Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea · Causa 8537-26
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución dictada en fecha 19 de octubre de 2026, por la Sra. Jueza de Garantías, Dra. Aída Lhez , ordenando la RESTITUCIÓN PROVISORIA del inmueble ubicado en la calle 98 bis N.º 2980 de la ciudad de Necochea, a favor de la Sra. Ana Graciela Sanz, en los términos del artículo 231 bis del Código Procesal Penal, fijando a tal efecto, un plazo de diez (10) días corridos para la entrega voluntaria, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública, todo lo cual deberá ser implementado por el Juzgado de origen (arts. 106, 146, 210, 231 bis, todos del C.P.P, en relación al articulo 181 inciso 1 del C.P.).-
///En la ciudad de Necochea, a los 20 días del mes de noviembre de 2026, se reúnen en Acuerdo Extraordinario, los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, para dictar resolución en la causa, c.P. nº 8537-26 , caratulada " DENCHEFF, SILVANA ELISABET Y OTRO S/USURPACION PROPIEDAD ", efectuado el sorteo de ley, el orden de votación es el siguiente: Señores Jueces Doctores Daniel Oscar Surgen, Marcela Fabiana Almeida y Alfredo Pablo Noel.-
El Tribunal procedió a plantear y votar las siguientes:
I. ¿Es justa la resolución de fecha 19/10/2026?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SURGEN DIJO :
I. En fecha 19/10/2026, la Sra. Jueza de Garantías, Dra. Aída Lhez, resolvió I) NO HACER LUGAR a la solicitud de desalojo del inmueble ubicado en calle 98 bis N.º 2980 de Necochea, formulada por Ana Graciela Sanz, con el patrocinio letrado del Dr. Mauricio Coronel, en el marco de la presente I.P.P. N.º PP-11-00-005184-26/00, por los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden (art. 231 bis del CPP.).-
II. El día 20/10/2026, interpuso recurso de apelación Ana Graciela Sanz, con el patrocinio letrado del Dr. Mauricio Coronel, siendo concedido ante esta Cámara.-
Expresa la recurrente, que se agravia de la resolución de fecha 19 de octubre de 2026, que resolvió no hacer lugar a la solicitud de restitución del inmueble, ubicado en calle 98 bis N.º 2980 de Necochea, formulada en los términos del art. 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.-
Entiende que la decisión recurrida, le ocasiona un gravamen actual y de imposible reparación ulterior, al mantenerla privada de la recuperación material del inmueble, remitiendo sustancialmente la solución del conflicto al ámbito civil, sin ponderar adecuadamente, los elementos incorporados a la investigación penal.-
Expone que el art. 231 bis del CPPBA, autoriza expresamente a la víctima o al particular damnificado, a solicitar directamente la restitución del inmueble, cuando el derecho invocado resulte verosímil.-
Señala que la resolución recurrida, concluye que los elementos incorporados a la investigación, no permiten tener por acreditada la existencia de un despojo penalmente relevante y que la controversia derivaría, en principio, de una relación contractual locativa.-
Aduce que la cuestión sometida a decisión, no consistía en determinar definitivamente, la responsabilidad penal de la denunciada, sino en establecer si se encontraban reunidos los presupuestos, que habilitan la restitución provisoria, contemplada por el art. 231 bis del C.P.P.-
Argumenta que la norma establece un mecanismo cautelar específico, para los casos de presunta usurpación, cuya aplicación exige examinar la verosimilitud del derecho invocado y las circunstancias concretas del hecho denunciado.-
Expresa que su representada, acreditó fehacientemente su derecho de titularidad sobre el inmueble y el contrato originario. El fallo argumenta de forma contradictoria, que la existencia de un juicio civil en trámite, obstaculiza la vía penal, bajo el postulado de la última ratio.-
Expresa que la usurpación es un delito instantáneo, con efectos permanentes. El proceso penal no puede desentenderse de los derechos de la víctima, mientras dure un litigio civil ordinario. Mantener la denegatoria convalida una vía de hecho delictiva y profundiza el gravamen irreparable sufrido por la Sra. Sanz, quien se ve privada ilegítimamente de su vivienda.-
Menciona que la ausencia de certeza definitiva, sobre la configuración del delito, no constituye por sí sola, fundamento suficiente, para descartar la medida solicitada. Resultaba necesario analizar integralmente los elementos de cargo y determinar si estos proporcionaban sustento suficiente, para la tutela provisoria requerida.-
Asimismo se agravia, en virtud que la resolución atribuye especial relevancia, al contrato de locación, celebrado el 15 de abril de 2011, cuyo vencimiento se produjo el 15 de abril de 2013 y a los pagos que la denunciada habría efectuado hasta febrero de 2026, considerando aplicable el art. 1.218 del Código Civil y Comercial, entendiendo que la permanencia de la ocupante, no permite atribuir carácter delictivo a su conducta.-
Aduce la recurrente, que las circunstancias contractuales, debían ser examinadas conjuntamente con la restante prueba reunida, las comunicaciones intercambiadas, la conducta posterior de la ocupante y las circunstancias específicas, en las que se habría producido el despojo denunciado.-
Señala que la continuidad de una relación locativa, constituye un dato relevante, pero no exime de analizar, la eventual existencia de actos, susceptibles de encuadrar, en alguno de los medios comisivos, previstos por el art. 181, inciso 1.º, del Código Penal.-
Menciona que la invocación unilateral de la acusada, de ser poseedora del inmueble, no resuelve por sí misma, la controversia acerca de la naturaleza y legitimidad de la ocupación.-
En consecuencia, solicita que la Alzada, examine integralmente las constancias de la investigación, evitando que la existencia de antecedentes contractuales, opere como fundamento excluyente, del análisis de los restantes elementos relevantes.-
Señala que la cuestión central consiste en establecer, si los elementos reunidos, permiten considerar verosímil el derecho invocado por la denunciante, a los efectos cautelares previstos por el art. 231 bis del CPPBA.-
Le ocasiona agravio a la recurrente, que la resolución señala que se encuentra en trámite un proceso de desalojo, ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Mar del Plata, caratulado "Sanz Ana Graciela c/ Dencheff Silvana Elisabet s/ Desalojo (excepto por falta de pago)", expediente N.º NG-133233.-
Aduna que no se desconoce la existencia de ese proceso, ni la competencia del fuero civil, para resolver las cuestiones contractuales que correspondan.- Sin embargo, la promoción de una acción civil no excluye, por sí misma, la posibilidad de examinar una pretensión de restitución provisoria, en el marco de una investigación por usurpación.-
Ambas vías poseen presupuestos y finalidades diferentes. La acción civil procura la solución definitiva de la controversia, relativa a la restitución del inmueble, mientras que el art. 231 bis del CPPBA, contempla una medida cautelar específica, cuya procedencia debe evaluarse, de acuerdo con las circunstancias acreditadas en la investigación penal.-
Por ello, la existencia del expediente civil, no debía funcionar como obstáculo automático para la medida requerida, sino como un antecedente a ponderar, conjuntamente con los restantes elementos del caso.-
Señala que el Ministerio Público Fiscal, prestó conformidad con la solicitud de restitución y si bien dicha conformidad no resulta vinculante para la Magistrada, constituye un antecedente relevante, que debía ser considerado, al evaluar la procedencia de la medida solicitada.-
Expresa que la decisión impugnada, se aparta de la posición fiscal, pero no desarrolla suficientemente, un análisis particularizado de las razones, por las cuales, pese a esa conformidad, los presupuestos de la medida cautelar, no se encontrarían reunidos.-
Por ello, solicita que se examine las razones de la petición fiscal y se las confronte con los fundamentos expuestos en la resolución recurrida y con la totalidad de las constancias pertinentes.-
Se agravia asimismo, en virtud que la denegatoria dictada, se aparta ostensiblemente, de los estándares exigidos por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea, para la aplicación de medidas cautelares de restitución (v.g. Causa N.º 8227-26).-
La doctrina del tribunal, determina que en sede penal, no se debate de manera definitiva el dominio o la titularidad del inmueble, sino la apariencia de responsabilidad y la urgencia de interrumpir los efectos continuados del despojo.-
Los elementos colectados en la I.P.P. -incluyendo la conformidad prestada por el Sr. Agente Fiscal, Dr. José Luis Cipolletti- son sobradamente suficientes, para alcanzar el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal.-
Solicita que la cuestión sea examinada, a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires.-
Peticiona se revoque la resolución recurrida y se disponga la restitución provisoria del inmueble, ubicado en calle 98 bis N.º 2980 de Necochea, en los términos del art. 231 bis del CPPBA, previa verificación de los presupuestos legales pertinentes.-
Plantea reserva del caso federal.-
III. Ingresando al análisis del remedio impetrado, adelanto que el recurso deducido, debe ser acogido.-
El artículo 231 bis del Código Procesal Penal, no exige certeza absoluta, sobre la responsabilidad del acusado, propio de una sentencia condenatoria. Requiere únicamente la verosimilitud del derecho invocado (conforme art. 146 inciso 1 del C.P.P. y art. 181, inc. 1º, del CP).-
El mantenimiento en el inmueble, cuando el agente invoca un título, que no es aquel en virtud del cual se encontraba -modificación de la naturaleza jurídica de la ocupación-, resulta uno de la modos comisivos, previstos en el articulo 181 del Código Penal.-
Denegar la medida cautelar, exigiendo a la acusación, una acreditación acabada de la tipicidad, confunde la verosimilitud en el derecho exigida en esta etapa, con la certeza absoluta, propia de la sentencia de juicio oral y publico. Los elementos colectados (titularidad dominial acreditada, vencimiento formal del contrato originario y la conformidad prestada por el Sr. Agente Fiscal, Dr. José Luis Cipolletti) satisfacen en este estado, la verosimilitud de la pretensión cautelar.-
La conformidad del Agente Fiscal a cargo de la I.P.P. ,no amarra la decisión jurisdiccional, pero impone a la Jueza de Garantías, un reforzado deber de motivación (art. 106 del CPPBA y art. 168 de la Constitución Provincial) para apartarse de la pretensión del titular de la acción penal pública.-
La denegatoria, que desatiende la postura concordante del Ministerio Público Fiscal, sin refutar adecuadamente las razones que llevaron al Pretensor Público, a adherir a la medida solicitada por el particular damnificado, incurre en fundamentación aparente y arbitrariedad.-
El art. 231 bis del C.P.P., faculta al órgano judicial, a disponer la restitución inmediata del inmueble al afectado, cuando el derecho invocado resulte verosímil y se verifique el peligro en la demora.-
El argumento central de la Sra. Jueza de Garantías, respecto a la aplicación del art. 1218 del Código Civil y Comercial de la Nación (continuación de la locación) queda completamente desplazado, a partir de la confección y envío de la Carta Documento por parte de la inculpada.-
Al enviar la misiva supra mencionada, desconociendo expresamente la relación locativa y manifestando poseer el inmueble a título propio, la encartada ha producido una clara e inequívoca, interversión del título (art. 1915 del C.C.yC.N.).-
Me detengo, para trascribir la carta documento, de fecha 14/08/2026, adunada a las actuaciones: ... " Vengo por la presente a rechazar en todos sus términos cualquier intimación, requerimiento o pretensión de restitución respecto del inmueble sito en calle 98 bis nro 2980 de la ciudad de Necochea. Niego y desconozco expresamente el supuesto contrato de locación de fecha 15/04/2011 que Ud. invoca. Sin perjuicio de ello, Ud. reconoce mediante carta documento de fecha 6/02/2026 que dicho supuesto contrato ha vencido ampliamente, sin que haya sido prorrogado ni celebrado un nuevo contrato de locación. En consecuencia, no puede pretenderse la existencia de una relación locativa con posterioridad al vencimiento que Ud. misma reconoce. Se le hace saber que desde el año 2013 mi parte ejerce sobre el inmueble una relación de poder en carácter de poseedora, en forma autónoma y en nombre propio, sin reconocer derecho locativo alguno a su favor, dejando de esta manera expresa e inequívocamente exteriorizado mi carácter de poseedora.- INTIMO a Ud. a que cese en todo acto de turbación o perturbación de la posesión que ejerzo sobre el inmueble, bajo apercibimiento de promover las acciones y defensas que correspondan, con más daños, perjuicios y costas. Constituyo domicilio legal en calle 57 N° 2253 de la ciudad de Necochea, cel. 2262-445404.- Cierro comunicación epistolar.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.- DENCHEFF, SILVANA ELISABET D.N.I. 26.778.205. (el resaltado en negrita me pertenece).". -
Así al desautorizar la relación locativa y arrogarse la posesión "en forma autónoma y en nombre propio", frente a la titular, la ocupante configuró un despojo por abuso de confianza, al intervertir el título, convirtiendo la tenencia precaria, en una posesión ilegítima, de carácter permanente.-
Tratar este acto expreso, como un mero diferendo obligacional, excluye arbitrariamente la verosimil tipicidad de la usurpación y convalida la vía de hecho, que la víctima no esta compelida a aceptar (art. 83 inc. 7 del C.P.P.).-
Quien ingresó como locatario y posteriormente muta unilateralmente su condición jurídica, repudiando la tenencia, negando el derecho del locador y negándose a restituir, incurre en despojo mediante abuso de confianza y clandestinidad o engaño en la retención, configurando la conducta típica prevista en el art. 181, inc. 1º del Código Penal.-
La existencia de un contrato de locación (celebrado el 15/04/2011 y vencido el 15/04/2013) y la alegación de pagos posteriores en los términos del art. 1218 del CCyCN, no enervan en forma automática la hipótesis penal de usurpación (art. 181 inc. 1 del Código Penal).-
Si bien el mero tenedor, que no restituye el bien, incurre primariamente en un incumplimiento contractual, cuando el tenedor muta u ostenta la interversión de su título (mediante el rechazo expreso del carácter de locatario y la atribución de posesión a título propio vía carta documento), desconociendo al legítimo titular y mediante el mantenimiento abusivo e ilegítimo del inmueble, despojando de la posesión al titular, se extingue la tenencia y se configura la conducta típica del art. 181 inc. 1° del C.P.-
La contradicción entre efectuar pagos y simultáneamente desconocer la relación locativa, no es tal, en la medida en que la carta documento, fue cursada el dia 14-08-26, habiendo cesado el abono de los canones locativos, durante el mes de Febrero del año en curso.-
Dicha conducta epistolar, excede la órbita de un mero incumplimiento contractual. Al afirmar falsamente ser poseedora y desconocer la propiedad de la denunciante, la encartada ha desplegado un engaño y un abuso de confianza, que configuran los medios comisivos típicos, exigidos por el artículo 181, inciso 1° del Código Penal.-
El abuso de confianza, no se reduce a la mera falta de devolución de la cosa al vencimiento del plazo, sino que se perfecciona, cuando el tenedor, aprovechando la libre disponibilidad del bien que le fuera confiado, realiza un acto de disposición jurídica o material, que despoja al titular de su derecho, desconociendo su señorío.-
No se comparte con la magistrada de origen, que el pago continuado de los cánones locativos hasta febrero de 2026, neutraliza los efectos jurídicos del despojo, en la medida en que la inculpada con posterioridad a dicha fecha, continuo con la ocupación del inmueble, atribuyéndose a traves de la misiva supra mencionada, el carácter de poseedora de la vivienda.-
La existencia de un juicio de desalojo, en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Mar del Plata, no constituye un obstáculo normativo, ni procesal, para la procedencia de la restitución provisoria.- El juicio civil, persigue una resolución definitiva, del derecho a la posesión o tenencia con efecto de cosa juzgada. En cambio, el art. 231 bis del C.P.P., es una medida cautelar de urgencia y naturaleza represiva-preventiva, cuyo objeto es hacer cesar de inmediato los efectos continuados de la perturbación o despojo a la víctima.-
Así el fuero civil, persigue el restablecimiento definitivo, de los derechos de la resolución del contrato, mientras que la tutela penal del art. 231 bis del CPP, atiende en forma inmediata a la cesación de los efectos del delito instantáneo de efectos permanentes (usurpación).-
Preconizar la "última ratio", para denegar la medida cautelar, implica desprotección procesal a la víctima (arts. 15 y 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 83 del C.P.P.) e impone una remisión indebida al fuero civil, cuando los presupuestos procesales cautelares, están satisfechos.-
El art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (tutela judicial efectiva y tutela de los derechos de la víctima), impide someter al particular damnificado, al perjuicio irreparable que significa privarlo de su propiedad -como lo hizo notar la Sra. Ana Graciela Sanz en la audiencia celebrada ante esta Cámara- durante los dilatados plazos de un proceso ordinario civil, máxime cuando la negativa a restituir el inmueble, se ha cometido, mediante una maniobra tipificable "prima facie", en el fuero punitivo.-
Al verificarse que el despojo, proyecta efectos ilícitos en el tiempo, privando del uso y goce a la titular legítima, corresponde adoptar la tutela preventiva solicitada, para evitar que la demora procesal, consolide el ilícito.-
Por ello, corresponde revocar la resolución dictada, en fecha 19 de octubre de 2026, por la Sra. Jueza de Garantías, Dra. Aida Lhez, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Ana Graciela Sanz con el patrocinio letrado del Dr. Mauricio Coronel y ORDENAR LA RESTITUCIÓN PROVISORIA del inmueble, ubicado en la calle 98 bis N.º 2980 de la ciudad de Necochea, a favor de la Sra. Ana Graciela Sanz, en los términos del artículo 231 bis del Código Procesal Penal, fijando a tal efecto un plazo de diez (10) días corridos para la entrega voluntaria, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública, todo lo cual deberá ser implementado, por el Juzgado de origen.-
Voto por la negativa.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ALMEIDA DIJO :
Voto en idéntico por análogos fundamentos.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR NOEL DIJO :
Voto en igual sentido por análogos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SURGEN DIJO :
Atento lo resuelto en la cuestión precedente, corresponde revocar la resolución dictada, en fecha 19 de octubre de 2026, por la Sra. Jueza de Garantías, Dra. Aida Lhez , ORDENANDO LA RESTITUCIÓN PROVISORIA del inmueble ubicado en la calle 98 bis N.º 2980 de la ciudad de Necochea a favor de la Sra. Ana Graciela Sanz, en los términos del artículo 231 bis del Código Procesal Penal, fijando a tal efecto un plazo de diez (10) días corridos para la entrega voluntaria, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública, todo lo cual debera ser implementado por el Juzgado de origen (arts. 106, 146, 210, 231 bis, todos del C.P.P, en relacion al articulo 181 inciso 1 del C.P.).-
A sí lo voto.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ALMEIDA DIJO :
Voto en igual sentido por los mismos fundamentos.-
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR NOEL DIJO :
Voto en igual sentido por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 20 de noviembre de 2026.
Revocar la resolución dictada en fecha 19 de octubre de 2026, por la Sra. Jueza de Garantías, Dra. Aída Lhez , ORDENANDO LA RESTITUCIÓN PROVISORIA del inmueble ubicado en la calle 98 bis N.º 2980 de la ciudad de Necochea, a favor de la Sra. Ana Graciela Sanz, en los términos del artículo 231 bis del Código Procesal Penal, fijando a tal efecto, un plazo de diez (10) días corridos para la entrega voluntaria, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública, todo lo cual deberá ser implementado por el Juzgado de origen (arts. 106, 146, 210, 231 bis, todos del C.P.P, en relación al articulo 181 inciso 1 del C.P.).-
Regístrese, hágase saber electrónicamente a las partes técnicas y devuélvase inmediatamente las presentes actuaciones a la instancia de origen, donde deberán practicarse las restantes notificaciones, incluida la víctima si correspondiere (conf. Ley 15232).-
Firmas
Funcionario firmante: ALMEIDA Marcela Fabiana - JUEZA
Funcionario firmante: SURGEN Daniel Oscar - JUEZ
Funcionario firmante: NOEL Alfredo Pablo - JUEZ
Funcionario firmante: COSTA Romina - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 670-2026
Fin de la sentencia