Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa U-856/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Rosa Gladys Uribe Subiabre en PE498477-2022 y ampliada en PE561749-2022 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, declarando la nulidad del Acuerdo Nº 2683/21 y de los actos administrativos dictados en su consecuencia.-
2Disponiendo que la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz dicte un nuevo acto administrativo, en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme a lo establecido en la presente sentencia.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: U-856/22-TSJ Sentencia N°: 1145 Actor: URIBE SUBIABRE ROSA GLADYS Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 06/05/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1145 FOLIO Nº 3715/3725 PROT. ELECT. TSS1 002 C.241
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 6 días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “URIBE SUBIABRE ROSA GLADYS C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMNISTRATIVA”, Expte. Nº U-856/22-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, 3º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 4º) Dr. Fernando Miguel Basanta, 5º) Dr. Daniel Mauricio Mariani; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que la Sra. Rosa Gladys Uribe Subiabre, con el patrocinio letrado de la Dra. Nora Galindo, promueve demanda contencioso administrativa, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (en adelante CPS) solicitando se le conceda el beneficio de pensión, originado a raíz de la muerte de quien fuera su esposo, Sr. Darío Rubén Miranda, DNI N° 11.502.647, y se revoque el Acuerdo 2683/21 denegatorio de dicho beneficio (cfr. PE498477-2022, IND00013554.pdf, pág. 1).-
Relata que en su carácter de esposa del Sr. Darío Rubén Miranda, quien falleciera el 22 de mayo de 2021, inició ante la demandada los trámites a fin de obtener el beneficio de pensión (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Expresa que dicho beneficio le fue denegado por haber declarado su esposo, en los certificados de supervivencia de los años 2017 y 2019, que era separado de hecho. Añade que ante la discrepancia existente entre dichos certificados y el certificado de matrimonio acompañado por la actora, sumado a la retención judicial, que figura en los últimos recibos del extinto, la Asesoría Letrada entendió que debía inclinarse por lo expuesto por el causante (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Manifiesta que: “...claramente la decisión de la demandada de inclinarse por lo declarado por mi marido haciendo caso omiso a lo declarado por la suscripta, es caprichosa, injusta y violatoria no sólo de derechos de raigambre constitucional sino también de tratados internacionales que regulan la eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. Que así es V.E., nunca indagó la Caja accionada la razón por la que mi esposo había declarado que nos encontrábamos separados de hecho cuando no era cierto, estado civil que ya había sido ‘cambiado’ en otros trámites y que acredite (sic) en la Caja accionada antes de que dictara la resolución en crisis, como fue cuando suscribió el Plan Rombo que declaró ser ‘soltero’ (obsérvese que declaró el domicilio donde vivía el matrimonio), o cuando inscribió el vehículo que le adjudicaron que declaró ser ‘Divorciado’.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 1/2).- Afirma que lo real y concreto es que nunca estuvieron separados. Añade que lo que sí es cierto es que ante el enojo y recriminación de su parte y de sus hijas, el Sr. Miranda se iba a la casa que había sido de sus padres, ubicada en Santiago del Estero N° 967 -antes de que la vendiera en el año 2012-, o a otra vivienda que tenían en el Barrio Los Álamos. Sigue relatando que también podía ocurrir que saliera a comprar cigarrillos o a jugar a la quiniela y no volviera por una semana o más tiempo. Anuda que claramente se ocupaba ella y sus hijas de saber que estuviera bien durante sus ausencias (cfr. PE y pdf cits., pág. 2).- Advera que había decidido divorciarse en una oportunidad, cuando el Sr. Miranda fue denunciado por presunta violación, aproximadamente en el año 2002/2003; sin embargo, pasado ese “cimbronazo” que le causó enterarse de la denuncia, continuó a su lado acompañándolo y ocupándose de que tuviera un defensor, porque sabía que era inocente (cfr. PE, pdf y pág. cits).-
Rememora que cuando se casaron, el causante no consumía alcohol, pero luego se había convertido en otra persona debido a esta enfermedad y adicción que nunca asumió, lo que hacía imposible su tratamiento (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Recuerda que: “... también es cierto que estuvimos separados un tiempo, en el año 2006 cuando nos quiso incendiar la casa con nosotras adentro: mis hija (sic) menor -hoy fallecida-, mi nieta y yo (situación que no denuncie pues en ese entonces la realidad era otra y no se contaba con la evolución actual ni facilidad para hacerlo), fue entonces cuando me fui a la casa de mi hermana y suscribimos un convenio por alimentos en favor de nuestra hija mayor discapacitada, hija que falleció hace casi 13 años -como surge del certificado de defunción que acompaño-. Que ese mismo año 2006 para las fiestas de fin de año retomamos la convivencia hasta su fallecimiento, pero como vivíamos juntos, nuestra economía era compartida y manejada en forma exclusiva por la suscripta, nunca nos ocupamos de pedir el cese de dicha cuota.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 2/3).- Relata que en abril de 2021 al Sr. Miranda le secuestraron su camioneta por manejar en estado de ebriedad, por lo que ante el temor a que causara daño a otras personas o a él mismo ella solicitó su internación judicial. Lo que motivó, sigue con su relato, que a principios de mayo de 2021 tramitaran los autos “Miranda Rubén Darío s/ Internación” ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 1, Secretaría Nº 2, en los que con fecha 7 de mayo de 2021 se ordenara la internación del causante. Agrega que ingresó al Centro de Salud Mental ese mismo día, prestando su consentimiento para dicha internación. Narra que a pocos días de su ingreso fue derivado al hospital debido a una neumonía que padecía que no pudo superar, falleciendo (cfr. PE y pdf cits., pág. 3).- Argumenta que aplicar el artículo 76 de la Ley Nº 1782 en base a lo afirmado sólo por su esposo, haciendo caso omiso a sus declaraciones y documental aportada, constituye una clara discriminación en contra de la suscripta y por ende una violación de sus derechos como mujer (cfr. PE, pdf y pág. cit.).-
Destaca que estuvo casada con el causante y convivieron - salvo algunos meses del año 2006 - por el término de 47 años y hasta el momento de su fallecimiento. Anuda que la única persona habilitada por ley para pedir la pensión solicitada es ella, siendo por lo tanto un derecho adquirido y como tal ha ingresado a su patrimonio, estando protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional (cfr. PE y pdf cits., pág. 4).-
Sostiene que: “...el Acuerdo N° 2683/21 es violatorio no sólo de la ley vigente N° 1782 y su modificatoria, sino que viola derechos de raigambre constitucional, como son el derecho a los beneficios de la seguridad social (art. 14 bis), el derecho de propiedad (art. 17), garantizados en nuestra Carta Magna; y los tratados internacionales como la CEDAW; deviniendo en ilegítimo e inconstitucional, razón por la que corresponde y solicito se revoque el mismo, y en consecuencia se ordene a la Caja accionada a conceder el beneficio de pensión que por ley me corresponde.” (cfr. PE, pdf y págs. cits.).- Formula reserva del caso federal (cfr. PE y pdf cits., pág. 5).-
Mediante PE561749-2022 la Sra. Uribe Subiabre amplía la demanda, solicitando se revoque el Acuerdo N° 1563 de la CPS del 29 de junio de 2022, que le fuera notificado el 1° de julio de 2022, y que le rechazaba el reclamo realizado contra el Acuerdo 2683/21. Asimismo reitera su pedido de que se le ordene a la accionada conceder el beneficio de pensión solicitado (cfr. PE561749-2022, OTR00021027.pdf, pág. 1).-
Dice que en marzo de 2022, había peticionado a la Caja de Previsión Social que analice nuevamente la situación. Agrega que: “...efectuada la consulta legal y atento encontrarse corriendo los plazos de caducidad de la presente acción, concurro en más de una oportunidad a la sede de la accionada para solicitar se pronuncien sobre mi presentación, manifestándome una de las abogadas de la Caja, que mi presentación había sido extemporánea, que el expediente había sido archivado y que tenía ‘abierta’ la vía judicial.”. Agrega que por tal razón inició la presente acción, pero el 1° de julio la llaman desde la Caja y le notifican la resolución de marras rechazando su reclamo (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- Ratifica en su totalidad las consideraciones vertidas en la demanda y califica el Acuerdo Nº 1563/2022 de ilegítimo e inconstitucional, razón por la que peticiona que se revoque el mismo (cfr. PE y pdf cits., págs. 2/3).-
II. Que en PE665715-2022 la CPS contesta demanda, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Mariana Isak, con el patrocinio letrado de la Dra. Carla Agustina Téllez, solicitando su rechazo con costas (cfr. PE cit., COD00006076.pdf, pág. 1).-
Explica que la accionante, el 9 de junio del año 2021, solicita el beneficio de pensión a raíz de la muerte del Sr. Darío Rubén Miranda, fallecido el 22 de mayo de 2021 (cfr. PE y pdf cits., pág. 2).-
Expresa que el expediente pensionario que obra en el Ente Previsional es el N° 234.918/2021 “Uribe Subiabre Rosa s/ Pension por el extinto Miranda Darío Rubén DNI 11.502.647” (cfr. PE, pdf y pág. cit.).-
Afirma que adjuntan al expediente pensionario los últimos certificados de supervivencia del Sr. Miranda -años 2017 y 2019-. Sostiene que los dos están firmados por él mismo, declarando en ambos su domicilio real en calle Castelli Nº 1075 de Río Gallegos y estado civil como “separado de hecho”. Aclara que los mismos tienen el carácter de declaración jurada para la institución (cfr. PE y pdf cit., pág. 3).-
Dice que: “A contraposición de los certificados de supervivencia (2017 y 2019) de la accionante, que se declara de estado civil ‘casada’ con el fallecido pero en el Certificado del año 2017 declara que vive y se domicilia en calle Castelli N° 1075 y en el Certificado del año 2019 declara que vive y se domicilia en B° 400 Departamentos, Monoblock 13 PB- ciudad de Río Gallegos.” (cfr. PE, pdf y pág. cit.).-
Relata que en el último recibo de haberes del Sr. Miranda -correspondiente a abril de 2021- constan dos retenciones judiciales, que se deducían mensualmente. Por tal motivo, sigue diciendo, se procedió a consultar al Juzgado de Primera Instancia de Familia N° Dos, Secretaría N° Dos de esta ciudad capital, acerca de la retención por alimentos ordenadas en autos caratulados ‘Miranda Darío Rubén y Uribe Subiabre Rosa s/ Homologación’ (Expte- Nº M-6925/06). Frente a tal solicitud, relata, el Juzgado informó que la Sra. Uribe y el Sr. Miranda acordaron en favor de su hija Graciela Lujan Miranda, una cuota alimentaria del treinta por ciento (30%) de los haberes jubilatorios que percibía el fallecido, debiendo ser depositado en una cuenta bancaria, siendo la titular la actora (cfr. PE y pdf cits., págs. 3/5).- Plantea que la Caja de Previsión Social desde su Área Legal, mediante Dictamen N° 1752/A.L./2021, optó por no hacer lugar a la solicitud de beneficio de pensión de la Sra. Uribe, en concordancia con el artículo 76, inciso a), de la Ley Nº 1782 (cfr. PE, pdf y pág. cit.).-
Aclara que motivó la decisión la discrepancia entre lo declarado por el occiso en los certificados de supervivencia con respecto a la actualización del acta matrimonial presentada por la actora. Anuda que todo esto en su conjunto genera la presunción de que la Sra. Uribe y el Sr. Miranda se encontraban separados de hecho al momento del fallecimiento. Agrega que el Área Legal sólo dictaminó sin formalizar ni instrumentar el Acuerdo de no hacer lugar, ya que estaba a la espera de la respuesta del Juzgado (cfr. PE y pdf cits., pág. 4).- Observa que la actora presenta por escrito nueva documentación intentando acreditar el vínculo, la misma presenta seis (6) recibos de haberes del fallecido, vislumbrándose de los mismos lo siguiente: noviembre de 2018: percibía asignación por cónyuge y le deducían retenciones judiciales; enero y julio de 2019: percibía asignación por cónyuge y le deducían retenciones judiciales; septiembre de 2020: le deducían retenciones judiciales, deja de percibir asignación por cónyuge; y enero de 2021: solamente le deducen retenciones judiciales, no percibe asignación por cónyuge (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- Agrega que: “...obra constancia de inscripción del fallecimiento al Plan Rombo en el año 2017, donde el mismo declara como domicilio real calle Castelli N° 1075 de esta ciudad, declarándose de estado civil ‘soltero’, acompañándose talones de pago de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Señala que la titular de autos presentó una nota -el 4 de octubre de 2021 -donde aclara por qué su “marido” podría haber llegado a declarar tres domicilios diferentes, endilgándoselo todo a una presunta enfermedad de adicción al alcoholismo. Agrega que la Caja de Previsión Social no tenía conocimiento, ni tampoco tiene como constatar la veracidad de lo expuesto, atento a que tampoco obra ninguna tramitación de limitación de la capacidad o inhabilitación alguna (cfr. PE y pdf cit., pág. 5).-
Aduce que de toda la documental acompañada surge que: “...la Sra. Uribe declara (en el escrito presentado el 04/10/21) que no reside en el domicilio ubicado en B° 400 departamentos Monoblock 13 PB 'B' desde el año 1998, en contraposición a lo que ella misma declara en su certificado de supervivencia del año 2019, donde declara que vive y se domicilia en el mismo.” (cfr. PE, pdf y pág. cit.).-
Observa que por los motivos expuestos la Comisión ad hoc -comisión evaluadora de pensiones- resuelve no hacer lugar al beneficio de pensión solicitado (cfr. PE, pdf y pág. cit.).-
Rememora que el 14 de marzo de 2022, la Sr. Uribe presenta un reclamo donde aclara: “…‘que tiene sólo efecto de nota de reclamo, no de recurso administrativo’…”, planteando la nulidad absoluta del Acuerdo N° 2683/2021 y la revisión del mismo. Añade que la Asesoría Letrada, a pesar de ser extemporáneo el planteo, procede a analizar y dictaminar al efecto mediante Dictamen N° 1285/A.L/202. Por tal motivo, sigue diciendo, mediante Acuerdo N° 1563/2022, del 29 de junio de 2022, no se hace lugar al reclamo efectuado (cfr. PE, pdf y pág. cit.).- Argumenta que para perder el derecho de pensión, conforme lo estatuido en el artículo 76, inciso a) de la Ley Nº 1782 no es necesario una sentencia de divorcio, sino que basta con la separación de hecho (cfr. PE665715-2022, págs. 6/7).-
Plantea que no se ha agotado la vía administrativa por parte de la Sra. Uribe, atento a que desde la notificación del Acuerdo N° 2683/2021 no interpuso recurso administrativo alguno, sólo procedió a efectuar un reclamo que ella misma solicitó que no se considere como recurso (cfr. PE y pdf cits., págs. 7/8).-
Por este motivo, peticiona que se desestime la demanda (cfr. PE y pdf cits., págs. 8/9).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia contesta vista, dictaminando que la demanda entablada es formalmente admisible (cfr. PE700503-2022).-
En PE459755-2022 se declaró la cuestión de puro derecho y se ordenó correr un nuevo traslado por su orden conforme lo establece el artículo 78 del CPCA, Ley Nº 2600. Notificadas las partes, no han ejercido el derecho que el citado artículo les confiere (cfr. PE828271-2023).-
En PE828271-2023 se llamó autos para sentencia, pasando a estudio en PE847122-2023.-
III. Que por una cuestión de orden corresponde primero analizar si se ha agotado la vía administrativa, en atención al planteamiento en tal sentido formulado en la contestación de la demanda.-
Al respecto debo adelantar que corresponde rechazar dicho planteo.-
Esto es así, toda vez que las peticiones de otorgamiento de pensión formuladas por la actora fueron directamente formuladas ante la Caja de Previsión Social Provincial y contaron con la pertinente respuesta del Directorio de dicha entidad (mediante Acuerdos 2683/21 y 1563/22).-
Esas contestaciones, al provenir del órgano superior de un ente autárquico, permiten dar por concluida la instancia administrativa y habilitan la promoción de la acción judicial. En efecto, la Caja de Previsión Social es un ente autárquico, conforme lo dispone el art. 1º de la ley 1782 (T.O. Ley N° 3189), y su Directorio es la autoridad máxima de dicho Organismo (art. 35 Ley 1782). Por ende se aplica a su respecto la previsión del art. 94 de la Ley 1260 que dispone: “Contra los actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente –emanados del órgano superior de un ente autárquico- procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo o de alzada o la acción judicial pertinente”.- Entonces, observamos que luego de que fuera denegado el pedido de la pensión en favor de la actora, plasmado en los Acuerdos de referencia, ella se encontraba facultada, en virtud de la norma transcripta, para promover la presente acción (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 892, Folio 2600/2602).-
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de la demandada acerca de la falta de agotamiento de la vía administrativa.-
IV. Que adentrándonos en el fondo de la cuestión, de conformidad con los antecedentes reseñados, se advierte que la controversia gira en torno a determinar la validez de los Acuerdos 2683/21 y 1563/22 de la Caja de Previsión Social; y si -en atención a lo que se resuelva sobre la validez de esos Acuerdos- le corresponde o no el beneficio de la pensión a la actora, a raíz del deceso de quien fuera su cónyuge. La norma que gobierna en la materia, es la Ley Provincial Nº 1782 -y sus modificatorias-, en este particular caso el artículo 76, inciso a) que es aquel en cuyo mérito fue rechazada la pretensión de la Sra. Rosa Uribe Subiabre conforme lo resuelto por el Acuerdo de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz Nº 2683, del 10 de diciembre de 2021.- Expresa el mentado artículo que: “No tendrán derecho a pensión: a) El cónyuge separado de hecho o que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado legalmente al momento de la muerte del causante, salvo que el causante hubiere estado contribuyendo, mediante sentencia judicial, al pago de alimentos al supérstite...”.-
Sobre la interpretación de esta norma ya ha tenido oportunidad de expedirse este Alto Cuerpo. Al respecto ha dicho que: “No es necesario emprender una esforzada labor hermenéutica cuando de la letra de la ley surge indubitable lo que ella quiere decir. Así también lo dispone el Código Civil y Comercial que en su artículo 2° edicta que, en primer lugar la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Estas previsiones se aplican a la norma transcripta, de la cual surge evidente que mediando separación de hecho se pierde el derecho a pensión, sin importar si hubo culpa de uno o ambos en dicha separación y sólo podrá acceder al beneficio el cónyuge supérstite si el causante por sentencia judicial le pagaba alimentos. La separación de hecho de los cónyuges es una causal objetiva de pérdida del derecho pensionario salvo que exista un derecho alimentario a su favor...” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1062, Folio 3345/3350 y XVIII, Reg. 1098, Folio 3522/3528).- En atención a este cuadro normativo corresponde determinar, teniendo en cuenta las probanzas obrantes en autos, si a la Sra. Uribe Subiabre le corresponde el beneficio de la pensión.-
Estimo que la resolución de este caso debe ser dilucidado con perspectiva de género, en atención a la condición de especial vulnerabilidad de la actora -mujer de edad avanzada- (cfr. foja 2 del expediente administrativo “Uribe Subiabre Rosa S/ Pensión por el extinto Miranda Dario Rubén DNI 11.502.647” (U-234918)) y a las demás características de la causa. Asimismo, considero que dicha perspectiva debe aplicarse en cuanto a la valoración probatoria. Esto se impone a la luz de las normas legales y convencionales de protección a la mujer, especialmente en atención a lo estatuido en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a fin de determinar si nos encontramos ante alguna hipótesis de violación de los derechos de la mujer en base a su condición de tal.- Debe recordarse que el Poder Judicial es responsable de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que la Argentina es parte, pues su inobservancia podría acarrear su responsabilidad internacional.-
En atención a las probanzas de autos, estimo conducentes las afirmaciones de la actora acerca de que se encontraban conviviendo al momento del deceso del Sr. Miranda (cfr. PE498477-2022, IND00013554.pdf, págs. 2/3).-
Un dato relevante en tal sentido es que, en autos: “Miranda Darío Rubén y Uribe Subiabre Rosa S/ Homologación” (Expte. Nº M-6925/06), de trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 2, Secretaría Nº 2 de Río Gallegos, el Sr. Miranda y la Sra. Uribe acordaron judicialmente una cuota alimentaria del 30% de sus haberes jubilatorios en favor de su hija Graciela Luján Miranda (cfr. foja 122 del expte. adm.) quien falleciera el 27 de agosto de 2009, conforme surge del certificado de defunción obrante en PE498477-2022, IND00013555.pdf, pág. 9.- Arribo a tal conclusión por el hecho de que, en el recibo de sueldo del extinto se le seguía descontando una cuota alimentaria en favor de Graciela Luján Miranda, que percibía la Sra. Uribe Subiabre, aún después de la muerte de su hija (cfr. copias de Recibos de Haberes Jubilatorios obrantes en el expediente administrativo “Uribe Subiabre Rosa S/ Pensión por el extinto Miranda Dario Rubén DNI 11.502.647” (U-2349189)), como así también, informe del Juzgado de marras (cfr. foja 122 del expte. adm. cit.).- Es decir que la actora siguió percibiendo la cuota alimentaria después del fallecimiento de la hija en común. La situación descripta es compatible con alguien que sigue conviviendo con quien percibe la cuota alimentaria, no con alguien que estuviese separado. Es que le era indiferente al Sr. Miranda que la Sra. Uribe Subiabre siguiera cobrando alimentos ya que el dinero quedaba, en definitiva, en la pareja.-
Lo antedicho es coincidente con lo afirmado en la demanda acerca de que existía una economía familiar compartida y manejada por la Sra. Uribe Subiabre (cfr. PE498477-2022, IND00013554.pdf, pág. 3).-
Asimismo, la Sra. Uribe Subiabre adujo en su demanda que vivió situaciones durísimas a causa del alcoholismo de su fallecido esposo. La condición de alcohólico del Sr. Miranda se encuentra probada con el certificado médico de ingreso a guardia, datado el 10 de mayo de 2021 (cfr. PE498477-2022, IND00013556.pdf, pág. 3).-
Es más, el 7 de mayo de 2021 el Sr. Miranda fue internado por alcoholismo y quien firmó el consentimiento informado de su internación fue la Sra. Uribe Subiabre (cfr. PE498477-2022, IND00013556.pdf, pág. 1, y foja 145 del expte. adm. cit.). Esta prueba demuestra el acompañamiento de la Sra. Uribe Subiabre con su extinto esposo hasta los últimos días de su vida y contribuye a demostrar la continuidad de su matrimonio.-
Es razonable pensar que el alcoholismo llevó al Sr. Miranda a conductas erráticas y mendaces, como declarar que se encontraba separado de hecho, tal y como se observa en las Declaraciones Juradas del causante de los años 2017 y 2019 (cfr. fotocopias legalizadas de certificados de supervivencia obrantes a fs. 16/17 del expte. adm.). Podemos calificar de la misma manera las afirmaciones del Sr. Miranda en otros documentos por él firmados. Nótese al respecto que el causante había declarado que era “soltero” cuando suscribió un Plan de Ahorro para Fines Determinados (Plan Rombo) (cfr. PE498477-2022, IND00013555.pdf, pág. 5) y cuando inscribió el vehículo dijo que era “divorciado” (cfr. PE498477-2022, IND00013555.pdf, pág. 7). La solicitud de suscripción al Plan Rombo se firmó el 13 de junio de 2017 y el título del automotor es del 5 de diciembre de 2017. Fechas estas en las cuales el Sr. Miranda había declarado que se encontraba separado de hecho de la Sra. Uribe Subiabre.- Entonces, tenemos que el Sr. Miranda declaró, durante el año 2017, en distintos documentos que era “soltero”, que se encontraba “divorciado” y “separado de hecho”. Tres afirmaciones contradictorias entre sí. En contraposición, el relato de la actora siempre ha sido coherente.-
Los antecedentes señalados nos llevan a la convicción de que efectivamente la Sra. Uribe Subiabre continuaba con su matrimonio -de más de cuarenta y nueve años de duración- al momento del deceso del Sr. Miranda.-
Por lo expuesto, considero que se debe declarar la nulidad del Acuerdo que niega la pensión a la Sra. Rosa Gladys Uribe Subiabre. Esto se impone debido a que la actora convivía con el causante al momento de su deceso.-
Además, si se rechazase la demanda se configuraría un supuesto de violencia económica en perjuicio de la actora, lo que implicaría una violación del artículo 5 de la Convención Belém do Pará que garantiza a toda mujer el libre y pleno ejercicio de los derechos económicos reconocidos en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.-
Así, lo decidido por la Caja de Previsión Social, al negar la pensión a la actora no ha sido razonable en atención a los antecedentes fácticos y jurídicos del caso.-
Es que el artículo 7º, inciso b de la Ley Nº 1260 determina que, son requisitos esenciales del acto administrativo que se sustente razonablemente en los hechos y antecedentes verificados con invocación del derecho aplicable.-
Al respecto se debe recordar que este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que cuando un acto administrativo definitivo ha ponderado incorrectamente los antecedentes de hecho “...adolece de un vicio en la causa, lo que lo torna inválido como tal.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 795, Folio 2252/2255). Esto es lo que ha ocurrido en el caso bajo estudio, como ya se indicó. Se ha sostenido que: “El acto administrativo resultará viciado si [como ocurre en la especie] prescinde de los hechos del caso, o sea, cuando el acto desconoce las circunstancias acreditadas en el expediente...” (cfr. Agustín Gordillo y Mabel Daniele (Directores): “Procedimiento Administrativo”, Ed. Lexis Nexis. Segunda edición, Buenos Aires, 2006, pág. 110).- En resumidas cuentas, por lo expuesto, el Acuerdo Nº 2683/21 de la Caja de Previsión Social que rechazó el beneficio de pensión solicitado por la actora a raíz del fallecimiento de quien fuera su esposo Sr. Dario Rubén Miranda resulta nulo, como así también los actos administrativos que se dictaron en su consecuencia, toda vez que la actora convivía con el causante al momento de su fallecimiento. La actora cumple los recaudos exigidos por la Ley Provincial N° 1782 para acceder al beneficio de la pensión, debiendo la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz dictar un nuevo acto administrativo en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme lo establecido en la presente sentencia.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
La Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Disiento con el voto de las distinguidas colegas preopinantes, toda vez que considero que la demanda interpuesta en PE498477-2022 y ampliada en PE561749-2022 debe ser rechazada.-
II. Es de máxima importancia formular una aclaración inicial: las consideraciones que seguidamente expondré en modo alguno procuran soslayar el mandato inclaudicable de juzgar con perspectiva de género.-
Sostuve, anteriormente, que: “…incorporar la perspectiva de género en la función judicial implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de erradicar la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder […] en cada caso se debe hacer una análisis que permita detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad…” (cfr. voto por mis propios fundamentos en el Libro de Sentencias de Casación, Tomo XXI, Reg. 702, Folio 4165/4175). En el marco de una causa contencioso administrativa destaqué en mi voto, además, que: “…Un análisis de este tipo implica una mirada transversal que atraviesa todos los ámbitos de actuación, incluido -desde luego- el derecho público.
El derecho administrativo no debe permanecer ajeno a esta problemática” (cfr. voto unánime Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1075, Folio 3419/3429). Y, específicamente en una causa vinculada al beneficio de pensión, puse en mi voto el acento en el amplio bagaje normativo con anclaje constitucional y convencional que tutela el derecho a la seguridad social (cfr. voto mayoritario Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1097, Folio 3512/3521).- Traigo esto a colación en razón de que la señora Uribe Subiabre afirmó que la actuación de la autoridad administrativa vulneró derechos de raigambre constitucional (citando a tal efecto los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional) y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), reputando que la aplicación efectuada por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (CPS) del artículo 76 de la Ley Provincial N° 1782 ha sido discriminatoria y violatoria de sus derechos como mujer (cfr.
PE498477-2022, IND00013554.pdf, págs. 2, 3 y 5).- La solución que propicio no procura descuidar ni restar fuerza a las premisas que en otras oportunidades expuse ni preterir los lineamientos jurisprudenciales que este Tribunal Superior de Justicia -en pleno- viene sosteniendo con fuerte compromiso en materia de género. Menos aún incurrir en un supuesto de violencia económica. Sin embargo, no se puede dejar de apuntar que la vulnerabilidad está estrechamente relacionada con las circunstancias particulares del caso a juzgar. No se trata de una categoría, un rótulo o una etiqueta que se pueda aplicar cuál comodín. No siempre del análisis del caso se encuentra que ha habido asimetrías, desigualdades o vulnerabilidad de derechos que la magistratura deba corregir o tutelar aplicando el enfoque de género.
No se puede forzar su aplicación a hipótesis que carecen de andamiaje fáctico, apoyándose en conjeturas laxas. De otro modo, se terminaría desprestigiando o banalizando un enfoque que tantas luchas históricas han llevado y conllevan aún en la actualidad.-
III. El artículo 72 de la Ley Provincial Nº 1782 (texto según Ley Nº 3189) enumera de modo taxativo la nómina de parientes del causante (jubilado, afiliado en actividad o con derecho a jubilación) que pueden acceder al beneficio de la pensión, incluyendo -entre otras personas- a la viuda o al viudo (inc. 1°). En punto a ello, se ha sostenido que: “…la viuda y el viudo […] son de aquellos que la ley -supone- han vivido bajo el amparo económico del causante, de manera que para la obtención del beneficio, en principio, solo les es menester acreditar el vínculo que los liga al afiliado o jubilado fallecido…” (cfr. Crocilla, Esteban D.: “El comportamiento de los esposos durante la separación de hecho y su incidencia en el beneficio de pensión”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2766/ 2020).- En el presente caso, tal requisito se encuentra cumplido con el acta de matrimonio entre Darío Rubén Miranda y Rosa Gladys Uribe Subiabre obrante en PE498477-2022, IND00013555.pdf, pág. 3 y a foja 4 del Expediente Administrativo N° U-234.918/21 (incorporado en copia a la presente causa mediante PE585569-2022).-
La viuda o el viudo son, en definitiva, los titulares primarios del beneficio de la pensión, teniendo derecho a un goce vitalicio en la medida en que no incurran en alguna de las causales de pérdida o extinción del beneficio (cfr. Lodi-Fé María Delia, Cipolleta Graciela, Llana Gloria, Pawlowski de Pose Amanda Lucía, “Régimen Previsional Argentino”, 1ª ed., Santa Fé, Rubinzal Culzoni, 2007, pág. 200). Estas últimas se encuentran contempladas en el artículo 76 del régimen aludido (texto según Ley Nº 3189) que -en su parte pertinente- prescribe que no tendrá derecho a pensión: “El cónyuge separado de hecho o que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado legalmente al momento de la muerte del causante, salvo que el causante hubiere estado contribuyendo, mediante sentencia judicial, al pago de alimentos al supérstite.” (inc. a).- En esta materia este Tribunal Superior de Justicia viene sosteniendo que: “…de la atenta lectura de la norma local (transcripta), surgen dos supuestos de denegatoria del beneficio: por una parte, los separados de hecho, y por la otra, los divorciados o separados legalmente por su culpa o culpa de ambos, siempre y cuando el causante no estuviere contribuyendo con el pago de alimentos al posible beneficiario. La segunda causal exige para su configuración el elemento subjetivo de la atribución de culpa en la separación [personal] o el divorcio, empero no ocurre lo mismo con la primera en donde la circunstancia objetiva de la separación de hecho es suficiente para excluir al cónyuge supérstite como beneficiario del derecho a pensión. Es decir que según las normas citadas, para el órgano previsional provincial sólo es necesario acreditar los supuestos fácticos de la separación de hecho y la no prestación alimentaria, sin que interese la atribución de culpa…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1136, Folio 3672/3680, entre otros).- Complementando la idea anterior, y bajo el amparo del actual Código Civil y Comercial de la Nación, se explicó que: “…la separación de hecho como causal de exclusión del beneficio de pensión contenida en el artículo 76, inciso a), de la Ley N° 1782 debe ser asimilada, entonces, a la ruptura del proyecto de vida en común al que alude el artículo 431 del Código Civil y Comercial.” (cfr. fallo cit.).-
Para sustentar el rechazo del beneficio previsional pretendido, la CPS se apoyó en lo dispuesto por el artículo 76, inciso a) de la Ley Provincial N° N° 1782 y precisó que en el caso concreto no se avizoraba el carácter sustitutivo de los ingresos que en vida aportaba el causante. Ello, con base en la ausencia de convivencia entre los cónyuges que infirió a partir de los certificados de supervivencia de lo años 2017 y 2019 del señor Miranda, en lo que exponía que se encontraba separado de hecho (cfr. Acuerdo CPS 2683/21, obrante en PE498477-2022, IND00013555.pdf, págs. 1/2).- Al controvertir este acto administrativo en sede judicial, la señora Uribe Subiabre niega la separación de hecho y afirma que el órgano previsional nunca indagó la verdadera razón por la que el señor Miranda habría realizado esa declaración, la que -según expone- tendría su origen en el alcoholismo que padecía este último hacía más de treinta años (cfr. PE498477-2022, IND00013554.pdf, pág. 2).-
IV. De las constancias agregadas a las actuaciones administrativas surge que en los Certificados de Supervivencia de los años 2017 y 2019 (cfr. fs. 16/17) el señor Miranda declaró que se encontraba separado de hecho y que su domicilio real se encontraba en la calle Castelli N° 1075 de esta ciudad capital. En contraposición, se observa que si bien la señora Uribe Subiabre declaró que su estado civil era “casada” en su Certificado de Supervivencia del año 2019, consignó que su domicilio real se encontraba emplazado en el Monoblock 13, PB, del Barrio 400 de esta localidad. Con lo cual, fácil es colegir que el domicilio real de ambos para aquél entonces no era coincidente.- Esta diferencia de residencia también es dable de ser percatada a partir de la copia del Documento Nacional de Identidad de la señora Uribe Subiabre en la que se detalla como domicilio: “B° 400 Dptos. s/n P/B MK 13” de Río Gallegos. Vale resaltar que este documento único de identidad fue emitido el 15 de septiembre del año 2014 (cfr. foja 2 del expte. adm.).-
A foja 18 de las actuaciones administrativas, asimismo, obra agregado una constancia denominada “Maestro de Jubilados” referente al legajo personal de la señora Uribe Subiabre (perteneciente al Expediente Administrativo N° 248.943/2013) en el que se señala que su domicilio se ubica en el “Monoblock 13, Bº 400 Dptos. Planta B” de esta ciudad.-
V. La CPS en su Acuerdo 2683/21 refirió, igualmente, a una retención judicial obrante en los recibos de los haberes jubilatorios del señor Miranda.
Se corrobora a partir de lo expuesto a fs. 122 del Expediente Administrativo que en el marco de la causa “Miranda Darío Rubén y Uribe Subiabre Rosa Gladys s/ Homologación” (Expte. N° 15320/2021) radicado ante el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° Dos de esta ciudad ambos sujetos acordaron en el mes de septiembre del año 2006 una cuota alimentaria a favor de su hija Graciela Lujan Miranda equivalente al treinta por ciento de los haberes jubilatorios del señor Miranda, monto que sería depositado en una cuenta bancaria cuya titularidad pertenecía a la señora Uribe Subiabre. La descendiente de ambos falleció en agosto de 2009 (cfr. PE498477-2022, IND00013555.pdf, pág. 9). No obstante ello, el último recibo de haberes del señor Miranda perteneciente al mes de abril de 2021 detalla la existencia de retenciones judiciales y demuestra además que no se le abonaba asignación por cónyuge (cfr. foja 12 del expte. adm.). Estas circunstancias también se reiteran en recibos de haberes de años anteriores agregados a continuación de la foja 29 de las actuaciones administrativas.- No parece razonable sostener o inferir la existencia de un proyecto de vida en común a partir del panorama reseñado.-
VI. Tampoco logran desvirtuar lo decidido por la CPS las afirmaciones que la señora Uribe Subiabre lleva a cabo en PE498477-2022, IND00013554.pdf, pág. 2 vinculadas con la adquisición por parte del señor Miranda de un automóvil marca Renault. A pesar de las imprecisiones que traslucen la documental agregada en PE498477-2022, IND00013555.pdf, págs. 5 y 7 en la que constan, por un lado, la suscripción de Plan de Ahorro Previo (“Plan Rombo”) donde el Sr. Miranda se declaró como soltero y, por el otro, un título automotor que lo describe como divorciado (ambos del año 2017), lo cierto es que en modo alguno podrían resultar demostrativas del mantenimiento de un proyecto de vida en común.-
VII. En su demanda, la señora Uribe Subiabre también describe algunos conflictos familiares suscitados durante la vida en común. Por ejemplo, su intención de divorciarse en el año 2002 o 2003 -no lo precisa con exactitud- tras una supuesta denuncia que habría recibido el señor Miranda por un delito contra la integridad sexual o la separación producida en el año 2006 en razón de que aquel habría intentando incendiar su casa (cfr. PE498477-2022, IND00013554.pdf, págs. 2/3). Sin procurar restarle magnitud a los hechos descriptos, sobre los que no se ha acompañado o producido probanza alguna, no puede desconocerse que aluden a aspectos fácticos que se suscitaron con mucha anterioridad a la denuncia de separación de hecho que el señor Miranda realizó ante la CPS durante los años 2017 y 2019 y devienen inconducentes a los fines del presente proceso.- Igualmente, asevera en su presentación inicial que producto del alcoholismo que padecía, el señor Miranda solía ausentarse de su hogar durante semanas y que ella y sus hijas consiguieron durante una época que asistiera a Alcohólicos Anónimos, aunque lo hizo por muy poco tiempo (cfr. PE498477-2022, IND00013554.pdf, págs. 2/3). Sin embargo, ninguna prueba se ha acercado en tal sentido; tampoco se aprecian la existencia de indicios de los que se pueda extraer una presunción judicial.-
La demandante señala que producto del alcoholismo en abril de 2021 le habrían secuestrado una camioneta al señor Miranda, por conducir en estado de ebriedad, luego de un festejo familiar realizado en el Barrio Los Álamos de esta ciudad (cfr. PE y pdf cits, pág. 3). Esta afirmación tampoco se encuentra apoyada en prueba alguna. Consta, en cambio, en el expediente administrativo una infracción de tránsito endilgada al señor Miranda en la localidad de El Calafate en el año 2016 por conducir un automotor sin portar la documentación pertinente (cfr. fs. 82, 83, 86 y 87).-
VIII. No se pasa por alto ni se procura desconocer el fenómeno patológico padecido por el señor Miranda. El consentimiento suscripto por este y por la señora Uribe Subiabre (en calidad de testigo) ante el Centro de Salud Mental revela un diagnóstico “F10”, mientras que la ficha de ingreso a la guardia del Hospital Regional Río Gallegos a causa de una neumonía señala al alcoholismo como un hábito toxicológico (cfr. PE498477-2022, IND00013556.pdf, págs. 1, 3 y 4).-
Sin embargo, no parece razonable sostener que la afección aludida habilite, en el marco del presente juicio, a declarar a algunas de sus conductas como erráticas y mendaces. Del padecimiento por sí solo no se puede derivar el dolo o el error como vicio de la voluntad en las declaraciones efectuadas por el jubilado fallecido durante los años 2017 y 2019 ante el organismo previsional, soslayando lo normado específicamente en la materia (cfr. arts. 265 a 275 del CCyCN).-
La señora Uribe Subiabre menciona de pasada un proceso judicial en el cual se habría ordenado la internación del señor Miranda (cfr. PE498477-2022, IND00013554.pdf, pág. 3), sin aportar mayores datos ni solicitar su incorporación como prueba en los presentes.-
Cabe recordar que como regla la capacidad de toda persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial (cfr. art. 3 de la Ley N° 26.657 y el art. 31, inc. a del CCyCN). Consiguientemente, ante la duda, se debe estar siempre por el reconocimiento de la capacidad de la persona. En ese andar, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “La internación no prejuzga sobre la capacidad de ejercicio de las personas, la que se presume por sobre cualquier abordaje en el campo sanitario…” (cfr. Sentencia, Tomo XXI, Reg. 695, Folio 4087/4109). La capacidad sólo puede ser restringida en carácter de excepción, siempre en beneficio de la persona (art. 31, inc. b del CCyCN) y cumpliendo las garantías prescriptas -por ejemplo- en los artículos 35 y 36 del CCyCN.- Entre las personas pasibles de restricción a la capacidad se encuentran las personas mayores de 13 años, con padecimiento de adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad (cfr. art. 32 del CCyCN). Se ha indicado en torno a ello que: “…se exige un supuesto material, dado por las circunstancias personales y sociales de la persona y no por su pertenencia ‘a un grupo’ y/o a la identificación con un diagnóstico. Así, la declaración de ‘capacidad restringida’ requiere que la persona se encuentre en situación de daño a su persona o a sus bienes consecuencia de sus actos. Esto constituye una ponderación acerca de la aptitud de la persona y que será llevada adelante en el marco del respectivo proceso dirigido a determinar las eventuales restricciones, con las garantías procesales requeridas en el nuevo Código…” (cfr. Silvia E. Fernández, en “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, dirigido por Marisa Herrera - Gustavo D. Caramelo Díaz - Sebastián Picasso, 2ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SAIJ, 2022, v. 1, pág. 85).- Por otra parte, el artículo 46 del CCyCN establece como regla general la imposibilidad de impugnación de los actos entre vivos anteriores a la sentencia, luego del fallecimiento de la persona, salvo que se cumplan los recaudos allí establecidos. “La norma busca impedir que, luego del fallecimiento de la persona, cuando ya es imposible examinar su condición de salud mental en razón de su muerte, pueda discutirse la validez de los actos por ella celebrados. Por su parte, tiene por fin proteger el valor seguridad jurídica…” (cfr. Silvia E. Fernández, en “Código…” cit., v. 1, pág. 118).-
IX. La señora Uribe Subiabre trascribe en su demanda parte de los fundamentos sostenidos por este Alto Cuerpo en la causa “Alvarado Hernández” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1098, Folio 3522/3528) y asevera que se trata de un caso análogo al presente (cfr. PE498477-2022, IND00013554.pdf, pág. 4). Sin embargo, omite indicar los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que pretende hacerse extensivo y su similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa bajo estudio.- Ambas causas parten de presupuestos diferentes. En la presente, la señora Uribe Subiabre cuestiona que la CPS haya denegado su pedido de pensión, subsumiendo la cuestión dentro de las causales de exclusión contenidas en el artículo 76, inciso a) de la Ley Provincial N° 1782, es decir, con origen en una separación de hecho. Alega que convivió con su esposo hasta el momento de su fallecimiento ocurrido en el año 2021, con la salvedad de algunos meses del año 2006. En cambio, en el antecedente aludido la señora Alvarado Hernández admitió que no se encontraba conviviendo con su cónyuge al momento de su muerte. Sin embargo, pretendía que se acogiera favorablemente su pedido, dado que había interrumpido la convivencia a causa de la violencia de género sufrida a manos de su esposo, que padecía cirrosis crónica derivada de su adicción al alcohol así como encefalopatía hepática.- El singular contexto fáctico exhibido en “Alvarado Hernández” llevó a este Tribunal Superior de Justicia a exponer una advertencia preliminar: “…en principio, no le correspondería a la actora el beneficio de pensión que solicita, ya que al momento del deceso del Sr. Juan Olegario Vargas Guenten, ambas partes coinciden en que la actora no convivía con el causante…Sin embargo este caso presente aristas particulares que hacen inclinarse por una solución diferente.”. Así las cosas, la valoración probatoria a través del enfoque de género se sustentó en un elemento principal: la actora había sido víctima de violencia de género, lo que se conjugó con otra pieza adicional, o sea, el alcoholismo crónico de su marido.- En el presente caso, la actora aludió tangencialmente a una situación en particular vinculada con violencia de género ocurrida en el año 2006. La sucinta argumentación en este aspecto tampoco ha sido abonada con ninguna mínima probanza.-
En contraste, la demandante en “Alvarado Hernández” había acompañado un certificado emitido por un licenciado en psicología que acreditaba un tratamiento por stress postraumático debido a la violencia de género sufrida. La terapia en cuestión había sido iniciada cinco años antes del fallecimiento de su marido, lo que llevó a este órgano judicial a afirmar que esa circunstancia “…nos aleja de sospechar que la Sra. Alvarado Hernández plantee la cuestión de la violencia de género sólo como un mero argumento a fin de posicionarse de mejor manera ante su reclamo.” (cfr. fallo cit.).- Por otro lado, en el antecedente que se viene comentando, el alcoholismo crónico del causante había sido acreditado con su certificado de defunción y la historia clínica. A ello se agregó una prueba fundamental: un informe pericial que daba cuenta que el jubilado fallecido padecía cirrosis alcohólica y explicaba con amplio detalle las consecuencias en los aspectos psiquiátrico, neurológico y hepático, tanto para el paciente como para terceros.-
En definitiva, en esa causa se evaluaron extremos fácticos distintos, que permitieron arribar a una conclusión que no resulta extrapolable a la presente. En efecto, se sostuvo allí que la falta de convivencia no podía ser un obstáculo para concederle el beneficio de la pensión a la demandante, porque -justamente- había tenido que dejar de convivir con su cónyuge para no sufrir más violencia de género, mientras que aquí la accionante procuró -sin éxito- demostrar una convivencia, un proyecto en común hasta el fallecimiento del señor Miranda.-
X. Del análisis de la prueba colectada en el presente proceso no surge que la reclamante haya logrado demostrar que se encuentre dentro de los extremos que exige la ley para acceder al beneficio que pretende. Entonces, ningún elemento de los aportados por la actora alcanza para desvirtuar las conclusiones a las que se arribó en las actuaciones administrativas. Cabe concluir que el Acuerdo CPS N° 2683/2021 no contiene vicio alguno que torne procedente su nulidad, por lo que la demanda no puede prosperar.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
El Dr. Fernando Miguel Basanta, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
El Dr. Daniel Mauricio Mariani, adhiere al voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, por compartir sus fundamentos.-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento lo expresado en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Rosa Gladys Uribe Subiabre en PE498477-2022 y ampliada en PE561749-2022 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, declarando la nulidad del Acuerdo Nº 2683/21 y de los actos administrativos dictados en su consecuencia; disponiendo que dicho organismo dicte un nuevo acto administrativo, en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme lo establecido en la presente sentencia; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- La Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, adhiere al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento las consideraciones desarrolladas en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Rosa Gladys Uribe Subiabre en PE498477-2022 y ampliada en PE561749-2022 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP N° 689/1999).- El Dr. Fernando Miguel Basanta, adhiere al pronunciamiento propuesto por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
El Dr. Daniel Mauricio Mariani, adhiere al pronunciamiento propuesto por la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 6 de mayo de 2024.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani; el voto en disidencia de los Sres. Vocales, Dres. Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Sra. Rosa Gladys Uribe Subiabre en PE498477-2022 y ampliada en PE561749-2022 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, declarando la nulidad del Acuerdo Nº 2683/21 y de los actos administrativos dictados en su consecuencia.-
2. Disponiendo que la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz dicte un nuevo acto administrativo, en el término de sesenta (60) días hábiles, conforme a lo establecido en la presente sentencia.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. María Florencia González Protocolización: TSS1002C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1145 Folio N°: 3715/3725 Secretaría: 1
Fin de la sentencia