Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa RQ 28562
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución dictada el día 14 de abril de 2016 por el Juez en lo Correccional Jorge L. Rodriguez, en cuanto rechaza el pedido de Claudio Carrieri de restitución de los lotes 14 y 15 de la Circ. IV, Secc. B, Ch. 102, Mz. 102m, ubicados en calle Roldán entre Chapeaurouge y Mansilla de la ciudad de Mar del Plata. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por Claudio Carrieri con el patrocinio letrado de Mauricio Armagno a fs. 823/8vta. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 231 bis, 421, 434, 439, 440, 524 y ccdtes. del CPP.
RQ-28562. "MEGA, Roberto Julio. Usurpación de propiedad".
Mar del Plata, de Agosto de 2016.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° RQ-28562, y de cuyas constancias,
1. Con fecha14 de abril el Juez en lo Correccional, Jorge L. Rodríguez resuelve rechazar el pedido formulado por Claudio Carrieri de restitución de los lotes 14 y 15 de la Circ. IV, Secc. B, Ch. 102, Mz. 102m, ubicados en calle Roldán entre Chapeaurouge y Mansilla de la ciudad de Mar del Plata.
2. Contra ello interpone recurso de apelación Claudio Carrieri con el patrocinio letrado de Mauricio Armagno a fs. 823/8vta.
Critica los fundamentos del Juez, entendiendo que la medida del art. 231 bis se trataría de una autosatisfactiva sujeta a condición resolutoria, ya que de mediar debate y sentencia, y en el caso de ser absolutorio el fallo, la misma se torna entonces cautelar. Entiende la interpretación del Juez anticonstitucional ya que destruye la idea de seguridad jurídica e incentiva la falsa denuncia de hechos al solo efecto de obtener una medida autosatisfactiva que no cumple con los requisitos procesales para serlo.
Cita jurisprudencia del Tribunal de Casación Bonaerense en favor de sus dichos y hace referencia a la exposición de motivos al dictarse la ley que incorpora la medida, destacando que es una herramienta provisoria cuando existiese verosimilitud en el derecho. Alega que la cuestión de fondo ha sido delegada por las provincias al estado nacional y cualquier otra interpretación resulta inconstitucional.
Sostiene que puede haber un acto ilícito verificado sin delito, y que ello no puede ser considerado como premisa fáctica para la disposición de un cese, sino de ordenar meramente cautelar. Destaca que las medidas autosatisfactivas son excepcionalísimas, utilizadas en situación de urgencia y mediando la existencia de probabilidad, ya no mera verosimilitud.
Realiza una analogía con la privación de la libertad como medida cautelar, y analiza la figura de la intrusión, concluyendo que cabe asignarle al art. 231 bis el carácter de medida cautelar salvo que pueda establecerse a ciencia cierta que lo que se ordena es una restitución con base en el hecho cierto de haberse constatado la ocupación viciosa del inmueble.
Destaca los fundamentos del Juez de Garantías al autorizar al Ministerio Público Fiscal a proceder a la restitución del inmueble, estableciendo que lo hace de modo cautelar y con el objeto de suspender una construcción. De ello, se deriva que no se trata de una medida autosatisfactiva.
Finalmente, pone de manifiesto la contradicción en la que incurre el Juez en lo Correccional en su resolutorio, y solicita se revoque el resolutorio y se ordene el cese de la medida cautelar.
1. En primer lugar, cabe destacar que la medida contemplada en el art. 231 bis del CPP resulta eminentemente cautelar, cuestión que ha sido establecida por esta Alzada en numerosos pronunciamientos (c. 27075, c. 24072, entre otras), y también por el Tribunal de Casación Bonaerense (Sala IV, c. 61.802, sent. del 12/6/2014). Esta medida tiene por objeto hacer cesar un presunto delito e impedir la continuidad de sus efectos, pues no debe olvidarse que sólo procede en el marco de un proceso penal, donde debe verificarse la comisión del delito previsto en el art. 181 del CP bajo alguna de las modalidades contempladas. En caso de no darse ninguna de las situaciones previstas por la norma, no resulta procedente la medida, más allá de los derechos que pueda alegar la parte sobre el bien, cuestión que resulta ajena a este fuero.
Siguiendo lo aquí expuesto, debe recordarse que la medida fue dispuesta en estas actuaciones en virtud de haber entendido el Juez en su momento que existían elementos suficientes para presumir la comisión de un delito conforme el art. 181 del CP, y teniendo acreditada la verosimilitud en el derecho por parte del denunciante, de modo que se encontraba satisfecho el estándar de conocimiento exigido por la norma para procederse a la restitución del inmueble.
2. Sentado lo anterior, esta Alzada no comparte la analogía que realiza el impugnante entre esta medida y la privación de la libertad, pues estamos ante un bien inmueble, cuyos derechos posesorios se encuentran controvertidos.
Asimismo, debe remarcarse que el proceso penal ha finalizado con el dictado de una sentencia, pero a raíz de un sobreseimiento por prescripción. Consecuentemente, esta situación no puede asimilarse a otros modos de terminación del proceso, como el caso de sentencia condenatoria o absolutoria, donde se ha arribado a una verdad formal. Cabe señalar que la judicatura ha entendido que existían elementos para proceder a la apertura del debate, mas éste no se llevó a cabo. En este esquema, la sentencia penal dictada en estos autos resulta insuficiente para motivar una decisión que debe analizar si han cesado las circunstancias que motivaron el dictado de la medida que dispuso el reintegro provisorio del inmueble al denunciante.
De este modo, resulta ajeno al ámbito penal la resolución de la solicitud formulada por el letrado impugnante, debiendo regir en el caso lo normado por el art. 524 del CPP, en cuanto establece que "Si se suscitare controversia sobre la restitución de las cosas secuestradas o la forma de dicha restitución, se dispondrá que los interesados recurran a la Justicia Civil".
Esta norma, si bien se inserta en el Título III, correspondiente a las ejecuciones civiles, muestra la limitación de este fuero a los fines de resolver contiendas suscitadas respecto de quién posee un mejor derecho sobre un bien. Por lo tanto, el artículo citado resulta plenamente aplicable al caso de autos por analogía, en tanto la medida que se pretende retrotraer al estado anterior (art. 231 bis) se encuentra inserta en el Capítulo IV "Secuestro".
Sabido es que un mismo acontecimiento de la vida real puede tener consecuencias para diferentes ramas del ordenamiento jurídico y, de hecho, no es inusual la transferencia de medidas cautelares del proceso penal al civil, cuando el acontecimiento objeto del proceso penal es también objeto de litigio en otra sede o que, finalizado el proceso penal, subsistan controversias respecto de otros derechos, tal como lo muestran las regulaciones de los arts. 524 y sgtes. del CPP.
Cabe añadir en este punto que sobre el objeto en cuestión existe un proceso civil en trámite iniciado por la parte impugnante, de modo que deberá canalizar por el fuero específico sus pretensiones, las cuales requieren un ámplio análisis que excede a la órbita penal, pues involucra cuestiones que importan un grado de aceptable verosimilitud de derechos vinculados a la propiedad, posesión o tenencia del inmueble.
3. De este modo, y más allá de la discrepancia por parte de este Tribunal con los fundamentos expuestos por el Juez en lo Correccional, compartimos lo resuelto en la parte dispositiva.
4. Finalmente, se aclara que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del tema (CSJN, Fallos: 300:522; 302:1191; 306:444, entre otros).
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar la resolución dictada el día 14 de abril de 2016 por el Juez en lo Correccional Jorge L. Rodriguez, en cuanto rechaza el pedido de Claudio Carrieri de restitución de los lotes 14 y 15 de la Circ. IV, Secc. B, Ch. 102, Mz. 102m, ubicados en calle Roldán entre Chapeaurouge y Mansilla de la ciudad de Mar del Plata. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso por Claudio Carrieri con el patrocinio letrado de Mauricio Armagno a fs. 823/8vta. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 231 bis, 421, 434, 439, 440, 524 y ccdtes. del CPP.
Fin de la sentencia