comercial e Industrial. Daños y perjuicios", Ac. 59.337 del 17 de febrero de 1998).- En atención a lo expuesto se constata que las críticas del recu-rrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para habilitar la apertura de esta instancia extraordinaria, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Tiene dicho este Tribunal que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente, por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2838, Folio 4.456/4.460), violación de la ley o de la doctrina legal, circunstancia ésta que no ha ocurrido.- La casación se estructura sobre la base de argumentos que tienden a controvertir, sin fundamentos idóneos, el criterio invocado por el tribunal de origen, en lo que respecta a elección y valoración de la pruebas, evidenciando de ese modo su pretensión de disputarle, a los jueces de grado, la facultad de seleccionar y jerarquizar los medios probatorios otorgada por la ley ritual.-
Sobre el asunto que nos ocupa es oportuno recordar lo dicho por este Alto Cuerpo: “... El magistrado es soberano en la apreciación de la prueba, analizada como se hizo conforme las reglas de la sana crítica (art. 364 Cód. Procesal), motivo éste que no puede ser objeto de apelación extraordinaria... Sobre el punto, es tesis de este Tribunal que en principio no procede por vía del recurso de casación provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia, por cuanto el valor de las pruebas no está prefijado o predeterminado de antemano y corresponde, la apreciación de las mismas al tribunal de juicio. Así se ha resuelto que ‘…Resulta improcedente el recurso extraordinario que se intenta para lograr una reconsideración de la prueba y una nueva revaloración y debate de los hechos definitivamente prefigurados en la causa, en tanto esta normativa resulta ajena a la instancia extraordinaria y privativa de los jueces de grado…’...” (cfr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2644, Folio 3980/3984).-
IV. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, y ante la insuficiencia del requisito formal establecido por el artículo 4º inciso a) de la ley Nº 1687, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 285/293 vta., y en consecuencia, revocar el interlocuto-rio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 295 y vta., en cuanto lo declara formalmente admisible, y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 292 vta..-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 285/293 vta., y, en consecuencia, revocar sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 295 y vta..-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, Ley Nº Uno, t.o. Ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1053I.151 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.143.-
Folio N°: 5.153/5.156.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia