Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 824505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar al recurso de apelación in- terpuesto por la Defensa (arts.421, 434 y 439 del C.P.P.);
II. Confirmar el resolutorio de fs.196/197, tal como ha sido dictado en aquello materia de agravio, y remitir las actuaciones a la instancia de grado a fin de continuar con la prosecu- ción de su trámite, por los fundamentos precedentemente expuestos (arts.76 bis párrafo 7mo. y 174 inc.5to. y párrafo final del C.P.; 440 y 447 del C.P.P.).
c.nro.824505-RAS. ///mas de Zamora, 1ro. de junio de 2015.
Para resolver el recurso de apelación interpuesto a fs.198/199vta. por el señor Defensor Oficial de JUAN CARLOS MAI- DANA, doctor Pablo Sebastián Nesci, contra el resolutorio de fs.196/ 197 en la causa nro.824505 que tramita ante el Juzgado Correccional nro.3 Departamental; y,
El señor Juez doctor Soukop dijo:
La desatención al pedido de suspensión de la causa a prueba, motivó el remedio en tratamiento, pieza que desde lo formal y tempestivo, resulta admisible (arts. 433 y 442 del C.P.P.).
Entiende la Defensa que la calidad de funciona- nario público que detenta su asistido, bastó para que la Fiscalía ac- tuante manifestara su oposición para la concesión del beneficio, lo que fue ponderado en el mismo sentido en el decisorio en crisis, lo que im- porta una errónea aplicación de la preceptiva del art.76 bis en su párra- fo 7mo del C.P., en cuanto su pupilo al actuar lo hizo en orden a la rela- ción administrativa y laboral con la institución policial, y no en "ejercicio de sus funciones".
Sobre el punto se ha dicho "El delito atribuido al funcionario público, debe ser cometido en "ejercicio de sus funciones". Esta exigencia no reviste carácter temporal, es decir no se refiere al he- cho de que la comisión del delito se realice "durante" el ejercicio de las funciones propias del sujeto activo. Ello reviste por el contrario, carác- ter funcional, vinculado al desempeño profesional propio del funciona- rio" (Bovino Alberto "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino" pag.86).
En el mismo sentido: Edward Carlos, "La Proba- tion" (fs.61/62), y Vitale Gustavo "Suspensión de Proceso a Prueba" (fs.129 y sig.), aunque éste con mayores exigencias, que en el caso nada modifica.
Lo relevante para que cobre virtualidad el men- cionado impedimento procesal no es el status funcional del implicado al tiempo de sucederse el hecho delictivo, sino la relación entre el acontecimiento ilícito y la actividad que el agente despliega desde su ámbito de competencia y en representación del poder público estatal (Cam.Crim. y Corr. Fed. Sala I, "Esquivel" del 17-V-11).
No podrá suspenderse el proceso a prueba en los casos de funcionarios, salvo que se compruebe que en representación de la voluntad del estado, intervino en el delito a través de un ejercicio abusivo de las funciones públicas que le fueron confiadas (causa ano- tada "supra", con cita de Olazabal Julio, "Suspensión del Proceso a Prueba", ed. Astrea)
También nuestro Tribunal de Casación Penal, ha decidido en el mismo sentido “...como contrapartida, no resultará sufi- ciente que se cometa el hecho atribuido meramente en ocasión de esa actividad si no conlleva a su vez un abuso de la posición, la autoridad o la capacidad de la que ha sido revestido por su cargo...” (Devoto, Eleo. nora, Probation e Institutos análogos, Editorial Hammurabi, 2da. Edi- ción, Bs.As., 2005, pág. 202) (TCP causa nro 40810).
En consecuencia, la interpretación legal sosteni- da por el órgano acusador respecto del alcance del art.76 bis en el ca- so concreto -y que la Magistrada “a quo” hizo propia al considerarla su- ficiente valladar-, no luce ajustada a derecho, cuando el argumento rector de la decisión se apoyó exclusivamente en la calidad de funcio- nario y no en la representación de la voluntad del estado que en el ca- so debió ejercerse, lo que conlleva, dado el control de legalidad que debe ejercer la jurisdicción, al exito del remedio, otorgando entonces el beneficio, debiéndose convocar a las partes a los fines indicados (arts. 76 bis párrafo 7 del C.P. "a contrario sensu", y 404 y 447 del C.P.P.).
El señor Juez doctor Little dijo:
La imputación que le viene dirigida al defendido del recurrente, la entiendo imposible de escindir del desempeño de la función pública, independientemente que lo fuera en orden a la rela- ción administrativa y laboral mantenida con la institución, pues el no- cente bien pudo haberse valido de la maniobra estafatoria para obtener beneficios y/o escalafón para representar mediante el ejercicio de su cargo la voluntad del estado.
La prestigiosa doctrina sostiene que el fundamen- to de la exclusión del derecho pretendido viene así dado por la especí- fica ofensividad de la conducta del funcionario que en gestión pública incurre en el delito por lo tanto -concluye el autor-, si el desempeño de la actividad pública es el fundamento de la exclusión legal necesaria- mente los delitos alcanzados por la prohibición sólo pueden ser aque- llos que toman en cuenta al ejercicio de la función pública como un elemento que define la tipicidad o que incremente la penalidad. Así, por ejemplo, en este último caso, el tipo de defraudación en perjuicio de la Administración pública (art.174 inc.5 C.P.) que agrava la sanción aplicable -con la adición de inhabilitación especial perpetua- cuando el ilícito es cometido por un funcionario o empleado público (art.174, parr. final.C.P). Jofré Jorge L "Funcionarios públicos y suspensión del juicio a prueba., L. Patagonia 2005 del 3/8/2008, p. 397, cit. por Buglione, María José y Páramos, Gabriel E. "Suspensión del juicio a prueba para los funcionarios públicos." Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, 2008 fasc. 8, pag. 1335.
El sr.Agente Fiscal al formular su oposición sos- tuvo que no se trataba de conductas personales del agente sino que aquella estuvo siempre dirigida a obtener un indebido provecho econó- mico vitalicio de la administración pública que sólo se otorga al perso- nal policial de hallarse en ejercicio de la función, colocándolo en mejor situación respecto de aquellos agentes que no contaran con estudios secundarios -fs.191-. Lo apoyó no sólo en la norma que regula el ins- tituto sino en los principios previstos por la Convención de la Naciones Unidas contra la corrupción, y Convención Interamericana contra la corrupción, que el estado se ha comprometido a perseguir y sancionar y que la solución pretendida vendría a contrariar.
De allí que la imposibilidad de suspender el pro- ceso a prueba viene además dada por la oposición del sr.Agente Fis- cal, que la entiendo al igual que la decisión que propongo confirmar del ejercicio lógico y razonable propio del alcance la norma que impide su procedencia en el caso. Arts.76 bis C.P.
El señor Juez doctor Rojas dijo:
He de adherir a la solución propuesta por el Dr. Pablo A. Little en virtud a compartir en un todo las consideraciones a las que hiciera referencia en su voto.-
Unicamente, habré de destacar en apoyo a la misma opinión, la trascendencia sobre el particular que asume en la decisión la postura del titular de la acción, y que en el caso ha sido en forma adversa a la concesión del beneficio que motiva la disconfor- midad de la parte.-.
En este punto, solo he de señalar que el repre- sentante del Ministerio Público Fiscal dió fundadas razones por las que consideraba necesario continuar con el ejercicio de la acción (fs.191/ vta), las que evaluadas en su integridad, abastecen los recaudos que exigen el control de logicidad y motivación (in re "Kosuta, Teresa Ra- mona s/recurso de Casación") no vislumbrándose en su mérito cues- tión alguna para negar su validez o incidencia en la actividad jurisdic- cional con consideración atendible a sus argumentos.-
En la misma línea de entendimiento, correspon- derá observar que la crítica que motiva nuestra intervención se ha cen- trado sobre los aspectos que harían viable la aplicación del instituto en el caso de autos sin referencia concreta respecto a aquello que desca- lificaría el dictamen del acusador público, por lo que superado el aná- lisis de referencia en el párrafo anterior, se erige la oposición fiscal co- mo un obstáculo insoslayable a la procedencia de la pretensión.-
En tal sentido, debe entenderse que el ministerio público fiscal al formular sus expresiones "... no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción. Y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la sus- pensión del ejercicio de la acción penal, el tribunal, que carece de po- deres autónomos para su promoción y ejercicio, tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio . Por ello, depende de la conformidad fiscal (Luis M. García "Suspensión del Juicio a Prueba", en cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ed. Ad Hoc, 1996, pag.365 - ob.cit. en causa nro.16354 -Sala I- Marino, Jorge s/recurso de Casación de la Cámara Federal de Casación Penal, 31/10/2012).-
Por último, he de agregar que resulta precisamen- te la intrínseca relación que existe entre la actividad que le otorga al no- cente su condición de funcionario y la conducta que se le imputa, ca- racterizada por su posición especial de responsabilidad, lo que refren- da la posición de excluir del beneficio pretendido al caso en estudio.-
Entiendo así, que el supuesto bajo análisis es de los que contempla la norma para la obturar la viabilidad el instituto en favor del incuso (art.76 bis, párrafo séptimo, del C.P.), dado que preci- samente la calidad e inescindiblemente el abuso de su función, viene dado desde la condición que le otorga la facultad de incurrir en el tipo, siendo menester abrigar en el mismo razonamiento, la idea de una me- jor y adecuada tutela del bien jurídico protegido, en el caso, la admi- nistración pública.-
En virtud a lo expuesto, es que corresponderá confirmar la resolución apelada y, en consecuencia, remitir las actua- ciones a la instancia de grado a fin de continuar con la prosecución de c.nro.824505-RAS. su trámite.-
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, por mayoría RESUELVE:
I-NO HACER LUGAR al recurso de apelación in- terpuesto por la Defensa (arts.421, 434 y 439 del C.P.P.);
II-CONFIRMAR el resolutorio de fs.196/197, tal como ha sido dictado en aquello materia de agravio, y REMITIR las actuaciones a la instancia de grado a fin de continuar con la prosecu- ción de su trámite, por los fundamentos precedentemente expuestos (arts.76 bis párrafo 7mo. y 174 inc.5to. y párrafo final del C.P.; 440 y 447 del C.P.P.).
Regístrese. Notifíquese al señor Fiscal General y devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Ante mi
Fin de la sentencia