Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa U-2466/2021-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstracta la cuestión objeto del recurso de queja articulado por el Sr. Agente Fiscal de la Fiscalía N° 2 por ante los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Caleta Olivia en PE175259-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: U-2466/2021-TSJ Interlocutorio N°: 3682 Actor: URRUTIA JOSÉ ARIEL Demandada:
Objeto: SUCESIÓN AB INTESTATO -INCIDENTE DE NULIDAD- S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 27-05-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3682 FOLIO Nº 6483 PROT. ELECT. TSS1 031 I.221
Río Gallegos, 27 de mayo de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “URRUTIA JOSÉ ARIEL S/ SUCESIÓN AB INTESTATO -INCIDENTE DE NULIDAD- S/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº U-2466/2021-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja articulado por el Sr. Agente Fiscal de la Fiscalía N° 2 por ante los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Caleta Olivia, Dr. Carlos Augusto Borges (cfr. PE175259-2021), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial del 30 de junio de 2021 (cfr. PE cit., págs. 67/68), que declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto.- Este último procura la modificación de la resolución de Cámara del 19 de mayo de 2021 que confirmó la sentencia de Primera Instancia, que había rechazado la nulidad planteada por el Sr. Agente Fiscal (cfr. PE cit., págs. 62/66). Cabe aclarar que se había promovido incidente de nulidad contra la declaratoria de herederos, por estimar que la misma no se encontraba fundada en prueba documental hábil para acreditar el parentesco y violar el deber del Juez de fundar toda sentencia (art. 34 inc. 4° CPCyC) (cfr. PE. cit. págs. 5/8).-
II. El quejoso plantea que existe una clara contradicción de fundamentos y violación del principio de congruencia, transformando en arbitrario el rechazo del recurso de casación, ya que el mismo no es una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Al respecto destaca que: “...en un primer párrafo se sostiene que este Ministerio Público Fiscal no es parte, por lo tanto no puede alegar perjuicio alguno, para a renglón seguido señalar las competencias, deberes y obligaciones Constitucionales (señalando las que regula directamente el art. 120 de la Constitución Nacional) que tiene esta Fiscalía, citando expresamente 'defensa de la legalidad', para finalizar señalando que la opinión del Ministerio Público no es vinculante.” (cfr. PE175259-2021).- Observa que: “...la contradicción es muy clara, o bien esta Fiscalía no es parte y no puede alegar perjuicio y por ende no puede articular una nulidad, o por el contrario debe actuar en defensa de la legalidad, tal como lo he hecho desde el primer escrito, y articular en ejercicio de dicha competencia, las acciones necesarias para materializarla.” (cfr. PE cit.).-
Estima que frente a lo expresado por la Excma. Cámara de Apelaciones, la intervención de la Fiscalía sólo sería al mero fin de cumplir con un recaudo formal, sin que tenga significación lo que expresase el Fiscal en su vista. Ello, sigue con su argumentación, viola el principio de congruencia porque vacía directamente de contenido la obligación de defender la legalidad, que está además establecida en el artículo 78 de la Ley Nº 1 (cfr. PE cit.).- Reflexiona que: “Si el Ministerio Público Fiscal no puede articular una nulidad cuando se viola directamente la ley ¿cómo se supone que puede defenderse la legalidad?.” (cfr. PE cit.).-
Expresa que nos encontramos ante una interpretación errónea en cuanto al alcance y el carácter vinculante de los dictámenes del Ministerio Público Fiscal. Sobre el particular agrega que: “En este supuesto se debe distinguir al menos dos situaciones. Cuando el requerimiento de dictamen al Ministerio Público Fiscal lo es en una cuestión opinable, tomemos por ejemplo una cuestión de competencia, el Juez claramente puede apartarse del dictamen del Fiscal de manera fundada, obligación que también le cabe, la de motivar sus dictámenes, al Ministerio Público Fiscal. Pero el universo de cientos de casos de transmisión de derechos patrimoniales y los referidos al derecho de familia en todas y cada una de las cuestiones que se ventilan, nunca tuvo origen en una cuestión opinable. Lo que esta Fiscalía en cientos de expedientes viene requiriendo es el cumplimiento del artículo 24 de la ley 26.413, que es un recorte al resto de las normas establecidas en dicha legislación y que regula la forma de acreditar los vínculos en un proceso judicial, allende la naturaleza civil, comercial, penal o contenciosoadministrativo, que tenga el mismo, además, la aplicación del sistema probatorio regulado en los artículos 364, ss. y cc. del CPCC.” (cfr. PE cit.).- Señala en este sentido que la Alzada nunca trató ni mencionó el artículo 24 de la Ley Nº 26.423 y tal circunstancia es motivo de agravio del recurso de casación. Añade que los magistrados inferiores, al argumentar en contra del texto de la ley, sólo mencionaron cuestiones que tienen que ver con ciertos prejuicios que nunca identificaron claramente; pues de ser ciertos los mismos y válidos sus argumentos deberían haber utilizado el remedio extraordinario que hace al control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y haber fulminado dicha norma bajo estos supuestos (cfr. PE cit.).- Manifiesta, asimismo, que lisa y llanamente dejaron de cumplir la norma; y que nunca se utilizó un solo argumento jurídico de interpretación para descartar el cumplimiento de la ley (cfr. PE cit.).-
Sostiene que: “Por lo tanto, y es lo que configura una seria práctica que implica en la doctrina de la Corte Suprema 'gravedad institucional' es que en todas y cada una de las causas que se inician en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y de Familia de Caleta Olivia, los vínculos de parentesco se acreditan de cualquier forma, sin observar la ley 26.413 y sin respetar el recorte que hace el propio ordenamiento procesal civil en materia probatoria, cuando deja a salvo los medios legales probatorios del resto de la prueba en donde rige la sana crítica racional y el principio dispositivo.” (cfr. PE cit.).- Argumenta, finalmente, que en autos existe un claro perjuicio, ya que se han vulnerado los intereses generales de la sociedad en la tutela judicial efectiva, cuando la transmisión de bienes y el reconocimiento de los derechos que surgen de las relaciones de familia no son resguardados como se debiera conforme lo dice claramente el texto de la Ley Nº 26.413 y el CPCyC (cfr. PE cit.).-
En PE257954-2021 pasan las presentes actuaciones al Acuerdo.-
III. Ahora bien, el 11 de marzo de 2022, la Sra. O. A. A. acompaña fotocopias certificadas por el Registro Civil de las partidas de nacimiento (actualizada al 1 de noviembre de 2021) y matrimonio (20 de octubre de 2021) que acreditan la vocación hereditaria de los declarados herederos (cfr. PE404927-2022 en autos principales).-
Este suceso produce una modificación relevante del estado de cosas existentes al momento de interponer el recurso y hace cobrar vigencia a la jurisprudencia emanada del Máximo Tribunal de la Nación que ha afirmado: “...no corresponde emitir pronunciamiento respecto de los temas propuestos por vía del recurso extraordinario si las circunstancias sobrevinientes al planteo han tornado inoficiosa su consideración por esta Corte…” (Fallos 303:2020; 243:146; 267:499; 272:130; 274:79; 285:353; y otros), criterio que este Tribunal Superior de Justicia comparte.- Con el mismo criterio, este Alto Cuerpo ha expresado: “...cuando media el 'ius superviniens' (entendiéndose por tal, el evento sobrevenido durante la tramitación del pleito que modifica una situación de hecho o de derecho respecto de la existente al tiempo de la traba de la litis) por cuanto razones de economía procesal -y en algunos casos, de prevalencia de la verdad jurídica objetiva- aconsejan tomar en cuenta la modificación operada. Tal es precisamente el sentido del art. 164, inc. 6to. párrafo 2do. de la ley adjetiva, cuando faculta al juez a considerar en oportunidad del dictado de la sentencia los aludidos hechos sobrevinientes que -sin variar las pretensiones deducidas- han consolidado o extinguido el derecho aplicable […] no corresponde pronunciarse en los recursos extraordinarios deducidos si las circunstancias sobrevinientes han convertido en abstracta la cuestión sometida a conocimiento de este Alto Cuerpo.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 448, Folio 2445/2446).- Este nuevo cuadro fáctico implica el cese del fundamento y objeto sobre el cual asentaba su impugnación el Sr. Agente Fiscal de Primera Instancia, que era, en última instancia, su solicitud para que los herederos acreditaran su vocación hereditaria con la documentación precisamente agregada por la Sra. O. A. A. en los autos principales.-
Entonces, la situación existente al momento de interponerse el recurso de queja es sustancialmente diferente de la actual, pues, según surge de lo expuesto, ya está satisfecho lo pretendido por el Sr. Agente Fiscal.-
Los agravios deben ser actuales, existir al tiempo de su planteo y subsistir en el momento de dictar la sentencia en el Tribunal. Si desaparecen, la cuestión se torna abstracta, tal como lo han señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este Tribunal Superior de Justicia en los fallos citados. La función de los jueces es decidir litigios en donde existen colisiones efectivas de intereses, estándoles vedado hacer declaraciones meramente generales o abstractas.- En el caso, constituye esencial recaudo de admisibilidad del recurso que la resolución que se impugna cause al quejoso un perjuicio cierto, concreto y actual. No dándose tal situación -en la especie, por la nueva documental agregada-, los agravios vertidos carecen de vigencia para sustentar el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3424, Folio 5782/5783).-
En definitiva, la queja intentada no puede ser atendida, porque hechos sobrevinientes a la interposición del recurso han tornado abstracta la cuestión sometida a decisión, impidiendo a este Alto Cuerpo expedirse al respecto, en tanto todo pronunciamiento resultaría innecesario al no decidir un conflicto actual. Tal decisión, cabe destacarlo, no importa emitir opinión alguna sobre el acierto o error de los jueces de las instancias ordinarias.- En cuanto a las costas, compartimos la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, ante supuestos como el que nos ocupa, ha señalado que al no existir en esta instancia una conclusión que configure un pronunciamiento declarativo sobre el derecho de los litigantes para, desde esta premisa, fundar la decisión sobre las costas con base en el principio objetivo de la derrota, dicha condenación debe distribuirse en el orden causado (Fallos 329:1898. El mismo criterio se sostuvo en TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3424, Folio 5782/5783).- Que, por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar abstracta la cuestión objeto del recurso de queja articulado por el Sr. Agente Fiscal de la Fiscalía N° 2 por ante los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad de Caleta Olivia en PE175259-2021.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvase. Cumplido archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1031I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3682 Folio N°: 6483/6485 Secretaría: 1
Fin de la sentencia