Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121408
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 611/613 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. 4/07) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3 inc. "d", Ac. cit.).
"ROSSI JUAN IGNACIO Y OTRA C/ TERRABON SA S/ USUCAPION"
La Plata, 26 de Junio de 2019.
I. La cesionaria de los actores interpone recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley oportunamente articulado, con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC y v. fs. 593/608 y 584/588 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente revocó la decisión de primera instancia que, a su turno, hiciera lugar a la acción de usucapión iniciada por la firma Hiru Aniak S.A. -cesionaria de los actores-, rechazándola al no encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su admisión (v. fs. 417/425 y 495/500).
II. En la vía ahora intentada, la accionante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación del derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 21.2, 21.5 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; v. fs. 593 vta., 599 vta. 602 vta., 603 vta. y 607).
II.1. Denuncia que este Tribunal incurre en arbitrariedad por incongruencia, al efectuar una incorrecta interpretación de las normas federales y de la cosa juzgada, siendo esta última una exigencia de orden público con jerarquía constitucional (v. fs. 602 vta.). A ese respecto, afirma que se prescinde del mérito de las constancias obrantes en autos en los procesos atraillados, que integran la prueba compuesta exigida por la ley 14.159 (v. fs. 596 vta.).
II.2. Plantea que existe arbitrariedad normativa por defectos en la fundamentación, desde que el fallo se apoya en normas que -a su entender- resultan inaplicables para resolver el caso o han sido interpretadas de modo incorrecto (v. fs. 602 vta.).
II.3. Afirma que la sentencia en crisis es un acto jurisdiccional infundado y que, como tal, contraviene la garantía del debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional, desde que desnaturaliza la interpretación del art. 24 inc. "c" de la ley 14.159 (v. fs. 603).
II.4. Por otro lado, expone que el voto que abre el acuerdo remite a interpretaciones contenidas en reseñas jurisprudenciales propias, omitiendo considerar las claras referencias efectuadas con sustento en la pérdida de la posesión por parte del demandado respecto al inmueble objeto de usucapión. En ese sentido, señala que queda cumplida con la prueba testimonial rendida, tanto en este proceso como en las acciones posesorias, la integración de la prueba compuesta requerida por el art. 24 inc. "c" de la ley 14.159 (v. fs. 603 vta./604).
Por otra parte, afirma que también se desconocen los efectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada -acompañadas al presente en copia certificada- dictadas en las causas que la demandada en autos "Terrabón S.A." inició al Fisco Provincial por reivindicación y daños y perjuicios. Actos en los cuales queda acreditado -según su punto de vista- que la citada empresa carece de derecho registral y dominial sobre el inmueble (v. fs. 605 vta./606).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 609), el mismo fue contestado por la demandada (v. fs. 611/613 vta.).
Con relación a dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relativo a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 reglones a fs. 611/613). En razón de ello, se lo tiene por no presentado, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.).
IV. Liminarmente, corresponde señalar que las cuestiones de hecho y prueba y las referidas a la interpretación del derecho común y procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por la Cámara para rechazar la acción, la valoración de la cosa juzgada, así como la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para revertir esa decisión) no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; entre otros).
IV.1. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de omisión de cuestiones, falta de fundamentación, apartamiento de la normativa aplicable y de las constancias de la causa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la vía de inaplicabilidad de ley intentada, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. Por último, cabe apuntar que la simple denuncia de la pretendida vulneración de garantías constitucionales y convencionales (arts. 16, 17 y 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 21 punto 2 y 5 y 27 del CADH; v. fs. 593 vta., 599 vta. 602, 603 vta. y 607), no abastece el medio de impugnación formulado, dado que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (conf. SCBA, causas Ac. 96.343, resol. de 24-IX-2008; C. 100.875, resol. de 2-III-2011; C. 103.368, resol. de 26-XII-2012; entre tantas otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 611/613 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. 4/07) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3 inc. "d", Ac. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia