Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8111 FOLIO Nº 059/074 PROT. ELECT. JRS1087I.231
Río Gallegos, 25 de Septiembre de 2023.-
La presente causa caratulada: "O.V.D.C. S/ DCIA. ESTAFA", Expte. Nº 26.846/23, Apelación/Causa JR Nº 8370/23 y acumulados por cuerda: "INCIDENTE DE EXCEPCIÓN POR INCOMPETENCIA TERRITORIAL S/ INTERPUESTO POR EL DR. H.D.O., DEFENSOR TÉCNICO DE M.D.J.", Expte. Nº 26.846/23, Apelación/Causa JR Nº 8356/23, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 08/10 y vta. del incidente de excepción por incompetencia territorial, obra glosado en copias el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° Tres de Río Gallegos, quien en el punto 1º) no hizo lugar a la solicitud de inhibitoria interpuesta por parte de la asistencia técnica del imputado M.D.J..
Que contra esa resolución, a fs. 12/14 -del incidente de excepción-, la defensa técnica del imputado M.D.J. apeló -motivándolo-, recurso que fue mantenido ante esta Alzada, habiendo presentado el memorial previsto en el art. 437 del CPP, remitiendo a los motivos y fundamentos del recurso de apelación.
Que a fs. 417/427, del expediente principal caratulado: "O.V.D.C. S/ DCIA. ESTAFA", Expte. Nº 26.846/23, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° Tres de Río Gallegos, quien en el punto 1º) ordenó el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de M.D.J., en orden al delito de "estafa dos hechos (hecho dos y tres) en concurso real con estafa en grado de tentativa dos hechos (hechos cuatro y cinco) en concurso real con asociación ilícita, todos en concurso real entre sí" (arts. 45, 42, 55, 172 y 210 del CP), y en el punto 2°) trabó embargo sobre los bienes del procesado como medida precautoria por la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000). Que, contra esa resolución, a fs. 454/461 -del incidente de apelación-, la defensa técnica apeló -motivándolo-, instrumento que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 473, acompañando a fs. 476/481 el memorial de agravios del art. 437 del CPP. Que a fs. 474 obra glosado Oficio Nº 3547/23, por medio del cual la Sra. Jueza de grado hace saber que en fecha 28/07/2023 sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva dictada a fs. 417/427 de los autos principales, y en consecuencia hizo lugar a la prisión domiciliaria de J.D.M., implementando el programa de monitoreo de dispositivos electrónicos (tobillera electrónica), constituyendo la caución real impuesta con el rodado marca S, modelo G-360, año 2012, dominio xxx y entregando dicho vehículo en carácter de depositario judicial a su titular registral. Que a fs. 464 y 468 se corrió vista fiscal, dictaminando a fs. 465/467 y 469/471vta..
Quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
Que habiéndose acumulado los dos recursos de apelación interpuestos por la defensa del encartado, a los efectos de economía procesal, a continuación se dará el debido abordaje de los mismos en el orden cronológico propuesto.
I. Recurso de apelación de la resolución que no hace lugar a la solicitud de incompetencia territorial por vía de declinatoria (Incidente de excepción por incompetencia territorial): La defensa se agravia por entender que la resolución que apela transgrede los principios de congruencia (por omisión), de defensa, razonabilidad, imparcialidad y tutela judicial efectiva, generando un agravio de imposible reparación posterior atento que su asistido se ve imposibilitado de recuperar su libertad y de ser juzgado por el juez natural. Plantea que la resolución atacada resulta arbitraria en función que la a quo no cumplió con el deber de motivar su decisión, resaltando que utilizó como fundamento del decisorio parte del dictamen fiscal, sin explicar cuáles son -a su criterio- los elementos que considera esenciales y necesarios para fortalecer y resguardar el principio de economía procesal.
En ese sentido, asevera que se limitó a mencionar de manera genérica y abstracta las diligencias judiciales ordenadas oportunamente, sin indicar su relación, proporcionalidad e importancia para llegar a la conclusión a la que arribó, impidiendo a la defensa cuestionar algo que no puede controlar por su inexistencia. Asimismo afirma que el auto recurrido adolece de motivación aparente y contradictoria, en cuando dice: “…es necesario recordar que los hechos delictivos se reputan cometidos tanto en el lugar en el que se desarrolló alguna parte de la acción como en aquel donde se produjo el resultado (…) por lo que es preciso que la elección de alguna jurisdicción se determine atendiendo a las exigencias planteadas por la economía procesal, la necesidad de favorecer la buena marcha de la administración de justicia y, en su caso, la defensa de los imputados (…) teniéndose especialmente en cuenta, a los fines de esto último, su domicilio…”, por arribar a una conclusión que contradice el fallo que eligió en sustento de su resolución.
Agravia a la defensa que la a quo no hubiera explicado por qué “la jurisdicción de Río Gallegos garantiza la economía procesal, una mejor actuación de justicia cerca del lugar donde ocurrió la infracción y los elementos de pruebas”, tratándose de expresiones genéricas y abstractas que transgreden el derecho de defensa en juicio y el principio de legalidad. Del mismo modo se agravia en tanto la a quo sustenta su postura en que en los hechos constitutivos y calificados como asociación ilícita será competente el tribunal de la circunscripción judicial en la que cesó la continuación o la permanencia, por no explicar dónde cesó la continuación o permanencia, tratándose de una expresión genérica y abstracta que afecta el derecho de defensa.
De modo semejante se agravia por cuanto la Instrucción no explica cómo se llega a la conclusión que la jurisdicción de Río Gallegos garantiza una investigación eficaz y no la jurisdicción de la provincia de Neuquén. Por ende, al desconocer los motivos por los que se rechaza la incompetencia, es que se ve impedido de ejercer una defensa eficaz y técnicamente a su cliente, reiterando que se trata de una decisión abstracta y arbitraria. Que si bien reconoce que los magistrados no tienen la obligación de contestar todos los planteos de las partes, sí deben dar respuesta a los que resulten esenciales por el derecho que le asiste al imputado de peticionar. Es por ello que postula afectación del principio de congruencia por omisión.
Finaliza sus argumentaciones aseverando que no se dio respuesta a las siguientes cuestiones: a) que el imputado M.D.J. es oriundo de la ciudad de Neuquén capital, es decir, allí tiene su núcleo familiar, laboral así como su abogado de confianza (Dr. A.C.) y nunca antes estuvo en Río Gallegos; b) que casi la totalidad de las diligencias probatorias requeridas por la Instrucción se realizaron en la jurisdicción de Neuquén; c) que la provincia de Neuquén tiene un código procesal penal acusatorio que en sus arts. 106 y 59 contemplan el principio de oportunidad, es decir, prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal, lo que fortalece los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, mínima intervención estatal y última ratio.
Además prevé el sistema de oralidad de todos los actos que impulsan las partes y la perentoriedad de los plazos procesales. Y en cambio el CPP de la jurisdicción de Santa Cruz no contempla dichas potestades; d) que la jurisdicción de Neuquén garantiza una efectiva tutela judicial a las víctimas, dado que posibilita a las mismas recuperar la totalidad del perjuicio sufrido, como así también la solución del conflicto primario entre las partes; e) que la jurisdicción de Neuquén contempla el principio de imparcialidad, que se ve garantizado en un proceso donde el juez solo tenga como función juzgar, situación que no sucede en el CPP de Santa Cruz, donde un mismo juez investiga y juzga sus propias decisiones; f) y que la resolución recurrida se ha resuelto bajo la forma de inhibitoria, cuando el planteo ha sido de declinatoria en los términos del art. 42 del CPCyC.
En definitiva plantea que la a quo no se expidió sobre los planteos de la defensa conducentes y pertinentes para resolver el pedido concreto de incompetencia, es por eso que solicita se revoque la resolución recurrida, declarando la incompetencia del Juzgado de Instrucción Nro. Tres de Río Gallegos, y se disponga la remisión de las actuaciones a la jurisdicción de Neuquén. Quedan de esta manera planteadas las cuestiones a resolver. En primer lugar, y más allá de asistirle razón al recurrente cuando plantea que la resolución puesta en crisis se ha resuelto bajo la forma de inhibitoria, cuando el planteo ha sido de declinatoria, se advierte que en el incidente en estudio se dieron cumplimiento a los pasos procesales previstos por nuestro código de rito, habiéndose resuelto lo planteado previa vista a la Fiscalía de Primera Instancia (confr. el art. 33 del CPP).
Y siendo que en ambos casos (inhibitoria/declinatoria) la cuestión versa sobre la competencia para conocer, iniciar o continuar el proceso pretendiendo que el expediente se remita al juzgado que se entiende resultaría competente, no se observa en el caso concreto que se hubieran conculcado los derechos y garantías que asisten al imputado como lo alega la defensa. Ahora bien, concretamente, en respuesta a la pretensión de declaración declinatoria del Juzgado de Instrucción Nro. Tres, alegando incompetencia territorial, adelanto que no prosperará por lo que confirmaré la resolución venida a estudio. Ello en función que, las consideraciones en las que el recurrente pretende fundar la supuesta arbitrariedad del auto de mérito en análisis, alegando falta de fundamentación lógica y conculcación de los principios de congruencia por omisión, de defensa en juicio, razonabilidad, imparcialidad y tutela judicial efectiva, sólo traducen su disconformidad con el criterio expuesto por la Sra.
Jueza de grado en la decisión recurrida, no logrando acreditar una decisiva carencia de motivación, ni que ésta fuera aparente o contradictoria; circunstancia que -por sí sola-, autoriza a rechazar este primer agravio. Al respecto la CSJN tiene dicho que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación...". (Cita online: CSJN 325:324 •30003297), circunstancia que no se observa en el auto recurrido. Por el contrario a lo planteado por el recurrente, el pronunciamiento de la Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado, observándose las pautas previstas en los arts. 115 y 116 del CPP, dando las razones por las que entiende –compartiendo lo dictaminado por el Sr.
Fiscal de Primera Instancia-, que resulta competente el juzgado a su cargo para continuar entendiendo en la presente investigación. En primer lugar la Magistrada dio cuenta que confirió la vista de rigor al Agente Fiscal, quien se pronunció propiciando el rechazo de la declinatoria planteada por los motivos de hecho y de derecho que explicita en su escrito la defensa de M.D.J., adelantando que coincide con el criterio de la vindicta pública. Seguidamente la a quo ponderó que, a pesar que el imputado reside en la localidad de Neuquén y parte de la prueba producida en la causa fue materializada en dicha jurisdicción, es en la jurisdicción territorial de su juzgado donde se domicilian los damnificados, donde se habría concretado parte del ardid desplegado y donde se habrían materializado los actos de disposición patrimonial perjudiciales investigados.
Del mismo modo la a quo analizó el argumento de la defensa que sostiene que la jurisdicción de Neuquén se encontraría en mejores condiciones para entender en la causa, por ser el lugar donde el imputado tiene su centro de vida y cuyo sistema de enjuiciamiento penal ofrecería herramientas modernas que podrían resolver con mayor eficacia el conflicto suscitado entre las partes. En ese sentido, la Sra. Jueza contrarrestó lo sostenido descartándolo, toda vez que uno de los hechos que se le atribuyen al encartado resultaría subsumido en el art. 210 del CPN, que prevé y reprime el delito de “asociación ilícita”; con lo cual tratándose de un delito permanente, resulta competente el tribunal de la circunscripción judicial en que cesó la continuación o permanencia, es decir, el juzgado a su cargo.
Adicionalmente apreció que: “…la investigación posee un significativo avance, donde se han producido importantes medidas probatorias de carácter dirimente y donde se ha ordenado la detención del prevenido, siendo trasladado desde la ciudad de Neuquén donde fueron concretados diversos allanamientos, habiéndose celebrado además la audiencia prevista en el art. 278 del CPP, oportunidad en la que el inculpado pudo efectuar su defensa material, siendo más adecuado que sea la magistrada que escuchara al causante quien resuelva su situación procesal. Consecuentemente, es esta jurisdicción la que aparece actualmente en condiciones óptimas para garantizar una investigación eficaz…”. Con lo cual mal puede afirmar la defensa que la Sra.
Jueza de grado haya incurrido en expresiones genéricas y abstractas, toda vez que esta Alzada advierte sólidos argumentos por los que concluyó rechazando la declinatoria solicitada, sin perjuicio de lo que surja del trámite ulterior. Bajo esa tesitura, desde esta instancia revisora se comparte con la Instrucción y con lo dictaminado por el Sr. Fiscal Subrogante ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, que corresponde rechazar el pedido de declinatoria del Juzgado de Instrucción Nº Tres en lo Criminal y Correccional. Ello toda vez que los actos con relevancia típica, esto es, el ardid y la disposición patrimonial de los delitos de estafas imputados a M.D.J. habrían sido prima facie cometidos en la ciudad de Río Gallegos, lugar donde residen los damnificados –personas especialmente vulnerables-, verificándose de ese modo el principio básico de competencia territorial que se rige por el lugar de comisión de los delitos.
En ese sentido la CSJN se ha expresado reiteradamente, estableciendo que: “…Tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa, como aquel en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial, la que debe resolverse en definitiva, por razones de economía procesal…”. (Del dictamen de la Procuración General que la Corte hace suyo en fecha 14/03/2023, en autos “N.N. s/ incidente de incompetencia”, cita online: TR LALEY AR/JUR/19929/2023). Asimismo se advierte que el Juzgado de Instrucción Nº Tres en lo Criminal y Correccional local previno en la investigación, dispuso las medidas que estimó pertinentes y útiles a fin de dilucidar los hechos denunciados, las que, a su vez, le permitieron efectuar el llamado a prestar declaración indagatoria al imputado, arribando al auto de mérito por el que lo privó de la libertad (también puesto en crisis por la defensa mediante el recurso de apelación de fs. 454/461).
Con lo cual efectivamente se encuentran dadas las razones de economía procesal a favor del Juzgado interviniente. Del mismo modo se comparte con la a quo que resulta especialmente relevante -conforme la doctrina de la CSJN-, que al incuso se le reprocha además el delito de “asociación ilícita” (art. 210 del CPN), resultando la ciudad de Río Gallegos el lugar donde habría cesado la continuación o permanencia de dicho ilícito. Así se ha expedido la CSJN afirmando que: “…El delito de asociación ilícita tiene carácter permanente y si el accionar se ha verificado en varias jurisdicciones, corresponde atribuir la competencia al magistrado que resulte más conveniente por razones de economía procesal, con el fin de procurar una mejor actuación de la justicia que permita que la investigación y el proceso se lleven a cabo cerca del lugar donde ocurrió la infracción y dónde se encuentran los elementos de prueba…”.
(Cita online: TR LALEY AR/JUR/3698/1993). Por último, y con relación a las consideraciones de la defensa relativas al Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, resulta sumamente llamativo para esta Alzada que un abogado de la matrícula efectúe consideraciones semejantes, siendo el código de rito por el que debe desempeñar su cometido, tratándose de apreciaciones subjetivas que no constituyen una crítica razonada a la resolución recurrida y por lo tanto, resultan a todas luces carentes de utilidad y pertinencia, debiendo recordarle al profesional que por mandato constitucional -en función de nuestro sistema federal de gobierno-, las provincias se reservan la facultad de dictar sus códigos de procedimiento (arts. 5, 121, 122, 123, 124 y 126 de la CN).
II. Recurso de apelación del auto de procesamiento en los autos principales: 1) Agravio relativo a la nulidad de la indagatoria: El primer motivo de agravio de la defensa consiste en que en la resolución atacada se habría realizado una arbitraria valoración de la plataforma fáctica de la causa, que tendría su origen en una arbitraria invocación de los hechos enrostrados al inculpado en oportunidad de llevarse la audiencia del art. 278 del CPP, por lo cual solicita se declare la nulidad absoluta de la declaración indagatoria. Concretamente plantea que respecto del hecho nro. uno imputado, esto es, la “asociación ilícita”, carece de la descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría intervenido su asistido, aseverando que además de ser nulo de nulidad absoluta, afecta gravemente las garantías y derechos de orden constitucional de las que goza todo imputado.
Agrega que tampoco se detalla cuándo fue conformada la asociación, con qué finalidad, qué rol cumplía su defendido en la misma, qué hechos concretos realizó, tratándose de una descripción totalmente genérica y abstracta, carente de los elementos básicos que debe contener la descripción de una conducta de acción o de omisión, con dolo o culpa, para ser considerado un hecho con significancia o relevancia penal. De modo semejante se agravia de la imputación de los hechos nro. dos en adelante, destacando que -si bien se puede observar la plataforma fáctica con base en las denuncias penales obrantes en autos, reuniendo los elementos necesarios para la adecuada defensa-, en ninguna de ellas aparece mencionado su defendido, sino en todo caso se describe el accionar mediante ardid o engaño por una mujer que realizó un llamado telefónico y por un hombre que concurrió al domicilio a retirar dinero.
Es por ello que se agravia en definitiva de la orfandad probatoria respecto de la autoría de los hechos reprochados como dos, tres, cuatro y cinco, en función que M.D.J. no aparece mencionado en las denuncias, no obran en la causa transcripciones de las escuchas telefónicas donde su representado diera instrucciones ni tampoco otros medios de pruebas que indiquen esa circunstancia respecto de los hechos investigados. Finaliza este primer agravio argumentando que la a quo no valoró el descargo de su defendido brindado en oportunidad de recibírsele la declaración indagatoria, en el sentido que nunca estuvo en Río Gallegos, arribando a ésta ciudad en calidad de detenido. Con lo cual se pregunta ¿cómo podría dar instrucciones a alguien para llegar a diferentes domicilios, en barrios, calles y lugares que no conoce?
Y por otra parte señala que expresó en su defensa que en las fechas en que ocurrieron los hechos investigados, estaba en Neuquén capital donde reside, concurriendo los días lunes, miércoles y viernes a presentarse a la fiscalía de esa ciudad. Pues bien, en relación a la nulidad articulada, esta Alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y 8076/23, entre otras tantas) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable.
En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal sostiene que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). Dicho esto, no se advierte la merma de los derechos y garantías del imputado que alega el recurrente y por las cuales deba declararse la nulidad de la imputación de los hechos atribuidos a M.D.J. en el acta de declaración indagatoria.
Tampoco se observa que la Sra. Jueza de grado hubiese incurrido en un análisis parcial y antojadizo de los diversos elementos de convicción incorporados regularmente al proceso, ni que hubiese omitido considerar pruebas conducentes a una solución diferente. Por el contrario, de la compulsa y estudio del legajo, se extrae que la Instrucción ha valorado adecuadamente la prueba conforme las reglas de la sana crítica racional. Cabe destacar que, en función de la nulidad planteada por la defensa, esta Alzada hubo de correr en vista las actuaciones al Sr. Agente Fiscal Subrogante ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, quien dictaminó a fs. 465/467 y 469/471vta., considerando que no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad en función que no se vislumbra ningún perjuicio, daño o afectación a los derechos de jerarquía constitucional reconocidos al imputado, criterio que compartimos plenamente.
Así, con relación al agravio del hecho nro uno, es decir, el reproche vago e impreciso del delito de “asociación ilícita”, se concuerda con el Ministerio Público Fiscal que, a pesar de la complejidad del delito investigado, la a quo logró describir en la indagatoria adecuadamente el hecho reprochado, mencionando las distintas aristas que configuran los requisitos del tipo penal, con el grado de probabilidad que se exige en esta instancia procesal. Profundizando el análisis de la imputación formulada, se advierte que la Instrucción le atribuyó a M.D.J., un total de cinco hechos, los cuales guardan correlación entre sí, habiéndose iniciado con el reproche de la conformación de la asociación ilícita, endilgándose seguidamente los distintos hechos constitutivos del delito de estafas y tentativas de estafas denunciadas, no pudiendo en consecuencia valorarse de manera aislada cada hecho, sino en su conjunto.
A mayor abundamiento cabe traer a colación lo dictaminado sobre este punto por la vindicta pública: “…Quizás el hecho no se encuentra minuciosamente circunstanciado como podría requerirse en otro tipo de delitos. Y ello se deba a que estamos frente a un delito muy complejo como la asociación ilícita y las distintas estafas que se cometen mediante llamadas telefónicas, materializando el hecho en distintas jurisdicciones, dificultando de este modo la investigación y la posibilidad de hallar la totalidad de los elementos necesarios para hacer una descripción del hecho detallada en todos sus extremos típicos; pretender la misma precisión al momento de circunstanciar el hecho imputado, sería prácticamente fomentar la impunidad de este tipo de ilícitos bajo esta modalidad tan empleada en la actualidad.
Haciendo una comparación con los hechos de abusos sexuales de niños y niñas en donde no se puede pretender el mismo rigor a la hora de describir el hecho imputado como en el caso de otro tipo de delitos…”. (Confr. fs. 470 del dictamen fiscal). Yerra la defensa cuando se agravia expresando que no se valoró en el auto recurrido el descargo de su asistido en la indagatoria, toda vez que de la compulsa de fs. 424/425 se advierte que claramente la Sra. Jueza hubo de confrontar la totalidad de prueba valorada con el descargo del encartado, concluyendo razonadamente que dado la modalidad delictual de los hechos reprochados, no constituye una condición indispensable que el imputado se hubiera encontrado en Río Gallegos para participar de su ejecución.
Todo lo hasta aquí valorado autoriza a concluir razonadamente que la defensa no logra controvertir el reproche de los hechos investigados, tal y como fueron objeto de imputación en la audiencia de declaración indagatoria y, mucho menos, fundamentar el perjuicio irreparable que fulmine de nulidad el acto en cuestión, falencia que obsta de modo decisivo a la procedencia de su impugnación, es por ello que queda descartada. 2) Agravio relativo a la orfandad probatoria: El segundo motivo de agravio de la defensa consiste en que no existirían pruebas incriminantes suficientes, más allá de las meras conjeturas e indicios sumamente endebles esgrimidos por la a quo. Entiende que la Magistrada al momento de ejercer sus facultades discrecionales de la jurisdicción, realiza una elección selectiva de las pruebas parciales, es decir, utiliza pruebas que sirvan para acreditar su acusación, pero no valora ni toma en cuenta las pruebas de descargo ni aquellas útiles para el descubrimiento de la verdad real.
Puntualmente señala que la prueba recolectada por el personal policial indica que el nro. telefónico XXX XXXXXX7, está a nombre de su asistido, pero que por tareas policiales se determinó que ese nro. lo usa la femenino C.A.G.C., sin explicitar cuáles son esas diligencias policiales. Asimismo le resulta llamativo que la a quo afirme que su defendido utiliza el nro. telefónico XXX XXXXXX1, sin ninguna prueba que respalde dicho extremo, por no existir escuchas, ni testimonios, ni prueba alguna que así lo indique. Agrega que tampoco se indica en el auto recurrido cuáles son las pruebas para concluir que su defendido sea pareja de la femenino C.A.G.C., siendo que lo único que lo sostiene es la afirmación de la a quo sobre “datos obtenidos por policía” sin mencionar cuáles son.
Y sobre este punto plantea que convalidar como indicios, elementos referidos de otra jurisdicción en fecha posterior a los hechos aquí investigados, supondría afectar gravemente la garantía constitucional del debido proceso, de ser juzgado por el juez natural y convalidándose la pérdida de jurisdicción y objetividad de la Magistrada interviniente. Del mismo modo se agravia por entender que la a quo no logró tener acreditado que su defendido conozca a “D”, así como tampoco cuenta con escuchas que vinculen a su pupilo con los hechos denunciados, aseverando que la Jueza imagina conversaciones que su asistido habría mantenido con un tal “D”, y sin apoyarse en pruebas concretas da por sentado que este último asume identidades previamente pactadas con su cliente pero no dice de dónde extrae tamaña conclusión.
De manera similar se agravia por cuanto se le atribuye ser miembro de la organización con “otros desconocidos”, resultando contradictorio que se le reproche ser miembro y a la vez dar instrucciones. Advierte que de los allanamientos realizados no se encontraron los teléfonos principales en que se basa la investigación (abonados nro. XXX XXXXXX1 ni XXX XXXXXX8), y las pruebas existentes son –a su entender- sumamente endebles y no tienen la fuerza suficiente para vincular a su representado con tamaña acusación de “asociación ilícita”, teniendo como único fin privarlo de la libertad de forma arbitraria y antojadiza, sin respaldo legal alguno. Adicionalmente se agravia de la afirmación genérica acerca que la organización recepciona sumas de dinero de distinta denominación que más tarde se reparten entre los partícipes, sin decir ni aportar pruebas respecto de qué sumas, qué denominación, cuánto recibió su defendido en ese reparto, dónde lo hizo, entre qué partícipes se reparten, etc., constituyendo una afirmación abstracta.
Por último se agravia con relación a los hechos imputados como nro. cuatro y cinco por utilizar generalidades para intentar sostener la acusación y detención injusta, confundiendo hechos con modus operandi y, con respecto a las características físicas de los presuntos involucrados, plantea que no resulta ninguna identidad física con su defendido ni tampoco obran pruebas que lo vinculen con esos hechos. Yendo al tratamiento de los agravios relativos la suficiencia y valoración de la prueba en el resolutorio, encaminados a cuestionar la autoría, adelanto, también serán rechazados. Ello así toda vez que basta la simple lectura de la resolución para constatar que resulta inobjetable el tratamiento de la cuestión efectuado por la Sra.
Instructora; encontrándose la decisión apoyada en la pormenorizada valoración de las pruebas reunidas durante la investigación, todo ello a la luz de la sana crítica racional, motivo por el cual yerra la defensa al señalar que el pronunciamiento carece de fundamento para sostener su postura. En efecto, para atribuir “prima facie” la autoría del hecho al imputado, la a quo se apoyó en numerosos elementos probatorios valorados en su conjunto, dentro de los que se destacan: los informes de inicio de actuados, las denuncias de N.A.M., C.M., y M.A.D., las órdenes de investigación, las declaraciones testimoniales de M.H.F.A., V.D.C.O., y A.M., los retratos hablados y el acta de reconocimiento fotográfico, documental adjunta, el resultado de las intervenciones telefónicas, los informes de la División de Investigaciones de Río Gallegos y los elementos secuestrados, certificados y reservados en Secretaría.
A través de dichos elementos se logró determinar prima facie que los distintos hechos investigados compartirían el mismo modus operandi consistente en contactar a las víctimas -todas mayores de 70 años-, y aprovechándose de su vulnerabilidad, pretendían ser un familiar muy cercano, argumentando circunstancias relacionadas con sumas de dinero, logrando obtener información sensible sobre la posesión de dinero en efectivo de las víctimas, para luego inducirlas a hacer entrega del mismo a un tercero que se presentaba en sus domicilios asumiendo el rol de contador o empleado bancario, sumidas en el error del ardid desplegado por el autor de las llamadas, creyendo que el dinero sería trasladado hasta donde se encontraba el presunto familiar.
Que con relación al agravio relativo a la ausencia de explicación sobre las diligencias que le habrían permitido a la a quo arribar a la conclusión que el abonado XXX XXXXXX1 sería utilizado por M.D.J., en tanto si bien el abonado XXX XXXXXX7 se encontraría a nombre de M.D.J., sería utilizado por la ciudadana C.A.G.C., quien sería su pareja; cabe mencionar que la cuestión fue abordada en los considerandos de fs. 421vta./422, guardando correlato con las pruebas de fs. 330 (informe de titularidad de la empresa Personal), fs. 85/90 (informe de la División de Investigaciones R.G.), fs. 205/213 (informe de la División de Investigaciones R.G.), por nombrar las más relevantes, con lo cual este agravio resulta inconsistente.
De igual forma luce desacertado el agravio que asevera que la Magistrada no tendría acreditado que M.D.J. conozca al coimputado F.D.M., puesto que a fs. 423 del auto recurrido se abocó al tratamiento de este punto cuestionado, logrando determinar en función del informe de la División de Investigaciones R.G. (de fs. 367/373), que de las escuchas de llamadas y lectura de mensajería del nro. de abonado XXX XXXXXX8 perteneciente a F.D.M. y el abonado nro. XXX XXXXXX1 del imputado M.D.J., se advierte la gran afluencia de comunicaciones existentes entre ambos y que dichos contactos se relacionan directamente con la modalidad de los hechos investigados. Ello le permitió a la a quo reconstruir los hechos investigados, llegando a concluir razonadamente que ambos masculinos F.D.M. y M.D.J., se dedican a engañar a personas de avanzada edad, y por ende fácilmente manipulables, no representando ningún peligro para los autores de los hechos; haciéndolo mediante conversaciones telefónicas que entablan personas que se ubican en otra jurisdicción, y que una vez que detectan que la persona ha sido engañada se comunican con M.D.J., quien a su vez mantiene comunicación con F.D.M., quien se traslada al lugar de residencia del engañado y asumiendo distintos roles e identidades previamente pactadas con M.D.J., y los otros miembros de la organización no identificados, recepcionan sumas de dinero de distinta denominación, que más tarde reparten entre los partícipes.
Se comparte con la a quo que resulta relevante destacar la labor investigativa desarrollada por la División de Investigaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, pues su rápido accionar permitió colectar abundante material probatorio que -a mi entender-, sumado a las eficaces diligencias llevadas a cabo por la Instrucción, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP. Por último la defensa se agravió de los hechos imputados como cuatro y cinco, rechazando que se encuentre acreditada la autoría de su asistido, aseverando que se tratan de generalidades para intentar sostener la acusación y detención injusta. Sin embargo, esta Alzada concuerda con la a quo en que la sumatoria de los elementos probatorios valorados en su conjunto, permiten concluir a la luz de la sana crítica racional que obran un cúmulo de indicios cuya gravedad, univocidad y concordancia, permiten tener por acreditada con el grado de probabilidad afirmativa que exige la instancia que atraviesa la causa, la autoría penalmente responsable de M.D.J. en los hechos que se le incriminan.
Al respecto se sostuvo que: “La convicción de un tribunal puede estar razonablemente fundada en una prueba indiciaria construida sobre la base de circunstancias graves, y es totalmente posible que la existencia de numerosas presunciones coincidentes pueda proporcionar al juez un grado de certeza suficiente para concluir en la culpabilidad del acusado”. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III Reina, Daniel Á., 25/08/2005 - Cita Online: 1/1041148. Cabe señalar que la adecuada valoración de los indicios exige una consideración conjunta de ellos, y no un examen aislado o fragmentario, puesto que la meritación independiente de cada elemento de convicción de esta clase, desnaturaliza las características definitorias de este tipo de prueba.
En este sentido nuestro Máximo Tribunal, sostuvo: “...cuando se trata de una prueba de presunciones es presupuesto de ella, que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes.”. (C.S.J.N., “Martínez, Saturnino”, 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, Sent. nº 45, 28/7/98, “Simoncelli”; A. 32, 24/2/99, “Vissani”, A. n° 520, 26/12/01, “Luna”; A. n° 176, 7/6/02, “López”; A. n° 1, 2/2/04, “Torres”, entre muchos otros). Así entonces, se puede afirmar que fue el análisis en conjunto lo que le permitió a la Jueza adoptar la decisión recurrida.
Es decir que no corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas. Sobre este punto, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene que la cuestión probatoria: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”.
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Toda esta valoración –reitero- fue realizada por la a quo en le resolución en estudio, habiendo podido determinar -con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia-, la autoría de los hechos en la persona del imputado M.D.J.. Por otra parte, esta Alzada advierte la interseccionalidad de múltiples factores que hacen que las víctimas deban ser reconocidas como personas especialmente vulnerables, tanto por tratarse de adultos mayores como por ser M.H.F.A., C.M.M.R., y M.A.D. pertenecientes al colectivo femenino. Con lo cual se torna imperioso la ponderación del caso bajo la mirada de los estándares de la “Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” (ley 27.360 y su correlato provincial ley 2669), la “Convención Belem do Para”, las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional, y la perspectiva de género como pautas de hermenéutica constitucional y como principio rector la amplitud probatoria a la hora de valorar los elementos de cargo que obran en contra del encartado.
De ahí que se observa que la prueba fue valorada de manera acertada y coherente con la normativa que regula los derechos de los adultos mayores y las mujeres víctimas de violencia de género (violencia económica), siendo merecedores los denunciantes de un plus de protección dada su particular situación de vulnerabilidad. Cabe destacar que la Convención Interamericana de protección de los derechos de las personas mayores consolida la inclusión de la vejez en la agenda prioritaria de los derechos humanos. Su aprobación implica, a su vez, un cambio de paradigma en la concepción sobre las personas mayores, motivo por el cual los Estados deben asumir un papel más activo para que puedan ejercerlos, en condiciones de igualdad y con plena integración y participación en la sociedad.
La Convención fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA, el 15/06/2015 y ratificada por la Argentina en mayo del 2017 mediante la Ley 27360. Ello representó un salto cualitativo en la consideración de este colectivo, generándose un marco normativo que obliga a los Estados firmantes a desplegar una serie de instrumentos tendientes a cumplir y hacer cumplir esos derechos consagrados. La Convención reconoce que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económicas, social, cultural y política de sus sociedades.
Por otra parte destaca la necesidad de abordar los asuntos sobre la vejez desde una perspectiva de derechos humanos que reconozca las contribuciones de la persona mayor a la identidad cultual, al desarrollo humano, social, económico y a la erradicación de la pobreza. Asimismo mediante Acordada 5/2009, la CSJN adhirió a las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condiciones de Vulnerabilidad”, imponiendo a los tribunales inferiores la obligación de adoptarlas en cuanto resulte procedente. Que desde esta Alzada venimos sosteniendo de manera invariable a través de reiterados pronunciamientos, un perspectiva amplia de derechos y, en el caso concreto, consideramos que el envejecimiento activo y la perspectiva de derechos de las personas mayores constituye un nuevo paradigma que compele a la actuación con la debida diligencia reforzada a fin de reconocer, respetar, garantizar y restituir los derechos elementales reconocidos a este colectivo hipervulnerable (en los términos del derecho de defensa del consumidor).
Y, desde esta perspectiva, se observa de las constancias obrantes en la causa, la relación desigual de poder entre el imputado y los damnificados, quienes no significaban un peligro cierto para el mismo. En ese sentido, el abuso financiero investigado en el presente legajo, habría implicado la apropiación –y su intento, en los casos de las tentativas imputados-, de los activos o fondos de los adultos mayores, producto del ardid que habría ocasionado el engaño por parte de los sujetos activos en situación de confianza, ocasionando un perjuicio con alto impacto económico para los damnificados y la consecuente ventaja para los sujetos activos; configurándose un caso de violencia económica para con los adultos mayores.
Asimismo, la reseña efectuada, nos permite sostener que el auto de procesamiento no es incongruente ni arbitrario, pues se basa en la correcta valoración de la prueba reunida en la investigación. Lo expresado, echa por tierra los planteos defensivos, puesto que desde esta alzada, se ha sostenido que para dictar el auto de procesamiento basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción. En dicho carril argumentativo, se ha pronunciado la doctrina, al decir que: “…El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...” (Clariá Olmedo, J.
A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985; pág. 612). 3) Agravio relativo al dolo requerido por la asociación ilícita: En tercer lugar, la defensa se agravia por cuanto el auto recurrido no indica cuál es la prueba que demuestre el dolo de pertenecer a una asociación ilícita por parte de su asistido y no un mero acuerdo criminal de estafa; resultando los argumentos de la Jueza meras afirmaciones genéricas y abstractas, carentes de pruebas. Insiste en que de las escuchas no surgiría que su cliente sea quien habla o sea el interlocutor, y por otra parte plantea que son pruebas producidas con posterioridad a los hechos aquí investigados y en otras provincias, no en Santa Cruz ni en Río Gallegos.
De igual modo se agravia por cuanto la a quo no realizó ninguna diligencia para acreditar el poderío económico del imputado (como por ejemplo informe al RPI, a la municipalidad, al BC), ni mucho menos como para demostrar la estabilidad y la estructura de la organización. En respuesta a este tercer agravio, entendemos que no le asiste razón a la defensa cuando plantea que los argumentos de la jueza se resumen en meras afirmaciones genéricas y abstractas, carentes de pruebas; toda vez que tras efectuar una pormenorizada valoración de los elementos de cargo concluyó a la luz de la sana crítica racional que: “…Se exhibe en la presente la existencia de una convergencia intencional entre los distintos sujetos activos, que participan de los ilícitos investigados desempeñando cada uno un rol diferente, pero armonioso con el accionar de los restantes miembros de la asociación para así lograr concretar su ilícita empresa.
Es decir que la realización del delito se presenta como la obra de un conjunto, donde cada uno de los intervinientes cumplió un rol previamente asignado (…) entiendo que el imputado efectivamente tuvo la intención de ser miembro de una empresa cuyo objeto es la concreción de hechos delictivos en cantidades indeterminadas, toda vez que surge de las escuchas que el mismo se encontraba presto a poner en funcionamiento los engranajes de la misma en la región, acudiendo presto a la región geográfica que se le indicara (…) se advierte en el sub examine como M.J., se mantiene a disposición de la organización, adaptándose a los tiempos de esta y a sus distintas escenografías que son montadas por quienes se dedican a llamar por teléfono y urdir el engaño donde caen las desprevenidas víctimas, demostrando su voluntad de pertenecer…”.
(Confr. Fs. 424vta., 425vta. y 426). Lo expresado echa por tierra el planteo defensivo relativo a la orfandad probatoria del dolo requerido por el tipo penal reprochado, por lo cual no prosperará. 4) Agravio relativo al argumento sobre la “personalidad moral del imputado”: En cuarto lugar agravia a la defensa que se haya recurrido a un aspecto ajeno al derecho penal mencionado por la a quo como “personalidad moral” de su defendido, para fundar la resolución recurrida haciendo mención además a antecedentes que no son tales conforme el derecho penal. Aclara que M.D.J. nunca fue investigado y/o acusado por el delito de estafa bajo la modalidad del cuento del tío, sino que las causas por las que se lo investigó fueron por delitos de estafas por la venta de vehículos.
Por el contrario a lo valorado por la a quo, expresa que no registra antecedentes penales, habiendo sido sobreseído en varios hechos por los que se lo investigó; situación no contemplada por la Magistrada. Cierra su argumentación aseverando que convalidar esta teoría de invocar la personalidad moral o por pertenecer a la comunidad “zíngara”, implicaría un precedente peligroso en contra de los derechos humanos y de las garantías constitucionales básicas. Dando continuidad al tratamiento de los agravios, corresponde mencionar que a partir de la reforma de la ley 23057 al art 26 del Código Penal, se sustituyó la apreciación de la “personalidad moral” para la determinación de la concesión del beneficio de condena condicional.
Ahora la personalidad moral del imputado integra junto con su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsan a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias y los índices de apreciación de la viabilidad de la condena condicional por inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. (Ledesma, Guillermo A. C., 'Las reformas penal y de procedimientos', p. 42, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As., 1984). En el caso de marras, se observa que la Magistrada a fs. 422, en el desarrollo de la autoría del delito de “asociación ilícita”, expresó: “…Que, como resultado de las intervenciones telefónicas la División de Investigaciones de la Policía de la Provincia elabora un informe (v. fs. 176/229) (…) surge igualmente del referido informe un indicio de personalidad moral respecto de J.M.D., quien registra antecedentes por hechos delictivos de naturaleza patrimonial, similares al que constituye el objeto procesal de la presente causa.
Que de lo actuado por la autoridad policial surge la existencia de una organización criminal, compuesta por un número indeterminado de miembros que participan de manera activa, mediante una modalidad organizada y con roles perfectamente establecidos, para perpetrar delitos contra la propiedad. Pudiendo establecer que una célula de dicha organización se encontraría en la localidad de Neuquén, donde reside en forma permanente C.F.D.M., con su pareja E.R.P., los cuales comparten llamadas telefónicas, zona geográfica barrial con J.M.D. y C.G.C….”. Que, pese a lo infortunado de la expresión “personalidad moral”, no se advierte que la Sra. Jueza se hubiera extralimitado en la valoración de los indicios, surgiendo del informe de referencia (glosado concretamente a fs. 211/212) que el encartado ha sido investigado por diversos hechos de índole económico, más precisamente por estafas en la venta de automotores, debiendo destacarse que esta cuestión no fue ponderada a la hora de expedirse acerca de la medida cautelar de prisión preventiva que más adelante se analizará.
Y en ese sentido, reiteramos que la a quo esgrimió sólidos argumentos para arribar a la conclusión incriminante -en grado de probabilidad-, acerca de la participación del encartado en los hechos investigados con basamento en los elementos de cargo producidos en la causa. Es por ello que no se advierte que se hayan conculcado los derechos y garantías que asisten al imputado. 5) Agravio relativo a la errónea calificación legal de los hechos imputados: En quinto lugar la defensa se agravia por cuanto la a quo tiene por acreditada una asociación ilícita, es decir, la existencia de una organización para la comisión de delitos no probada en ninguno de los puntos con pruebas concretas. Plantea que no se explican por ejemplo cuáles serían las distintas modalidades o en qué lugar concreto del territorio nacional operan y de qué forma sino que, por el contrario, se contradice con lo afirmado cuando dice que son “estafas” y a lo sumo reiteradas o en grado de tentativa, sin que existan otras modalidades defraudatorias y se habla –para darle más color- de un número indeterminado de miembros y de un profuso plexo probatorio, cuando la realidad es que las denuncias de las víctimas es el único elemento con que se cuenta, y en ellas se habla de una mujer y un hombre, entre los cuales no está mencionado su asistido, ni se explica qué vínculo tendría con los otros miembros no identificados.
En definitiva, y tras efectuar un repaso doctrinario de la figura endilgada a M.D.J., se agravia de la valoración arbitraria de las evidencias por la Instrucción para imputar el delito de “asociación ilícita”, en función que –a su entender- no existe prueba alguna que acredite la existencia de una organización conformada por tres o más personas para cometer delitos indeterminados y tampoco para su calificación en concurso de las figuras reprochadas, tratándose de una excusa para mantener entre las rejas a su cliente. Finaliza su argumentación solicitando se revoque la calificación de esta causa bajo el delito de “asociación ilícita” y el cambio de carátula por el de “estafas reiteradas –dos hechos- en concurso ideal con tentativas de estafas –dos hechos-.
Pues bien, en relación a la crítica referida a la calificación atribuida, la Instrucción explicó con sólidos fundamentos, la razón que la llevó a encuadrar los hechos en lo previsto por los arts. 45, 42, 55, 172 y 210 del CP, provisoriamente calificados como “estafas dos hechos (hecho dos y tres) en concurso real con estafa en grado de tentativa dos hechos (hechos cuatro y cinco), en concurso real con asociación ilícita, todos en concurso real entre sí”. Sin embargo, es criterio de esta Alzada -en concordancia con la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia.
(Criterio asentado en la Apelación N° 8013/22, entre otras). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).
Que si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de cautela personal que se abordará en profundidad en el agravio siguiente, no se fundó únicamente sobre ese motivo. Otros juzgados tiene dicho que: “…Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que decretó el procesamiento del imputado y dictó su prisión preventiva, pues la calificación asignada en el auto de procesamiento no incidirá en la libertad provisoria de su defendido, ya que aquella medida cautelar ha sido fijada en virtud de la valoración efectuada en cuanto al peligro de fuga por parte del imputado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/19730/2010).
En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados, motivo por el cual no prosperará. 6) Agravio relativo a la prisión preventiva y embargo: En sexto lugar agravia a la defensa la arbitraria decisión de privar de la libertad a su asistido, por cuanto en la resolución recurrida no se realizó el análisis de los principios que rigen la prisión preventiva (proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad), es decir, no se explican por qué corresponden las medidas más gravosas y no la libertad, que es la regla. Agrega que tampoco se valoraron las condiciones personales de su asistido, quien posee arraigo: tiene su centro de vida en la ciudad de Neuquén hace muchísimos años y en ese lugar desarrolla su actividad comercial (venta de automotores).
Reitera que M.D.J. no posee antecedentes penales en su contra y que en las causas de estafas por las que fue investigado, siempre estuvo a derecho, siempre fue encontrado en su domicilio, siempre concurrió a la sede policial o judicial cuando se le requirió, y cuando fue detenido se identificó correctamente, colaborando con el accionar policial y nunca mostró la intención de fuga o de entorpecer la investigación. Del mismo modo se agravia por la ausencia de fundamentos de los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que solamente se indicaron de manera genérica los mismos. No se indicó cómo podría el imputado entorpecer las pericias de los elementos secuestrados y en poder de organismos públicos, tampoco se indicó la existencia de miedo y/o amenazas sufridas por los testigos de procedimiento, máxime pudiendo presumir razonablemente que del avance de la investigación, difícilmente su cliente podría frustrarla.
Por último se agravia de la imposición del embargo, advirtiendo que el imputado no tiene capacidad económica o financiera como para presumir que, en caso de obtener la libertad, podrían eludir el accionar de la justicia en función de los medios materiales con que cuenta. Y que tampoco la Instrucción realizó ninguna diligencia para acreditar el poderío económico que alega la Magistrada, no obra pedido de informes al registro de la propiedad inmueble, ni al Banco Central, ni nada que pudiera demostrar la estabilidad y la estructura de la supuesta organización. Por ello y entendiendo que la a quo ha aplicado una pena por anticipado, solicita la revocación de la prisión preventiva o, subsidiariamente, la sustitución por una prisión domiciliaria.
Corresponde en consecuencia, expedirnos con relación al agravio relativo al encarcelamiento preventivo y al embargo dispuesto en el auto recurrido. Al respecto, es dable mencionar que con posterioridad a que recayera el auto de procesamiento con prisión preventiva, la Magistrada hubo de morigerar la medida en prisión domiciliaria con tobillera electrónica, la cual se encuentra cumpliendo el imputado en esta ciudad capital. Dicho esto, se observa que en primer lugar la a quo tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar que el incuso ha participado de los ilícitos que se le reprochan con pena privativa de la libertad; con lo cual se ve reducida la expectativa de resolución favorable y consecuentemente tuvo objetivamente incrementados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Asimismo hizo mención a la gravedad del delito investigado en función de la naturaleza y modalidad de su presunta comisión, perteneciendo las víctimas a un colectivo especialmente vulnerable en función de sus edades –todos adultos mayores- y en el caso de tres de ellas por pertenecer además al colectivo femenino; habiéndose aprovechado del engaño producido en las víctimas desprevenidas por el ardid desplegado para perjudicarlas económicamente. Todo lo circunstanciado hace que los hechos deban insertarse en el fenómeno denominado “violencia de género” (en su modalidad de violencia económica), resultado imperiosa la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada en atención a la vulnerabilidad de las víctimas adultos mayores, que se proyecta sobre el proceso, imponiéndose su protección para garantizar su indemnidad como prueba fundamental.
Cabe recordar que el Estado se encuentra seriamente comprometido en la erradicación de la violencia en todas sus expresiones, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila, máxime surgiendo la vulnerabilidad las víctimas de manera ostensible a lo largo del estudio de las actuaciones. La resolución recurrida también evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” (ley 27360 y su correlato provincial ley 2669), “Convención Belem do Para”, “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones.
Asimismo la Magistrada valoró la existencia otros presuntos imputados -integrantes de la asociación ilícita-, y las numerosas medidas probatorias pendientes de producción, sin poder descartar que surjan otros hechos no conocidos aún, producidos por la misma organización criminal a la que pertenece el encartado, pudiendo razonadamente ponderar incrementado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, en caso que recuperase su libertad. De igual forma merituó que, aun teniendo en cuenta la escala penal sancionatoria resultante del concurso material de las figuras penales reprochadas, y la ausencia de antecedentes penales condenatorios, no permite objetivamente excluir que, en caso de recaer condena la misma sea de ejecución condicional, sin embargo en atención a la gravedad de los hechos, el número de víctimas, su vulnerabilidad y demás circunstancias previstas en los arts. 26 y 41 del CP, le permiten concluir que la misma sería de cumplimiento efectivo, lo cual incrementa el riesgo de fuga.
Igualmente valoró que el riesgo de entorpecimiento procesal se ve incrementado en función del plexo cargoso de inusitado peso conviccional en que se funda el auto de procesamiento, lo cual robustece la probabilidad de una condena a futuro. También hemos de coincidir con la a quo que, tratándose de una organización cuyo número de miembros aún no se encontraría esclarecido, permite presumir que el imputado cuenta con elevados recursos para eludir el accionar judicial, pudiéndose razonadamente afirmar que podría recibir apoyo para abandonar el país o permanecer oculto. De manera similar, se concuerda con la a quo que, de las conductas desplegadas por algunos de los coimputados (confr. se desprende de las propias escuchas obrantes en la causa), existiría la posibilidad que hubieran insertado o puesto en circulación en el mercado parte del provecho o dinero obtenido, con el fin de que adquieran apariencia lícita, lo que deberá ser objeto de investigación por las autoridades que correspondan.
Es así que se concluye razonadamente que, los riesgos procesales se ven incrementados en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, todo lo cual que contribuye a edificar un peligro procesal de significativa entidad, verificándose de esta manera, los requisitos constitucionales de excepcionalidad, proporcionalidad y necesariedad. No se comparte con la defensa que el auto de procesamiento con prisión preventiva constituya un adelantamiento de punibilidad, ya que el bien jurídico afectado no es solo el que representen los posibles delitos reprochados, sino que la seguridad pública se vería afectada ya por la existencia misma de la asociación.
Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). Se advierte que la a quo evaluó correctamente la peligrosidad que el imputado demostró con su conducta concreta en los hechos objeto de investigación, logrando acreditar que el riesgo de entorpecimiento procesal no es evitable más que con la medida cautelar de prisión preventiva decretada, resultando el pronunciamiento dictado, ajustado a derecho y debidamente fundado, no conculcando las garantías constitucionales y principios jurídicos que rigen la materia.
Es por ello que homologaré la prisión preventiva dispuesta a M.D.J.. Finalmente, en relación al planteo referido al embargo dictado, y al efectuar una atenta lectura de la resolución puesta en crisis, surge que la a quo en el punto IV inciso b) de fs. 427vta./428, de los considerandos de la resolución, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado, ello en función que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado.
Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra. Jueza interviniente, limitándose a expresar que su asistido no posee capacidad económica o financiera para responder a la cautelar dispuesta, razón por la cual rechazaré este cuestionamiento. III) Expresa reserva de casación y del caso federal: La defensa hace reserva de recurrir en casación ante el STJ y, eventualmente, ante la CSJN por la vía del recurso Extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley 48, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno. IV) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
V. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y oído que fuera el Ministerio Público Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, en mi carácter de Juez de Recursos, RESUELVO: 1º)- CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 08/10 y vta. del incidente caratulado: "INCIDENTE DE EXCEPCIÓN POR INCOMPETENCIA TERRITORIAL S/ INTERPUESTO POR EL DR. H.D.O., DEFENSOR TÉCNICO DE M.D.J.", Expte. Nº 26.846/23, Apelación/Causa JR Nº 8356/23, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 417/427 del expediente principal caratulado "O.V.D.C. S/ DCIA. ESTAFA", Expte. Nº 26.846/23, Apelación/Causa JR Nº 8370/23, por los motivos expuestos en los considerandos anteceden. 3º)- TENER PRESENTE la reserva de casación y caso federal formulada por la defensa. 4º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE. 5º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected]. 6º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia