Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 2000 21651 22
Lo que resolvió el tribunal
I. No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts.421 y 439, CPP).
II. Confirmar la resolución dictada el 11 de abril de 2023, tal como ha sido dictada en aquello que fue materia de agravio, por los fundamentos expuestos. (arts. 231 bis, CPP; 29 inc. 2 y 181, CP).
2000-21651-22
///mas de Zamora, ...... de Mayo de 2023.
Para resolver el recurso de apelación deducido por la doctora Anahí Lidia Fernández, en su carácter de defensora oficial de Anabella Gamarra y otros, contra el auto dictado el 11 de abril de 2023 en la causa 21651-22, que tramita ante el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Avelleneda-Lanús, y;
Accediendo al requerimiento de la pretensora, el “ a quo ” ordenó el lanzamiento de los ocupantes del inmueble ubicado en la calle Pitágoras n° 3600, casa 71 “b”, de la localidad de Sarandí (art. 231 bis, CPP).
La medida es cuestionada por la recurrente porque fue adoptada a partir de la denun- cia de los damnificados, sin que se haya comprobado con mayor profundidad la verosimilitud de los hechos.
Aduce que no se ha acreditado debidamente la titularidad de la propiedad, “ toda vez que la denunciante …no ha demostrado ser la titular del inmueble, habiendo solamente aportado una copia simple de un certificado de vivienda supuestamente emitido por el ReNa BaP, sin que la…Fiscal haya oficiado a la autoridad competente a los fines de verificar la autenticidad del documento aportado ”, pues el que se presentara carece de entidad a tales fines, ya que el decreto 358/2017 que lo creó delimitó su alcance.
Argumenta que “ [l]a forma en que se debe acreditar la titularidad de un bien inmueble, es a través de su correspondiente escritura pública inscripta en el Registro de la Propiedad, circunstancia no abastecida en autos ”.
Acerca de la prueba del suceso objeto de investigación, señala que “ la sola denuncia no debiera abastecer la diligencia que se pretende llevar a cabo, pues resulta menester probar que el despojo en cuestión se llevó a cabo mediante el empleo de determinados medios típicos taxativamente previstos en la ley ”; y respecto a los testigos aportados por la víctima, dice que “ tampoco vieron cómo ingresaron los ocupantes al inmueble. Se trata de testigos de oídas que no han presenciado el momento del supuesto ilícito ”.
Considera además que no se ha demostrado la existencia del peligro en la demora, requisito que es condición común a todas las medidas cautelares y que da razón de ser a la existencia de éstas; entonces, según dice, no resulta suficiente acreditar la verosimilitud en el derecho -que de todas formas entiende no verificado- sino que resulta indispensable aquella otra condición.
Agrega a lo expuesto que no se ha aplicado el Protocolo dictado por la SCBA del 17 de abril de 2019, que establece “ una serie de medidas previas tendientes a llevarse a cabo en casos como el de autos, donde se evidencian situaciones que involucran a personas en estado de vulnerabilidad (causa B-73.724, "Calles Añasgo Roland y otros" -sent, del 15-VII- 2015-) ”.
En suma, pide se revoque el auto que dispone la medida aquí cuestionada, y que en el caso, tal como lo establece el Protocolo aludido, tome intervención la ORAC (art. 434, CPP).
Sobre el argumento que se trae en punto a la “ titularidad del inmueble ”, cabe precisar que lo que la ley protege no es propiamente el dominio sobre éste, sino el ejercicio de facul- tades originadas en derechos reales que se ejercen, procedan del dominio o de otras circunstancias o relaciones; o sea, la tenencia, la posesión o el ejercicio de otro derecho real que permite la ocupación total o parcial del inmueble (cf. Creus, Carlos, “ Derecho penal ”, Parte especial, Tomo 1, 6ta. Edición actualizada y ampliada, Astrea, 1998, p. 557).
Si la medida precautoria que pidió la Fiscal tiene por fin reponer las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho de la irrupción de los imputados, dicho estado de la cosa debe aparecer reflejado por prueba convictiva que no lo haga aparecer como litigioso sino revestido de la suficiente asertividad. Sobre el particular entendemos que le asiste razón al “ a quo ”, en cuanto de lo expuesto resulta que al ordenarse el desahucio ha tratado sus presupuestos -la constatación de la existencia del hecho punible y de los probables respon- sables en su ejecución-, cuando este se presenta como una medida accesoria del objeto procesal (arts. 29 inc. 2, CP; 83 inc. 7, 146 y 231 bis, CPP; ver en ese sentido TCP, causa 61.802, Sala IV, rta. 12/6/2014 y causa 74.358, Sala I, rta. 06/4/2016), y los testimonios ren- didos permiten establecer “ prima facie ” el medio comisivo del hecho típico (art. 181 inc. 1, C P).
Debe concluirse entonces que la condición a la cual la ley supedita su viabilidad se trasluce de las consideraciones volcadas en la resolución y de los fundamentos del pedimen- to (arts. cits.).
No basta invocar la omisión en la aplicación del protocolo al que alude la defensa para poner en tela de juicio la legitimidad de lo decidido. Teniendo en cuenta el acontecimiento que nos ocupa, en los términos recreados tanto en el requerimiento como en la resolución, éste quedaría marginado de la pauta que debería activar aquel instrumento.
Surge de la propia reglamentación que su puesta en práctica queda reservada para situaciones de ocupaciones masivas de terrenos o de inmuebles por grandes grupos de per- sonas en situación de vulnerabilidad, siendo su finalidad prevenir o reducir el impacto social brindando protección a dichos colectivos que podrían verse afectados por la desocupación.
Aquí la naturaleza de la toma ha sido otra; y ello se observa con sólo reparar que tras la irrupción, habrían conminado a las personas que se encontraban en posesión del inmueble a hacer abandono de él, para lo cual habrían empleado cuchillos (art. 210, CPP).
Dando respuesta a todo cuanto se ha planteado, la pretensión de encauzar el trámite de la causa por el carril de la ley 13.433 es una alternativa que debe ser requerida al minis- terio fiscal desde que es una decisión que corresponde con exclusividad a quien ejerce la titularidad del poder en la promoción y ejercicio de la acción penal (arts. 1 ley 13.433; 52 y 59 inc. 2 ley 14.442; 6, 56 y 56 bis CPP; ver TCP, causa 24.123 rta. 09/4/2008).
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental RESUELVE:
I. No hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento (arts.421 y 439, CPP).
II. Confirmar la resolución dictada el 11 de abril de 2023, tal como ha sido dictada en aquello que fue materia de agravio, por los fundamentos expuestos. (arts. 231 bis, CPP; 29 inc. 2 y 181, CP).
Regístrese y devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Fin de la sentencia