Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 2000 6978 21
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del 30 de agosto de 2023, por los fundamentos expuestos (arts. 77, 79, 421 y 446, CPP).
2001-6978-21
///mas de Zamora, ...... de Octubre de 2023.
Y VISTO:
Para resolver en la causa n° 6978-21 que tramita ante el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y;
Conviene a la inteligencia de este caso repasar sus antecedentes.
Ante la denuncia de la Sra. Astrid Frensdorff, el titular de la acción requirió el 4 de junio de 2021 el libramiento de una orden de lanzamiento respecto de los ocupantes del inmueble ubicado en la calle Gral. Guillermo Miller nº 2907, equina Aristóbulo del Valle, de la Ciudad de Lanús Oeste para hacer cesar los efectos del presunto delito de usurpación.
Luego de trascribir una fracción de la declaración de la denunciante, el “ a quo ” men- cionó que Frensdorff “ aportó… una transcripción de un boleto de compra venta del cual surge que en fecha 2 de septiembre de 2020, adquirió un terreno ubicado en el Partido de Lanús, cuya nomenclatura catastral resulta ser: Circ 1 Secc N Mz 44 Pc 9A, Partida Dominial N° 025-34614, Municipio de Lanús; siendo la parte vendedora, el Sr. Ricardo Hugo Verdun DNI 11.576.375, quien -según surge de dicha transcripción- lo habría adquirido en el año 2000 a los NARANJOS S.R.L., no habiéndose realizado diligencia alguna a los fines de comprobar los extremos de dicho instrumento ”
Ante ello, el fiscal solicitó a la oficina gubernamental correspondiente informe la titulari- dad dominial y situación registral del inmueble en cuestión; resultando estar inscripto a nom- bre de Vázquez María Isabel, quien, según refirió declaró la denunciante, le habría permitido ingresar a la finca.
La doctora Mariana Pagani presentó un escrito en el cual manifestó que tanto Norberto Vázquez Mamani como Florencia Toro (denunciados), le hicieron saber que el bien lo habían comprado y dicen tener la documentación de esa operación, sin que hasta ahora fuera incor- porada a la encuesta.
Frente a lo reseñado, el “ a quo ” resolvió no hacer lugar al desahucio peticionado, por cuanto consideró que “ la situación registral del inmueble resulta ser a todas luces confusa, pues no se encuentra debidamente acreditado el carácter invocado por la denunciante ni la verosimilitud en el derecho sobre el bien inmueble reclamado en autos, debiendo entonces rechazar la medida requerida ”, y agregó que quien dice “ tener turbada su posesión, no resul. ta ser la titular dominial; de la persona que se dice cuidaba a los hijos de quien aparen- temente intervirtió su título y se comporta como poseedora, resulta ser titular dominial para sumar más confusión al cuadro, la titular dominial jamás se presentó como tal” .
Contra dicho pronunciamiento se alzó la Sra. Astrid Frensdorff interponiendo un recur- so de apelación con el patrocinio letrado de la doctora Mónica Alicia Damuri.
El fiscal, por su parte, parece haberse conformado con lo decidido, y ello podría obe- decer a que ahora conciba que aquel requerimiento no tenía suficiente sustento legal, porque a esta altura, mediante la incipiente investigación desarrollada, no habría podido consolidar la reconstrucción del hecho denunciado en una dimensión mayor, abarcativo del medio comisi- vo, aspecto típico que por entonces no se apreciaba claramente en los fundamentos de su pedimento.
Previo abordar la cuestión, recordaremos, al igual que lo hiciéramos en otras oportuni- dades, que la garantía de defensa en juicio establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley reconoce legitimación para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que asuma el carácter de actor, demandado, reconvincente, querellante, particular damnificado, acusado, o tercero con interés suficiente, pues no se jus- tifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere el de obtener la imposición de una pena o el de quien se opone a ello (en lo pertinente CS " Otto Wald " y su aplicación en M.4XXIV " Morsucci, Mario y otro vs. Dirección General Impositiva ", julio 7 de 1.992 citado por Morello Mario A. " El Proceso Justo ", p. 205; TCP causa 34.650).
Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, que incorporó como bloque cons- titucional federal los tratados, pactos y convenciones internacionales (art. 75 inc. 22, CN) pueden apreciarse antecedentes, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que orientaron luego la línea jurisprudencial de nuestro máximo Tribunal en punto a los derechos de las víctimas y su innegable acceso a la jurisdicción (Inf. 28/92), sostenien- do entonces la Corte Nacional, cada vez con mayor rigurosidad, que los pronunciamientos de los organismos internacionales sobre derechos humanos constituyen pautas de interpreta- ción en materia de derechos fundacionales (Fallos: 315:1492; 318:314; 319:1840, entre otros).
El acceso a la jurisdicción por parte de quién sufre un delito, en los sistemas penales que lo autorizan, como el argentino, "... deviene un derecho fundamental del ciudadano ..." (citado por Fleming Abel y López Viñals, Garantías del Imputado, Rubinzal Culzoni Editores, 2007, p. 600). En esa línea, la Corte IDH, en el caso “ Bulacio vs Argentina ” (18/9/2003), y nuestra Corte Federal, en " Quiroga " (Fallos: 327:5863) y " Santillan " (Fallos: 321:202), entre otros precedentes tanto nacionales, como internacionales -resultandoéstos de insoslayable relevancia para resolver los casos concretos (SCBA, P. 106.924)-, el de la víctima, aparece como un derecho de naturaleza constitucional, que reivindica su papel en la resolución del conflicto y su consiguiente derecho a reclamar al Estado el castigo de la ofensa sufrida, como el acceso a la justicia, garantizándole una tutela judicial efectiva (TCP, Sala III, causa 41951, rta. 03/3/2011), brindándole la mayor cantidad de herramientas para la defensa de sus intere- ses (TCP, Sala I, causa 2958, rta. 17/9/2009), porque "... ninguna ley ni... los Códigos proce- sales, puede[n] constitucionalmente privar de legitimidad procesal a la víctima de un delito en el proceso penal, por más que ese delito sea de acción pública y que esta corresponda al Ministerio fiscal ..." (Bidart Campos, Germán, " Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino ", Ediar, 1995, T° I, p. 355).
En el orden local las reformas que la ley 13.943 introdujo al código procesal llevaron a fortalecer la figura del particular damnificado pudiendo en subsidio al impulso vindicativo estatal formular acusación y abrir autónomamente el juicio, además de su actuación en la etapa intermedia (arts. 56 bis y 334 bis, CPP), teniéndolo como protagonista frente al delito en la etapa inicial, junto al fiscal, a quien deberá proponerle las " diligencias útiles " tendientes a la comprobación del delito y sus autores (art. 79 inc. 1, CPP), pudiendo reclamar ante el Superior en caso de haber sido denegadas (art. 334 segunda parte, CPP).
La ley 15.232 ha tenido por objeto adecuar la normativa provincial a lo dispuesto por la “ Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos ” (ley 27.372), transfor- mando a la víctima en sujeto procesal, debiendo ser escuchada en cada instancia del proce- so, garantizándole el efectivo acceso a sus derechos (asesoramiento, asistencia, representa- ción, protección, verdad, acceso a la justicia, igualdad y reparación) consagrados en la Cons- titución Nacional, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Nacional es parte, los instrumentos legales internacionales ratificados por leyes nacionales y la Constitución Provin- cial (ver fundamentos de la ley).
Pero en esta última reforma la facultad para recurrir que le reconoce se ha condiciona- do también a su previa constitución en particular damnificado (art. 23 ley 15.232), y como los recursos no se conciben, dado su carácter excepcional, fuera del orden fijado en las leyes, la ausencia del requisito atinente a la imugnabilidad subjetiva cierra toda posibilidad de abrir la instancia porque la legitimidad es el primer presupuesto procesal de cualquier recurso (arts. 421, CPP).
En síntesis, corresponde declarar mal concedido la apelación interpuesta por la Sra. Astrid Frensdorff, por los fundamentos expuestos (arts. 77, 79, 421 y 446, CPP).
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental RESUELVE: Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del 30 de agosto de 2023, por los fundamentos expuestos (arts. 77, 79, 421 y 446, CPP).
Regístrese y devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 09:46:49 - LITTLE Pablo Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/10/2023 08:35:58 - ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/10/2023 09:51:11 - PUNCINI Mariano Alejandro - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 18/10/2023 09:51:24 hs. bajo el número RR-1946-2023 por PUNCINI MARIANO.
Fin de la sentencia