Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 149.145
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial.
2Hacer lugar parcialmente y reenviar las presentes actuaciones a la instancia de origen a fin de que resuelva la situación del V. B. A. con ajuste a los lineamientos aquí trazados.
Arts. 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Const. de la Prov. de Bs. As.; 106, 210, 448, 450, 451, 461, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 54, 68, 97 y 101 de la ley 15.571.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 0600-46698-23 C.149.145
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa N° 149.145 caratulada “A. V. B. S/ RECURSO DE CASACIÓN (RPJ)”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX-KOHAN.
La Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata (en causa de su registro interno N° 46.226), admitió la queja impetrada por la defensa del joven A., rechazó el recurso de apelación deducido y confirmó lo decidido -en el marco de un incidente de libertad de cumplimiento (art. 97 de la ley 15.571)- por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 local, en cuanto había dispuesto la remisión de informes para evaluar el desarrollo y evolución del nombrado, ello como presupuesto necesario para -previa vista al Ministerio Púbico Fiscal- decidir sobre la procedencia del mentado instituto.
Contra la resolución confirmatoria de la Cámara Penal, la Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, María Raquel Ponzinibbio, interpuso el presente recurso de casación.
Radicado el recurso por sorteo a la Sala V (cfr. art. 54 de la ley 15.571, Resolución 924/2026 de la Suprema corte de Justicia y Acuerdos 150 y 151 de este Tribunal de Casación Penal) se notificó a las partes - según las constancias obrantes en el Sistema Informático Augusta-. Hallándose la presente en estado de resolver, los jueces de la Sala dispusieron plantear y decidir las siguientes
Primera: ¿Es admisible, y en su caso, procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez Bouchoux, dijo:
I. La impugnante sostiene que la vía intentada se encuentra específicamente habilitada en las disposiciones de los arts. 448 inc. 1° del C.P.P. y 68 inc. 1° de la ley 15.571 (inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal), en relación con los arts. 37 inc. 'b' y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y, específicamente, con el art. 97 de la ley 15.571.
En lo sustancial, cuestiona el temperamento adoptado por los camaristas en orden a la interpretación del mencionado art. 97 de la ley 15.571 que en su criterio es muy claro en cuanto al establecimiento de un plazo legal para acceder a la libertad previo al cumplimiento total de la sanción punitiva impuesta, sin la previsión de ningún otro requisito adicional. De allí que considera que el requerimiento de informes para evaluar la procedencia o no de la libertad de cumplimiento con fundamento en otros artículos de la ley de ejecución en cuestión, se tradujo en una errónea aplicación del ya citado art. 97, violatoria del principio de interés superior del niño y pro homine (cfr. art. 3 de la CDN).
A continuación, con cita de jurisprudencia reciente de otra Sala de la Cámara Penal platense respecto de la misma cuestión aquí sometida a revisión, solicita se case la resolución recurrida toda vez que cada día que el joven A. transcurre privado de su libertad cuando se encuentra en condiciones de recuperarla, genera un gravamen irreparable y una situación incompatible con los principios convencionales que rigen la materia (progresividad y última ratio de las medidas restrictivas de la libertad).
II. El señor Fiscal Adjunto de Casación, Fernando Luis Galán, postuló el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa oficial bajo el criterio de que, encontrándose satisfecha en el caso la garantía de la doble conformidad judicial, la intervención de esta Alzada como tercera instancia no se encuentra prevista legalmente (cfr. art. 450 del rito). Asimismo, señaló que no se encuentra configurada una cuestión de gravedad institucional que pudiera permitir sortear el valladar de la normativa citada y habilitar excepcionalmente la competencia revisora de este Tribunal.
Sin perjuicio de lo expuesto, se expidió sobre el fondo del asunto debatido, compartió los argumentos expuestos en la resolución recurrida y añadió que "...todo pedido de informes previo a una resolución, lejos de constituir un agravio, no hace más que poner de resalto que la judicatura intenta resolver de acuerdo a las constancias de la causa e imbuida del mayor conocimiento del caso particular, a fin de evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones..."
III. Inicialmente corresponde señalar que, tratándose de resoluciones que, como la aquí impugnada, deniegan o limitan la libertad personal, se impone la necesidad de un doble conforme, con base en el derecho al recurso previsto en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el alcance asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tanto lo extiende a todos los autos procesales importantes (C.I.D.H, informe N° 55/97).
Asimismo, en línea con lo reglado por el artículo 450 del C.P.P., el artículo 68 de la ley 15.571, contempla estos supuestos como resoluciones recurribles, de modo que deben entenderse como equiparables a sentencia definitiva a la hora de decidir sobre su admisibilidad. Por lo demás, la materia en análisis -denegatoria de libertad de cumplimiento (cfr. art. 97 de la ley 15.571)- genera un gravamen que potencialmente exige una tutela inmediata por la imposibilidad de una eficaz reparación ulterior. Dicho lo anterior, la regla del artículo 68, inciso 3° (que encuentra su correlato normativo en la previsión del tercer párrafo artículo 450 del C.P.P.) debe ser interpretada en tanto habilitación legal para que este Tribunal intervenga en aquellos casos en los que la alzada de garantía revoque la decisión de primera instancia, o bien en supuestos en los que -aun cuando exista el doble conforme- se advierta un agravio de naturaleza federal, sea por discutirse el contenido y alcance de una norma constitucional o bien porque se presente una situación de arbitrariedad manifiesta, entendiendo por tal aquella que suponga una omisión o desacierto de gravedad extrema que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional (Fallos 250:348 entre muchos otros).
IV. Ahora bien, aún cuando en el caso el requisito del doble conforme se encuentra abastecido, se presenta un supuesto de arbitrariedad, sumado al interés institucional derivado de lo novedoso del caso en punto a la singularidad del instituto liberatorio consagrado por el art. 97 de la ley 15.571, la discusión acerca de sus alcances de conformidad con los principios que estructuran la normativa del fuero penal juvenil y muy especialmente el rol que en adelante desempeñará esta Sala especializada (cfr. art. 54 de la ley 15.571, Resolución 924/2026 de la Suprema corte de Justicia y Acuerdos 150 y 151 de este Tribunal de Casación Penal); todo lo cual habilita la apertura de esta instancia casatoria.
En tal sentido, observo que la Cámara confirmó el criterio del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata de diferir la decisión acerca del pedido de libertad de cumplimiento (art. 97 de la ley 15.571) a las resultas de lo que arrojen los informes encomendados a la Unidad Penitenciaria donde está alojado el joven y de la evaluación que al respecto efectúe el representante del Ministerio Público Fiscal. De la lectura de las actuaciones digitales remitidas a esta sede por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, surge -en lo que aquí relevante- que, frente al pedido de libertad de cumplimiento formulado por la defensora oficial en razón de encontrarse cumplido el plazo que para ello prevé el art. 97 de la ley 15.571, el magistrado del fuero especializado señaló que el instituto en cuestión no opera de manera automática con el solo cumplimiento del plazo temporal allí estipulado (seis meses antes del agotamiento de la pena impuesta), sino que corresponde recabar informes sobre el desarrollo y evolución del joven para, previa vista al Ministerio Público Fiscal, decidir acerca de la procedencia o no de la libertad pretendida.
Concretamente decidió en lo pertinente: "...II.-FORMAR EL INCIDENTE respectivo y REQUERIR a la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos, en la que se encuentra alojado el joven nombrado, a fin de que produzca, se expida y remita a este Tribunal-con carácter de urgenteinforme interdisciplinario respecto del joven A., psicológico, de escolaridad, actividades extracurriculares, concepto, conducta, evolución, comportamiento e informe técnico-criminológico, formulario de vida penitenciaria, si posee otra causa abierta en la que interese la detención u otra condena pendiente, pronóstico de reinserción social, como asimismo todo otro dato que resulte de interés (arts. 1, 6, 33, 85 y ccs. ley 13.634; 88, 97 y cctes. ley 15.571) a fin de evaluar el desarrollo y evolución del joven previo a resolver respecto del pedido de libertad de cumplimiento (art. 101 ley 15.571) y subsidiariamente libertad asistida (art. 88 ley 15.571)..." [cfr. copia digital obrante en el Sistema Augusta; Reg. Sent. RS-45-2026] Como vimos, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones departamental confirmó el temperamento de su a quo y añadió algunas consideraciones críticas respecto de la interpretación literal del art. 97 de la ley 15.571 propuesta por la defensora apelante.
V. El recurso prospera parcialmente.
Como primera medida, diré que estoy de acuerdo con mis colegas de la instancia departamental en cuanto que, desde una mirada integral y sistemática de la regulación legal aplicable y atendiendo a la finalidad de la prevención especial positiva, la procedencia del instituto de marras, cumplido el plazo legal, exige una valoración del juez fundada en el la conducta el joven en su tránsito intra muros y luego de otorgar a las partes la posibilidad de ser escuchadas.
Ahora bien, esa inteligencia de la norma demanda que la decisión jurisdiccional al respecto sea oportuna, pues es indiscutible que el art. 97 incorpora un instituto cuya finalidad es evitar que el adolescente permanezca privado de libertad más allá del tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines socio-educativos de la sanción.
El legislador fijó como momento de análisis los seis meses anteriores al agotamiento de la pena porque evidentemente entendió que, llegado ese tramo final de ejecución, debe evaluarse si resulta o no necesario mantener el encierro hasta el vencimiento íntegro de la condena.
Es así que la decisión judicial debe adoptarse en ese momento, no después. Por ello entiendo que corresponde al juez encargado de controlar la ejecución de la condena -en resguardo del principio de tutela judicial efectiva-, anticiparse y procurar contar con el informe al cumplirse el plazo legal que prevé la norma en cita para, previo traslado a las partes para otorgarles la posibilidad de pronunciarse -lógicamente antes de ese plazo-, decidir en el momento que el legislador estableció para el análisis acerca de la procedencia de la libertad de cumplimiento.
Considero que una praxis judicial de esa naturaleza tiende a evitar que la eventual demora administrativa termine reduciendo artificialmente el período de libertad previsto por el legislador y desnaturalizando la figura de la libertad de cumplimiento del art. 97 de la ley 15.571.
Dicho de otra forma, el joven tiene derecho a que se resuelva sobre su libertad de cumplimiento en el momento previsto por la ley -seis meses antes- y que se le conceda -en ese plazo- si no existe un obstáculo concreto. Cabe enfatizar que los contornos del instituto imponen que se anticipe la petición de información de modo tal que esté disponible en tiempo útil y que la incidencia se encuentre en condiciones de ser resuelta con estricto apego a ese término. Para poner las cosas en blanco sobre negro, cabe exhortar a que se planifique el abordaje de estos casos para que la previsión del art. 97 tenga efecto útil y no se vea deteriorada o esterilizada por el mero paso del tiempo.
De allí se desprende otra cuestión: la amplitud del informe debe guardar proporcionalidad con el referido instituto.
Es evidente que el análisis acerca de la procedencia de la libertad anticipada que instituye el art. 97 no consiste en rediseñar integralmente el tratamiento penitenciario del joven ni en efectuar una nueva evaluación criminológica semejante a la que podría requerirse para otros institutos de progresividad (salidas periódicas, prisión domiciliaria, libertad asistida, libertad controlada).
La cuestión consiste únicamente en determinar si, en el tramo final de la condena, existe algún elemento concreto que permita concluir que la permanencia en prisión continúa siendo necesaria.
No puede soslayarse en este plano de análisis que el juez a cargo del control de la ejecución de la pena no parte de una hoja en blanco cuando llega el momento de decidir acerca de la viabilidad de la libertad de cumplimiento del art. 97. A esa altura ya habrá tenido acceso a los informes producto de la revisión periódica de la sanción o medida privativa de libertad, a la información sobre el desempeño del joven en los espacios educativos y de formación laboral, a los reportes sobre sus antecedentes disciplinarios, etc.
En resumen, lo relevante para decidir sobre la procedencia de la libertad de cumplimiento es conocer la situación actual del joven. Desde esta perspectiva, el informe actualizado debería circunscribirse a extremos tales como: conducta disciplinaria reciente, concepto actual, vigencia de sanciones disciplinarias pendientes, registro de conflictos relevantes durante el alojamiento, eventual existencia de otra causa o medida que pudiera impedir la concesión de la libertad.
Es decir, datos objetivos que permitan verificar si existe algún obstáculo actual para el egreso. En cambio, el pedido de informes de pronóstico criminológico o de personalidad exceden el objeto inmediato del instituto.
Reitero, en la resolución originaria (confirmada por la sentencia de Cámara aquí impugnada) se encomendó a la Unidad Penitenciaria N° 1 de Olmos la confección de un amplio informe respecto del joven A., que ciertamente supera en exhaustividad al que debiera exigirse para la evaluación de un egreso en los términos del art. 97 de la ley 15.571. En el caso concreto, el tiempo de los seis meses anteriores al vencimiento de la pena han sido superados y los informes han sido solicitados con exceso de aquello que requiere una adecuada interpretación del instituto.
Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso y reenviar las presentes actuaciones a la instancia de origen a fin de que resuelva la situación del V. B. A. con ajuste a los lineamientos aquí trazados.
Por último, enterado en el acuerdo de los argumentos adicionales señalados por mi colega Dr. Kohan, comparto los mismos.
Rigen los arts. 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Const. de la Prov. de Bs. As.; 106, 210, 448, 450, 451, 461, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 54, 68, 97 y 101 de la ley 15.571. VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el Señor Juez Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Bouchoux por sus fundamentos. Sólo deseo agregar algunas consideraciones adicionales.
El propio art. 97 de la ley 15.571 emplea el verbo "procederá" y no una fórmula que denote automaticidad o un derecho que se adquiere por el mero transcurso del plazo, lo que conduce a sostener que existen supuestos en los que la libertad de cumplimiento "no ha de proceder" y que, por ende, su concesión no reviste el carácter automático que postula la recurrente. Tal intelección se ve reforzada por lo normado en el art. 101 de la misma ley, en cuanto dispone que, para acceder a cualquiera de los institutos allí establecidos, no se computarán mecánicamente los límites temporales, sino que prevalecerá la valoración del Tribunal sobre el desarrollo y evolución del joven; extremo que fue, precisamente, el invocado por el magistrado de origen para disponer los informes aquí cuestionados.
Lo aquí postulado resulta compatible con la intención que se trasluce del espíritu que informa la ley y la contraria importaría afirmar que hubo una severa omisión en el texto legal, mas cabe recordar aquí que la inconsecuencia del legislador no puede presumirse. Ello ha sido sostenido por la jurisprudencia que emana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es del caso señalar que: "la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen y por ende, se reconoce como principio que las leyes han de interpretarse siempre evitando conferirles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que la concilie y deje a todas con valor y efecto" (Fallos: 300:1080; 315:727; 310:195 y 320:1090 y 1962, entre muchos otros). Ahora bien, resulta necesario formular precisiones que sean respetuosas de los principios rectores de interpretación de la ley en materia penal y procesal penal. En esa senda, corresponde señalar que distinta es la entidad de esa valoración según el instituto de que se trate. Es el art. 96 de la ley 15.571 el que, al referirse a la procedencia de las salidas periódicas, la prisión domiciliaria, la libertad asistida y la libertad controlada, demanda ponderar la evolución y comportamiento del joven mediante una evaluación de mayor amplitud. De ello se sigue, en una lectura sistemática del capítulo, que los informes de índole criminológica, psicológica o de pronóstico de reinserción resultan propios de esos otros institutos, mas no de la hipótesis del art. 97, cuyo objeto se agota en verificar si, en el tramo final de la condena, el concepto y la conducta del joven no presentan un obstáculo actual para su egreso.
Y es que la solución propuesta no importa una interpretación extensiva del art. 97 de la ley 15.571, en tanto no se añade un recaudo ajeno a su texto, sino que se desentraña una posibilidad que la propia norma contiene al utilizar el vocablo "procedencia" -que, como se dijo, admite que la libertad de cumplimiento no proceda en determinados supuestos-. Exigir informes de conducta y concepto no hace más que dotar de contenido razonable a esa condicionalidad implícita, en plena consonancia con el art. 101 de la misma ley. No se trata, pues, de una exégesis que desborde el texto legal, sino de una que se compadece con él. Mal puede, entonces, calificarse de automática una libertad que la propia ley subordina a esa valoración; de allí que requerir informe de concepto y conducta (y no una evaluación criminológica integral) resulte ajustado a derecho.
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez Bouchoux, dijo:
Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde: 1) Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial; 2) hacer lugar parcialmente al recurso y reenviar las presentes actuaciones a la instancia de origen a fin de que resuelva la situación del V. Benjamín A. con ajuste a los lineamientos aquí trazados. Sin costas (arts. 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Const. de la Prov. de Bs. As.; 106, 210, 448, 450, 451, 461, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 54, 68, 97 y 101 de la ley 15.571).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Bouchoux por sus fundamentos.
ASI LO VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
1. Declarar admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensora Oficial.
2. Hacer lugar parcialmente y reenviar las presentes actuaciones a la instancia de origen a fin de que resuelva la situación del V. B. A. con ajuste a los lineamientos aquí trazados.
Arts. 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCP; 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Const. de la Prov. de Bs. As.; 106, 210, 448, 450, 451, 461, 464, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 54, 68, 97 y 101 de la ley 15.571. Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente devuélvase.
JM
Fin de la sentencia