Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, corresponde en el marco de una primera revisión de admisibilidad (Conf. Art. 427 del C.P.P.), conceder el recurso de casación interpuesto y en tal sentido emplazar a las partes de acuerdo a lo establecido en el Art. 447 del C.P.P." En los autos caratulados: “MARCHANT, DAVID S/HABEAS CORPUS Expte. N° 41899/26, N° de Juzgado de Recursos 8422/26, procedentes del Juzgado de Instrucción 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Ahora bien, en primer lugar y respecto del agravio que hace foco en una pretendida irregularidad por la demora en la tramitación del habeas corpus, entiendo al igual que la defensa, que dados los plazos que se establecen para la misma, la argumentación utilizada por el actuario no puede sostenerse. Que no se encontrara de turno el Juzgado o que no le corresponda por estar el detenido a disposición de otra sede judicial, no justifica la demora en girar las actuaciones a quien entienda debe resolver, dada la naturaleza de la acción intentada. Asimismo, el artículo 29 del Reglamento para la Justicia, establece en su artículo 29 (texto según acuerdo 1581) lo concerniente a la presentación de escritos fuera del horario hábil de Tribunales, y si bien el mismo regula la presentación personal ante el actuario, lo cierto es que el mismo tiene vigencia en cuanto a las presentaciones de escritos vía los sistemas informáticos, demandando por parte del funcionario, un simple control del sistema. …
TOMO: CXXIII REGISTRO: 015 FOLIO: 146/163
Caleta Olivia, 12 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “V. B. S/ HABEAS CORPUS” Expte. N° *****/26, N° de Juzgado de Recursos 8571/26, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Que a fs. 01 la Sra. Defensora Pública Oficial Nro. 2 de Caleta Olivia, doctora Ximena Paola Villares, efectúa presentación comunicando en el marco de los autos “V. B. S/ HABEAS CORPUS” Expte. N° *****/26, que al día 10 de agosto de 2026, su defendida, B. N. V., permanece alojada en dependencias de la División de la Unidad de detención ubicada en la Comisaria Seccional Cuarta, lugar que no se encuentra, específicamente, destinado al alojamiento prolongado de personas detenidas de sexo femenino como tampoco se hallan otros establecimientos adecuados para mujeres en la provincia a excepción de un pabellón de la ciudad que se halla a más de 700 km de distancia, Río Gallegos, sin obtener novedades respecto a un posible traslado hasta el presente día. Que las condiciones de detención de la Srta. Vargas no han mejorado en razón a que su defendida actualmente permanece esposada pero ha cambiado el lugar de alojamiento y pasó a estar esposada en un baño de dicha unidad de planta baja, que posee gran humedad en sus paredes y piso, en el cual se encuentra ubicado un colchón y debajo del mismo un pedazo de cartón que resulta insuficiente para contener la humedad y el frio de dicha instalación ante lo cual debió facilitar el Comisario de la unidad una manta a su representada dado el intenso frio que transita en dicho lugar. Espacio que, por cierto, está destinado principalmente a hacer necesidades fisiológicas y no es un lugar adecuado para su detención. Que esta situación tiene lugar a raíz de cursar estado de indisposición su defendida y requiere con frecuencia higienizarse sin poseer instalaciones adecuadas el lugar de alojamiento para su permanencia.
Agrega que su asistida posee desde diciembre de 2025 dos balas alojadas en su rodilla y tibia izquierda que empeoran su condición de detención. Por lo que solicita ordene el inmediato CESE de las inadecuadas e insalubres condiciones de detención en la que se encuentra su asistida V. y se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución TOMO: 147, REGISTRO:19536, FOLIO:034/039 de fecha 4 de agosto de 2026.
A fs. 3 se realiza audiencia con la detenida B. N. V., quien manifiesta que se encuentra en un sector que es un baño, que incluso está el inodoro, pero clausurado, que eso no impide los malos olores y demás. Que la reubicación dentro de la misma comisaría fue el día anterior por la tarde. Que duerme en un colchón muy finito y con un cartón abajo que no hace parar la humedad, y que además transpiran los azulejos. Que está menstruando y que eso no solo le ocasiona molestias personales sino de higiene. Que necesita un lugar adecuado, que está aislada, no puede salir ni al patio, porque también son todos hombres los internos. Que hace todo allí, su comida, come ahí, que es de 1 x 1 metro, que no tiene ventilación ni método alguno de calefacción, que no llega la calefacción central. Que se abriga con una colcha que le dio el comisario.
A fs. 4 el Sr. Juez de Instrucción Subrogante, resuelve: “Visto que la Defensora Oficial Nro. 2 Dra. Ximena Villares, interpone nueva acción de habeas corpus en representación de su pupila B. N. V., fundada en motivos que fueran objeto de tratamiento en el anterior recurso incoado bajo Expte. Nro. 42.418/26, corresponde HACER SABER que deberá estarse a lo allí resuelto. Cabe destacar que en dicha causa, el Crio. Paez a cargo de la Div. Cria. 4ta. local, ha brindado un informe detallado respecto de las reubicaciones que efectuó dentro de la misma dependencia, ante la imposibilidad de obtener un lugar en la única sede Penitenciaria para Mujeres, tal es así que el Sub Jefe de la Jefatura de Policía a fs. 35 señala que “…la totalidad de las Dependencias Policiales de toda la Provincia no poseen espacio físico adecuado que reúna las condiciones mínimas e indispensables para alojar a personas privadas de su libertad de sexo femenino…” el cual luce agregado a fs. 30/41, el cual, será puesto al debido conocimiento de la Defensa y notificado con el presente. Sumado a ello y teniendo en cuenta que en dicha oportunidad este órgano jurisdiccional se expidió respecto de las condiciones de detención denunciadas, disponiendo las medidas pertinentes a fin de hacer cesar cualquier eventual agravamiento de las condiciones de detención, corresponde concluir que los motivos manifestados en los presentes no encuadran en las previsiones del art. 3 de la Ley 23.098, en tanto no se verifica un supuesto actual distinto que habilite la intervención por esta vía excepcional; por ello, recházase in limine la acción intentada en el día de la fecha.”
Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la Sra. Defensora Pública Oficial a fs. 09/13, motivándolo en dicho acto.
El recurso es concedido a fs. 18 en relación y a un solo efecto, ordenándose la elevación de las actuaciones. Asimismo se ordena la extracción de copias certificadas de la resolución recaída en los autos “V. B. s/ Habeas Corpus”, Expte. *****/26 y de los informes del Sr. Jefe de la Div. Cria. 4ta. y Subjefe de la Jefatura de la Policía a los fines de ser agregadas, lo que se cumple a fs. 21/39. II.-Al motivar el recurso la defensa expone que su asistida B. N. V. se encuentra detenida desde el día 01/08/2026, alojada en la División Comisaría Cuarta de Caleta Olivia, dependencia que –según sus propios informes– carece de celda o calabozo apto para alojar detenidos por un período superior a las 24 horas, circunstancia que se agrava tratándose de una mujer. Que conforme surge de la Nota N° 203-4TA/2026 (03/08/2026), su asistida permaneció alojada en un espacio de tránsito de 2 x 2 metros, sin mobiliario, con un colchón en el piso, sin baño ni ducha, y esposada de manos a la estructura de una silla, en un sector que la propia dependencia calificó como carente “de las condiciones mínimas para alojar a persona alguna”.
Que la dependencia policial cursó en forma reiterada y urgente los oficios N° 199-4TA/2026 (01/08/2026), N° 201-4TA/2026 (02/08/2026) y N° 202-4TA.C.O/2026 (03/08/2026), solicitando la reubicación urgente de la detenida por “carecer de celda o calabozo acorde”, encontrarse la interna “hacinada”, y advertir que la situación “raya en la violación de normativas vigentes”. Que dichas gestiones fueron elevadas por la Subjefatura de Policía (Notas N° 306-SJP/2026 y N° 314-SJP/2026) y por la Dirección General Regional Norte (Nota N° 197-ASI- DGRN/2026) al Servicio Penitenciario Provincial.
Que la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios respondió (Nota N° 796-D.G.E.P.-S.P.P/2026, 06/08/2026) que no existen cupos disponibles, toda vez que la única Alcaidía Penitenciaria de Mujeres de la Provincia aloja actualmente quince (15) internas sobre una capacidad de doce (12) plazas, conforme Disposición S.S.A.P. N° 012/23.
Que ante ese cuadro, la propia usuaria Brenda Vargas interpuso una primera acción de hábeas corpus (Expte. N° 42382/26), en la cual el juez se expidió respecto de las condiciones de detención denunciadas y dispuso medidas tendientes a hacer cesar cualquier eventual agravamiento ilegítimo de dichas condiciones.
Que sin perjuicio de ello, con fecha 08/08/2026 –es decir, con posterioridad a lo resuelto en la primera acción– la propia Comisaría Cuarta procedió a trasladar a su asistida a un nuevo sector, consistente en un baño en desuso, según reconoce expresamente la Nota N° 212- 4TA.C.O./2026 (10/08/2026), donde la propia dependencia admite que dicho sector “tampoco reúne las condiciones adecuadas ni presenta las características edilicias pertinentes para constituirse en un lugar habitual de alojamiento de personas privadas de su libertad”. Que es en ese nuevo y agravado contexto que la Defensa interpuso la presente acción de hábeas corpus, la que fuera rechazada in límine por la resolución que aquí se recurre, bajo el argumento de que los motivos ya habrían sido tratados en el recurso anterior.
Invoca los siguientes agravios:
1. Errónea valoración de la existencia de un supuesto actual y distinto (art. 3, Ley 23.098)
Señala que la resolución apelada parte de una premisa fáctica equivocada: que los motivos de la nueva presentación son los mismos ya tratados en el Expte. N° 42382/26. Que ello no es así. Que el traslado de su asistida al baño en desuso se produjo el 08/08/2026, es decir, con posterioridad a la resolución dictada en la acción anterior, y constituye un hecho nuevo, autónomo y objetivamente más gravoso que el que diera origen a aquella primera intervención.
Que no se trata de una reiteración de queja, sino de la continuidad y agravamiento de una situación estructural de falta de alojamiento adecuado que la propia autoridad policial reconoce no haber podido resolver, y que se ha traducido en el alojamiento de una mujer detenida en un espacio sanitario en desuso, con humedad en paredes y piso, sin condiciones mínimas de habitabilidad.
Que en consecuencia, sí existe el “supuesto actual distinto” que exige el art. 3 de la Ley 23.098, y la vía del hábeas corpus correctivo resultaba plenamente procedente, por lo que corresponde revocar el rechazo in limine dispuesto.
2. Agravamiento ilegítimo y actual de las condiciones de detención Que su asistida permanece alojada en un baño fuera de servicio, con paredes y piso con presencia de humedad. Que para su descanso cuenta únicamente con un colchón apoyado sobre cartón en el piso, elementos que no logran aislarla de la humedad ni del frío, propios del sector. Que el propio Comisario a cargo debió proveerle una manta ante la insuficiencia de abrigo. Que su asistida se encuentra, además, indispuesta, circunstancia que genera la necesidad de poder higienizarse adecuadamente. Y a ello se suma la presencia de dos balas en la pierna izquierda de su defendida desde el mes de diciembre que empeoran su situación de detención por el dolor.
Que estas circunstancias no son meras alegaciones de la Defensa: que surgen corroboradas por los propios informes de la fuerza policial actuante, que fueron notificados por primera vez el día de ayer 10 de agosto del cte. a esa defensa, que en más de una oportunidad calificó el lugar como inadecuado para alojar “a persona alguna”, y advirtió sobre el riesgo de incurrir en responsabilidades por violación de normativa vigente y de derechos humanos.
3. Inexistencia de un lugar de detención adecuado y disponible para mujeres en toda la Provincia Expresa que de la propia prueba documental acompañada surge que la totalidad de las dependencias policiales de la Provincia carecen de espacio físico adecuado para alojar a mujeres privadas de libertad, y que el único establecimiento penitenciario destinado a internas (Alcaidía Penitenciaria de Mujeres) se encuentra sobreocupado –15 internas sobre 12 plazas–, sin disponibilidad de cupo, conforme fuera comunicado por la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Que no existe, en la actualidad, ningún lugar de detención en la Provincia que reúna condiciones mínimas para alojar a su asistida en condiciones dignas. Que frente a esa comprobación –efectuada por las propias autoridades administrativas y policiales, no por esta Defensa– la única respuesta jurisdiccional compatible con las garantías constitucionales en juego es hacer cesar la privación de libertad en esas condiciones, o bien sustituirla por una modalidad menos gravosa.
Que de acuerdo a las circunstancias descriptas, entiende que corresponde que se revoque la resolución apelada y, se disponga la inmediata libertad de B. N. V., por no existir en la Provincia lugar de detención disponible que reúna condiciones mínimas de habitabilidad y trato digno para su alojamiento.
Subsidiariamente, y para el hipotético caso de no hacerse lugar a lo peticionado, solicita se disponga la prisión domiciliaria de su asistida, en los términos ya solicitados por esta Defensa en la presentación efectuada por SNE de fecha 10 de agosto de 2026, código de validación 7e326dd7.
4. Perspectiva de género y estándares internacionales aplicables Destaca que el mantenimiento de una mujer detenida, esposada, en espacios de tránsito o sanitarios en desuso, sin condiciones de higiene, privacidad, abrigo ni habitabilidad, resulta contrario a los estándares que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5, integridad personal y trato digno), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), así como de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok), que exigen condiciones de alojamiento diferenciadas y adecuadas para las mujeres privadas de libertad.
Que la propia inexistencia de infraestructura penitenciaria femenina suficiente en la Provincia no puede trasladarse, como costo, a la dignidad de su asistida. Que sostener la detención en esas condiciones por razones exclusivamente estructurales u operativas de la fuerza de seguridad constituye un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en los términos del art. 3, inc. 2°, de la Ley 23.098.
Formula la reserva correspondiente al ejercicio de las vías recursivas que otorga el ordenamiento procesal y, de caso federal, atento la índole constitucional de los derechos afectados.
III.-Establecido ello corresponde ingresar al examen de lo resuelto por el A quo en función de los agravios de la recurrente.
Liminarmente, a los fines de un correcto encuadre de la acción constitucional-convencional de habeas corpus, corresponde señalar que, en los autos caratulados "N., H. J. S/ SOLICITA HABEAS CORPUS", Expte. N° ******/23, N° de Recursos 6945/23, procedentes del Juzgado de Instrucción de Las Heras, sostuve: "En relación a los restantes agravios, la ley 23.098 en su artículo 3, inciso segundo establece literalmente que: "Art. 3° – Procedencia. Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: ...2° Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere".
Como puede observarse, el legislador no estableció una serie de supuestos taxativos sobre cuales son los requisitos de procedencia del habeas corpus correctivo, sino que enunció una fórmula mediante la cual y valiéndose de conceptos jurídicos indeterminados ("Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad") dejó librado al criterio del Juez competente en la materia, la apreciación de los hechos denunciados y la decisión fundada y razonada de si los mismos subsumen en el concepto expresado en la ley. Es decir que no hay un acto u omisión que de por sí implique un agravamiento o que no lo pueda suponer, en algunos casos resultara de forma palmaria la agravación, en otros, de la misma forma resultará que no existe tal agravamiento, y en otro universos de casos el Juez deberá realizar actos necesarios para determinar si existe o no un acto subsumible en el inciso segundo del artículo 3 de la ley 23.098." Por su parte en los autos “G.
E. M. S/HABEAS CORPUS” Expte. Nº ****/23, N° de Recursos 7003/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve: "En autos el Juez si bien rechazó el Habeas Corpus, requirió informes a la Unidad Penitenciaria respecto de lo manifestado por el interno en la audiencia. Lo lógico y acertado hubiera sido que resolviera la petición luego de contar con el informe requerido, caso contrario no se comprende con qué fines lo solicita. Sin perjuicio de ello, se observa no solo del acta de constatación de fs. 7 sino también de las fotografías anexadas a fs. 8 y vta., que los baños se encuentran en condiciones de uso. En cuanto a la comida la queja del interno fue que estaba aceitosa, mas allá de calificarla por ello como en mal estado.
Por lo expuesto, considero que no se configura ninguna de las causales de procedencia del instituto. Ahora bien, no escapa a este Juzgador que la audiencia con el detenido se celebró 01 de marzo de 2023, el informe fue requerido el mismo día exspecificando que era urgente, sin perjuicio de lo cual fue evacuado por la autoridad del Servicio Penitenciario el 28 de marzo y recibido en informe en el Juzgado el 31 de marzo, es decir casi un mes después. Que esa demora no resulta compatible con la celeridad propia de este tipo de trámites, por lo que entiendo procedente que el Juez de Instrucción haga saber a las autoriades penitenciarias y policiales que los informes requeridos en los Habeas Corpus, deberán ser evcaduados en forma inmediata.
Así lo recomiendo. Finalmente, ante la falta de información que pueden evidenciarse en estos procesos al contar solo con la denuncia, a los fines que la misma sea corroborada, deberá requerirse en los plazos legales (perentorios y por horas) los informes pertinentes y luego de contar con la información necesaria, resolver en consecuencia. Cabe señalar que el rechazo de la denuncia normado en el artículo 10 de la ley 23.098 lo es cuando no existen dudas, de la lectura de la misma o de la ampliación de la audiencia por parte del accionante, que su contenido es ajeno a la procedencia de la ley, de ahí a que el rechazo opere "in límine", debiendo utilizarse el instituto de forma restrictiva, sobre todo cuando existen dudas sobre la procedencia de la acción que requieran información adicional.
Sobre este piso de marcha, cuando la improcedencia no surge clara e inconstrastable, por exceder los supuestos establecidos en la ley y no subsumir en los mismos, conforme lo explicitado supra, deberá sustanciarse mínimamente la acción, conforme lo reglado en la ley 23098 y colectarse la información necesaria que permita emitir un juicio razonable sobre la petición formulada, con carácter previo a dictar el auto que en definitiva acoja o rechace la acción. No puede perderse de vista que la ley 23.098 regula un derecho constitucional establecido en el art. 43, último párrafo, de la C.N.".- Además de ello, y respecto del agotamiento del proceso en análisis, en los autos caratulados: "LUCIANI, ALBERTO JOSÉ S/ HABEAS CORPUS CORRECTIVO” Expte.
Nº 3731/24, N° de Juzgado de Recursos 7459/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "V.-Finalmente, en atención a las manifestaciones de la defensa, en relación al control de las decisiones adoptadas por los Jueces en las acciones constitucionales-convencionales de Habeas Corpus, en las cuales son llamados a intervenir, en los autos “B. J. A. S/ HABEAS CORPUS” Expte. Nº *****/24, N° de Juzgado de Recursos 7415/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: “…Sin perjuicio de ello, en atención a lo manifestado por la Defensa, y a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado por la Sra. Jueza A quo, deberá ésta intimar al Sr.
Jefe del Servicio Penitenciario a que informe en el término de 48 hs. las medidas adoptadas para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el punto dispositivo 2 de la resolución apelada, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo o de no haber cumplido con lo ordenado, de dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que verifique la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 249 C.P.). Para este y futuros casos, la autoridad jurisdiccional interviniente deberá tener presente, en cuanto decrete medidas que deba cumplir la autoridad administrativa, dispuestas en el ámbito de la acción constitucional de habeas corpus (art. 43 de la C.N.), que además de la orden de las medidas, deberá requerir en un lapso de tiempo que establecerá conforme las características de las mismas, que dicha autoridad obligada por la manda judicial, informe detalladamente el cumplimiento de las mismas, como así la observación de las órdenes que deban ejecutarse de manera continua.
Todo ello deberá disponerlo, siempre, bajo apercibimiento de ley.” Es decir que, tanto las medidas probatorias que ordene el A quo antes de resolver, como las que disponga una vez emitido el auto que haga lugar a la acción, deben ser intimadas bajo apercibimiento de ley, (léase DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD art. 239 del C.P. e INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, art. 249 del C.P.), estableciéndose clara y específicamente la medida concreta como así el tiempo de su producción. Además es carga del órgano jurisdiccional verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las medidas probatorias y las órdenes que emite. Con mayor razón debe controlar expresamente aquellas disposiciones que ordena dando lugar a la acción constitucional-convencional de Habeas Corpus, la que finalizará una vez que, en dicho trámite, se encuentre debidamente acreditado el cumplimiento de las órdenes emitidas.
Es decir que la acción y la intervención del Sr. Juez de Instrucción, Juez de la acción constitucional-convencional de Habeas Corpus, no finaliza cuando emite un auto con una o varias mandas judiciales a la autoridad administrativa, sino cuando se verifica el agotamiento de la misma por su cumplimiento, pues de lo contrario, deberá iniciar la ejecución de las órdenes que impartió y correr vista de todas las actuaciones al Sr. Agente Fiscal por la eventual comisión de delitos de acción pública. El agotamiento del trámite es por cumplimiento efectivo de lo dispuesto, y su control y verificación del mismo, antes del archivo de las actuaciones, debe estar acreditado en éstas, siendo responsabilidad exclusiva del órgano jurisdiccional.
Allende la forma de auto, la resolución final que recae en el juicio e habeas corpus, una vez firme, hace “sentencia definitiva”, lato sensu, en ese proceso judicial, por lo que, reitero, una vez firme, la misma debe ser ejecutada y esa competencia recae en el Juez interviniente. El proceso deberá archivarse cuando la ejecución se haya efectivizado y se haya acreditado en dichas actuaciones." Además, en los autos caratulados: “R., M. s/ Habeas Corpus”, Expte. N° *****/24, N° de Juzgado de Recursos 7463/24, procedentes del Juzgado de Instrucción de Pico Truncado, sostuve que: "Hay que tener presente que la acción constitucional-convencional de Habeas Corpus es un proceso de excepción que, y al igual que sucede con la acción constitucional-convencional de Amparo (ambas con anclaje constitucional en el art. 43 de la C.N.) proceden cuando no existe una vía idónea para el reclamo y cuando se dan circunstancias fáctico-jurídicas que afectan los derechos humanos de rango constitucional-convencional.
Para el resto de las cuestiones, existe el procedimiento administrativo, que reglamenta el Derecho Constitucional de peticionar ante las autoridades contemplado en el art. 14 de la C.N., que en nuestra provincia ha sido reglamentado por la ley 1260 de procedimientos administrativos y el Decreto 549/94.- En síntesis, la acción constitucional-convencional de Habeas Corpus no es un proceso para canalizar las peticiones comunes dentro del sistema Carcelario, cuando se ejerce de modo “correctivo”, sino para conjurar procesos lesivos en trámite, sea por acción u omisión de la autoridad. Cuando los mismos hubieran cesado, el reclamo por los incumplimientos deberá canalizarse a través de los procedimientos civiles, contencioso-administrativos, penales, etc. que pudieren corresponder conforme la naturaleza de dichos conflictos, no siendo ésta una vía apta para establecer responsabilidad disciplinaria, lato sensu, por hechos ya acaecidos y que sus efectos hubieren cesado.
(Arg. Art. 3 de la Ley 23.098) Finalmente, en relación a las presuntas situaciones de abuso de autoridad, que las mencionadas por el interno no se aprecian tales, conforme lo ha señalado el Agente Fiscal al contestar la vista le fue corrida (vid fs.14 vta. de los presentes).-" También en los autos caratulados: "LUCIANI ALBERTO S/HABEAS CORPUS VAZQUEZ GABRIEL SIMON"
Expte. N° 3545/24, N° de Recursos 7480/24, procedentes del Juzgado de Instrucción 1 Pico Truncado, sostuve que: "Sin perjuicio de ello, no resulta correcto sostener que si el lugar de destino dispuesto no cumple con los objetivos y los fines que tuvo la orden dictada por el Juez de la acción constitucional-convencional, como esta en otra localidad, no es de su competencia territorial. Esta afirmación es un error pues el presente proceso de Habeas Corpus no se agota hasta que el Juez verifique el efectivo cumplimiento de lo que ordenó, y es esta acción y no una nueva acción como la que señala el A quo frente a otro Juez la que hará variar ello. Ello sería vulnerar las garantías del debido proceso adjetivo y someter al interno a un interminable número de acciones.
Hasta que no se agote la acción de habeas corpus por su ejecución, una vez admitida, será el Juez que previno el que deberá continuar interviniendo. Distinto el caso que surjan en el lugar nuevos hechos, de los cuales será competente el Juez del lugar donde se encuentra alojado, pero no se puede admitir que la orden que se emite, que tiende a resguardar las condiciones de detención y el régimen de progresividad se cumpla de manera deficiente o que para asegurar uno de los fines se renuncie al otro, lo que no puede ser admitido. Si en la etapa de ejecución se hace saber, sea por la defensa como por el propio accionante, que las condiciones no son las mínimas e indispensables o que el lugar del traslado garantiza ello, pero no las condiciones de progresividad, pues entonces el mismo Sr.
Juez Provincial que entiende en la causa que dispuso ese traslado, deberá seguir interviniendo. V.-Sin perjuicio de lo expuesto, uno de los principios que regulan la hermenéutica de los Derechos Humanos es el de progresividad, que junto con los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, caracterizan y establecen la forma de aplicación de los mismos. El artículo 5 inciso 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José de Costa Rica) establece expresamente que: "...Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." El principio seleccionado implica que la finalidad del mismo son las acciones posibles que, de manera gradual y sostenida, deben realizar los Estados, para avanzar en su consolidación y cumplimiento pleno y efectivo.
Del concepto expresado por la norma convencional, podemos inferir que, en este caso, la autoridad debe tender a materializar todas las acciones, en la medida de sus posibilidades, que sean más favorables para lograr un tránsito durante el encierro, que tienda a la resocialización del interno.-Por ello entiendo razonable que, en el presente caso, el A quo, recomiende a la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta las disponibilidades y cupos señalados en los informes agregados, que tenga presente un eventual traslado del interno Vazquez a un lugar de alojamiento que garantice sus condiciones de habitabilidad y progresividad, en la ciudad de su residencia.". Enlos autos caratulados:
“AGUILAR LUCAS ANDRES S/HABEAS CORPUS ”
Expte. Nº 3886/24, N° de Recursos 7552/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "IV.-Mención aparte corresponde el análisis del contenido de los presentes actuados toda vez que se trata de una acción constitucionalconvencional.Conforme surge de la lectura podemos observar que la primer acción interpuesta por el interno Judicial Aguilar fue realizado en fecha 21 de Abril de 2024, lo cual se infiere de nota N° 317-H.C-U-P. N° 1 S.P.P/24 obrante a fs. 1 , ya que del escrito propiamente dicho, al sacar fotocopia se tapo el día, observándose solo mes, año y hora. Que dicho escrito fue remitido a esa sede judicial en fecha 22 de abril de 2024 conforme surge de fs. 02.
En fecha 23 de abril de 2024 el Sr. Juez de Instrucción dispone fecha de audiencia en el marco de ese habeas corpus para el día 29 de abril de 2024, vale decir 7 días después del ingreso del recurso. Asimismo surge de fs. 03 vta y 04 la presentación de un nuevo recurso por parte del mismo interno Aguilar enfecha 24 de Abril de 2024. Expresando a fs. 05 el Sr. Juez de Instrucción que se remite su tratamiento a la audiencia fijada en primer término, esto es 29 de abril de 2024.- Por su parte a fs. 05 vta y 06 obra un tercer recurso de habeas corpus presentado por el interno Aguilar de fecha 27 de abril de 2024, al cual , el Sr. Juez de Instrucción vuelve a remitir su tratamiento a la audiencia fijada para el día 29 de abril de 2024.
Se observa un grave atraso en el tratamiento de los recursos interpuestos por el interno, siendo que dicho recurso conforme lo establece la norma, la presencia del detenido ante el juez debe efectuarse de manera inmediata. Cabe señalar que la presentación de la acción, sin los requisitos de la denuncia establecidos en la primera parte del artículo 9 de la Ley 23.098, establece la obligación de ampliuar la misma ante el Secretario del Juzgado competente. En este sentido, el citado artículo en su parte final establece textualmente que: "La denuncia podrá ser formulada a cualquier hora del día por escrito u oralmente en acta ante el secretario del tribunal; en ambos casos se comprobará inmediatamente la identidad del denunciante y cuando ello no fuera posible, sin perjuicio de la prosecución del trámite, el tribunal arbitrará los medios necesarios a tal efecto."Como surge claro, estas dos formas de interposición de la acción constitucionalconcencional de Habeas Corpus, posibilitan su inicio.
Ahora bien, va de suyo que cuando no se formula la en los términos establecidos en la primera parte del art. 9, y se utiliza el segundo procedimiento, se desconoce el pedido del interno. Por ello, y teniendo en cuenta los derechos humanos en ciernes cuando se trata de una acción como la presente, la convocatoria debe ser inmediata o, por razones de seguridad tanto del interno como del Secretario del Juzgado, en las horas siguientes, sin perjuicio de lo cual deberá mantenerse comunicación a los fines de determinar si la gravedad del hecho, implica su traslado inmediato, más allá de la hora de interposición.
Además de ello, es inexplicable en el marco de una acción constitucional (art. 43 de la C.N.), la demora tanto en la realización de la audiencia como del informe de la sede Policial. Hay que tener presente que el proceso es sumarísimo y los plazos se cuentan por horas, razón por la cual, la demora en la tramitación de la acción, allende el resultado final de la misma, debe respetarlos tanto la función jurisdiccional como la administrativa, dando lugar las demoras injustificadas, a la eventual responsabilidad administrativo-disciplinaria de los operadores intervinientes, sean de la función del Estado que fueren. Vale decir que el derecho de las personas privadas de su libertad a provocar mediante un hábeas corpus la inmediata intervención de Juez reconocido en los arts. 7, inc. 6, 8, inc. 1, y 25, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como tal tiene raigambre constitucional-convencional.
En este sentido, no basta con que la acción esté prevista por la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que debe tratarse de un instrumento jurídico eficaz para que un Juez imparcial tome conocimiento de la situación y adopte las medidas necesarias para remediarla. Por lo expuesto considero oportuno que en lo sucesivo el tratamiento de la acción de Habeas Corpus, desde el inicio, tramitación y resolución definitiva, se efectué de manera inmediata.". En los caratulados: "ESCALONA JULIO S/HABEAS CORPUS" Expte. N° 3931/24, N° de Juzgado de Recursos 7597/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Como bien se explica en los antecedentes transcriptos al hacer referencia a la denuncia de habeas corpus regulada en el art. 9 de la ley 23.098, la misma puede ser fundada en el escrito de presentación, caso contrario deberá realizarse la audiencia.
En autos debió, el A quo, al recibir la denuncia formulada por el interno, desestimarla o, en su defecto, abrir la acción, producir prueba y resolverla mediante auto fundado, haciendo lugar o rechazándola. Claramente la misma, mínimamente reunía los requisitos establecidos en la norma citada, razón por la cual, debió procederse prescindiendo de la audiencia, no teniendo implicancia directa sobre el fondo de la cuestión las negativas a comparecer del interno. No se puede perder de vista que la audiencia se celebra cuando el accionante no expresa el motivo de la acción en el escrito, cosa que si ocurrió en el presente. En este sentido, el interno cuando apela la desestimación, solo se agravia de los tiempos de demora en su concurrencia al Juzgado.
Por ello, el presente auto se inicia con el análisis de dicho agravio y de las ampliaciones formuladas por la defensa técnica. Ahora bien, en autos no hay constancias sobre la situación que motivó la acción constitucionalconvencional, y que claramente fue reseñada, relativa a la dieta que el mismo debería guardar por razones de salud.
Por ello, entiendo que el A quo deberá, de manera inmediata, requerir informe pormenorizado a la autoridad del Servicio Penitenciario donde se encuentra alojado el interno, sobre la dieta que el mismo debe practicar y el cumplimiento de la misma, para resolver la presente acción en consecuencia. Rige en esta materia, por tratarse de una acción constitucional-convencional que protege derechos de esa jerarquía, un principio de formalismo moderado, que impone, allende los agravios y lo reseñado por la Defensa Técnica, al Juzgador, de todas las instancias, agotar todas y cada una de las acciones a su alcance, para impedir que exista una vulneración, reitero, a un derecho o garantía de ese orden" .
En los autos caratulados: “OJEDA JUAN CARLOS S/HABEAS CORPUS” Expte. N° 20.632/24, N° de Juzgado de Recursos 7772/24, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Puerto Deseado, sostuve que: "Surge de la información brindada por la autoridad penitenciaria, que el interno fue sancionado por una inconducta.Ahora bien, lo que corresponde poner en tela de juicio, tal y como lo hace la A quo en el punto dispositivo II de su resolución, es la sanción impuesta, a la luz de las normas constitucionales y convencionales. En este sentido, es claramente constitucionalconvencional el régimen disciplinario que se aplica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. La sanción impuesta, es decir la suspensión de la educación por motivo de una inconducta contra una docente, también es constitucional y convencional.
Lo que es inconstitucional e inconvencional, es que esa sanción no tenga un plazo cierto de cumplimiento efectivo (no puede ser sine die), pues y tal como quedó redactada, asiste razón a la defensa, en el sentido que la misma implica la restricción de un derecho humano básico, como es la educación de la persona en situación de encierro, pues ello afecta a su futura reinserción social. La sanción no puede extenderse indefinidamente, y más aún afectando al resto de las otras materias en las que no presentó inconductas, ya que no surge la existencia de informes de otros docentes que permitan ampliar dicha sanción a otras clases. Se observa con claridad que la sanción dispuesta por el Sistema Penitenciario -pese a encontrarse fundada-, resulta inconstitucional e inconvencional, como señalé, al no establecer el tiempo de finalización.
Si bien la Jueza Subrogante dispone en apartado 2) del resolutorio que el Jefe de Alcaidía deberá procurar medidas a fin de superar la inconducta y así volver a garantizar el acceso a la educación por parte del Sr. Ojeda, lo cierto es que al no establecerse un espacio temporal, reitero, en el cual se llevarán a cabo dichas medidas, resulta claramente la directa vulneración del derecho a recibir educación en situación de encierro. Que la modalidad de la sanción sine die, por tanto, resulta una hipótesis de arbitrariedad por parte de la autoridad penitenciaria, extremo que constituye un agravamiento en las condiciones en que sucede la detención. Por ello, conforme el tiempo transcurrido, corresponde tener por cumplida la suspensión de la actividad educativa en general dispuesta respecto del accionante y asegurarle de manera inmediata el acceso a todas las asignaturas.
Respecto de la asignatura en la cual se evidenció la inconducta, previa entrevista con la docente, como así con el accionante, se deberá garantizar el acceso del mismo a dicha materia, evaluando previamente, la inexistencia de riesgo para la integridad psicofísica de la docente." En autos caratulados: “CAMINO ZARATE, SAMUEL S/ HABEAS CORPUS Expte. N° 21254/25, N° de Juzgado de Recursos 8006/25, procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "En lo que respecta a la alimentación, se observa que el Servicio Penitenciario informa que Camino Zárate se encuentra bajo régimen de dieta gastroprotectora indicado por la Lic. en Nutrición Natalia Peralta y que se le está brindando la misma, dentro de las posibilidades presupuestarias de esa Alcaidía Penitenciaria, adjuntando un breve informe médico de la Lic. en Nutrición (fs. 6/7 de este legajo remitido en formato digital e impreso en Secretaría).
Sin embargo, no se informa a esa sede judicial, cuál es el plan alimentario que corresponde al interno Camino Zárate conforme las indicaciones de la nutricionista, ni tampoco las cuáles son los alimentos que se le están efectivamente brindando. Asimismo, tampoco se informa cual es el grado o porcentaje de cumplimiento de la dieta (¿diez por ciento del suministro de alimentos? ¿noventa por ciento del suministro de los alimentos de la dieta?), y no se realiza un análisis comparativo de los eventuales costos que podría implicar una dieta como la ordenada por la nutricionista, diferente del costo que demanda la dieta de un interno común. Tampoco se informa que cantidad de detenidos posee la alcaidía en la misma situación dietaria del accionante, ni cuál sería el impacto en el presupuesto de dicho órgano penitenciario y por ende, del presupuesto del Servicio penitenciario todo, que impida su cumplimiento.
Todas estas omisiones impiden un análisis de razonabilidad, a los fines de poder determinar si existe o no un agravamiento de las condiciones de detención (art. 43 “in fine” de la C.N.), lo que implica, que corresponde hacer lugar a la acción de habeas corpus en este sentido, mantener abierta la acción hasta que se informe, en los plazos perentorios establecidos en la ley 23.091, todos los interrogantes planteados supra, y resolver, con toda la información, finalmente, si la falta de suministro de la dieta recetada, subsume en la norma constitucional, lo que deberá realizar el a quo.Asimismo, se señala que tratándose el objeto de la presente acción constitucional, la dieta (alimento diario) que debe el Estado suministrar al interno alojado, deberá el a quo requerir los informes en plazos perentorios y bajo apercibimiento de ley.
Reitero, el control de constitucionalidad y razonabilidad, sobre el trato dispensado al interno en la alimentación que se le suministra, no puede realizarse teniendo en cuenta lo informado por la autoridad penitenciaria cuando dice que se le está brindando la dieta "dentro de las posibilidades presupuestarias de esta Alcaidía Penitenciaria". Claramente, se trata de conceptos indeterminados y vagos, que impiden cualquier análisis mínimamente razonable, razón por la cual el a quo deberá, en este caso y en futuras acciones constitucionales de habeas corpus, requerir información precisa y circunstanciada y en su caso, y de corresponder, realizar las diligencias probatorias pertinentes (declaraciones testimoniales, inspección judicial, requerimiento de imágenes, etc.) a los fines de contar con la debida información para poder resolver la misma, conforme lo establecido en el bloque constitucional-convencional de derecho.
En este sentido, en los autos caratulados “Incidente de Nulidad en autos: Sr. Agente Fiscal S/ Requerimiento de Instrucción (Art. 256 del C.P.)” Expte. Nº 78.744/22, N° de Recursos 6880/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: “La Dra. María Angélica Gelli, en su obra "CONSTITUCIÓN DE LA NACION ARGENTINA, COMENTADA Y CONCORDADA, CUARTA EDICION AMPLIADA Y ACTUALIZADA, TOMO I, pág. 424, al explicar el principio de razonabilidad que surge del artículo 28 de la C.N., señala que: "El principio interpretativo de razonabilidad, de todos modos, emana de una norma operativa por lo que resulta ineludible de aplicar por todos los órganos de poder del Estado de Derecho, entendido éste, precisamente, como estado de razón.
En efecto, si lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, es decir contrario a lo carente de sustento -o que deriva sólo de la voluntad de quien produce el acto, aunque esa voluntad sea colectiva- una ley, un reglamento o sentencia son razonables cuando están motivados en los hechos y circunstancias que los impulsaron y fundados en el derecho vigente".- Sobre el concepto de "razonabilidad" se ha señalado que: "Se pueden encontrar numerosas significaciones del término "razonable", pero resulta completa la definición a la que arriba Saggese que desde el punto de vista de la ciencia del derecho el vocablo significa "aquello que nuestro ordenamiento nos indica como justo, que evidencia un juicio normal, moderado, prudente, lógico, aceptable, equitativo, adecuado a las circunstancias, conforme con el sentido común y con valores generalmente aceptados (por oposición a un juicio absurdo, censurable, excesivo, arbitrario y caprichoso).
Y desde un punto de vista más particular -considera- que en la ciencia del Derecho, lo razonable se traduce en un juicio justo y equitativo, de acuerdo con los principios del Derecho Natural." (Conforme "LA RAZONABILIDAD: SU IMPORTANCIA EN EL DERECHO DEL TRABAJO", Dra. Tejada, Dalma R. Cita: RC D 1262/2015) Es decir que el "juicio" o "razonamiento" que se formula para tomar una decisión jurisdiccional, debe reunir estas dos formas de "razonabilidad", la primera más objetiva y de carácter normativo-fáctico que tiende a establecer que la "aplicación" de la "ley", lato sensu, no puede nunca desconocer los derechos y garantías constitucionales, y la segunda, una más subjetiva, que se relaciona directamente con una decisión justa y adecuada a las circunstancias del caso.” Por todo ello, y tal como lo señalé supra, deberá revocarse el punto 2 de la resolución apelada, pues la misma devino prematura por la imposibilidad de un análisis racional y razonable de la información recabada en autos, manteniéndose abierta la misma, hasta que se recabe la información omitida por la autoridad administrativa, y se resuelva en definitiva, la presente acción, en este aspecto".
En los autos autos caratulados: “CAMINO, SAMUEL S/ HABEAS CORPUS” Expte. N.º 4735/25, N° de Juzgado Recursos 8023/25, procedentes del Juzgado de Instrucción de Pico Truncado, sostuve que: "Cabe señalar que la cuestión planteada deviene abstracta, allende los agravios de la recurrente. Ello así pues, el a quo, a renglón seguido de rechazar la acción intentada, ordena una serie de medidas a la Autoridad Penitenciaria, dando respuesta a cada uno de los reclamos planteados por el accionante. Por ello, y si bien existe una contradicción entre la decisión que rechaza la acción intentada por el Sr. Camino, y el acogimiento de la misma, traducido en las medidas adoptadas, las que son a favor del recurrente, la apelación interpuesta y los agravios, devienen abstractos, por lo que corresponde así sea declarado".
En los autos caratulados: "AQUINO, GUILLERMO FEDERICO S/ HABEAS CORPUS" Expte. N° 21384/25, N° de Juzgado de Recursos 8049/25, procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "Por último, y en atención a lo manifestado por el interno en la audiencia celebrada en autos en referencia a las requisas previas a los traslados, corresponderá que el A quo haga saber a la autoridad penitenciaria, que se deberán practicar las requisas conforme a la reglamentación, de manera tal de no afectar la dignidad de los internos, resguardando su intimidad en caso de que deban quedar al desnudo, no realizando la práctica delante de otros internos. Ello así, pues de lo contrario, la autoridad penitenciaria vulneraría la convención americana sobre derechos humanos, que forma parte de nuestro derecho constitucionalconvencional, al establecer en textualmente que: “Artículo 5: Derecho a la integridad personal: inc. 2)… (segundo párrafo”: Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
En los autos caratulados autos caratulados: "SUBIRA ROBERTO S/ HABEAS CORPUS”
EXPTE. N° 46818/25, N° de Juzgado de Recursos 8076/25, procedentes del Juzgado de Instrucción de la ciudad de Pico Truncado, sostuve que:"IV.-Sin perjuicio de lo expuesto, no puedo dejar de observar que estamos ante una estricta cuestión humanitaria, de la cual no sabemos, a ciencia cierta, el tiempo que le resta de vida a la esposa del accionante. En este sentido, por imperio del primer párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la C.N.) que establece que la persona humana es el centro de todo el orden jurídico al consignar que: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la Familia humana”, a lo que se agrega lo expresado por el Dr.
GERMÁN J. BIDART CAMPOS en la obra: “NOCIONES CONSTITUCIONALES. LAS INTERACCIONES IUSNATURALISTAS DE LA CONSTITUCIÓN”, editorial EDIAR, pág. 105, que expresó: ”…que es así porque siempre hay que priorizar a la persona como centro y fin del ordenamiento jurídico, y tal centralidad y primacía de la persona, viene aliada a la libertad y a los derechos”; deberá el A quo, personalmente, realizar las gestiones, además de lo ya ordenado, para que se asegure el traslado del detenido para estar cerca de su esposa, sin dar por agotada la presente acción. Ello, partiendo del supuesto, que deberá ser acreditado, del consentimiento expreso de la esposa del interno, a verlo y mantener contacto con el accionante.
Si existen demoras injustificadas u obstáculos burocráticos, deberá dejar constancia de todo ello, identificando cuales son las causales y los funcionarios involucrados, en su caso, y, a todo evento, revisar de oficio el auto que se confirma por medio de la presente resolución, disponiendo el acercamiento del interno a su esposa convaleciente. En los autos “CAMINO ZARATE, SAMUEL S/ HABEAS CORPUS Expte. N° 21254/25, N° de Juzgado de Recursos 8006/25, sostuve: "Bajo esta hermenéutica, y teniendo en cuenta las constancias de autos, se advierte, en primer lugar, que todo lo referente al suministro del medicamento "Fluticasona" ha devenido abstracto, toda vez que en el informe médico agregado a fs. 2 de los presentes, se indica el mismo por el término de 7 días, y conforme surge de los dichos del interno y la planilla obrante a fs. 6 vta., se le comenzó a proporcionar el 01/04/2025, por lo que a la fecha ya ha transcurrido el tiempo del tratamiento.
Sin perjuicio de ello, se observa que el Sr. Juez de Instrucción ha hecho saber al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario que debía suministrar el medicamento recetado por el Dr. Carlos Schenone "Fluticasona" de acuerdo a las prescripciones dadas, lo que se comparte. Ello así, pues de la observación de la planilla de entrega de medicamentos obrante a fs. 6 vta., se advierte que se le suministró la medicación indicada a Camino Zárate tres veces al día en fechas 01/04 y 02/04, y no cada 6 horas como resulta de la indicación médica de fs. 2. Por tanto, sin perjuicio del oficio librado a fs. 11 vta. (cod. validación 2d3502a8), deberá el Sr. Juez de Instrucción reiterar al Sr. Jefe del Servicio Penitenciario, que deberán proporcionar a todos y cada uno de los internos bajo su legal custodia, la medicación que los médicos les receten, de la forma y modalidad que éstos dispongan, cumpliendo de manera estricta con las prescripciones médicas, bajo apercibimiento de las acciones penales y disciplinarias que correspondan, para la investigación de delitos y faltas disciplinarias, en las que podrían encontrarse incursos en caso de incumplimiento en debida forma." En los autos caratulados: “AGUERO JONATHAN Y OTROS S/HABEAS CORPUS Expte.
N° 5530/26, N° de Juzgado de Recursos 8394/26, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Asimismo, teniendo en cuenta lo expresado por Jefa a cargo de Alcaidía de la penitenciaria de Pico Truncado, a fs. 94 último párrafo, lo expresado por la Oficial Adjutor Jennifer Daniela Peralta a fs. 98 último párrafo, se recomienda al A quo que, ante lo allí informado por personal del Servicio Penitenciario, proceda en futuras presentaciones, conforme lo estable el art. 13 de la ley 23.098, es decir se lleve a cabo no solo el pedido de informes a la autoridad, sino y además se garantice el derecho a la autoridad a ser oída, y ampliar los informes pertinentes, pues de los mismos surge, implícitamente, la voluntad de concurrir ante la jurisdicción para explicar la naturaleza de los reclamos de los internos.
Sin perjuicio de ello, se recomienda librar oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia y al Director del Servicio Penitenciario Provincial a efectos de poner en su conocimiento todos los informes realizados en autos por el Personal del Servicio Penitenciario, pues se tratan de cuestiones estructurales que hacen al estado y funcionamiento de la Unidad Carcelaria, para que intervengan en el ámbito de su competencia específica. Por otro lado, deberá la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Provincial valorar y analizar, los informes agregados en autos, pues los mismos, además de contener y responder lo que el A quo requiere como informe, elaboran opiniones no solo sobre la actuación de los magistrados de su jurisdicción, sino y en especial, en los trámites que deben realizar las áreas superiores del Poder Ejecutivo, lo que claramente excede el marco de los informes requeridos.
Deberá el A quo, hacer saber esta situación a la autoridad penitenciaria competente. Por otra parte correspondería poner en conocimientos de estas autoridades provinciales la urgencia en la reparación o cambio de Caldera correspondiente Alcaidía de Pico Truncado, fundamentalmente ante la inminente llegada de las bajas temperaturas, a fin de prevenir la falta de calefacción en la época invernal venidera. En los autos caratulados:
"MARINO, CRISTIAN ARIEL S/ HABEAS CORPUS",
Expte. N° 88.936/26 N° de Juzgado de Recursos 8397/26, sostuve que: "IV.-Analizada la cuestión, cabe señalar que la presente acción de habeas corpus, tiene como fundamento el debido cumplimiento del derecho constitucional a la salud, que es un derecho implícito que surge del art. 33 de la C.N. Es decir que, allende la decisión adoptada por el a quo, como la resuelta por este Juzgado de Recursos, la cuestión del eventual agravamiento, no tiene incidencia directa con las condiciones de detención en general, sino con el cumplimiento del derecho a la salud del interno. En este sentido, el Profesor Germán Bidart Campos, en su obra "Manual de la Constitución Reformada", Tomo II, editorial Ediar, pág. 107, al explicar los derechos implícitos, sostuvo que: "Un ejemplo interesante que no queremos omitir -entre otras razones porque se vincula con el derecho a la vida y a la integridad- es el derecho a la salud.
Su mención marginal en el art. 42 (para protegerlo en la relación de consumo) apunta a un aspecto parcial que ahora debemos ampliar. Como derecho implícito dentro de los clásicos derechos civiles, pudo tener como contenido inicial el derecho personal a que nadie infiera un daño a la salud, con lo que el sujeto pasivo cumpliría su única obligación omitiendo ese daño. Hoy, con el curso progresivo de los derechos humanos en el constitucionalismo social, aquel enfoque peca de exigüidad. El derecho a la salud exige, además de la abstención de daño, muchísimas prestaciones favorables que irrogan en determinados sujetos pasivos el deber de dar y hacer." Por su parte, la jurisprudencia ha entendido que: "…la privación de la libertad, lejos de habilitar un debilitamiento de otros derechos y obligaciones de instituciones públicas requiere del refuerzo de dispositivos de promoción y protección de los mismos.
El acceso a salud compromete la prestación efectiva de esa obligación genérica y el control de la misma por parte de los agentes estatales. Esa normativa es conteste con los lineamientos éticos que deben guiar la atención de la salud y que están contenidos en los "Principios de ética médica" acordados por la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1982, que señalan el deber de atender a los pacientes y actuar de acuerdo con sus mejores intereses, así como el deber moral de proteger la salud de los detenidos. Ello, consagra la perspectiva de respeto de los derechos humanos que se sustenta en el cumplimiento por parte del personal de salud del deber de una asistencia compasiva, confidencial y respetuosa de la autonomía de las personas encerradas a las que deben dirigir sus acciones." (Conforme PRIMER JUZGADO COLEGIADO- PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN (Mendoza) - 30/03/2020, 47215/V - "Xumek p/ habeas corpus correctivo y colectivo (Sarmiento) (nch)" -elDial.com AABB06) Por esta situación, entiendo que debe hacerse lugar al recurso de casación articulado por el imputado y fundado por la Defensa Pública Oficial.
Por todo ello, corresponde en el marco de una primera revisión de admisibilidad (Conf. Art. 427 del C.P.P.), conceder el recurso de casación interpuesto y en tal sentido emplazar a las partes de acuerdo a lo establecido en el Art. 447 del C.P.P." En los autos caratulados: “MARCHANT, DAVID S/HABEAS CORPUS Expte. N° 41899/26, N° de Juzgado de Recursos 8422/26, procedentes del Juzgado de Instrucción 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Ahora bien, en primer lugar y respecto del agravio que hace foco en una pretendida irregularidad por la demora en la tramitación del habeas corpus, entiendo al igual que la defensa, que dados los plazos que se establecen para la misma, la argumentación utilizada por el actuario no puede sostenerse.
Que no se encontrara de turno el Juzgado o que no le corresponda por estar el detenido a disposición de otra sede judicial, no justifica la demora en girar las actuaciones a quien entienda debe resolver, dada la naturaleza de la acción intentada. Asimismo, el artículo 29 del Reglamento para la Justicia, establece en su artículo 29 (texto según acuerdo 1581) lo concerniente a la presentación de escritos fuera del horario hábil de Tribunales, y si bien el mismo regula la presentación personal ante el actuario, lo cierto es que el mismo tiene vigencia en cuanto a las presentaciones de escritos vía los sistemas informáticos, demandando por parte del funcionario, un simple control del sistema. Tal y como lo señala el Dr.
Luciani, la misma, allende la competencia, debió tramitarse en los plazos de ley, no pudiéndose justificar la demora por tratarse de una acción constitucional (art. 43 de la CN.) recibida fuera de día y horario hábil, pues de sostenerlo así, se estaría desvirtuando su naturaleza jurídica. Ello, allende la responsabilidad disciplinaria que pudiera caber, si bien es una irregularidad por la demora en la tramitación, la misma no puede ser motivo de sanción de nulidad, pues de entenderlo así, dejaría sin sustento todo el trámite de la acción constitucional articulada e implicaría un serio y grave perjuicio para el accionante que debería iniciar el trámite nuevamente, siendo un exceso ritual que, claramente lo perjudica.
La nulidad por la nulidad misma en una acción constitucional no puede, al igual que los trámites en general y en este caso con más razón, tener acogida favorable. En este orden, la jurisprudencia ha señalado que: “En estas condiciones … no se verifican defectos que impongan la anulación por alguna violación concreta a las garantías constitucionales citadas, pues no resulta conforme a derecho la declaración denulidad por la nulidad misma, por el sólo interés de la ley.” (Conforme causa Nro. 123.510 - "Thomsen, Máximo Pablo; Pertossi, Ciro; Comelli, Enzo Tomás; Benicelli, Matías Franco; Viollaz, Ayrton Michael; Cinalli, Blas; Pertossi, Luciano y Pertossi, Lucas Fidel s/ Recurso de Casación // Viollaz, Ayrton Michael; Cinalli, Blas Y Pertossi, Lucas Fidel s/ Recursos de Casación interpuestos por Fiscal y Particular Damnificado" - TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES – SALA III - 22/03/2024 elDial.com – AADECB).
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por el accionante. En segundo lugar y a los fines de resolver los agravios frente a la resolución que deniega el derecho a la visita conyugal, normado en el artículo 52 inciso d) del Decreto 1136/97, he de señalar, como pauta hermenéutica, que a la hora de garantizar un derecho o de restringirlo, en análisis y su interpretación, debe tener como guía el principio de razonabilidad. En los autos caratulados “Incidente de Nulidad en autos: Sr. Agente Fiscal S/ Requerimiento de Instrucción (Art. 256 del C.P.)” Expte. Nº 78.744/22, N° de Recursos 6880/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Ahora bien, resulta claro que la investigación de un delito, centrada en la primer etapa del proceso penal destinada a establecer si existen motivos suficientes para enjuiciar de manera oral a una persona por existir probabilidad positiva respecto de la comisión del mismo y de su responsabilidad penal, como todo el proceso penal, en el cual siempre se están analizando, valorando e interpretando conductas, pruebas y normas jurídicas, tanto de índole legal o reglamentaria, como de orden constitucional-convencional, debe estar surcada por el principio de razonabilidad, pues el mismo se desprende de la interpretación armónica de los artículos 14 y 28 de la C.N.
Este principio no solo se aplica a las leyes que reglamentan los ejercicios de los derechos constitucionales-convencionales (art. 14 de la C.N.), y que implican que los mismos no pueden ser alterados por esas mismas normas que reglamentan su ejercicio, sino y además, es la pauta central en el sistema de hermenéutica e interpretación de las normas aplicadas a un determinado proceso, en especial el proceso penal, pues están en ciernes, tanto desde el análisis de las normas de fondo, como de forma, y en los actos jurisdiccionales que se emiten en base y con fundamento en las mismas, este principio que implica que las normas de rango superior no pueden ser desconocidas ni dejadas de lado por interpretaciones y aplicaciones que las transmuten, allende las pretendidas argumentaciones dogmáticas que se hicieren para y partiendo de las mismas, concluir que no se aplican al caso.
En el sistema penal, en el cual la interpretación y subsunción jurídica es siempre, al decir del Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, la "determinación valorativa del campo de lo prohibido", el principio de razonabilidad implica que en cada acto jurisdiccional este principio sea aplicado con el fin de resguardar las declaraciones, derechos y garantías que surgen del texto constitucional, las que surgen del derecho convencional, y las que se infieren implícitamente del art. 33 de la C.N., es decir las garantías y derechos no enumerados, pero que nacen "...del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". La Dra. María Angélica Gelli, en su obra "CONSTITUCIÓN DE LA NACION ARGENTINA, COMENTADA Y CONCORDADA, CUARTA EDICION AMPLIADA Y ACTUALIZADA, TOMO I, pág. 424, al explicar el principio de razonabilidad que surge del artículo 28 de la C.N., señala que: "El principio interpretativo de razonabilidad, de todos modos, emana de una norma operativa por lo que resulta ineludible de aplicar por todos los órganos de poder del Estado de Derecho, entendido éste, precisamente, como estado de razón.
En efecto, si lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, es decir contrario a lo carente de sustento -o que deriva sólo de la voluntad de quien produce el acto, aunque esa voluntad sea colectiva- una ley, un reglamento o sentencia son razonables cuando están motivados en los hechos y circunstancias que los impulsaron y fundados en el derecho vigente".- Sobre el concepto de "razonabilidad" se ha señalado que: "Se pueden encontrar numerosas significaciones del término "razonable", pero resulta completa la definición a la que arriba Saggese que desde el punto de vista de la ciencia del derecho el vocablo significa "aquello que nuestro ordenamiento nos indica como justo, que evidencia un juicio normal, moderado, prudente, lógico, aceptable, equitativo, adecuado a las circunstancias, conforme con el sentido común y con valores generalmente aceptados (por oposición a un juicio absurdo, censurable, excesivo, arbitrario y caprichoso).
Y desde un punto de vista más particular -considera- que en la ciencia del Derecho, lo razonable se traduce en un juicio justo y equitativo, de acuerdo con los principios del Derecho Natural." (Conforme "LA RAZONABILIDAD: SU IMPORTANCIA EN EL DERECHO DEL TRABAJO", Dra. Tejada, Dalma R. Cita: RC D 1262/2015) Es decir que el "juicio" o "razonamiento" que se formula para tomar una decisión jurisdiccional, debe reunir estas dos formas de "razonabilidad", la primera más objetiva y de carácter normativo-fáctico que tiende a establecer que la "aplicación" de la "ley", lato sensu, no puede nunca desconocer los derechos y garantías constitucionales, y la segunda, una más subjetiva, que se relaciona directamente con una decisión justa y adecuada a las circunstancias del caso.” En este orden y adentrándonos al abordaje del alcance que debe darse a la norma del artículo 51 inciso e) y 52 inc. d) del Decreto 1136/97, de aplicación en la especie conforme lo normado en la disposición 14/18 del Subsecretario de Planificación y Seguridad Ciudadana a cargo del Despacho de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, es decir que se entiende por “concubina o concubinario”, lo primero en señalar es que se trata de una relación o vínculo de hecho.
Ese vínculo de hecho, en el Código Civil y Comercial de la Nación, para que tenga efectos jurídicos determinados, debe reunir ciertos requisitos, entre ellos el de la duración de un plazo previo establecido en dos años, pero hay que tener en claro que el vínculo existe allende su reconocimiento legal, es decir que no necesita, a diferencia del matrimonio, de acto estatal alguno para su existencia. Se constituye con la sola voluntad libre de sus componentes. La doctrina especializada en derecho de Familia ha establecido que: “El Código Civil y Comercial abre el título III del Libro Segundo reconociendo la unión estable, pública, notoria y permanente de dos personas de igual o distinto sexo que conviven y comparten un proyecto de vida en común basado en el afecto, en tanto forma de vivir en familia alternativa al matrimonio (art. 509).
La convivencia y el proyecto de vida en común son los primeros elementos tipificantes de estas uniones; elementos que diferencian este tipo de organización familiar de otras relaciones afectivas, como los vínculos de pareja pasajeros o efímeros (noviazgos) que no cumplen con el requisito de la convivencia, o las relaciones de amistad o parentesco (amigos que comparten vivienda mientras se van a estudiar a otra provincia, hermanos que conviven siendo adultos, etc.), que si bien cumplen con el requisito de convivencia, no traslucen un proyecto de vida en común, en otras palabras, no son pareja. Otro de los caracteres que establece el código es la singularidad o exclusividad en el vínculo. Al igual que en el caso del matrimonio, esta exigencia responde al modelo monogámico socialmente aceptado.
Ya la jurisprudencia de época anterior a la sanción de la nueva legislación destacaba la importancia de este requisito al afirmar: "La relación concubinaria es aquella prolongada en el tiempo, con vocación de permanencia, calificada por un especial vínculo afectivo, excluyente de toda otra relación simultánea con caracteres similares destinada a pervivir".
Asimismo, los rasgos de notoriedad y publicidad que se mencionan en el art. 509 responden a la necesidad de prueba de esta relación no formal. A diferencia del matrimonio que se instituye a partir del hecho formal de su celebración y por lo tanto ostenta fecha cierta, la unión convivencial no exige formalidad alguna, por tanto, al ser un hecho fáctico requiere de elementos objetivos para su constitución, como ser la notoriedad y la relación pública. En la misma línea se inscriben las notas distintivas de permanencia y estabilidad, en consonancia con el requisito de dos años de convivencia que se incluye en el art. 510. Sucede que términos como "permanencia" y/o "estabilidad" pueden no significar lo mismo a los ojos de diversos intérpretes (para algunos un año puede alcanzar para tener por configurado estos caracteres, para otros cinco años y así infinidad de posibilidades).
Precisamente para evitar esta discrecionalidad y divergencia judicial a la hora de reconocer o no reconocer los efectos del título III, Libro II, a las convivencias de pareja, el código prevé este plazo mínimo de dos años de convivencia. Como cierre de este apartado, es necesario destacar una consideración general de suma relevancia: el cumplimiento de los rasgos estructurales definidos en el art. 509 y los requisitos constitutivos previstos en el art. 510, son exigidos a los fines de reconocer los efectos jurídicos previstos en el título III del Libro Segundo.¿Qué sucede con aquellas convivencias que no reúnen los requisitos que establece el Código Civil y Comercial en el título III del Libro Segundo?
La legislación civil y comercial les otorga ciertos derechos como, por ejemplo: a) legitimación para solicitar la declaración de incapacidad o capacidad restringida mientras convivan (art. 33); b) la posibilidad de que, en caso de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud, si la persona no puede prestar el correspondiente consentimiento informado, pueda hacerlo su conviviente (art. 59); c) decidir sobre el destino de las exequias de su conviviente en caso de que este no lo haya determinado en vida; d) la posibilidad de nombrados curadores de su pareja (art. 139); e) la posibilidad de constituir en beneficiario de la afectación de la protección a la vivienda única al conviviente (art. 246, inc. a); f) la aludida legitimación activa para reclamar daño extra patrimonial al conviviente en tanto demuestre "trato familiar ostensible" (art. 1741); g) la adopción de integración del hijo del conviviente que, a diferencia de la adopción conjunta, no requiere la configuración de una unión convivencial entre el progenitor y su pareja (art. 620). …El Código Civil y Comercial prevé la registración de las uniones convivenciales solo con fines probatorios, no como requisito para su configuración, es decir, no como elemento indispensable para reconocer los efectos jurídicos previstos en el título III.
La razón de esta política legislativa es clara: no dejar nuevamente fuera del derecho a un grupo amplio de personas, sobre todo a aquellas más vulnerables, que por diversos motivos socio culturales no quieren o no pueden acceder a la registración de sus convivencias. De este modo, se evita la creación de nuevas categorías o tipos de familias por fuera del derecho …” (La negrita y el subrayado son de mi autoría) (Conforme MANUAL DE DERECHO DE LAS FAMILIAS de Marisa Herrera -3a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2023, Libro digital, ISBN 978-950-20-3074-6) Sobre este piso, cabe señalar que la exigencia que establece la reglamentación penitenciaria en análisis, hace referencia a un vínculo de hecho y que no exige la modalidad de unión convivencial registrada, por lo que la misma puede ser acreditada por cualquier medio probatorio.
Asimismo, de la cita indicada, se desprende que aún sin reunir todos los requisitos de la unión convivencial para su registración, las personas que la integran y componen, tienen una serie de derechos que, comparados con el que ha sido negado en autos, revisten la misma jerarquía. En esta causa se ha dejado claro, a través de los informes practicados por la autoridad administrativa penitenciaria, que existe una unión de hecho o concubinaria, la que si bien no reúne el plazo de dos años previos para ser reconocida como unión convivencial y por ende peticionar su registro, no la invalida como tal y el Estado, a través de su órgano competente (léase Servicio Penitenciario Provincial), debe reconocerla a los fines de garantizar el derecho a la asistencia familiar de la persona privada de su libertad en un establecimiento carcelario.
Es la propia autoridad que ha informado las gestiones que realizó ante la autoridad Judicial (Justicia de Paz) donde se da cuenta que la pareja del interno ha realizado una exposición civil en sede policial, en la cual manifiesta libremente su voluntad y afirma que mantiene una relación con el peticionante de la visita, razón por la cual la misma debe ser autorizada, porque, allende agregar en el respectivo legajo la exposición civil, ha sido la propia autoridad penitenciaria, reitero, la que afirma dicha situación y tiene pleno conocimiento de la misma. Para ser claro, no se señala que no exista el deber de acreditar la relación concubinaria, por el contrario, lo que se expresa es que la misma puede ser acreditada por cualquier medio probatorio, sin que implique exigir una unión convivencial registrada.
Sobre el particular, en los autos caratulados: “RAMOS MARCOS S/HABEAS CORPUS ” Expte. Nº 2906/23, N° de Recursos 7104/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado sostuve que: “Ello no se puede aplicar respecto de la petición de visitas higiénicas, pues el Sr. Juez de Instrucción debió, al menos y respecto de este pedido, tramitar el Habeas Corpus requiriendo información a la autoridad penitenciaria sobre el particular, siendo dicho decreto nulo por prematuro, todo ello con carácter previo a resolver sobre la procedencia o improcedencia del mismo. Cabe señalar que tanto la ley 24.660 (arts. 158, ss. y cc.) como el Decreto Provincial 549/94 (arts. 64 inc. b) ss. y cc.) regulan el derecho de todo interno a recibir visitas.
Específicamente el Decreto Nacional 1136/97, reglamentario del capítulo XI de la ley de ejecución penal, establece en sus artículos 51, 52 inc. d), 56, 57, 58, 59, 60, ss. y cc., el derecho a la visita peticionada por el accionante (visita de reunión conyugal), razón por la cual se debe requerir informes a la autoridad penitenciaria sobre el cumplimiento del derecho peticionado. Para el caso que el mismo no se hubiera garantizado por motivos atribuibles a la Autoridad Penitenciaria, deberá hacer lugar a la acción y resolver conforme a derecho.” Y en los autos caratulados:
"CABERO JORGE LUIS S/HABEAS CORPUS" Expte. N° 3421/23, N° de Recursos 7349/23, procedentes del Juzgado de Instrucción 1 Pico Truncado, sostuve que: “En ese sentido, en la obra "EL HABEAS CORPUS EN EL ÁMBITO CARCELARIO", de los autores Alejandro S. Ale- Pablo M. Beltracchi- Pablo E, Ordóñez, Hammurabi-José Luis Depalma Editor, año 2023, páginas 86 vta.87 puede leerse: "Visitas Intercarcelarias o de Penal a Penal. Estas personas son un subrgrupo que posee una especial situación de vulnerabilidad, ya que se encuentran privadas de su libertad ambulatoria. Por ello, son necesarias la coordinación y la colaboración de los responsables penitenciarios de los diversos establecimientos carcelarios. El dec. 1136/97 dispone, en su art. 70, que si los internos alojados en distintos estabelcimientos del SPF que disten entre sí no más de cien kilómetros podrán visitarse de acuerdo con las disposiciones de ese reglamento.
A su vez, en su art. 71, se señala que el director general del Régimen Correccional podrá autorizar la visita entre internos cuando se trate del cónyuge; los consanguíneos: descendientes, ascendientes, colaterales; la concubina o el concubino. La visita entre los internos alojados en distintos establecimientos podrá tener lugar una vez cada quince días, con una duración efectiva de tres horas en el ámbito del SPF. para acceder a estas visitas, ambos internos, deberán como mínimo, tener conducta buena si son condenados, o comportamiento bueno si son procesados. La pérdida de algunos de estos requisitos determinará la suspensión de esta clase de visitas hasta su readquisición".- En el caso de autos se observa que el A quo ha determinado que se garantice una periodicidad cada quince días, y que la duración de la visita quincenal debe superar la hora, no determinándose un lapso de tiempo concreto, habiendo referido el interno que la que se le concede es de una hora.
Atento ello, a la luz de lo establecido por el art. 72 del Decreto 1136/97 y por otras reglamentaciones de unidades carcelarias, teniendo en cuenta que este tipo de visitas, por razones de operatividad, resultan más espaciadas que las visitas regulares, entiendo razonable el pedido del interno de extensión de la duración de la misma, correspondiendo extenderlo a tres horas cada quince días, debiendo el Juez de Instrucción comunicarlo a la autoridad del lugar de detención a fin de que se arbitren los medios para su cumplimiento. Sin perjuicio de ello, se recomienda al Sr. Juez de Instrucción que en futuras situaciones en que se den las circunstancias apuntadas supra, es decir, visitas entre detenidos imputados en la misma causa, en caso de que se advierta la existencia de intereses contrapuestos, previo a autorizar las visitas, se cite a la persona requerida como visitante a fin de ser oída al respecto, y exprese su voluntad, con debida asistencia técnica.
En relación a las visitas íntimas que peticiona el interno, le caben las mismas consideraciones vertidas en párrafos anteriores, teniendo en cuenta que no se trata la requerida de una visitante que puede movilizarse libremente, dada su sittuación procesal en los autos citados. Por otra parte, corresponde que el interno cumpla con la reglamentación del lugar de detención, y una vez realizados todos los trámites respectivos, deberá evaluarse la situación en función de la respuesta que obtenga. Es así que, conforme lo manifestado por el interno en su nota de presentación y en la audiencia ante el Sr. Juez, en relación a que ya se le habría concedido la visita íntima pero que aún no se llevó a cabo, deberá el A quo requerir informe a la autoridad del lugar de detención a fin de establecer si efectivamente el Sr.
Jorge Luis Cabero efectuó el trámite reglamentario requeridos para ello, y caso afirmativo, el estado del mismo.” Intentar equiparar los significantes "concubino o concubinario" de la reglamentación penitenciaria a "Unión Convivencial Registrada" regulada en el Código Civil y Comercial, vulnera frontalmente el principio de razonabilidad, pues la reglamentación estaría alterando el derecho que reglamenta, dándole de así hacerlo, un carácter vulneratorio del derecho constitucional, al privar al accionante de un derecho humano básico, como es el contacto familiar con las personas privadas de su libertad. No puede perderse de vista, tal como lo expresa Marisa Herrera en la cita realizada, que el Código Civil y Comercial entiende al concepto "familia" de manera más amplia que la antigua legislación civil, razón por la cual y a tenor de lo informado, la relación familiar entre el interno y su pareja, ha sido afirmada por ambos e informada por la autoridad penitenciaria.
Por todo ello, corresponde revocar el auto apelado, y hacer lugar a las visitas peticionadas por el accionante, debiendo la autoridad penitenciaria agregar al legajo del interno la exposición civil realizada por la pareja del mismo, acciones que deberá realizar de oficio el Servicio Penitenciario en este caso, pues consta en registros oficiales." En los autos caratulados: "ESCALONA, JULIO CESAR S/ HABEAS CORPUS” Expte. N° 89198/26, N° de Juzgado de Recursos 8426/26, (reconstruido) procedentes del Juzgado de Instrucción 1 Caleta Olivia, sostuve que: "Bajo esta línea de hermenéutica, y teniendo en cuenta la presentación de fs. 1 y lo manifestado por el interno en la audiencia celebrada en cumplimento de lo dispuesto por el art. 13 de la ley. 23098, se observa que el interno Escalona no refiere a ninguna situación concreta que haya implicado un agravamiento de sus condiciones de detención, con lo cual el rechazo in límine de la acción resuelto por el Sr.
Juez de Instrucción fue adecuado a las constancias del expediente hasta ese momento. Debe quedar claro que el Habeas Copus es una acción constitucional convencional rápida y expedita, pero ello no implica que escape a la economía procesal de cualquier acción judicial, conforme lo establece la ley que la regula (23098), como así los principios del derecho procesal (claridad en la petición, preclusión, etc.) En el caso las normas aplicables surgen de la Ley 23.098, que establece requisitos, si bien mínimos, que deben ser cumplidos. Es así que conforme a dicha normativa, el objeto de la acción debe surgir de la denuncia misma o de la audiencia que indica el art. 13 a celebrarse con la persona peticionante, y ello es lo que fija y establece el objeto procesal sobre el cual se deberá garantizar una tutela judicial efectiva.
En el caso bajo estudio, en la denuncia efectuada por el Sr. Escalona a fs. 1 y en la audiencia llevada a cabo a fs. 3, no se puso en conocimiento del Juez ninguna situación concreta. El interno se limitó a mencionar que se vulneran sus derechos humanos y de los niños. Por lo que el rechazo in limine de la acción resultaba procedente y sobre todo, razonable. Es recién al motivar la apelación de lo resuelto por el a quo, interpuesta en forma pauperis por el interno al serle notificada, que la defensa, previa entrevista con el detenido Escalona, enuncia una serie de cuestiones que entiende conllevan un agravamiento de sus condiciones de detención que haría procedente la vía intentada. Ahora bien, lo primero que cabe señalar es que este Juez de Recursos cumple funciones revisoras de las decisiones de los Jueces de Instrucción y en la ampliación de los fundamentos realizados por la Defensa no se denuncia ningún hecho nuevo ocurrido entre la decisión del a quo y la intervención de este Juzgado.
No se encuentra dentro la competencia asignada al suscripto por el art. 24 del C.P.P., resolver peticiones que no hayan sido anteriormente formuladas ante el Juez de Instrucción y que cuenten con su respectiva decisión jurisdiccional, pues estas, es decir, las decisiones jurisdiccionales de los jueces de instrucción, resultan ser el objeto de conocimiento de la función de quien suscribe. En el caso concreto, la defensa plantea los argumentos por los que el interno interpuso la acción constitucional convencional, recién en la apelación, y luego del rechazo in límine resuelto por el magistrado de la instrucción ante la ausencia de motivos concretos que la hicieran procedente. Por lo tanto, por regla general, no me encuentro facultado para resolver cuestiones respecto a las que aun no se ha expedido el Juez de Instrucción.
Sin perjuicio de ello, de manera excepcional, y por razones de economía procesal, analizaré los argumentos de expuestos por la defensa, no para expedirme sobre el fondo de la cuestión planteada, sino a los fines de determinar si corresponde revocar el rechazo in limime ordenado por el a quo, y abrir la acción para su tramitación ante el Juez de Instrucción. Ello, sin perjuicio de dejar en claro que los argumentos que la defensa expone como habilitantes de la acción constitucional convencional, debieron ser planteados ante el Juez de Instrucción, y no objeto de un recurso de apelación... Como puede observarse de los antecedentes citados, gran parte de los planteos que el interno Escalona transmitió a su defensora, y que esta volcó en su recurso de apelación, fueron objeto de tratamiento por ambas instancias.
En algunos casos si bien se rechazó el Habeas Corpus se efectuaron serias recomendaciones o se le hicieron saber directivas al Servicio Penitenciario, tanto por parte del Juez de Instrucción como del suscripto. En otros casos se revocó el rechazo de la acción haciendo lugar a los recursos. Surge entonces, de los antecedentes reseñados que el Sr. Juez de Instrucción ha dado tratamiento a las peticiones efectuadas por el detenido. En cada oportunidad ha brindado una respuesta jurisdiccional que fue revisada en esta instancia por el suscripto, efectuando más de una vez observaciones y recomendaciones al Servicio Penitenciario en relación al cumplimiento de los reglamentos carcelarios, y el respeto debido a la dignidad tanto de los detenidos como de los familiares que los visitan.
Por lo tanto se advierte que en el presente se tratan de reeditar cuestiones que ya fueron planteadas con anterioridad y resueltas."
Bajo estas pautas de interpretación, cabe señalar, en primer lugar, que en la primera acción de Habeas Corpus interpuesta por la interna V. y resuelta conforme copia de fs. 21/26 vta., tal y como se señaló en los antecedentes citados, el Juez debe velar por el agotamiento y efectivo cumplimiento de lo resuelto.
La denuncia de la defensa no es un nuevo Habeas Corpus, sino lisa y llanamente, la solicitud del cumplimiento de la sentencia del Habeas Corpus anterior. Tal es ello así, que surge explícito de la presentación que da origen a los presentes (fs. 1 y vta.).
Reitero, el Sr. Juez de Instrucción debe agotar el cumplimiento de lo resuelto hasta que cese la afectación de los derechos esenciales de la detenida, conforme lo ha decidido en la resolución mencionada.
No puede perderse de vista que la acción constitucional-convencional de habeas corpus es una acción judicial autónoma, con una regulación especial, y que allende la forma de la decisión jurisdiccional del Sr. Juez de Instrucción (auto) lo cierto es que, una vez firme, constituye una sentencia definitiva, razón por la cual debe iniciarse su ejecución hasta el agotamiento de lo fallado. Luego de ello, corresponde su archivo.
Claramente, estas actuaciones se corresponden con la ejecución de la decisión jurisdiccional, por lo que, a los fines de un correcto orden procesal, deberán acumularse a las mismas.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, resulta claro que la orden dictada por el a quo en primer término, cuya copia obra a fs. 21/26 vta. de los presentes actuados, fue cumplida parcialmente.
En este sentido, no podemos desconocer que el Servicio Penitenciario Provincial, a través de los distintos órganos que se han expedido en el expte. "V. B. s/ Habeas Corpus", Expte. 42382/26- y cuyos informes obran en copia a fs. 27/29 de estas actuaciones, han manifestado la imposibilidad de brindar el alojamiento adecuado a la interna.
Por tal situación, entiendo que el A quo, a los fines de la ejecución de la decisión firme que dictó en el Habeas Corpus referido en el párrafo anterior, deberá requerir directamente la intervención de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial y del Ministerio de Seguridad de la Provincia, a los fines de que brinden de manera urgente un espacio en el cual se pueda garantizar a la interna un alojamiento conforme a los derechos que emanan de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el Estado Argentino, que forman parte del bloque constitucional-convencional, y a su condición de mujer. Por todo, como Juez de Recursos;
I.-REVOCAR el decreto de fs. 4, y HACER SABER al Sr. Juez de Instrucción que DEBERÁ agotar el cumplimiento de lo resulto en los autos "V. B. S/ HABEAS CORPUS", Expte. *****/26, a cuyo fin deberá requerir directamente la intervención de la Jefatura del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Seguridad de la Provincia a los fines de que brinden de manera urgente un espacio en el cual se pueda garantizar a la interna un alojamiento conforme a los derechos que emanan de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el Estado Argentino, que forman parte del bloque constitucional-convencional, y a su condición de mujer. Recepcionados estos actuados, deberán acumularse al expediente citado.
II.-Regístrese. Notifíquese. Comuníquese al Juez de Instrucción por SNE. Por Secretaría, líbrese oficio al lugar de detención a los fines de notificar al interno la presente resolución. Cumplido vuelvan los autos al Juzgado de origen.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia