Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.279 FOLIO Nº 074/078 PROT. ELECT. JR101 427I.261
Río Gallegos, 23 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “V.D.Y. S/ LESIONES GRAVES CULPOSAS”, Expte. Nº 25718/24 Apelación/Causa JR Nº 10351/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 73/77 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate, Dr. C.A.A., quien en el punto 1°) dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de D.Y.V., en orden al delito de “Lesiones Graves Culposas" (art. 94 del C.P.A.); y en tanto en el punto 2°) ordenó embargo sobre dinero o bienes del procesado por la suma de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000).-
Que a fs. 85/87, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 91 sostuvo el recurso (cód. validación 80b162c2) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
La defensa planteó que las pruebas en que se funda el auto de mérito no configuran elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que su defendida sea probablemente autora o partícipe penalmente responsable del hecho que le fuera impuesto; vulnerándose el principio de inocencia.-
Estimó que la Sra. V. ha sido procesada incorrectamente por el delito descripto, sin haberse tenido en cuenta circunstancias vinculadas a la conducta de la propia denunciante/víctima en los hechos objeto de investigación.- Resaltó que no existen constancias probatorias que, aún con el grado de probabilidad que reina en esta etapa, pudieran determinar la responsabilidad "prima facie" de su asistida por el delito perseguido.-
Indicó que la finalidad del derecho penal no es solamente sancionar conductas; debe buscarse siempre alternativas de solución de conflictos así como la verdad material; transcribió los arts. 5 bis y 66 del CPP; debiéndose buscar un modo alternativo de resolución.-
Señaló que la perito accidentológica N.S.
refirió que no pudo constatar la presencia de dos huellas de neumáticos con características de frenada en el lugar de los hechos; lo cual, coincide con la declaración testimonial de la imputada, que se encontraba transitando sobre la derecha, a baja velocidad, con las balizas encendidas desde el comienzo de la cuesta donde se produjo el accidente, NO HUBO FRENADA ALGUNA QUE HAYA DADO LUGAR AL IMPACTO POR ALCANCE DEL MOTOVEHICULO -transcripción literal-.-
Continuó con su exposición aduciendo que el informe técnico carece de la información básica necesaria para realizar una pericia completa, impidiendo establecer en forma acabada la mecánica del accidente, y con ello, la responsabilidad asignada a su representada, exculpando sin más a la víctima de toda participación.-
Reiteró acerca que el instituto de la conciliación o alternativas de solución de conflicto, se encuentra legislado en el art. 59 inc. 6 del CP y también, recientemente incorporado en el art. 5 bis y el art. 66 del CPPSC.-
Requirió que se revoque el procesamiento y se convoque a las partes a fin de arribar a una solución alternativa del conflicto que permita reparar en forma integral el daño ocasionado y el reconocimiento de la culpa concurrente de la víctima.-
I. Pues bien, en primer lugar, comenzando con el análisis de los agravios, podemos mencionar, que de la lectura del resolutorio recurrido, se observa que la instrucción analizó pormenorizadamente el hecho denunciado, efectuó un análisis de la totalidad de la prueba recabada durante la instrucción a la luz de la sana crítica racional, fundamentó la adopción del tipo penal atribuido examinando el descargo vertido por la imputada en su declaración indagatoria.- Para esta Alzada el auto de procesamiento dictado se encuentra debidamente motivado, cumpliéndose acabadamente con lo previsto en los arts. 115, 116 y 291 del CPP..-
Al respecto, corresponde precisar que la parte recurrente confunde el umbral probatorio exigible para esta etapa de la instrucción con la certeza apodíctica que únicamente se requiere para el dictado de una sentencia condenatoria al finalizar la etapa del debate oral.- Esta instancia revisora sostiene en forma pacífica y constante que el auto de procesamiento no es una resolución definitiva ni causa estado, sino un juicio provisional de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación del/la imputado/a.-
Al decir de la doctrina mayoritaria: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985, pág. 612).- Por consiguiente, en esta liminar y embrionaria fase de la pesquisa, basta con la confirmación inicial del estado de sospecha y la prevalencia de elementos de cargo por sobre los de descargo.-
Como lo ha señalado la jurisprudencia nacional: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...” (CNCrimyCorrec Federal, Sala I, 08/06/2010, “A.R.”).-
En consecuencia, la exigencia de certezas absolutas por parte de la apelante en este estadio de la instrucción deviene notoriamente improcedente, por cuanto los indicios acumulados superan la valla del artículo 289 del digesto procesal.-
Tampoco resulta atendible la alegada conculcación del "principio de inocencia" (arts. 1º y 4º del CPPSC). El auto de procesamiento constituye una medida de orden cautelar e interlocutoria, de carácter mutable y provisorio, que no causa estado ni afirma una culpabilidad definitiva, garantía que únicamente se quebranta con la emisión de un pronunciamiento condenatorio firme al cabo del debate oral (Criterio adoptado en Apelación N° 10062/26); por el cual, lo planteado queda descartado.-
En segundo término, corresponde desestimar las alegaciones orientadas a exculpar a la procesada atribuyendo imprudencia o responsabilidad en la producción del evento a la propia víctima conductora del motovehículo (Postura seguida en Apelación N° 10076/26).-
En el ámbito del derecho penal, a diferencia del fuero civil, "no rige el instituto de la compensación o concurrencia de culpas" (Mismo criterio adoptado en Apelación N° 10070/26). El juzgamiento en el fuero represivo responde al carácter público de la pena y se centra exclusivamente en verificar si la imputada quebrantó el "deber objetivo de cuidado" que le era exigible en la conducción de su vehículo automotor (arts. 39 y 41 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449), generando o incrementando un riesgo no permitido que se concretó en el resultado lesivo (Postura seguida en Apelación N° 10062/26). Así lo ha resuelto esta instancia revisora en los autos caratulados: “H.F.N. s/ homicidio culposo” Expte. Nº 18949/20, Apelación Nº 8393/23; “F.C.D s/ muerte en accidente de tránsito (resultara víctima)” Expte. Nº 78427/19, Apelación Nº 9041/24; “Comisaría Primera s/ investiga muerte en accidente de tránsito” Expte. Nº C-16059/24, Apelación Nº 9119/24 y; recientemente, en las causas: “A.G.O. s/ homicidio culposo en accidente de tránsito” Expte. Nº 90768/24, Apelación Nº 9437/25, y “Q.A.M. s/ lesiones culposas graves” Expte. Nº Q-79785/24, Apelación Nº 9595/25, por citar algunas.-
Respecto al agravio que pretende erigir el informe pericial de la Lic. N.S. como un elemento de descargo determinante —por la ausencia de huellas de frenada en la calzada—, la crítica defensiva adolece de un análisis sesgado de las constancias probatorias. La "ausencia de huellas de frenada o de neumáticos no constituye por sí misma un indicador insuperable de conducción diligente". Por el contrario, en la ciencia accidentológica y en la práctica judicial, la falta de marcas de desaceleración previa al impacto suele evidenciar una inatención al tránsito, la falta de dominio efectivo del rodado (art. 39 Ley 24.449) o la omisión de adoptar maniobras de esquive o frenado oportuno frente a la presencia de otro usuario en la vía pública (Postura sostenida en Apelaciones Nos. 10010 y 10264/26).-
La valoración probatoria en la instrucción exige examinar integradamente el acta de inspección ocular, el croquis ilustrativo, el certificado médico, que comprueban la entidad de las lesiones, y las declaraciones testimoniales; tratándose de indicios múltiples, graves, precisos y concordantes, la prueba debe ponderarse en su conjunto y no fragmentadamente.-
La doctrina recomienda: “…valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta” (Cafferata Nores, José Ignacio - Hairabedián, Maximiliano, “La Prueba en el Proceso Penal”, sexta edición, Editorial Lexis Nexis, año 2008, pág. 221) (Conforme Apelación N° 10188/26).-
Adicionalmente, se advierte que las discrepancias manifestadas por la parte apelante constituyen meras apreciaciones subjetivas; al no haber impugnado oportunamente la experticia en la instancia instructiva ni haber aportado un peritaje técnico de parte que demuestre científicamente un error metodológico en el informe de la experta N.S., sus agravios devienen dogmáticos e insuficientes para conmover la presunción fundada por el juez de grado (misma postura arguida en Apelación N° 10264/26).-
Finalmente, en cuanto a la apreciación del recurrente, referida que debió buscarse un método alternativo de resolución (v.gr. reparación inmediata o conciliación), prevista en el art. 59 inc. 6º) del CP, cabe señalar que –como estrategia defensiva- corresponde que ello se plantee eventualmente ante la instrucción de la causa, pues esta instancia de alzada se ha habilitado con el recurso de apelación, no siendo materia respecto de la cual expedirnos, por no haberse dado trámite previo por el juez de grado (Postura adoptada en Apelación N° 10062/26).-
II. La defensa se agravió respecto al monto del embargo establecido, ya que no hay consideraciones (ni constancias en autos) que acrediten que una suma tan abultada, PESOS CINCO MILLONES, sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y responsabilidad civil que pudieran caberle a su asistida (cfme. art. 499 del CPP).- En efecto, el delito imputado, ni en el tipo ordinario ni en el calificado, prevé en sus respectivas sanciones penales pena pecuniaria; circunstancia que debiera tenerse en cuenta a fin de morigerar la suma impuesta.-
En razón de ello solicitó, para el caso de confirmarse el resolutorio apelado, se reduzca el quantum del embargo.-
Respecto al presente planteo debemos decir que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a D.Y.V. y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, el Magistrado de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 77 vta. los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.- Así, compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Juez de grado para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto a la incusa D.Y.V..-
Así se ha dicho que “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).-
En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “M., H. A.”. Vocales: F., P., V. Secc. N1).-
III. En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.-
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.-
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que el inicio de la presente investigación se produjo en el mes de abril del año 2024 -fs. 11/18-; con fecha 16 de mayo de 2024 se proveyó el primer proveído -fs. 19 y vta.- ordenándose medidas; con posterioridad a ello, con fecha 14/04/2025 se avocó al conocimiento de la causa el Juez Subrogante, Dr. A.A.L, -fs. 31-; el día 21 de abril de 2025 se remitieron las actuaciones al Gabinete Criminalístico -fs. 33-; el 22 de agosto de 2025 se corrió vista a la Fiscalía -fs. 35-; entre los meses de septiembre a diciembre de 2025 se ordenaron diferentes medidas procesales; con fecha 14 de abril de 2026 se recepcionó declaración indagatoria a la imputada -fs. 65/66 y vta.-; siendo resuelta la situación procesal de la encartada el día 12 de junio del cte. año -fs. 73/77 y vta.-.-
Que, en función de lo resuelto, y en aplicación de la debida diligencia reforzada, entendemos corresponderá dar cumplimiento sin más a lo previsto por el art. 197 del CPP que dispone: “…En ningún caso la instrucción podrá exceder de un (1) año. Cumplido dicho término y en el estado en que se encuentre la causa, se correrá vista al agente fiscal y al querellante a fin de que se expidan conforme lo dispuesto por el art. 330º inciso 2º por el término de tres (3) días…”.- La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al juzgado actuante que se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 73/77 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la INSTRUCCIÓN lo consignado en el punto III) del considerando que antecede, a sus efectos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia