Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121408
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
El depósito previo de $51.702 queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
En la ciudad de La Plata, a 13 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.408, "Rossi, Juan Ignacio y otra contra Terrabon S.A. Usucapión".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó la decisión de primera instancia que, a su turno, hiciera lugar a la acción de usucapión iniciada por la firma Hiru Aniak S.A. -en su condición de cesionaria de los derechos de Juan Ignacio Rossi y Susana Delfina David- contra su par Terrabon S.A.C.I.F.A., rechazándola al no encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su admisión (v. fs. 417/425 y fs. 495/500 vta.).
Se interpuso, por la accionante vencida, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 508/523 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El señor Juan Ignacio Rossi y la señora Susana Delfina David promovieron el presente proceso de prescripción adquisitiva contra la firma Terrabon S.A.C.I.F.A., con el objeto de usucapir un inmueble ubicado en el Cuartel II del Partido de General Viamonte, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción II, Parcela 237-m, con una superficie de 82 Has., 03 As., 04 Cas. 63 Dm2 (v. fs. 9/11).
Los accionantes indicaron poseer animus domini de la fracción mencionada desde el 17 de junio de 2009, invocando el carácter de sucesores a título singular de Daniel Hernández y de Esteban Hernández, abuelo y padre de la señora Mirta Lilian Hernández quien vendiera, cediera y transfiriera a su favor todas las acciones y derechos posesorios correspondientes a dicha heredad.
Posteriormente, compareció la señora María Eugenia Molet, en representación de la firma Hiru Anaik S.A., adjuntando el instrumento de la cesión de derechos y acciones posesorias que los actores efectuaran a la mentada sociedad y al señor Miguel Ángel Arzuaga y, luego, acreditó la cesión de derechos y acciones posesorias que hiciera este último a favor de su poderdante (v. fs. 154/157 y fs. 174/175).
I.2. La accionada, Terrabon S.A.C.I.F.A., indicó ser la propietaria del inmueble en cuestión desde el 10 de marzo de 1979 y afirmó mantener la posesión del inmueble en forma continua e ininterrumpida (v. fs. 308 y vta.).
Manifestó que personas sin título ni posesión habían cedido derechos sobre el fundo reclamado en forma ilícita, lo que motivó el impulso de denuncias penales, y que en la Investigación Penal Preparatoria n° 13.018 se ordenó la restitución del inmueble a su favor. (v. fs. 308 vta.).
Por otra parte, señaló que sin perjuicio del desconocimiento de los hechos, derechos y pruebas ofrecidas, los supuestos actos posesorios invocados por los legitimados activos no ameritaban derecho alguno (v. fs. 308 vta. y 309).
II. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín revocó la solución de origen que, a su tiempo, admitiera la pretensión adquisitiva incoada por la firma Hiru Aniak S.A. -en su condición de cesionaria de los derechos de Juan Ignacio Rossi y Susana Delfina David- contra su par Terrabon S.A.C.I.F.A., rechazándola al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 417/425 y fs. 495/500 vta.).
A la luz de las pruebas acompañadas, concluyó en que el accionante no había acreditado la posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por el término de veinte años sobre el inmueble reclamado (v. fs. 499 vta. y 500).
III. Frente a ello, la letrada apoderada de la firma Hiru Anaik S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce el vicio de absurdo en la valoración de la prueba (v. fs. 508/523 vta.).
Cuestiona que se haya prescindido de constancias obrantes en los autos acollarados (en especial, "Milla, Alfredo Ernesto contra Hernández, Mirta Lilian. Acciones posesorias"), de las que -a su entender- resultan la falta de posesión de la accionada y de la titularidad de la sociedad sobre el fundo pretendido (v. fs. 513 vta./515).
Discrepa con la conclusión del Tribunal de Alzada acerca de la coexistencia de pretensiones efectuadas por los anteriores poseedores del predio, pues indica que la posesión cedida fue pacífica. Afirma que se ha restado fuerza convictiva a los testimonios ofrecidos que dan cuenta de la discriminación de las posesiones y la actividad económica realizada (v. fs. 515/518).
Asimismo, efectúa un particular reparo acerca de los efectos de la presunción legal de verdad derivada de la rebeldía decretada en autos; como así también peticiona que se considere el tiempo transcurrido en el proceso con relación al plazo de prescripción previsto en el art. 4.015 del Código Civil a su favor. Por último, transcribe una serie de argumentos doctrinarios en torno a la publicidad de la posesión y a los caracteres de publicidad, exclusividad, continuidad e interrupción (v. fs. 518/522).
IV. El recurso no prospera.
De los antecedentes reseñados se advierte que la cuestión traída ante esta instancia extraordinaria se ciñe a establecer si la usucapiente justificó o no la posesión invocada mediante la prueba producida en autos.
IV.1. Tiene dicho esta Corte que determinar en los juicios de usucapión si quien pretende adquirir el dominio por prescripción ha demostrado la concurrencia de los requisitos legales (conf. doctr. Ac. 46.142, "Camino de Caveggia", sent. de 24-III-1992; C. 97.486, "Gilly", sent. de 15-IV-2009; etc.), o bien tener por probada la posesión mediante la existencia o no de actos posesorios que pudieran asumir el significado necesario para establecer la procedencia de la pretensión, constituyen típicas cuestiones de hecho sólo revisables en casación si en el ataque se evidencia que la sentencia ha incurrido en valoración absurda de la prueba o ha transgredido las leyes que disciplinan su régimen (conf. doctr. causas Ac. 40.620, "Klem", sent. de 12-IV-1989; Ac. 59.057, "Colautti de Martín", sent. de 10-VI-1997; C. 90.284, "E., M.", sent. de 12-XII-2007; e.o.).
En este sentido, cabe referenciar que el absurdo es el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal, e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas C. 118.484, "P., M. E. R.", sent. de 1-VII-2015; C. 121.125, "Rubén", sent. de 8-XI-2017 y C. 120.170, "Holzmann", sent. de 13-XII-2017).
Bajo tales premisas, advierto que las argumentaciones expresadas en la impugnación no revelan el desvío lógico denunciado, mostrando tan solo la discrepancia subjetiva de la accionante con la valoración de la prueba, lo que resulta insuficiente para conmover la decisión recurrida (v. fs. 508/524; conf. doctr. arts. 279 y 384, CPCC).
IV.2. El Tribunal de Alzada, para revocar la sentencia de primer grado y, en consecuencia, desestimar la pretensión adquisitiva, hizo especial hincapié en la deficiente actividad probatoria desplegada por la parte actora a efectos de acreditar la acción de posesiones invocada (v. fs. 498).
Indicó que no fueron acreditados los actos posesorios de los predecesores de la accionante por el plazo que requería la ley. Aclaró que ningún elemento documental aportado a la causa se remontaba a fecha anterior (v.gr. impuestos, servicios o tasas, comprobantes de gastos o el plano de mensura); y que tampoco del reconocimiento judicial efectuado surgía la realización de construcciones o mejoras que permitieran tener por cumplidos los actos posesorios delineados en términos generales por el art. 2.384 del Código Civil (v. fs. 498 y vta.).
Expresó que las circunstancias apuntadas no se trataban de interregnos temporales que pudieran ser aprehendidos como de continuidad de la posesión a través de una visión global o de conjunto, sino lisa y llanamente de una ausencia de prueba compuesta de la relación real durante los años que habrían poseído tanto la primigenia cedente como sus antecesores, lo que impedía tener por comprobada la antigüedad necesaria para prescribir (v. fs. 498 vta.).
Agregó que la prueba testimonial resultaba insuficiente per se sin ningún respaldo de otro elemento confirmatorio. Puso de relieve que, en el caso, los únicos elementos probatorios referidos a la posesión de los antecesores del accionante, por un período superior a los veinte años requeridos, resultaban ser testigos que afirmaban que la familia Hernández ocupa el campo hace más de treinta años y que el valor de convicción de dichas declaraciones se veía notoriamente disminuido con las constancias obrantes en autos "Milla Alfredo Ernesto c/ Hernández Mirta Lujan s/ acciones posesorias", de donde surgía que el campo había sido otorgado en arrendamiento a la familia Hernández. A lo que sumó que la promoción de aquel proceso de acciones posesorias demostraba que la alegada posesión del actor no habría sido quieta y ostensible (v. fs. 498 vta. y 499).
IV.3.a. Tales fundamentos -que llevaron a la Cámara a desestimar la acción incoada, con sustento en la falta de prueba fehaciente que demostrara la posesión pública, pacífica, exclusiva, continua e ininterrumpida por parte de los anteriores poseedores del bien- no han sido eficazmente controvertidos con las manifestaciones expuestas a fs. 512/518 (conf. doctr. art. 279, CPCC).
La recurrente expresa un relato en el que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, apartándose de sus bases esenciales, lo que deviene ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
IV.3.b. La prueba de la posesión recae indefectiblemente sobre la parte actora, a quien le resultan aplicables las reglas generales del onus probandi , en tanto la usucapión supone el apoderamiento de la cosa con ánimo de dueño; y mientras no se demuestre de algún modo que el bien es o haya sido tenido animus rem sibi habendi los jueces deben considerar a quien lo ocupa u ocupó como mero detentador, pues si así no fuera, todos los ocupantes y aún los tenedores a título precario estarían en situación jurídica idéntica a la de los verdaderos poseedores (arts. 2.352, 2.373 y 2.384, Cód. Civ.; conf. Ac. 58.280, "Altieri", sent. de 18-III-1997 y C. 98.183, "Alsua o Alsua y Grisetti, Celina Juana y otros", sent. de 11-XI-2009).
Atento a la trascendencia económica social del instituto de la prescripción adquisitiva, la prueba de los hechos en los que se funda debe ser concluyente (conf. causas Ac. 42.383, sent. de 31-VII-1990 en "Acuerdos y Sentencias", 1990-II-738 y Ac. 61.899, sent. de 28-X-1997).
En supuestos como el presente, debe probarse la posesión animus domini actual, también la anterior y especialmente la que se tuviera en el inicio de la ocupación, como único medio de demostrar el cumplimiento del plazo legal (conf. causa Ac. 39.825, "Hernández", sent. de 30-V-1989).
Y en ese contexto, la Cámara ha considerado que no han sido incorporados al proceso elementos suficientes que demostraran fehacientemente que se ha poseído por el término de veinte años de manera pública, pacífica, exclusiva, continua e ininterrumpida.
IV.3.c. Por lo tanto, si la impugnante pretendía el éxito en esta sede extraordinaria, debió evidenciar que las conclusiones centrales del pronunciamiento impugnado resultaron ser producto de un error grave y manifiesto que derivara en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Recuerdo que una de las notas características de la instancia recursiva extraordinaria ante esta Suprema Corte, está dada por una mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas relativas al cumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas C. 68.819, "Ureta", sent. de 12-VII-2000; C. 97.587, "Dirección General Impositiva", sent. de 29-XII-2008 y C. 68.996, "Belizan", sent. de 11-II-2009; e.o.).
En el caso, la recurrente no sólo no ha controvertido de manera eficaz el fundamento central del pronunciamiento sino que además se ha desentendido absolutamente de las normas legales expresamente actuadas en la decisión. Al respecto, ha expresado esta Corte que resulta insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos aplicados en él (conf. doctr. causas C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015; C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016 y C. 121.305, "Silvera", resol. de 29-III-2017; entre varias).
V. En conclusión, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
El depósito previo de $51.702 queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3.135/13).
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia