Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8228 FOLIO Nº 100/103 PROT. ELECT. JR101104I.231
Río Gallegos, 07 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada "V.B.G. S/ Dcia. Les. Leves, Amenazas y Pta. Infr. Ley 26485" - Expte. Nº V - 15532- Apelación/Causa JR Nº 7785/22, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 91/100vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Río Turbio, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado ORU, en orden al delito de "Lesiones leves doblemente agravadas -por mantener una relación de pareja y por mediar violencia de género-”, arts. 89, en función de los arts. 92, 80 inc. 1 y 11 del CP, y “Amenazas” arts. 149 bis primer párrafo del CP, ambos en concurso real entre sí en función del art. 55 del CP, en aplicación de la ley 26485 y 24632; en tanto que en su punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000). Que a fs. 103/109, la defensa apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 114 (conf. código de validación d2362769) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
I. Seguidamente se abordarán cada uno de los agravios por separado en el orden propuesto por la parte recurrente.
1. Se agravia la defensa del procesamiento dictado, indicando que es evidente la falta de elementos probatorios que lo justifiquen.
Plantea que la a quo podría haber profundizado la investigación antes de decidir la suerte procesal de su defendido ya que, tanto las supuestas constancias médicas como las testimoniales aportadas dejan al descubierto una total ausencia de elementos probatorios, quedando en manos del juzgador solamente la denuncia, y con ello inconstitucionalidad palmaria.
Atento al hecho de lesiones la recurrente cita fragmentos de la denuncia y de su ratificación explicando que la denunciante se contradice al relatar dichas versiones, y resalta el hecho que el imputado desmintió en su declaración los dichos de la Sra. V.
De la misma forma, señala que la Sra. B. amiga de la víctima, se contradice en las declaraciones en sede policial y judicial. Indica que habría omitido en su primera declaración que ésta recibió un llamado de la hija de V. y pudo supuestamente escuchar la discusión, y que ello no se acreditó en el expediente, no constando investigación alguna con respecto al presunto llamado. Que, respecto al agravante por mediar violencia de género indica que ello no surge en el expediente, y que la presunta violencia sindicada a su pupilo procesal contra la Sra. V no califica como violencia de género.
En este sentido explica que por desacuerdos se desarrolló una discusión que derivó en un forcejeo mutuo, resultando ambos con secuelas y que dicho altercado quedó acreditado en la declaración testimonial de la Sra. B quien expresó que: “...O le recriminaba amistades en el teléfono, y la gente con la que se gustaba…”.
Agrega que no es un dato menor el hecho que los únicos testigos en dicha discusión han manifestado el estado emocional que se encontraba tanto la Sra. V. con el Sr. U., lo cual no ha sido tenido en cuenta.
Añade que el certificado médico acompañado al presente proceso fue realizado por una compañera de trabajo de la Sra. V, ya que la misma trabaja en el nosocomio local del sector de guardia, por lo que la señora G pierde objetividad, dado que la misma conocía a la pregunta víctima y compartía en el lugar de trabajo.
Que todas estas cuestiones analizadas en contexto dan a su defendido claramente el beneficio de la duda consagrado en el artículo 4 del CPP., considerando que quedan elementos probatorios que valorar antes de considerar, prima facie, a su defendido como autor del delito de lesiones leves.
Concluye manifestando que claramente se trata de una discusión de pareja que deriva de un acontecimiento de infidelidad por parte de la Sra. B hacia su defendido, y que ante la situación de encontrarse expuesta su moral, decide radicar una denuncia contra su defendido, sin más pruebas que aportar que su propio relato y el de allegados.
Ingresando al desarrollo de este primer agravio debo decir que contrariamente a lo indicado por la defensa, no se aprecia que la denuncia de la víctima sea la única prueba que justifique el procesamiento, entendiendo que tanto el certificado médico de fs. 04, la declaración testimonial de la Sra. B. fs. 15/vta., la Cámara Gesell de fs. 69, los informes psicológicos de fs.36/41., entre otros, son elementos de convicción válidos, que valorados en su conjunto permitirían argumentar -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados. En efecto, los dichos de la víctima guardan plena coincidencia con el certificado médico, expedido por la G., a saber: “...tumefacción en región maxilar inferior izquierda, excoriación en cuello cara externa izquierda, hematomas y eritemas varios en ambos antebrazos y brazos, todas las lesiones de reciente data…”.
Sobre la validez probatoria del instrumento, advierto que el hecho que la Sra GD trabaje en el hospital no evidencia que mantenga un vínculo de amistad o cercanía con la denunciante, considerando que ésta actuó en calidad de profesional.
En este sentido, no encuentro contradicciones en las declaraciones de las Sras. V y B, más aún, las pruebas señaladas permiten evidenciar la concordancia en las circunstancias de modo, tiempo, lugar y personas, lo que permitiría inferir que los hechos acaecieron según lo relatado por la denunciante, motivo por el cual, también compartimos la postura a la que arribó la a quo respecto de la defensa del imputado: “...las que analizadas…” -refiriéndose a las pruebas aportadas por la defensa- “...resultan poco objetivas en relación a los hechos, teniendo en cuenta que las lesiones que presentaba la víctima V no sólo fueron certificadas sino también dicha situación fue evaluada por la perito psicóloga quien vino a respaldar lo manifestado por la víctima, dando cuenta de los factores de riesgo existentes, los que valorados resultaron en un grado medio que podría incrementarse (...) lo manifestado por el encartado no alcanza para desvirtuar las pruebas expuestas y analizadas a lo largo de la presente…” (fs. 99/vta.).
En consecuencia, advierto que el argumento de la defensa -referido al agravante aplicado- consiste en eludir la circunstancia de que del caso en análisis se podría evidenciar una cuestión de violencia hacia la mujer, y que no correspondería catalogar lo ocurrido como una simple discusión, altercado o pelea de pareja, apreciándose posible naturalización de violencia por parte de éste o negación de la misma, ello en concordancia con lo detallado en el informe psicológico: “...prevalecería como mecanismo la negación, es decir tendría a negar todo aquello que le resulte displacentero, lo que generaría una situación de permanente tensión…” (fs. 37vta.). En efecto, entendemos que existen indicadores que permitirían asumir la existencia de violencia de género, así, la manera de reaccionar del imputado denotaría el poder de superioridad con respecto a ésta, que según surge de la denuncia judicial, el imputado se habría ofuscado y, en el momento en que la denunciante estaría tomando un baño, éste la habría tomando del pelo y del brazo para llevarla a la habitación, para posterior agredir mediante un golpe en la mandíbula y continuar su agresión momento después.
Así, se ha dicho jurisprudencialmente “el marco de una situación de “violencia doméstica” y “violencia de género” (...) obliga a los operadores judiciales a analizar el mismo con prudencia y en función a las obligaciones asumidas por la República Argentina, a través de instrumentos internacionales de rango constitucional, entre los que se destaca principalmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belén do Pará”), que describe a esa especie de violencia como constitutiva de “una violencia de los derechos humanos y libertades individuales” de las mujeres” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).
Por si fuera poco, recordemos que en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). Por todo lo expuesto, se considera que la Sra. Jueza valoró cada una de las pruebas en concordancia con las formalidades exigidas del debido proceso, con lo cual no se advierte que el auto recurrido vulnere derechos ni garantías constitucionales como lo alega la defensa.
2. Respecto al delito de amenazas plantea que se trata de una frase proferida en situación de enojo, ofuscación, resentimiento o reclamación, ante el hecho de anoticiar de las infidelidades de la Sra. V. resaltando el hecho que -según testimonios de la denunciante, de su amiga y el sonido- sería la primera vez que su defendido habría actuado de tal manera, expresando la menor que la agresión era mutua entre las partes. Realiza una breve explicación del tipo penal de amenazas, indicando que las mismas deben tener la aptitud suficiente para provocar amedrentamiento, considerando que las expresiones o manifestaciones, producto de confrontaciones o discusiones entre partes, como el caso de marras, no deberían tipificarse como amenazas.
3. La defensa se agravia de la calificación legal. Explica que la a quo califica el hecho como "Lesiones leves doblemente agravadas -por mantener una relación de pareja y por mediar violencia de género”, arts. 89, en función de los arts. 92, 80 inc. 1 y 11 del CP, y “Amenazas” arts. 149 bis primer párrafo del CP, ambos en concurso real entre sí en función del art. 55 del CP. Por resultar los agravios 2 y 3 similares en su contenido, se les dará tratamiento de manera conjunta.
En relación a la crítica referida a la calificación atribuida, la Instrucción explicó con sólidos fundamentos la razón que la llevó a encuadrar el hecho en función de lo previsto por el art. 89, 92, en función de lo dispuesto en el art. 80 inc. 1 y 11, y 149 bis primer párrafo del Código Penal, provisoriamente calificado como “Lesiones leves doblemente agravadas -por mantener una relación de pareja y por mediar violencia de género- y Amenazas”. Sin embargo, es criterio de esta Alzada, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones Nº 8013/22, 8370/23 y 8190/23, entre otras. Por todo lo expuesto el presente tampoco tendrá acogida favorable.
4. Por último, señala la defensa en el desarrollo de sus agravios que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000) resulta excesivo y sin fundamento alguno, el cual solo provocara una inhibición de bienes en su defendido sin justificación fáctica ni jurídica.
En efecto, el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a ORU y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 100, los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Por lo que debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso ORU.
II. Formula reserva del caso federal: La defensa hace expresa reserva de concurrir ante la CSJN mediante dicho recurso por hallarse en vilo principios y derechos de raigambre constitucional; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 91/100vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva del recurso federal incoada por la defensa de ORU.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia