Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 320/334 vta. por el Sr. Defensor General Subrogante ante este Alto Cuerpo, en representación de A. F. A. V., con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:019 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 28 de Febrero de 2014.-
AUTOS: “A. V., A. F. S/INFRACCIÓN ART. 119 C.P.”, Expte. Nº 2715/09 (A-703/11/T.S.J.).-
Río Gallegos, 28 de febrero de 2014.-
Los presentes autos caratulados “A. V., A. F. S/INFRACCIÓN ART. 119 C.P.”, Expte. Nº 2715/09 (A-703/11/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 320/334 vta. por el Sr. Defensor General Subrogante, Dr. Santiago María Lozada, en representación del condenado A. F. A. V., contra el pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 292/297 que resuelve “...1º) HACIENDO LUGAR al recurso de casación articulado a fs. 258/261 vta. por la defensa del imputado A. F. A. V., y en consecuencia, DECLARANDO LA NULIDAD del fallo atacado, debiendo designar nuevos magistrados a fin de resolver el presente. 2º) RECHAZANDO el pedido de absolución realizado por la defensa del imputado A. F. A. V., por los fundamentos vertidos ut supra...".- II.-) La parte recurrente -previo referir los antecedentes de la causa (fs. 323/325)- inicia la crítica a la resolución que pronunciara este Alto Cuerpo con fundamento en la presunta violación a la defensa en juicio, el debido proceso (art. 18 de la C.N.), así como arbitrariedad (fs. 326).-
Afirma el recurrente al comenzar la exposición de agravios, que "...los agravios que la sentencia causa a los intereses de mi defendido configuran por su entidad cuestión federal que fundamenta la procedencia de este remedio federal que se interpone...", plantea violación a las normas constitucionales y supranacionales, violación a la defensa en juicio, al debido proceso (art. 18 de la C.N.) así como arbitrariedad.-
Agregó que "...es así como se advierte la arbitrariedad de la decisión en crisis que, suprimiendo toda referencia a la cuestión constitucional alegada e involucrada en el caso, se limitó a efectuar el rechazo de la absolución; imperando para tal decisión un excesivo rigor formal desatendiendo el tratamiento jurisdiccional de serias alegaciones relativas a la vulneración de las garantías constitucionales que deben regir en todo proceso penal, lo que conduce a la procedencia de éste remedio extraordinario federal a los fines de garantizar adecuadamente el respeto a los derechos y garantías de todo justiciable en causa penal... la vía utilizada por el justiciable se vio frustrada sin fundamentación idónea suficiente al rechazarse el pedido de absolución, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio resulta procedente el presente recurso extraordinario (Fallos: 321:1385, 3695; 322:1526)...".- El recurrente finaliza su presentación sosteniendo la existencia de cuestión federal (fs. 333 vta.).-
III.-) A fs. 335 se ordena traslado del recurso extraordinario interpuesto al Sr. Representante del Ministerio Pupilar, Dr. Jorge W. Godoy quien manifestó que "...sobre el particular corresponde destacar que habiéndose resuelto el recurso de casación oportunamente interpuesto por el imputado, a criterio del suscripto, de conformidad al interés superior de mi representada corresponde que me expida respecto de la procedencia del recurso extraordinario interpuesto, entendiendo que pese al esfuerzo demostrado por el señor Defensor General Subrogante, en su presentación no se encuentra demostrada la lesión al derecho federal, ni el cuestionamiento a la validez de una ley, ni que la decisión judicial halla sido en contra de alguna norma, como lo enuncia.
La sola enunciación de los requisitos formales establecidos en el art. 14 de la Ley 48, no habilita la procedencia del Recurso Extraordinario, por lo tanto, correspondería que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia rechace el recurso extraordinario interpuesto por el imputado...".- A fs. 337 se ordena el traslado al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo que a fs. 338/339 dictamina que “...el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como tipo jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica... los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran “ab-initio” demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras...
La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa resultando necesario para su admisibilidad el desarrollo jurídico demostrativo de que la resolución cuestionada por el recurso sea contraria al derecho federal invocado y que cause gravamen. El agravio que sustente el recurso debe ser propio, jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual, este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48 constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario... Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal, demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes.
Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los razonamientos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...”, siendo de opinión que se declare inadmisible el recurso impetrado.- IV.-) En principio, corresponde realizar a este Tribunal Superior de Justicia, un análisis mínimo y provisional del recurso extraordinario deducido a la luz de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 21/3/2007, tendiente a definir si la cuestión federal invocada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:3081).- En dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del primero de los artículos de la acordada, no así de los restantes. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas de 26 renglones y ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1), y cuenta con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2 y el anexo de las leyes requerido por artículo 8.-
Que, no obstante el escrito recursivo no logra poner de manifiesto la observancia de los requerimientos del artículo 3º, de dicha acordada, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente se limita a realizar un sucinto relato de los hechos de la causa, e invoca como "cuestión federal" la vulneración del derecho de defensa, art. 18 de la CN, fundado en la vulneración de normas procesales. En este sentido, es dable recordar que "la cuestión federal" tiene una definición propia. No sin ánimo docente, diremos que las cuestiones federales presentan dos grandes campos: a) las llamadas cuestiones constitucionales "simples" vinculadas con la interpretación directa de normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la Constitución Nacional (art. 14, inc. 3º ley 48), y b) las cuestiones constitucionales "complejas" (referidas a los denominados "conflictos de constitucionalidad", es decir, al enfrentamiento entre normas o actos de carácter infraconstitucional con la Constitución Federal (art. 14, incs. 1º y 2º ley 48). Como fácil puede advertirse el planteo del recurrente no encuadra en esta regla.- Este Alto Cuerpo advierte que la instancia federal impetrada por el Defensor Oficial deviene improcedente, por la circunstancia de interponer el remedio federal sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos que dan basamento a la decisión obrante a fs. 292/297, o bien desentendiéndose de los argumentos expuestos por este Tribunal Superior para rechazar el pedido de absolución y parte de los agravios que motivaron la instancia casatoria.-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 320/334 vta., están referidos netamente a la aplicación de derecho común, la transcripción de lo resuelto en la sentencia de la Excma. Cámara Criminal, lo resuelto en el decisorio de este Alto Cuerpo y a transcribir jurisprudencia. Fácil resulta advertir que tales causales devienen improcedentes para un remedio federal –por tratarse de netas cuestiones de derecho común-, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
V.-) Sobre la inadmisibilidad del remedio federal cuando el recurrente no plantea una cuestión federal en forma razonada y clara, se han expedido numerosos Tribunales Superiores de Provincia: “...La cuestión federal debe introducirse en oportunidad de trabarse la litis y, excepcionalmente, en la primera oportunidad procesal posible, debiendo formularse de manera inequívoca y explícita, ya que el carácter genérico de la misma no es suficiente para habilitar el recurso extraordinario, como tampoco lo es la única expresión del apelante de que reserva el caso federal...” (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “G.T., C. c/ L.B., R.”, 14/II/2000, LLC 2000, pág. 923); “...Es insuficiente a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario federal la sola expresión del apelante ‘Reserva Caso Federal’, pues si bien no se requieren términos sacramentales es necesario que exista un correcto planteamiento mediante la invocación expresa y categórica del derecho federal del que pretende valerse, demostrando su conexión con la materia del pleito...” (Superior Tribunal de Justicia de Misiones, “C., L. c/ Cooperativa Agrícola Monte Carlo Ltda.”, 16/X/2001, LLLitoral 2001).- Incluso, el Máximo Tribunal de la Nación ha revalidado la exigencia del tópico: "...En principio, el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal a los fines del recurso extraordinario, sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el art. 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último intérprete de las mismas...(dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)” (C.S.J.N., “González, Eduardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A.”, 07/XII/2004, DJ 18/V/2005, pág. 176; Fallos 327:5528).- VI.-) En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad del recurso extraordinario son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; b) Ese tipo de disposiciones no afecta el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Carta Magna, principio de supremacía constitucional (Lino Enrique Palacio, “El recurso extraordinario federal”, pág. 161, Abeledo Perrot, 1997). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como intérprete final del derecho común.- Reiterada también es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el sentido que las cuestiones de derecho común, aún regidas por leyes de naturaleza federal, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos 281:67; 284:483; 289:355; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Interlocutorio, Rº 23, Fº 36/40; Tº I, Otros Recursos, Rº 8, Fº 12/14; Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45, entre otros), pues “...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria...” (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.- VII.-) El recurrente acusa al Tribunal de haber violado las reglas del debido proceso legal, en razón que el impugnante se agravia por rechazar este Tribunal Superior la absolución solicitada el recurso de casación deducido.-
Tal agravio resulta infundado, pues abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos “Casal, Matías E. Y otro” (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral de fallo cuestionado y declarando la nulidad del fallo atacado (fs. 297).-
En el resolutorio de fs. 292/297, este Tribunal manifestó que "...al haberse afectado el derecho de defensa en juicio, corresponde decretar la nulidad del acta de debate y como consecuencia directa de ello la nulidad de la sentencia, debiéndose por lo tanto, designar nuevos jueces para la realización de un nuevo debate...".-
Es dable recordar al defensor, como se aclaró a fs. 296 vta., que el "...non bis in idem derivado implícitamente del art. 18 de la CN y reconocido por los Pactos Internacionales que conforman nuestro bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 de la CN, 8 inc. 4 de la CADH, y 14.7 del PIDCyP), sólo prohibe que un hecho sea objeto de dos persecuciones penales simultáneas o sucesivas pero no que en un mismo y único juicio se retrotraiga a etapas ya superadas...". En dicha ocasión se mencionaron los autos "Amott" (Expte. A-635/09/TSJ) donde la defensa fue en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la misma fue desestimada (A-589-XLVII).- VIII.-) Por otra parte, el escrito de la defensa de A. F. A. V. impetrando el remedio federal padece de inconsistencia material, pues si bien el recurrente alega que el decisorio vulnera las garantías de defensa en juicio y del debido proceso legal, no alcanza a establecer ni discernir en qué medida se encontró impedida la parte de deducir defensas, producir la prueba ofrecida y alegar sobre ella, basamento fundamental del derecho de defensa; mientras que el debido proceso –formal o adjetivo y material o sustantivo- no aparece vulnerado ni conmovido por la interpretación que de las normas de derecho común realizan este Alto Cuerpo y el Tribunal Oral en sus respectivos fallos.- Que, Rafael Bielsa decía: “...la violación de la defensa en juicio se verifica cuando se le impide a la parte el ejercicio de los recursos legales, o cuando no se lo oye, es decir cuando no se observan los requisitos esenciales del proceso...” (autor citado, “La protección constitucional y el recurso extraordinario”, pág. 99, Depalma, 1958), no incurriendo este Alto Cuerpo ni la instancia de grado en tales desaciertos, pues en la sustanciación del proceso se ha velado por escuchar a todas las partes –en un pie de absoluta igualdad- y permitido el ejercicio de sus recursos legales.- En efecto, la mera invocación de una supuesta violación de las normas constitucionales que reconocen la garantía del derecho a la defensa en juicio y el cumplimiento del debido proceso legal, no habilita la instancia extraordinaria federal que el recurrente pretende habilitar.-
IX.-) El pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 292/297 no deviene “arbitrario” por la circunstancia de no compartir el peticionante los argumentos del Tribunal para declarar la nulidad del acta de debate y realizar un nuevo juicio por la Cámara Criminal con una nueva conformación, reiterándose que el recurrente no demuestra causal fundada alguna para así descalificar el fallo.-
En tal sentido, si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la presencia del vicio de arbitrariedad que pudiera afectar a una sentencia, ello no exime a los órganos judiciales llamados a conocer en la concesión del recurso extraordinario, a expedirse si la apelación federal, circunstanciadamente valorada, cuenta respecto a cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la conocida doctrina de la Corte, a la invocación de un caso inequívoco de carácter excepcional, como es la arbitrariedad (Fallos 323:1248; este T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 7, Fº 15/17, Secr. Civil, y Tº I, Otros Recursos, Rº 10, Fº Nº 12/24, Secr. Penal, entre otros).- X.-) A mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la “excepcionalidad” del recurso extraordinario, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.-
Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto –aún de extrema gravedad- no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues -de no ser así- la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros). Sobre tal pilar y conforme se expusiera, “...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal...” (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, siendo aplicable la opinión doctrinaria que reza: “...No basta hacer referencias genéricas; se requiere citas concretas, que fijen con precisión el derecho federal cuestionado y desconocido...” (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº I, pág. 803), no verificándose en autos que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.- XI.-) Luego de efectuar este Alto Cuerpo un detenido y severo análisis de los agravios contenidos en el escrito de interposición del remedio federal impetrado, surge de manera clara y manifiesta su falta de idoneidad para dar fundamento a la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, pues la mera invocación de aquella no basta para superar el óbice sustancial que supone la inexistencia de cuestión federal (art. 14 de la Ley 48), que justifique el impacto a la seguridad jurídica que lleva consigo la revisión por la Corte Suprema de fallos de tribunales ordinarios que se fundamentan en derecho común.- Además, surge evidente la insuficiencia recursiva pues no logra perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia “arbitraria”, “insostenible”, “irregular” o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Genaro Carrió y Alejandro Carrió, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- Por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de un planteo ajeno a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fueran el Ministerio Pupilar y el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 320/334 vta. por el Sr. Defensor General Subrogante ante este Alto Cuerpo, en representación de A. F. A. V., con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27 de la Ley Nº Uno – T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariano-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau- Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal. Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2002O.141 TOMO:III– OTROS RECURSOS - T.S.J.
REGISTRO Nº:019 FOLIO Nº:125/129 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia