Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 14.245
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Anular la sentencia del 13/12/2023 que decreta la caducidad de la instancia, por ser vulneratoria de la garantía de acceso a la justicia en perjuicio del actor. (conf. arts. 75 inc. 22 y 23 de la C.N., 1, 2, 5, 8 y 25 de la CADH 3, 5 12, 13 de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, Observación Gral Nro 1 Comité de las Personas con discapacidad -cap I, II, III, “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, ONU, 2020, -principios 3, 4, 5-; Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad -actualización 2018- Cap.I Sección 1, Sección 2 apartados 1 y 3, Cap. II, Secc. 4, Cap. III- “Guia de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”, res. …
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 6 días del mes de septiembre de 2024, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "V. B. D. C/ F. Gaston Sebastian Y Otros S/Daños Y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)" Expte. 14245, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin, Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich. El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 13/12/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. Conforme surge de las constancias de autos el 13 de diciembre de 2023 el Sr. Juez de grado decretó la caducidad de la instancia, impuso las costas del proceso a la parte actora y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir realizó consideraciones sobre el instituto de la caducidad. Señaló la primera intimación realizada a la actora para el impulso del proceso -año 2020-, la negligencia y caducidad de la prueba decretada, las circunstancias vinculadas con el libramiento del oficio ley 22.172 a fin de la remisión de las actuaciones de trámite en la Provincia de Santa Fe con relación al proceso de restricción de la capacidad del actor.
Desde allí señaló que con fecha 05/05/2023, “el patrocinante de la parte actora manifestó: "...teniendo en cuenta el domicilio real del Sr. B. V., corresponde al Dto. Judicial Necochea pone de conocimiento a V.S. se procederá de forma inmediato a requerir al Juzgado de Primera Instancia de Familia de la localidad de San Lorenzo Pcia. (Santa Fe) por intermedio de Letrado Patrocinante de la Familia V., quien promoviere dicho proceso, la remisión de los actuados donde se ventila la declaración de Incapacidad del Sr. B. V. al Juzgado de Familia competente de nuestro departamento Judicial a los efectos de culminar con la diligencia."
Y que a partir de esta última presentación no se ha producido ninguna otra actividad útil, habiendo transcurrido nuevamente y con amplitud el plazo de tres meses previsto por el art.315 del CPCC, por lo que decreta la caducidad de la instancia.
II. Contra dicho pronunciamiento el 20 de diciembre de 2023 interpone y funda recurso de apelación el letrado apoderado de la parte actora.
En su memorial se agravia aduciendo que el magistrado no acredita el argumento de desinterés, paralización del proceso y falta de actividad procesal útil.
Señala que, existe una concreta y necesaria vinculación y relación entre el presente proceso y el pendiente de declaración judicial en trámite, conforme lo determina la Sra. Asesora de Incapaces interviniente, en la conclusión al contestar la vista.
Se agravia ante lo resuelto por el juzgador, el no haber tenido presente la actividad procesal de su parte, siendo que la misma es en un expediente que no puede ser visualizado desde la mesa de entradas virtual departamental por ser de extraña jurisdicción.
Manifiesta que tampoco se hallan acreditados los presupuestos de abandono, por el contrario se avanzó concretamente en la remisión del expediente directamente vinculado con el presente proceso de daños y perjuicios.
Expresa que, siempre que se analice una hipótesis de caducidad o extinción de derecho, rige el principio de interpretación restrictiva, agregando que no se ha considerado las particularidades de este caso donde se ventilan derechos de una persona que ha sufrido daños y perjuicios, y se encuentra en estado de determinar su capacidad. Añade que "La aplicación de normas que rigen el Instituto no pueden divorciarse, del propio estado procesal de cada uno de los expedientes relacionados".
Finalmente, sostiene que la resolución en crisis incurre en el desacierto de decretar la caducidad de instancia, sin antes cumplir con la intimación previa que edicta los artículos 315, 316 y ccdtes del CPCC., por el cual se establece la clara necesidad de intimar al actor previamente a decretar la caducidad.
Cita Jurisprudencia, solicita se revoque la resolución impugnada y formula reserva del caso federal.
Corrido el traslado de ley el letrado apoderado del codemandado que solicitó la caducidad, solicita se rechace el mismo, y se confirme la sentencia con expresa imposición de costas al recurrente. (v. presentación del 21/12/2023)
La Asesora de Incapaces, en atención a lo expresado en su presentación de fecha 18/12/2023 adhiere al recurso de la actora, solicitando la revocación de la sentencia (v. presentación del 21/3/2024)
III. Radicado el presente proceso en esta instancia y en consideración a la presentación realizada por la Asesoría con posterioridad a la sentencia (v. presentación del 19/12/2023 y 21/12/2023), el Tribunal requirió las actuaciones sobre restricción de la capacidad del actor que habían sido radicadas en el Juzgado de Familia nro. 2 de este Departamento Judicial, las que se agregaron como prueba, dictándose el pase de autos al acuerdo de conformidad con lo establecido en el art. 270 del C.P.C.C. (v. actuaciones de fecha 27/3/2024, 8/4/2024, 12/4/2024, 28/5/2024, 6/6/2024)
IV. Ingresando al tratamiento de la apelación, es pertinente señalar que la discapacidad del actor -que habría tenido su inicio con motivo del accidente de tránsito que motiva el presente proceso-, con más el proceso de restricción de la capacidad iniciado en la Provincia de Santa Fe en el año 2012, era una cuestión que fue denunciada al promoverse la acción, adjuntándose el certificado de discapacidad con la demanda. Ello debió colocar inicialmente el tratamiento del caso, desde la perspectiva del modelo social de discapacidad y con debida observancia de los derechos que al actor le son reconocidos especialmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo -Ley 26.378-, arts. 8 y 25 de la CADH, las 100 Reglas de Brasilia, y de los Principios y Directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad -agosto 2020-, entre otras y bajo los estándares internacionales en la materia (arts. 75 inc. 22 y 23, 15 de la Constitucional Provincial, 1 y 2 del CCyCN, CIDH, Caso Furlan y Familiares vs. Argentina sent. 31/8/2012).
De modo preliminar he de destacar que la posibilidad de ejercicio del acceso a la justicia se constituye en la primera línea de defensa de los derechos, y exige que todas las personas, sin distinción alguna, tengan la posibilidad real de llevar cualquier tipo de conflicto al sistema judicial, para obtener su justa y oportuna resolución. Es decir tiene una dimensión no sólo instrumental sino fundamentalmente sustantiva.
Ello impone al Estado el deber de su garantía, que en supuestos de grupos vulnerables debe ser doblemente reforzada mediante acciones positivas, e implica que el principio de igualdad, las condiciones de accesibilidad y efectividad deben orientar la intervención del Estado, en especial tratándose de personas a las que el sistema normativo les reconoce y otorga una doble protección. (conf. arts. 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional, 2, 13 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2º, inc. 3, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 15 de la Constitución Provincial)
Esta garantía comprende tres aspectos diferenciados y complementarios en tanto se integra con la posibilidad de acceso al sistema judicial en condiciones de igualdad real para el restablecimiento de los derechos, mediante un proceso que debe desarrollarse con todas las garantías que hacen al debido proceso y obtener un pronunciamiento judicial justo en un plazo razonable, extendiéndose durante su ejecución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos último intérprete de los tratados de derechos humanos del sistema interamericano ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana y en reiterados pronunciamientos ha sostenido que la garantía de un recurso judicial efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención” (caso Cantos vs. Argentina. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 52, entre otros) y debe realizarse en condiciones de igualdad real (caso Furlán vs. Argentina del 31 de agosto de 2012, cons. 267, entre otros).
Desde este contexto, en consideración al trámite que se ha dado a las cuestiones vinculadas al conocimiento de actuaciones iniciadas en otra jurisdicción a fin de establecer si el actor se encontraba restringido en el ejercicio de su capacidad, y la etapa en la que se encontraba el presente proceso al tiempo de resolverse la caducidad de la instancia, adelanto que propondré al acuerdo la nulidad de la sentencia por considerar que en el caso ha sido vulnerada la garantía de acceso a la justicia de B. D. V. (arts. 2, 5, 12, 13 de la CDPD, 8 y 25 CADH, 15 C.Pcial).
V. A los fines de establecer la plataforma fáctica a partir de la cual inicio el análisis, haré una breve reseña de lo actuado en la instancia.
1. La demanda es promovida el 12/8/2013 por la progenitora del actor -Sra. Nancy. Roxana. Q., en su carácter de curadora provisoriaadjuntando certificado de discapacidad del actor, acreditándose posteriormente su designación y aceptación del cargo (v. demanda de fs. 237/256 y constancias de fs. 26, escrito de fs. 260, res. fs. 261, oficio de fs. 262, y resolución de designación de curadora provisoria de fecha 18/9/2012 y acta de aceptación de cargo del 26/10/2012 -fs. 265/264)
En lo que aquí interesa expuso que desde la ocurrencia del accidente de tránsito que motiva la acción -12/08/2011- el actor de 21 años de edad, ingresó al Hospital en un crítico estado de salud y que como consecuencia de las gravísimas lesiones padece un altísimo grado de incapacidad. Indica que el médico de policía en la IPP, determinó que ingresa al nosocomio “en estado comatoso, con fractura de seno maxilar izquierdo y orbita, fractura de fémur derecho y muñeca derecha, hemotórax derecho, contusiones en ambos campos pulmonares, traumatismo escrotal, traumatismo uretral, traumatismo ocular y heridas cortantes varias en todo el cuerpo”. Señala que el profesional determinó que las lesiones eran gravísimas y comprenden “estado permanente de postración, desconexión con el medio, afásico (imposibilidad de hablar y comprender) abolición de funciones intelectuales básicas (atención, memoria) alteración de percepción, abolición de las funciones intelectuales superiores (juicio y razonamiento), secuelas de traumatismo de miembros superiores e inferior derecho, movilidad de los miembros involuntaria” y que al tiempo del examen se encontraba con alimentación por gastrostomía y sonda vesical permanente, con apoyo constante de enfermería y kinesiología. (v. demanda fs. 242/243.
Reclamó daño moral, daño psíquico, daño futuro, lucro cesante, gastos terapéuticos futuros y daños materiales.
Ofreció en esta oportunidad como prueba informativa -entre otras pruebas- el libramiento de oficio al Juzgado de Primera Instancia de Familia del Distrito 12 de la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, a fin de que se remita fotocopia certificada de las actuaciones caratuladas “V. B. D. s/ Incapacidad Curatela” -expte. 3445/12-, y se informe el estado del proceso y la designación de curador. (v. fs. 251/vta).
Es en mérito a ello que se dio intervención al Asesor de Incapaces (v. res. de fs. 261), quien tomó intervención el 17/11/2014. El representante del Ministerio Público solicitó se designe audiencia con el actor y su curadora provisoria, a la que no se hace lugar (v. presentación de f. 269 y res. de fs. 270)
Luego de ello no obra constancia de la intervención del Ministerio Pupilar durante el trámite del proceso, hasta que se le corre vista previo al dictado de la sentencia. En esta oportunidad la Asesora de Incapaces se presenta y formula peticiones, a las que haré referencia (v. presentación del 22/4/2022)
En la secuencia del procedimiento, el día 20/7/2020 el letrado apoderado del codemandado Palotini, solicita se decrete la caducidad de la instancia según lo establece el art. 310 y ssgtes. del CPCC, lo que es proveido el 21/7/2020 ordenando el magistrado intimar al actor a continuar con la acción bajo pena de caducidad. La actora impulsa el proceso el 23/7/2020.
En lo que aquí interesa obra certificación de prueba del 24/11/2021 y ese mismo día el codemandado Palotini desiste de la prueba pendiente y solicita caducidad y negligencia respecto de la prueba pendiente de la actora. Asimismo, el 25/11/2021 la citada en garantía desiste de la confesional pendiente.
El 29/11/2021 el magistrado tiene por desistida la prueba pendiente, decreta la caducidad de la prueba testimonial de la actora y le da traslado del acuse de negligencia.
El 25/3/22 la codemandada pide se decrete la negligencia de la prueba pendiente de producción, lo que es proveído el 31/3/2022, resolviendo el magistrado declarar "la negligencia de la parte actora en la producción de las pruebas: informativa dirigida al Registro de la Propiedad Automotor de la Pcia. de Bs. As., Juzgado de 1° Instancia de Distrito Nro. 12 Familia de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. de Sante Fe y FARQ S.R.L.; instrumental; pericial neurológica y pericial psicológica ofrecidas por la parte actora".
Ante la solicitud del pedido de dictado de sentencia por la codemandada (v. presentación del 12/4/2022) el juez ordena la vista al Asesor (v. res. del 18/4/2022).
El 22/4/2022 la Asesora, sin cuestionar el trámite seguido sin su intervención, solicita “como medida para mejor proveer, previo al dictado de la sentencia, debera la parte actora acreditar el cumplimiento de lo preceptuado por el art. 40 del Código de Fondo respecto del Sr. V. B. D., esto a los fines de determinar su capacidad actual para participar por si en el presente proceso, siendo que la sentencia de grado refiere a derechos patrimoniales y personalisimos.” y “como ajuste razonable, a los fines de no dilatar perniciosamente el derecho del Sr. V., y hasta tanto , si es que asi VS lo estima, se solicite la remisión de aquellas actuaciones al Juzgado en turno con competencia material para el proceso de restricción de capacidad juridica, y como anticipo probatorio , se oficie al ET del Juzgado de Familia para que proceda a la evaluacion de B. D. V.”, con más la posterior readecuación del proceso por la actora.
Esta presentación es proveída el 26/4/2022 requiriéndose a la actora que informe el estado de las actuaciones vinculadas a la capacidad del actor, presentándose la accionante el 2/5/2022. Allí solicita “a) Suspender plazos procesales y/o pase de actuados a dictado de Sentencia Definitiva . b) Se Oficie a Juzgado de Primera Instancia de Familia de San Lorenzo (Santa Fe), a los efectos de que remita Expte n. 3445/12 Autos: “V. B. D. s/Incapacidad – Curatela y/o en su defecto conforme lo determine VS , remita parte pertinente que dé cuenta de la Declaracion de Incapacidad de B. V. y todo otro dato de interés relacionado con el mismo.”
El 3/5/2022 el juez resuelve “Téngase presente lo manifestado y hágase saber a la Asesoría de Incapaces Deptal., a sus efectos”. Y ordena que “Previo a considerar el dictado de la sentencia definitiva, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia de Familia de San Lorenzo (Santa Fe), en los términos de la ley 22.172, a los fines de que dicho organismo informe respecto el estado actual de la declaración de incapacidad decretada en relación al Sr. B. D. V. en el expediente Nro.3445/12 caratulado “V. B. D. s/ Incapacidad – Curatela" y/o cualquier otro dato de interés relacionado con el mismo “. La Asesora se notifica el 5/5/2022.
El 22/8/2022 el codemandado realiza una presentación en los siguientes términos “Atento la resolución de fecha 03/05/22 y toda vez que la parte actora no ha cumplido con el confeccionamiento y posterior diligenciamiento del oficio allí ordenado, pido se lo intime por el plazo de CINCO (5) días a cumplir con la manda legal allí impuesta, bajo apercibimiento de procederse al dictado de la sentencia con las constancias de autos.-“ El 22/8/2022 el juez resuelve, no hacer lugar a la intimación, sin perjuicio de ordenar a la actora que en el plazo de ley cumpla con lo ordenado el 03/05/22, librándose el oficio el 26/8/2022. El 12/9/2022 la codemandada solicita se intime a la actora a que acredite el diligenciamiento del oficio bajo apercibimiento de ley. El 13/9/2022 el juez no hace lugar a la intimación sin perjuicio de requerir a la actora que acredite el diligenciamiento del oficio. Luego de suscitadas circunstancias vinculadas a la recepción y/o impresión del oficio para su diligenciamiento (v. presentación del 19/9/2022, res. 20/9/2022, escrito del 27/9/2022) el juez resuelve el libramiento de oficio en formato papel (v. res. 27/9/2022), y confeccionado fue observado por el organismo.
El 16/4/2023 el codemandado Cerfoglio solicita que se dicte sentencia en atención al tiempo transcurrido desde la orden de libramiento del oficio. El 17/4/2023 el juez resuelve “Previo a lo solicitado, a fin de evitar futuras nulidades, requiérase nuevamente a la parte actora a los fines de que, en el término de ley, proceda a dar cumplimiento con el oficio ordenado con fecha 03/05/2022.”
En este marco se presenta la actora el 5/5/2023 y expresa que “teniendo en cuenta el domicilio real del Sr. B. V., corresponde al Dto. Judicial Necochea pone de conocimiento a V.S. se procederá de forma inmediata a requerir al Juzgado de Primera Instancia de Familia de la localidad de San Lorenzo Pcia. (Santa Fe) por intermedio de Letrado Patrocinante de la Familia V., quien promoviere dicho proceso, la remisión de los actuados donde se ventila la declaración de Incapacidad del Sr. B. V. al Juzgado de Familia competente de nuestro departamento Judicial a los efectos de culminar con la diligencia. En consecuencia, solicito se tenga presente y se suspender pasos procesales al respecto.”
El 8/5/2023 el juez sin resolver el pedido de suspensión del procedimiento dispone “Téngase presente lo manifestado y hágase saber a las partes y a la Asesoría de Incapaces interviniente, en virtud de lo requerido por esta última con fecha 22/04/2022.”
Sin que se advierta alguna actuación o resolución dirigida a resolver la suspensión del procedimiento solicitada por la parte actora, el codemandado Palotini solicita se declare la caducidad de la instancia (v. presentación del 5/12/2023) la que es resuelta en la sentencia apelada de fecha 13/12/2023, sin haberse dado previa vista al Asesor de Incapaces. Finalmente, la Dra. Tambussi el 18/12/2023 se notifica de la resolución y expresa que el decreto de caducidad de instancia es de criterio restrictivo; que resta determinar si la parte actora goza de capacidad plena o restringida; señala que "Siendo la caducidad y la eventual prescripción una afectación de derechos a una persona supuestamente con capacidad restrigida, hasta tanto no haya certeza resulta impropia la caducidad". Solicita se suspenda todo plazo, especialmente el que corre en relación a la firmeza de la resolución en cuestión, hasta tanto se haga del expediente, para corroborar ciertos extremos y dictaminar conforme estilo. Este pedido de suspensión es rechazado.
1.2. Mientras esta secuencia se daba en el presente proceso, el Juzgado de Familia del Distrito N° 12 a instancias de la actora -según la presentación que se realizara en el proceso de restricción de capacidad con fecha 17/8/2023.- se declara incompetente y remite las actuaciones a este Departamento Judicial, las que son recibidas el 19/9/2023 (v. res. expediente digitalizado el 16/4/2024)
En el marco del expediente remitido, que es radicado en el Juzgado de Familia Nro. 2 bajo el nro 4818/23 y caratulado V. B. D. s/ determinación de la capacidad jurídica, se declara con sustento en el dictamen del Equipo Técnico la restricción de la capacidad del actor cuyo diagnóstico es "cuadro neurológico severo secuelar a politraumatismo sufrido en el año 2011". Asimismo se designan como apoyos de B. D. V., a la Sra. Nancy. Roxana. Q. y al Sr. Ricardo. Rubén. V., para los actos de administración y disposición de bienes mediante actos entre vivos con autorización judicial, para la realización de gestiones administrativas relacionadas al causante, para iniciar e intervenir en procesos judiciales y/o administrativos en los cuales el mismo sea parte, realizar trámites complejos y/o tomar decisiones que excedan la administración mensual y que puedan afectar su patrimonio, como así también para lo referente a la atención de la salud, incluyendo la facultad de proporcionar el consentimiento para el suministro de la medicación y el cumplimiento del tratamiento psiquiátrico. (v. sentencia del 5/8/2024)
2. Es decir que de lo actuado surge que mientras se solicitaba la caducidad y se resolvía la perención de la instancia, las actuaciones que se requirieron por oficio, se encontraban radicadas desde el mes de septiembre de 2023 en este Departamento Judicial, es decir con anterioridad al dictado de la resolución apelada.
Se evidencia además, que el requerimiento de las actuaciones fue pedido por la Asesora de Incapaces como medida para mejor proveer a fin de garantizar los derechos del actor. Medida que fue impuesta a la curadora provisoria del actor como carga procesal, esto es sin ejercerse facultades instructorias y oficiosas por parte del juez, las que adquieren una especial dimensión en casos como el presente donde se encuentra en juego derechos de la persona con discapacidad, la garantía de acceso a la justicia y el derecho a una reparación plena.
Sobre este aspecto ha de recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que incumbe a los jueces la búsqueda de soluciones congruentes con la urgencia ínsita en los temas de discapacidad, para lo cual deben encauzar los trámites por carriles expeditivos y evitar que el rigor de las formas conduzca a la frustración de derechos que cuentan con una tutela constitucional. (conf. CSJN fallos 336:2333)
Es el propio magistrado quien el 17/4/2023 ante el pedido de dictado de la sentencia formulado por la parte demandada, dispone “previo a ello, a fin de evitar futuras nulidades” requerir al actor que acredite el cumplimiento del oficio para la remisión de las actuaciones.
No advierto razón alguna para que esa eventual nulidad no hubiese sido valorada al tiempo de decretarse la caducidad de la instancia -se reitera sin previa vista al Asesor-, no sólo en atención al disímil criterio entre una y otra decisión, sino porque se omitió toda consideración de los derechos y garantías que se encontraban comprometidos en el caso.
Y ello importó una denegación de justicia y la frustración de los derechos del actor de obtener un pronunciamiento que resolviese su reclamo, luego de tramitarse el proceso por más de diez años y concluido el periodo probatorio, en clara inobservancia de la garantía de protección judicial y tutela judicial efectiva del actor y de los estándares internacionales en la materia (art. 8 y 25 de la CADH, 13 de la CDPD, 15, 36 inc. 5 de la C.Pcial.)
VI. La decisión apelada, teñida de un rigorismo que es impropio en atención a las particularidades del caso, no se corresponde con el carácter excepcional (CSJN: fallos 311:655), de interpretación restrictiva y favorecedora del mantenimiento de la vitalidad del proceso, debido a las consecuencias que dicho instituto produce, máxime teniendo en consideración la etapa procesal en la que se encontraba el proceso -próximo al dictado de la sentencia- (SCBA, LP L. 121389 S 31/08/2020; SCBA LP C 121212 S 13/12/2017; SCBA; Ac. y Sent. de 1978-II- 208 o DJBA 115-226. expte. 10061; reg. int. n°128 (S) del 07/12/2016, expte. 14398 reg. elec. 107 (RS) sent. del 4/9/2024).
Fundamentalmente la resolución apelada vulnera garantías convencionales y constitucionales específicas y diferenciadas reconocidas a las personas con discapacidad, en especial la de acceso a la justicia, y ello la descalifica, como acto jurisdiccional válido.
En efecto, de lo reseñado hasta aquí se evidencia un trato discriminatorio del actor con motivo de su discapacidad, en tanto no sólo no se adoptaron medidas afirmativas, y/o ajustes razonables y/o de procedimiento en los términos del artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26378 y 27044), sino que además se denegó aquella medida que, en su resguardo, fue solicitada por el actor al peticionar la suspensión del procedimiento hasta la remisión de las actuaciones a este Departamento Judicial. (conf. Guía de Buenas Practicas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad SCBA, pag. 24)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en referencia al artículo 13 de la CDPD ha sostenido que este instrumento “contiene un artículo específico sobre los alcances del derecho al acceso a la justicia y las obligaciones que los Estados deben asumir frente a personas con discapacidad. En particular, se indica que: i) los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares…” (parraf. 137, en similar sentido parraf. 196, 241, Furlan y Familiares vs. Argentina, sent. del 31/8/2012).
Interpretó además en el antecedente referido que “el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de trato arbitrarias, y una concepción positiva relacionada con la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Asimismo, la Corte ha señalado que el derecho a la integridad física, psíquica y moral, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, no sólo implica que el Estado debe respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana” -parr. 267- (conf. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General 18, No discriminación, 10/11/89, CCPR/C/37, párr. 7; Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 92).
En esa misma línea señaló que “las personas con discapacidad deben disfrutar de un verdadero acceso a la justicia y ser beneficiarios de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses” -párraf. 268-.
En el caso se advierte una invisibilización del actor en el proceso, en franco soslayo a su consideración como sujeto de derecho en igualdad de condiciones con los demás y a la garantía de acceso igualitario al sistema de justicia. (arts. 8 y 25 de la CADH 3, 5 12, 13 de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, Observación Gral Nro 1 Comité de las Personas con discapacidad -cap I, II, III, “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, ONU, 2020, -principios 3, 4, 5-; Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad -actualización 2018- Cap.I Sección 1, Sección 2 apartados 1 y 3, Cap. II, Secc. 4, Cap. III- “Guia de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”, res. SC 214/2024 S.C.B.A., I.I., I.V., I.VI.). Ello no sólo por no haberse tratado este caso desde un enfoque diferenciado, preferencial, singular y especializado para la tutela efectiva y oportuna de los derechos del actor (Guía de buenas prácticas para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad, res. SC 215/2024 SCBA -pag. 29), sino porque es inadmisible que el incumplimiento de una medida dispuesta por el Juez a pedido del Ministerio Público para resguardar los derechos y garantías del accionante y evitar nulidades, - que fuera impuesta como carga procesal a su curadora provisoria- pueda conducir a la declaración de caducidad de la acción promovida en procura de su derecho a una reparación plena de los perjuicios que habría sufrido como consecuencia del siniestro, en resguardo a su derecho a la integridad física y psíquica y a la atención de su salud (arts. 5 CADH, 1, 2, 3, 1740 y cc del CCyCN).
Máxime cuando la finalidad de tal medida ya se encontraba abastecida -al menos en gran medida- con la remisión del expediente al Juzgado de Familia local previo al decreto de caducidad que aquí se anula, lo que evidencia que esa decisión padece de un formalismo impropio para los intereses en juego, tal como sostuve en los párrafos precedentes. En mérito a las consideraciones realizadas y las normas citadas, propongo al acuerdo declarar la nulidad de la sentencia, debiendo por la instancia proveerse lo pertinente para la continuidad del proceso hacia el dictado de la sentencia definitiva con previa y necesaria intervención de la Asesora de Incapaces, quien eventualmente podrá formular las peticiones que considere pertinentes en atención al estado del proceso y la representación complementaria que ejerce, recomendándose la actuación de los operadores en el marco de las normas y estándares convencionales que han sido analizados y con la celeridad que el caso requiere en atención al tiempo ya transcurrido, lo que también deberá ser observado por los letrados intervinientes. (conf. Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, SCBA. Res. 214/2024)
Imponer las costas de ambas instancias al codemandado solicitante de la caducidad, y que fue actualizado al contestarse el memorial. (art. 68, 69 del C.P.C.C.)
Voto por la NEGATIVA El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ANA CLARA ISSIN DIJO:
En atención al resultado que de la votación de la cuestión anterior corresponde: 1) Anular la sentencia del 13/12/2023 que decreta la caducidad de la instancia, por ser vulneratoria de la garantía de acceso a la justicia en perjuicio del actor. (conf. arts. 75 inc. 22 y 23 de la C.N., 1, 2, 5, 8 y 25 de la CADH 3, 5 12, 13 de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, Observación Gral Nro 1 Comité de las Personas con discapacidad -cap I, II, III, “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, ONU, 2020, -principios 3, 4, 5-; Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad -actualización 2018- Cap.I Sección 1, Sección 2 apartados 1 y 3, Cap. II, Secc. 4, Cap. III- “Guia de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”, res. SC 214/2024 S.C.B.A, y demás normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión) 2) En consecuencia, el magistrado interviniente deberá proveer lo pertinente para la continuidad del proceso hacia el dictado de la sentencia definitiva con previa y necesaria intervención de la Asesora de Incapaces, quien eventualmente podrá formular las peticiones que considere pertinentes en atención al estado del proceso y la representación complementaria que ejerce, recomendándose la actuación de los operadores en el marco de las normas y estándares convencionales que han sido analizados y con la celeridad que el caso requiere en atención al tiempo ya transcurrido, lo que también deberá ser observado por los letrados intervinientes. (conf. Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, SCBA. Res. 214/2024 y normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión) 3) Imponer las costas de ambas instancias al codemandado solicitante de la caducidad, y que fue actualizado al contestarse el memorial. (art. 68, 69 del C.P.C.C.) 4). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. ( art. 31 ley 14967)
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 6 de septiembre de 2024 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: 1) Anular la sentencia del 13/12/2023 que decreta la caducidad de la instancia, por ser vulneratoria de la garantía de acceso a la justicia en perjuicio del actor. (conf. arts. 75 inc. 22 y 23 de la C.N., 1, 2, 5, 8 y 25 de la CADH 3, 5 12, 13 de la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, Observación Gral Nro 1 Comité de las Personas con discapacidad -cap I, II, III, “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”, ONU, 2020, -principios 3, 4, 5-; Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad -actualización 2018- Cap.I Sección 1, Sección 2 apartados 1 y 3, Cap. II, Secc. 4, Cap. III- “Guia de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”, res. SC 214/2024 S.C.B.A, y demás normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión) 2) En consecuencia, el magistrado interviniente deberá proveer lo pertinente para la continuidad del proceso hacia el dictado de la sentencia definitiva con previa y necesaria intervención de la Asesora de Incapaces, quien eventualmente podrá formular las peticiones que considere pertinentes en atención al estado del proceso y la representación complementaria que ejerce, recomendándose la actuación de los operadores en el marco de las normas y estándares convencionales que han sido analizados y con la celeridad que el caso requiere en atención al tiempo ya transcurrido, lo que también deberá ser observado por los letrados intervinientes. (conf. Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, SCBA. Res. 214/2024 y normas, jurisprudencia y doctrina citadas en la primera cuestión) 3) Imponer las costas de ambas instancias al codemandado solicitante de la caducidad, y que fue actualizado al contestarse el memorial. (art. 68, 69 del C.P.C.C.) 4). Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. ( art. 31 ley 14967)
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes y funcionaria interviniente (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Dr. Carlos Sajarne (Apod.)
Hector Cerfoglio (Dra. Verónica Carro)
Dr. Juan Manuel Iovine (Apod. codem. Palottini)
Dr. Mariano La Battaglia (Apod. Ctda en garantia)
Gaston Fernandez (Dr. Juan Spinelli)
Dra. Corani Tambussi (Asesora de Incapaces)
Fin de la sentencia