Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, confirmaremos el auto apelado.
IV. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.169 FOLIO Nº 138/142 PROT. ELECT. JR101 316I.261
Río Gallegos, 10 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada: “S.E.V. S/ DENUNCIA ESTAFA” Expte. Nº S-75605/23, Apelación Nº 10262/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 354/360, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de R.G.Z y A.J.J., en orden al delito de “estafa” en carácter de coautores (art. 172 del Código Penal), y en el punto 3) trabó embargo sobre los bienes de cada uno de los imputados por la suma pesos dos millones ($ 2.000.000).
Que a fs. 369/371 vta. y 378/381, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 387/397 vta. sostuvo los recursos y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, abordaremos separadamente el análisis de los agravios impetrados por la defensa técnica respecto de ambos imputados. Asimismo, y en función de la similitud de los argumentos desplegados, dejaremos para el final el tratamiento común de los planteos vinculados al embargo dispuesto.
I. Tratamiento de los agravios incoados por la defensa técnica de R.G.Z.:
En primer lugar, la defensa advierte que el auto apelado limita el rol de su asistido a la mera titularidad de una línea telefónica, supuestamente vinculada a comunicaciones entre terceros. Entiende que ello resulta insuficiente para el dictado del procesamiento, dado que no se lo ubica en el lugar del hecho, no se lo vincula con el engaño telefónico, no se acredita su presencia en el momento del desapoderamiento, ni se describe acto alguno que pueda considerarse aporte típico a una maniobra de estafa. En esa dirección, considera que la resolución no describe el rol que habría cumplido su representado en el hecho, vale decir, la acción de engaño, de contacto con la víctima, de presencia en el domicilio donde se produjo el desapoderamiento, ni de recepción o disposición de los bienes.
Critica que el auto no acredita el contenido de las comunicaciones en el entrecruzamiento de llamadas, ni su finalidad, ni la efectiva participación de su defendido en ellas, ni la existencia de una sola llamada suya a la víctima o al número utilizado para ejecutar el engaño. Entiende que el tráfico telefónico, por sí solo, no permite concluir coautoría ni dominio funcional del hecho.
Advierte ruptura del nexo con el ardid, pues destaca que no hay constancia de que su asistido conozca a quien habría efectuado el engaño telefónico, que hayan tenido trato, que haya facilitado la línea o que haya intervenido de algún modo en la planificación o ejecución del ardid. Entiende que, en ese contexto, la atribución de coautoría se vuelve puramente conjetural. En otro apartado, asegura que se eligió la versión más gravosa para su pupilo. Al respecto, expone versiones alternativas, y sostiene que no analizarlas vulnera el principio de certeza progresiva y el deber de motivación suficiente.
De otro lado, que el auto no demuestre los elementos típicos de la coautoría, tales como: acuerdo previo, división de tareas y dominio funcional del hecho. Considera que la extensión automática de la coautoría a partir de un dato formal de titularidad vulnera el concepto legal de participación.
Postula que frente a la ausencia de prueba directa de intervención de su asistido se debió dictar la falta de mérito. Asimismo, lo agravia la cuantía y la falta de fundamentación del monto de embargo fijado, pues señala que no se explican los parámetros utilizados para determinar la suma, ni se la vincula con un perjuicio patrimonial efectivamente acreditado atribuible a su defendido, ni se pondera su situación económica real. Cita jurisprudencia en sostén de su tesitura.
Por último, pide se revoque el procesamiento apelado y se disponga la falta de mérito, por no encontrarse reunido el grado de probabilidad suficiente exigido para esta etapa procesal, y formula reserva de caso federal.
Pues bien, adelantamos, estos planteos no podrán prosperar.
En tal sentido, en relación a los agravios relativos a la atribución de coautoría, el tráfico telefónico y el rol de R.Z. a la luz de los informes de la DDI, entendemos, yerra la parte recurrente al exigir la presencia física o la ejecución directa de la maniobra de engaño para tener por configurada la coautoría funcional en delitos de defraudación y estafas complejas. En la criminalidad actual y en la ejecución de maniobras estafatorias coordinadas, la comisión del delito no se agota en la presencia física en el lugar del desapoderamiento ni en el contacto directo con la víctima. Para que se configure la coautoría funcional (art. 45 del C.P.), no es necesario que cada uno de los intervinientes ejecute por sí mismo la totalidad del núcleo típico del ardid, sino que basta la existencia de un plan común y la realización de un aporte funcional esencial dentro de la división de tareas orientada al éxito de la empresa criminal.
En el caso bajo estudio, los informes técnicos y de seguimiento elaborados por la División de Investigaciones que lograron reconocer al encartado, a partir del entrecruzamiento de llamadas (informe de la compañía de telefonía – fs. 66/71), no constituyen meros datos aislados, sino indicios objetivos y vehementes articulados que vinculan funcionalmente la línea telefónica del encartado con la logística del ardid desplegado. La facilitación o puesta a disposición de la infraestructura de comunicación para articular el contacto y asegurar la maniobra representa un aporte relevante en la fase ejecutiva del delito. Pretender desmembrar cada elemento incriminatorio –analizando de forma insular la titularidad de la línea, la falta de presencia física o el flujo de llamadas- constituye una técnica de análisis insostenible. Esta Alzada y el Máximo Tribunal de la Provincia han establecido de forma invariable que la prueba indiciaria debe ser evaluada de manera conjunta, integral, armónica y concatenada a la luz de la sana crítica racional (art. 199 del C.P.P.), ya que el examen fragmentario desnaturaliza la fuerza convictiva del plexo probatorio.
Por otro lado, en cuanto al planteo relativo a la elección por parte de la instrucción de la versión más gravosa e hipótesis alternativas, dicho planteo debe ser rechazado. Cabe recordar que el auto de procesamiento no exige un estado de certeza apodíctica sobre la culpabilidad del encausado, sino un juicio de probabilidad respecto de la existencia del hecho delictivo y de la participación culpable del imputado.
Como enseña la doctrina procesal, para el dictado del procesamiento "… basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio, deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “A.R., M.A. y otro”; Cita:
TR LALEY 70061334).
La existencia de hipótesis alternativas planteadas por la parte recurrente, no obsta al dictado del procesamiento cuando los elementos de cargo prevalecen razonadamente sobre los de descargo, reservándose la aplicación de la duda razonable (in dubio pro reo) para la etapa plena del juicio oral y público. En cuanto a la solicitud del dictado de falta de mérito por ausencia de prueba directa, tal como se indicara en los acápites precedentes, los elementos de convicción aportados por las tareas de investigación de la DDI resultan idóneos y suficientes para superar la valla del art. 289 del CPP. El auto de procesamiento constituye una resolución de mérito cargoso de carácter esencialmente provisorio y mutable que no causa estado. Por consiguiente, al haberse corroborado un estándar de probabilidad afirmativa suficiente sobre la participación del incuso, la decisión del a quo se exhibe plenamente fundada y ajustada a derecho.
II. Tratamiento de los agravios impetrados por la defensa técnica de J.A.J.:
En primer lugar, la defensa sostiene que el procesamiento se dictó sobre la base de un plexo indiciario insuficiente.
En particular, entiende que el pronunciamiento apelado no identifica una conducta concreta atribuible a su asistido, ni establece con precisión su intervención material en el hecho, ni demuestra la existencia de un nexo suficientemente consistente entre los elementos indiciarios valorados y la conclusión incriminante alcanzada. Al respecto destaca el resultado negativo de la rueda de reconocimiento respecto de su pupilo, motivo por el cual, estima que se debió dictar la falta de mérito.
En otro apartado, refiere que el auto impugnado se encuentra deficientemente motivado, pues –según dice- no explica cómo demuestra la intervención de su representado. Explica que transforma una mera conexión telefónica en prueba de organización delictiva, sin conocerse el contenido de las comunicaciones, sin acreditarse contacto directo de su asistido con la víctima y sin demostrarse acuerdo ilícito alguno. También señala que no se acredita que su defendido hubiera conducido el vehículo. Critica que la resolución no desarrolle el razonamiento que permitiría pasar de los indicios a la conclusión de coautoría.
En tal sentido, advierte la ausencia de ardid atribuible a su pupilo. A su juicio, tampoco se acredita acuerdo entre su representado y el autor del engaño, ni distribución de tareas, ni dirección del plan, por lo que –asegura- la calificación en carácter de coautor carece de respaldo fáctico suficiente.
Por ello, entiende que se impone la revocación del auto recurrido y el dictado de la falta de mérito en favor de su defendido.
Subsidiariamente, critica el embargo dispuesto, pues entiende que carece de fundamentación concreta, no guarda relación probada con la eventual responsabilidad individual de su asistido y aparece fijado sin desarrollo específico de los parámetros utilizados para su cuantificación. Pide se reduzca a una suma prudencial, fundada en parámetros concretos y compatibles con la situación personal del imputado.
Finalmente, formula reserva de caso federal.
Que, de manera preliminar, resulta menester recordar que el auto de procesamiento no exige un grado de certeza apodíctica sobre la responsabilidad penal del encausado – propio de una sentencia definitiva de condena-, sino un juicio de probabilidad razonada acerca de la existencia del hecho delictivo y de la participación culpable del imputado. Tal decisorio de mérito cargoso posee carácter esencialmente provisorio, no causa estado y tiene por objeto orientar la investigación hacia la base del juicio oral y público.
En este estadio procesal, el sistema de valoración de la prueba regido por la sana crítica racional (art. 199 del CPP) impone el análisis conjunto, armónico e interrelacionado de la totalidad de los elementos de convicción y presunciones colectadas. Ponderar cada indicio en forma aislada o fragmentaria resulta un enfoque metodológico incorrecto que desnaturaliza la fuerza probatoria del cuadro indiciario cuando este se presenta grave, preciso y concordante.
Por otro lado, entendemos que, de forma insoslayable, el análisis de la maniobra investigada debe ser abordado contemplando la perspectiva de derechos de las personas mayores, de conformidad con los estándares fijados por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (aprobada por Ley Nacional Nº 27.360 y de adhesión provincial mediante Ley Nº 2669), las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y la Ley Nº 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.
Los delitos de contenido patrimonial ejecutados mediante maniobras de engaño o ardid dirigidos a adultos mayores estructuran situaciones de violencia económica y vulnerabilidad social. La captación de la voluntad de la víctima madura mediante ardides complejos se aprovecha deliberadamente de su buena fe o menor manejo de herramientas tecnológicas y logísticas. Esta condición de hipervulnerabilidad impone a los órganos jurisdiccionales el deber de actuar con una debida diligencia reforzada en la ponderación de la prueba indiciaria, analizando la maniobra en su totalidad funcional y no atomizando las conductas de quienes intervienen en las distintas fases del plan criminal. (Apelaciones nros. 8370/23 y 8882/24). Así, ingresando al examen de los agravios vinculados a la pretendida orfandad probatoria y la falta de conducta material asignada a J.A.J., corresponde señalar que los argumentos de la defensa no habrán de prosperar.
Contrariamente a lo afirmado por la parte recurrente, la convicción de probabilidad alcanzada por el juez de grado no responde a meras sospechas abstractas, sino a la ponderación integral de las tareas de investigación e informes técnicos elaborados por la División de Investigaciones (DDI), los remitidos por las empresas de telefonía, y el allanamiento llevado a cabo en el domicilio en que se halló el vehículo observado en las cámaras de seguridad. Del seguimiento de filmaciones de cámaras de seguridad y el entrecruzamiento de datos de tráfico telefónico, la preventora logró reconstruir de manera objetiva el entramado logístico desplegado.
Respecto del resultado negativo de la rueda de reconocimiento invocado por la defensa como fundamento para solicitar la falta de mérito, esta alzada advierte que dicha circunstancia en modo alguno desvirtúa el cuadro incriminatorio. En esquemas delictivos de estafa estructurados mediante división de funciones –especialmente bajo la modalidad de engaño telefónico a adultos mayores-, la falta de identificación visual directa por parte de la víctima resulta perfectamente congruente con el rol operativo asignado al imputado.
En este tipo de organizaciones o acuerdos ilícitos, quien efectúa el llamado engañoso o quien acude presencialmente al domicilio a retirar el dinero no suele ser la misma persona que provee la logística, el soporte de movilidad, el control de la zona o la canalización de los activos. Por ende, que la víctima no haya reconocido presencialmente a J. sólo ratifica que éste no asumió la cara visible del contacto con la persona mayor, pero no enerva los indicios objetivos que lo ubican prestando un apoyo logístico y de coordinación indispensable en la fase ejecutiva del delito. De otro lado, tampoco posee asidero el cuestionamiento relativo a la falta de prueba del ardid y de la coautoría en los términos del art. 45 del Código Penal.
Para que se configure la coautoría funcional, no se exige que cada uno de los intervinientes ejecute por sí mismo y de manera directa el núcleo del engaño típico (v.gr., hablar telefónicamente con la víctima o apoderarse en mano del dinero), sino que basta la existencia de un acuerdo común de voluntades y la realización de un aporte funcional esencial durante la fase ejecutiva que garantice el éxito de la empresa criminal. En el caso bajo estudio, el plexo indiciario derivado de las diligencias de la DDI e informe de las compañías de telefonía demuestra que las comunicaciones telefónicas coordinadas y concomitantes entre J. y sus consortes de causa no fueron casuales ni ajenas al suceso. Estas llamadas operaron como el canal de sincronización en tiempo real para verificar el avance del engaño a la víctima adulta mayor, y garantizar el repliegue y aseguramiento del botín.
En otras palabras, sin la cooperación activa del imputado, el ardid desplegado sobre la víctima no hubiera podido consumarse ni consolidar su provecho económico. La conducta de J. se inscribe dentro del codominio funcional del hecho, pues su aporte tuvo trascendencia decisiva para el perfeccionamiento de la estafa. Por consiguiente, la calificación provisoria de coautor del delito de estafa (arts. 45 y 172 CP) se encuentra sólidamente respaldada en las constancias de la causa.
III. Tratamiento común de los planteos referidos al embargo decretado, reserva de caso federal.
Finalmente, en relación al agravio vinculado al embargo cautelar y su fundamentación, cabe aclarar que conforme la previsión legal contenida en el artículo 499 del CPP, al decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar el embargo de bienes del imputado en cantidad suficiente para responder por la pena pecuniaria (si correspondiera), la indemnización civil de los daños y las costas del proceso.
El quantum fijado en esta etapa reviste un valor estimativo y provisional en atención a la precariedad propia de la instrucción. Asimismo, la jurisprudencia mayoritaria es pacífica al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado .” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, 17/09/2009, “D.Y., C.F.” s/ Procesamiento”, TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Atento a que la cifra fijada por el juez de grado guarda razonable proporción con la entidad de los rubros a garantizar (honorarios, tasa de justicia y eventual reparación), la medida cautelar resulta adecuada y debe confirmarse.
Por último, oportunamente se tendrá presente la reserva de caso federal formulado por la defensa para ambos imputados.
Por todo lo expuesto, confirmaremos el auto apelado.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 354/360, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de caso federal formulada por la defensa, respecto de ambos imputados.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
CONSTE.-
Fin de la sentencia