Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 07-0 13983 22
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el auto apelado y absolver a Pablo Nahuel Fernández respecto al delito de uso de instrumento público falso (arts. 210 y 373, CPP).
CN °: 0703-13983-22.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 0703-13983-22 seguida a Pablo Nahuel Fernández , por USO DE DOCUMENTO FALSO ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas- Little.
Pablo Nahuel Fernández fue condenado por la señora Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°4 departamental a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento, más las costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de uso de instrumento público falso (arts. 1, 5, 26, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45 y 296 en función del art. 292 del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por el señor defensor oficial, doctor Ariel Gastón Carrizo, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera, el señor Juez doctor Rojas dijo:
La defensa de Pablo Nahuel Fernández apela la condena de un año de prisión de cumplimiento efectivo y costas del proceso que se le impusiera por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de "uso de documento público falso" (arts. 45 y 296 en función del art. 292 del C.P.).
Disiente con el encuadre legal y sostiene que el hecho por el cual su defendido ha sido condenado, resulta atípico, por cuanto a que tomando en cuenta lo volcado en el acta de procedimiento y lo manifestado por los preventores, el carácter "burdo" de la documentación así lo determinaba.
En tal sentido, señala que a simple vista la pieza en cuestión carecía de las medidas de seguridad que posee un ejemplar genuino, por lo que al resultar una imitación tosca o grosera, ello deriva indefectiblemente en la atipicidad de la conducta atribuida.
Con cita de doctrina relativa al planteo que formula, afirma que de la simple lectura de las constancias agregadas a la investigación se deduce que la copia en cuestión es tan grosera que el personal preventor se percató de su falsedad al instante, sin necesidad de recurrir al informe de un idóneo en el tema para determinar que éste resultaba apócrifo.
Sustenta su postura en un precedente de nuestra casación local y promueve se revoque la sentencia apelada y se absuelva a su asistido por resultar atípica la conducta por la que fuera condenado.
Pues bien, en lo que hace al examen de idoneidad exigible para que el documento pueda generar riesgo de afectación al jurídico protegido -fe pública-, debe partirse de la idea de que no existe un método de tabulación acerca de lo que debe o no considerarse "burdo" o "grosero", por lo que, más allá de lo que podría a todas luces serlo, por razones obvias, como cuando éste carece de una fotografía o una firma, lo cierto es que la mirada avezada del personal uniformado que detecta la posible falsedad del instrumento no sería el criterio único a meritar en el juicio de subsunción, siendo más adecuado en términos de seguridad jurídica, incluir en esa evaluación, un análisis objetivo de las particularidades que presente el estilo de documento, conforme a las reglas de la experiencia común, el razonamiento lógico y el normal entendimiento humano.
Ello así, por cuanto a que no se trata aquí más que de la determinación del valor convictivo que debe proporcionarse a un elemento que indefectiblemente requiere el tipo para su configuración, y que como tal, no escapa a las reglas de la sana crítica que guían el modo en que han de ponderarse los medios de confirmación sometidos a conocimiento del juzgador (arts. 210 y 373 del C.P.P.)
Precisamente este sistema de libre convicción razonada exige que el sentenciante exprese la lógica que ha guiado su intelecto en la resolución del pleito, exteriorizando el razonamiento empleado al decidir, pues esa es la forma de garantizar la revisión de que su decisión guarda estrecha vinculación con el derecho aplicable al caso y las constancias de la causa.
Veamos.
El " a quo" tuvo por probado que en circunstancias que personal de Gendarmería Nacional se encontraba realizando un operativo de control vehicular, detuvo la marcha del automotor que era conducido por el aquí imputado, quien al solicitársele la documentación correspondiente, exhibió un registro de conducir adulterado.
Para así decidir, comenzó su análisis enumerando las piezas que integraban el sumario para luego transcribir el acta de procedimiento digitalizada con fecha 26/08/22. De su lectura, y en lo que aquí interesa, dicha pieza procesal describe como el cabo primero, Jorge Mansilla, al detener la marcha del vehículo en que se desplazaba el aquí imputado y requerirle su documentación, observó que el registro de conducir exhibido carecía de las "medidas de seguridad que posee un ejemplar genuino".
Luego, la sentenciante hizo mención a las testimoniales del personal que participara del procedimiento y del testigo de actuación, pasando a explicar el carácter de instrumento público del documento y a tener por acreditado que la licencia de conducir resultaba falsa o adulterada con lo informado por el perito scopométrico, quien categóricamente -dijo- afirmara que carecía de las "medidas de seguridad pertinentes".
Los aspectos referenciados, evidencian en el acto sentencial un déficit relacionado al agravio traído por la defensa, por cuanto a que la decisión en crisis sólo pone de manifiesto la faltante "de una medida de seguridad" sin una explicación clara o detallada relativa a la entidad de tal defecto como condición de su idoneidad para la configuración del tipo penal, lo que en esta instancia no puede asentarse en estándares de probabilidad y consecuentemente, dan lugar al estado de duda que impide el pronunciamiento de un veredicto de condena.
Entiendo así, que el fundamento del fallo no nos permite evaluar los motivos por los cuales el " a quo" consideró que el documento exhibido al personal de gendarmería resultaba apto para generar perjuicio, sin que tampoco vengan explicitadas y valoradas las tareas o la labor técnica desarrollada por el perito para determinar su falsedad, para con ello al menos tener una idea más acabada acerca de si su falsedad o adulteración era notoria o podía pasar inadvertida frente a los ojos de cualquier sujeto con un conocimiento medio en la materia.
Queda claro así, que la aptitud del documento se relaciona con la exigencia del tipo en cuanto a la posibilidad de perjuicio que el uso del instrumento pueda representar, análisis que parecería haberse soslayado en el resolutorio aquí cuestionado, al menos, con la rigurosidad necesaria que exige un veredicto de condena, pues como es sabido "la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al imputado razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aun la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución (Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal I. Fundamentos, pag. 495).
En base a las consideraciones expuestas, entiendo que el cuadro sobre el que se ha sustentado la condena impuesta frente a lo puntal del agravio introducido por la defensa, no logra persuadirme de la idoneidad del documento objeto de análisis conforme a las exigencias del tipo penal al que se ha adecuado la conducta que se tuvo por probada, al menos sin lugar a la duda de la que debe verse desprovista toda síntesis final, proponiendo en función de tal razonamiento se absuelva al Pablo Nahuel Fernández del delito de "uso de documento publico" por el que fuera hallado responsable.
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. A la cuestión segunda el señor Juez doctor Rojas dijo:
Corresponde, dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, revocar el auto apeldo y absolver a Pablo Nahuel Fernández del delito de "uso de documento público falso" (arts. 210 y 373 CPP.).
Así lo votó.
El señor Juez doctor Little, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción.
Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora, ... fecha firma digital.-
Por la votación brindad a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto apelado y ABSOLVER a Pablo Nahuel Fernández respecto al delito de uso de instrumento público falso (arts. 210 y 373, CPP).
Regístrese. Notifiíquese al señor fiscal general y al señor defensor oficial. Fecho, remítase al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes. Sirva la presente de atenta nota de envío.
NOTA: La presente es copia fiel de su original que tuvo ante mi vista y que ha sido suscripta en el día de la fecha por los señores Jueces Pablo Little y Alejandro Rojas.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2023 08:06:43 - PUNCINI Mariano Alejandro - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia