Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122710
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.710, "Cejas, Ramón Antonio contra Ortega, Mariana y Malimowcka, Graciela. Usucapión" y sus acumuladas "Cejas, Ramón Antonio contra Etcheberry, Andrés Eduardo. Nulidad de acto jurídico" y "Ortega, Mariana y Malimowcka, Graciela contra Cejas, Ramón Antonio y otros. Desalojo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata dictó sentencia única y revocó el pronunciamiento de grado anterior al hacer lugar a la nulidad de acto jurídico promovida por el señor Cejas contra el señor Etcheberry. Impuso las costas de ambas instancias al demandado. Por otro lado, confirmó el rechazo de la acción de usucapión, imponiendo las costas al actor, y desestimó la acción de desalojo incoada por las demandadas en el juicio de usucapión, con costas a cargo de estas últimas (v. fs. 716/738 vta., expte. ppal.).
El demandado Etcheberry interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 929/939 vta. del acumulado "Cejas, Ramón Antonio contra Etcheberry, Andrés Eduardo. Nulidad de acto jurídico" y fs. 746/769 vta. del principal "Cejas, Ramón Antonio contra Ortega, Mariana y Malimowcka, Graciela. Usucapión").
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor Ramón Antonio Cejas inició demanda de usucapión contra Promotora Fiduciaria S.A. respecto del inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Chacra 5, Parcela 5b, del Partido de La Plata, inscripto su dominio en la Matrícula n° 92.233. Manifestó que había comenzado a usucapir el inmueble entre los años 1976 y 1977, habitándolo con sus hijas Elizabeth Mónica y Ruth Jaqueline Cejas. Enumeró los actos cumplidos en el predio y ofreció prueba (v. fs. 36/40 vta.).
Corrido el traslado de ley a la parte demandada, esta se presentó repeliendo la acción. Sostuvo que el actor se desempeñaba como cuidador del predio, el cual había pertenecido a varios propietarios hasta que -por escritura n° 375- Promotora Fiduciaria S.A. lo había adquirido y administraba como fiduciario del Fideicomiso Mercobank. Manifestó, además, haber iniciado juicio de desalojo contra el actor mediante el expediente caratulado "Promotora Fiduciaria S. A. contra Cejas, Ramón Antonio s/ desalojo" del cual, posteriormente, cedió sus derechos a Mariana Ortega y a Julio Enrique Malimowcka. Este último -a su vez- cedió sus derechos a Graciela Malimowcka (v. fs. 236/240 vta.).
I.2. En el expediente de usucapión tomó intervención el señor Andrés Eduardo Etcheberry, en carácter de cesionario del señor Ramón Antonio Cejas (v. fs. 410 y vta.), a quien se tuvo por parte en el juicio (v. fs. 447).
Frente a esa resolución, el señor Ramón Antonio Cejas promovió incidente de lesión objetiva y subjetiva contra el señor Etcheberry (v. fs. 518/536 vta.), el que fue desestimado (v. fs. 527 y 545/547 vta.). A causa de ello, el actor inició el expediente "Cejas, Ramón Antonio c/ Etcheberry, Andrés Eduardo s/ Nulidad de acto jurídico", que fue integrado, además, con el escribano Dietz, interviniente en el acto de cesión cuestionado.
Luego, el magistrado actuante ordenó la acumulación de este último juicio al principal de usucapión (tal como había hecho con el juicio de desalojo).
Producidas las pruebas en el principal y en los dos expedientes acumulados, se dictó una única sentencia en la que se desestimó la demanda de usucapión y la de nulidad del acto jurídico, acogiéndose la acción de desalojo (v. sentencia electrónica de fecha 15 de junio de 2016).
I.3. Este pronunciamiento fue apelado de la siguiente manera:
Causa "Usucapión": Por Ramón Antonio Cejas (v. fs. 655 y memorial a 664/671), al igual que su cesionario Andrés Eduardo Etcheberry (v. fs. 651 vta. y su memorial a fs. 678/690). Ambas expresiones de agravios fueron repelidas por la demandada (v. fs. 693/704).
Causa "Nulidad de acto jurídico": Por Ramón Antonio Cejas (el nulidicente por el rechazo de la acción; v. fs. 655 de la principal y memorial a fs. 845/851 vta.), como también por el demandado Andrés Eduardo Etcheberry (por habérsele rechazado la excepción de prescripción de la acción; v. fs. 841 vta. y memorial a fs. 869/870). Ambos repelieron sus respectivos memoriales.
Causa "Desalojo"; Por Ramón Antonio Cejas (v. fs. 655 de la principal, que fundó a fs. 355/356 vta.) y Andrés Eduardo Etcheberry (v. fs. 338 vta., memorial a fs. 361/373) por haberse admitido la acción. Ambas impugnaciones merecieron la réplica de las actoras Mariana Ortega y Graciela Malimowcka (v. fs. 375/386).
II. Elevados los autos a la Cámara, esta se pronunció en sentencia única, revocando parcialmente el fallo de primera instancia ya que, si bien confirmó el rechazo de la acción de usucapión iniciada por Cejas y continuada por su cesionario Andrés Eduardo Etcheberry, admitió la nulidad de acto jurídico instada por el primero de los nombrados contra este último. También desestimó la acción de desalojo incoada por las titulares del dominio, Mariana Ortega y Graciela Malimowcka, quienes habían llegado al juicio en lugar de Promotora Financiera S.A. (v. fs. 716/738 vta., expte. ppal.).
La Cámara comenzó con el análisis de los cuestionamientos relativos al modo en que el juez de primera instancia había resuelto la nulidad de la cesión de acciones y derechos posesorios, para luego tratar las articulaciones relativas a la prescripción adquisitiva, ocupándose, en último término, del rechazo del desalojo.
II.1. El Tribunal de Alzada, en relación con el recurso que llega a estudio a esta instancia, se abocó a resolver los agravios expuestos por el señor Cejas contra la parcela de la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de nulidad de acto jurídico que aquel había incoado contra Echeverry, con sustento en el vicio de lesión subjetiva-objetiva.
El sentenciante tuvo en cuenta, con base en doctrina de autor, la excepcionalidad del remedio intentado por Cejas a partir de los tres elementos que deben concurrir para configurar el vicio: la grave desproporción entre las prestaciones a cargo de las partes, un estado de necesidad, ligereza o inexperiencia en el lesionado y la explotación de alguno de esos estados por la parte que obtiene la ventaja excesiva y sin justificación.
Sobre esa plataforma, anticipó que en el caso había existido indudablemente una manifiesta desproporción de prestaciones en el negocio instrumentado en la escritura de fecha 25 de noviembre de 1999, que obraba a fs. 6, en el que las partes -Cejas y Etcheberry- habían convenido la cesión de las acciones y derechos posesorios sobre el inmueble ubicado en Camino General Belgrano, entre Rivadavia y Alvear, pactando un precio de veinte mil pesos.
Ingresó entonces a analizar el informe pericial, en el cual se describían las características del predio: existencia de dos inmuebles, uno principal de dos plantas, otro secundario de una planta, cocheras, quincho, vestuarios, pileta de natación y cancha de tenis, con una valuación de $540.641 y un valor de realización de aproximadamente de $490.000. Resaltó que a la fecha del negocio se encontraba vigente la ley de convertibilidad, por lo que el valor del peso estaba en paridad con la moneda estadounidense.
En base a tales datos y partiendo de que no se trataba de una venta, encontró que el valor de adquisición de esos derechos posesorios había representado un guarismo que lucía evidentemente desproporcionado y sin justificación, en tanto no alcanzaba ni al 5% de la tasación en cuestión.
Seguidamente analizó los elementos subjetivos (o sea, la situación de Cejas en el negocio) y tuvo por probado que este último era una persona de escasísima preparación cultural, como habían manifestado los testigos en sus declaraciones, quienes habían coincidido en que el actor era un hombre de poca cultura, habida cuenta de que ni siquiera había podido terminar la escuela primaria.
Analizó, además, la pericia psicológica en la que constaba que el actor había alcanzado los parámetros normales y medios de comprensión, pero tenía baja autoestima con exceso de confianza en el otro, lo que podía provocar que postergara la satisfacción de sus necesidades en detrimento suyo. También tuvo en cuenta que la experta consideraba que esa situación podía ocurrir en cuestiones de mediana y amplia complejidad, pues era probable que pudiera ser persuadido y convencido si se encontraba en una relación de confianza.
Así es que la Cámara consideró que frente a las deficiencias educativas de Cejas y las características personales que habían sido evidenciadas en el informe, se había puesto de manifiesto que se trataba de una persona que podía obrar en forma irreflexiva, con precipitación, sin conciencia del alcance de sus actos, sobre todo si se trataba de operaciones complejas o si era objeto de un actuar inescrupuloso por quien pretendía sacar provecho de ello.
Encontró entonces que, a diferencia de lo que había sostenido el magistrado de primera instancia, le bastaba al actor con probar la desproporción de las prestaciones y el estado de inferioridad, pues la ley presumía juris tantum la existencia de la explotación y le incumbía al demandado probar que no se habían dado los elementos subjetivos del instituto, prueba que el señor Etcheberry no había producido.
Luego describió la relación que había entre el señor Cejas y el doctor Irrutia, quien lo había relacionado con Etcheberry y con el abogado Montone, advirtiendo que había un dato incontestable que surgía del cargo inserto en la demanda del juicio de usucapión, pues llevaba como fecha la de 14 de julio de 2000, o sea siete meses posteriores de la firma de la cesión de acciones y derechos posesorios sobre el bien inmueble en litigio. Ello ponía en evidencia la falta de legitimación activa para hacerlo, extremo que no podía ser ignorado ni por su letrado (el abogado Montone) ni por Etcheberry ni por Urrutia.
También encontró -el sentenciante- que el mismo 25 de noviembre de 1999 el señor Cejas había firmado el poder general para juicios y la cesión de acciones y derechos en las que intervinieron el abogado Montone, el señor Etcheberry y el mismo escribano Dietz. Agregó que el señor Cejas carecía de poder económico para realizar esos actos ya que vivía de changas, como se había probado con las declaraciones brindadas por testigos.
II.2. Seguidamente se abocó a resolver las impugnaciones planteadas por Ramón Antonio Cejas y por Andrés Eduardo Etcheberry acerca de la demanda de usucapión rechazada.
II.2.a. Comenzó su análisis por la queja del demandado Etcheberry, respecto de la cual señaló que coincidía con la doctrina de esta Corte, emitida en la causa C. 103.955, (sent. de 28-VII-2017), en que los jueces podían abordar de oficio el examen de la legitimación activa, ya que de ello derivaría la existencia de "un caso o controversia" para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Concluyó entonces que -a tenor de la forma en que se había resuelto la pretensión de nulidad del negocio de cesión- carecía de virtualidad el tratamiento de la impugnación del señor Etcheberry sobre la usucapión, en tanto su legitimación para obrar en el proceso había encontrado sustento en ese acto jurídico que se había anulado.
II.2.b. En relación a los agravios del señor Cejas, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, desestimando los planteos vertidos por el apelante. Consideró que surgía de las actuaciones que el actor no había logrado probar que la ocupación del inmueble, con ánimo de posesión, hubiera sido desde el año 1977, pues determinó que lo medular del caso no tenía que ver con la efectiva presencia de Cejas en el inmueble sino con la calidad en función de la cual se encontraba allí.
III. En esta oportunidad, se agravia únicamente Andrés Eduardo Etcheberry denunciando la aplicación errónea de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, 189, 194, 272, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 375, 954 y 993 del Código Civil (ley 340); 7 y 1.911 del Código Civil y Comercial; 16, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución nacional y 11 y 15 de su par provincial (v. fs. 929/939, expte. acum. y 746/769 vta., expte. ppal.).
III.1. Respecto de la declarada nulidad de la cesión de acciones y derechos (v. fs. 929/939 vta., expte. acum.): señala que con la acumulación de expedientes se ha producido una contradicción que desmerece arbitraria y absurdamente sus derechos, ya que al resolverse como se lo hizo se soslayaron constancias objetivas y subjetivas para juzgar la existencia de lesión, lo que ha sido consecuencia de que las causas acumuladas no hubiesen sido abordadas en su debido orden.
Seguidamente, plantea la absurda selección y valoración de la prueba psicológica referida al relato de la vida del señor Cejas, de la que se desprende -fuera de toda duda- que estuvo siempre en condiciones de evaluar sus acciones negociales.
Resalta que Cejas mintió alevosamente en su demanda al adjudicarse ignorancia e incomprensión, cuando en realidad le atrapó un antojadizo y codicioso arrepentimiento. Afirma que Cejas había celebrado conscientemente la cesión de acciones y derechos.
Señala que la Cámara no advirtió que la falta de recibo por el pago efectuado por el recurrente a Cejas no existió, ya que ese hecho figura en la escritura pública de cesión en la que se consignó el siguiente texto "...otorgándole por la presente el más eficaz y carta de pago en forma...".
Pone de relieve -haciendo hincapié en el art. 171 de la Constitución de la Provincia y en doctrina legal- la falta de fundamentación suficiente y eficaz en el fallo de la Cámara al no haberse atendido a principios básicos del derecho de defensa, trastocando el orden de análisis de las causas. Cita el voto del doctor de Lázzari en la causa Ac. 79.211 en apoyo de su postura.
III.2. En relación con la usucapión rechazada (v. fs. 746/769 vta., expte. ppal.): reitera que en la sentencia de Cámara se ha configurado un grave error palmario y fundamental al no haberse evitado, con el dictado de una única sentencia, la contradicción en lo resuelto respecto de los tres expedientes acumulados.
Afirma, además, que es equivocada la aplicación de la legislación anterior pues la cuestión en debate debe ser subsumida inmediatamente a partir del 1 de agosto de 2015 en el Código Civil y Comercial, por lo que es aplicable su art. 1.191 ante la orfandad probatoria de la contraria.
Recuerda que esta Corte ha enseñado que la acción de desalojo no es la vía idónea para dilucidar la cuestión referida al ius possidendi y al ius possessionis. Tampoco cuando el ocupante acredita, en principio, su calidad de poseedor ni cuando la calidad de propietario se adquiere antes de la tradición.
Afirma que la exigencia de los magistrados (de que las pruebas en la usucapión debían ser concluyentes) provoca el agravamiento de los principios generales en materia probatoria judicial, pues existiendo el corpus -como en el presente caso- el animus domini debe presumirse (al igual que los actos posesorios por el mero apoderamiento).
Indica que por ello son inaplicables las exigencias con las que el juez de primera instancia y la Cámara valoraron las pruebas, pues de su detallado estudio se evidencia que no dejan de ser meras generalidades que no contemplan las especificidades del caso. Cita doctrina de autor y las causas Ac. 22.231, Ac. 30.075, Ac. 61.899, Ac. 75.946, C. 98.183 y C. 98.364, en las que, si bien se trata de la rigurosidad de la prueba, se señala que han constituido apreciaciones generales que no se sustentaron en la resolución final en esas causas.
Asevera que no solo el corpus por más de treinta años, sino también los actos posesorios que individualiza, constituyen la prueba compuesta requerida para la procedencia de la posesión adquisitiva, por lo que todos esos elementos obrantes en autos, integralmente valorados, demuestran la realidad del tríptico que compone la adquisición del dominio por usucapión. Agrega que se ha descartado equivocadamente la prueba testimonial (empleada para despedazar las restantes pruebas) con una elocuente falta de objetividad, que también se refleja en las conclusiones que el magistrado preopinante extrajo de la prueba pericial, soslayando que al año 2003 los inmuebles del predio, sus caminos internos, sus rejas y parques estaban perfectamente mantenidos, lo que es apreciable de las fotografías obrantes a fs. 340/397.
Señala que Promotora Financiera S.A. ninguna prueba produjo acerca de que Cejas hubiese sido dependiente de cada uno de los propietarios anteriores a ella ni que hubiera contratado a un administrador especializado en inmuebles para la conservación y mejoras del predio en cuestión. Tampoco ha probado que se hubiese efectuado la tradición del inmueble entre los distintos propietarios.
Afirma que se ha valorado absurdamente la prueba de la posesión del bien al dejarse de lado las presunciones de los arts. 1.911 y 1.928 del Código Procesal Civil y Comercial y reitera que la carga de la prueba de la supuesta relación de dependencia de Cejas le incumbía a la demandada. Critica la sentencia de primera instancia que desestimara la usucapión e hiciera lugar al desalojo, ya que considera que no siempre debe procederse de esa manera.
Finaliza su impugnación sosteniendo aquí también que la sentencia tampoco está debidamente fundada en ley ni en las circunstancias del caso, por lo que entiende nuevamente quebrantado el art. 171 de la Constitución provincial.
IV. Pues bien, el recurso no prospera.
IV.1. En principio, cabe remarcar que el recurrente -señor Etcheberry- presentó sus agravios en dos piezas procesales distintas: una en el expediente "Cejas Ramón Antonio contra Malimowcka, Graciela. Usucapion" contra la demanda denegada y otra en su acumulado "Cejas, Ramón Antonio contra Etcheberry, Andrés Eduardo. Nulidad de acto jurídico" contra la pretensión admitida. De todo ello da cuenta la resolución de esta Corte de fecha 19 de diciembre de 2018, en la que se ha considerado que las dos piezas procesales integran un único recurso con dos impugnaciones distintas: la de la usucapión denegada y la de la nulidad acogida.
El impugnante había ingresado como cesionario del señor Cejas al juicio de usucapión, pero luego de esa intervención este último planteó, a través del expediente de nulidad, la ineficacia del acto jurídico de cesión de acciones y derechos que favorecía a Etcheberry. Allí, alegó haber sido víctima del vicio de lesión, lo que finalizó en primera instancia con el rechazo de la nulidad articulada, pronunciamiento revocado luego por la Cámara al encontrar configurado el vicio de lesión y declarar nulo dicho acto jurídico.
Así, siendo que la legitimatio ad causam es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión (conf. doctr. causas C. 91.849, "El Estribo S.A.", sent. de 7-XI-2007 y C. 119.587, "Bibiloni", sent. de 20-IV-2016), cabe observar que el señor Etcheberry perdió su legitimación para intervenir en la contienda por la usucapión al declararse la nulidad de la cesión de acciones y derechos posesorios en su favor.
En consecuencia, serán abordados en primer lugar sus agravios contra esta última decisión, pues con su resultado se determinará si podría recuperar su legitimación activa para impugnar -en esta sede- la usucapión rechazada.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.