Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn virtud de lo expuesto, consideramos que la resolución puesta en crisis se encuentra debidamente fundada, en consonancia con las prescripciones de los arts. 115, 116 y 291 del C.P.P., habiéndose efectuado en ella un análisis integral del plexo probatorio reunido, a la luz de las reglas de la sana crítica racional. En tales condiciones, y encontrándose debidamente resguardados los derechos y garantías del imputado, los agravios introducidos no habrán de prosperar, correspondiendo confirmar el auto de procesamiento en todos sus términos.
II. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.094 FOLIO Nº 092/095 PROT. ELECT. JR101 241I.261
Río Gallegos, 25 de junio de 2026.-
La presente causa caratulada “V.F.N. S/ Lesiones Leves Agravadas y Amenazas” - Expte. Nº 82925/25 - Apelación/Causa JR Nº 10.206/26, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 84/92, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado F.N.V. en orden al delito de “Lesiones Leves Agravadas por mediar violencia de género y Amenazas en concurso real” (Arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 11, 149 bis y 55 del C.P.). Que, a fs. 94/95vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolos en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 103 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente con respecto al imputado F.N.V.
1. La defensa plantea orfandad probatoria como también que se omite ponderar circunstancias relevantes que debilitan sensiblemente la hipótesis acusatoria. Que, la decisión se sustenta de manera casi exclusiva en el relato de la denunciante, sin que existan otros elementos que permitan corroborar de modo concluyente la mecánica de los hechos.
Señala que de las actuaciones de la OVD surge un contexto de convivencia intrafamiliar altamente conflictivo, lo que exige un análisis particularmente prudente y riguroso antes de consolidar una imputación penal.
Indica que la resolución apelada omite valorar adecuadamente el propio relato, el cual entiende presenta zonas de ambigüedad, y circunstancias compatibles con una situación de discusión recíproca y desordenada, en la cual no aparecen delimitados con precisión aspectos centrales relativos a secuencia temporal, intensidad de las agresiones, modalidad concreta y dinámica efectiva del enfrentamiento. Con respecto al certificado médico plantea que del mismo no se puede inferir la mecánica concreta atribuida ni la autoría.
Alega que no hay registros fílmicos, mensajes, grabaciones ni testigos presenciales directos que corroboran el relato incriminante.
De igual modo, señala que dentro del domicilio se encontraban otras personas a las cuales no se les tomó declaración testimonial que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.
Por otro lado, aduce que el a quo considera al protocolo de actuación como un elemento que hace creíble la entidad de la denuncia, en función de la evaluación final que hicieron los peritos participantes. Explica que dicho protocolo sólo tiene por finalidad establecer si es razonable o no iniciar una denuncia, pero no puede establecer si una persona ha sido agredida y menos quién es el autor de las mismas. Que, a raíz del protocolo se dictaminan medidas cautelares, ante la verosimilitud y el peligro en la demora, resultando innecesario en ese estadio la evaluar la culpabilidad del enrostrado.
Añade que el mismo es realizado por personal del Poder Judicial, quienes en la mayoría de los casos habilitan sin más las denuncias en casos de violencia de género, es decir creer en ellas, debido a que no pueden arriesgarse a desestimarlas. Por otra parte, observa una valoración insuficiente respecto de las referencias efectuadas por la denunciante sobre el consumo de alcohol y el estado emocional general del episodio.
Asimismo, plantea falta de motivación argumentando que la resolución no puede sostenerse en afirmaciones dogmáticas, requiriendo una probabilidad objetiva sobre la autoría.
Entiende que el auto recurrido vulnera el principio de inocencia y el principio de in dubio pro reo.
Daremos inicio al abordaje de los agravios indicando que no compartimos las apreciaciones que efectúa la defensa, por cuanto el pronunciamiento de la Sra. Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas producidas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta y a la luz de la sana crítica racional, permitiéndole concluir que revisten entidad suficiente con el grado de probabilidad que la instancia requiere para emitir el juicio de valor incriminatorio respecto de F.N.V.
En efecto, la Magistrada sustenta su resolución en la valoración concatenada del informe de inicio de actuados de fs. 01, el informe policial de fs. 05/06, el acta de aprehensión de fs. 07, las denuncias de la damnificada ante la Comisaria de la MyF y la OVD de fs. 08/10 y 47/50, el informe de situación de riesgo de fs. 51/53, el certificado médico de fs. 44/45, las declaraciones testimoniales de M.A.V., C.M.S., M.O.N. y C.D.V.; concluyendo razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar -con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado F.N.V. con las mismas. De esa manera logró tener, en principio, por comprobado que, por un lado, el incuso habría agredido físicamente y amenazado a su hermana, la Sra. K.V.
Con respecto al delito de lesiones, surge de autos que a raíz de una discusión el imputado habría agredido mediante golpe de puño, cachetadas y tomado violentamente del cabello. Que, bajo ese contexto la damnificada salió por la ventana debido al temor que la situación le provocó, siendo auxiliada dentro del inmueble por su hermana, la Sra. M.A.V., quien se hallaba presente en el momento del hecho, y posteriormente por agentes policiales.
En este sentido, los daños en el cuerpo de la Sra. K.V. habrían sido constatados por el informe médico de fs. 44, el que detalla: “… a) Lesión o lesiones que presenta: 1) alopecía traumática de la región parieto-temporal derecha con fondo equimótico y edema inflamatorio de la misma región por tracción traumática del cabello 2) Equimosis roja en el pabellón auricular derecho por trauma romo y contundente como golpe de puño, patadas o similar. b) Carácter de las lesiones: leves. c) Tiempo de curación: 30 días. d) Incapacidad laboral: 21 días …”, habiendo ésta sindicado al imputado como autor de las mismas.
Que la autoría se ve fundada además con las declaraciones aunadas en la causa. En este sentido, la testigo M.A.V. dijo a fs. 23: “… llegó mi hermana llamada V.K., quien estaba discutiendo con mi hermano V.F., destacando que el último en mención, comenzó a agredirla físicamente, por lo que intervine tratando de que mi hermano deje de agredirla pero no pude, asimismo mi hermano logró agredirme mediante un golpe de puño en el brazo, no provocándome dolencias ni lesiones, donde K., se comunico vía telefónica con personal policial y se escapó por la ventana …”. En idéntico sentido, los agentes policiales C.M.S., M.O.N. y C.D.V., quienes procedieron a la identificación de la damnificada, declararon de manera conteste que ésta presentaba lesiones visibles en el rostro y sangre en la boca. Asimismo, indicaron, en ese mismo acto, que ingresaron al domicilio donde habría tenido lugar el hecho, encontrando allí al imputado, quien fue inmediatamente reducido y aprehendido.
En consecuencia, la autoría puede tenerse por acreditada a partir de las declaraciones reseñadas, así como por la constatación del encartado en el lugar de los hechos.
Siguiendo esta línea, y en respuesta al agravio impetrado por la defensa, respecto a las supuestas zonas de ambigüedad en el relato y a la exigencia de delimitar con precisión milimétrica la dinámica del enfrentamiento, debemos decir que la secuencia temporal y la dinámica del suceso surgen de la claridad y coherencia de los testimonios aunados en la causa. De la valoración conjunta de dichos elementos probatorios se desprende con bastante nitidez que el imputado habría agredido a su hermana K.V. de forma violenta.
Que, lejos de tratarse de una simple discusión recíproca y desordenada como pretende encuadrar la defensa, el accionar violento del imputado se encuentra objetiva y debidamente acreditado mediante el certificado médico respectivo y la declaración de la testigo presencial del hecho, elementos que otorgan plena verosimilitud a la acusación.
Que, la materialidad y gravedad de la agresión quedaría a su vez ratificada por la imperiosa necesidad de la víctima de tener que escapar por la ventana para resguardar su integridad física, siendo posteriormente auxiliada por los efectivos policiales.
En este sentido, el intento de la defensa de utilizar el contexto intrafamiliar altamente conflictivo develado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para licuar la imputación penal resulta inaceptable. Es criterio pacífico de este Juez de Recursos que las actuaciones e informes de la OVD constituyen instrumentos oficiales elaborados por personal especializado del Poder Judicial y gozan de pleno valor probatorio (Apelación Nº 10.045/26).
En idéntico sentido, abordamos el agravio mediante el cual la defensa cuestiona el valor otorgado al protocolo de actuación, argumentando que su finalidad se limita a habilitar la denuncia o dictar medidas cautelares sin poder establecer la agresión o la autoría, corresponde señalar que el planteo debe ser igualmente rechazado. Manteniendo el criterio pacífico e invariable de esta Alzada, corresponde precisar que el protocolo de actuación y los informes de valoración de riesgo elaborados por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) no constituyen meros formularios habilitantes de denuncias ni se limitan exclusivamente a evaluar la razonabilidad de dar curso a una investigación. Por el contrario, las actuaciones producidas por la OVD (tales como entrevistas, informes, inspecciones y dictámenes) constituyen verdaderos instrumentos oficiales elaborados por personal capacitado y por equipos interdisciplinarios especializados del Poder Judicial.
En consonancia, se ha dicho que "las actuaciones producidas por la Oficina de Violencia Doméstica (entrevistas, informes, inspecciones, dictámenes, etc.) constituyen instrumentos oficiales elaborados por personal capacitado del Poder Judicial (…), por lo que los mismos que gozan de pleno valor probatorio para la determinación fáctica del caso y su ponderación por parte de los Magistrados. No debemos olvidar que los informes o exámenes técnicos cumplidos por funcionarios del Poder Judicial tienen valor como elementos de juicio. (…) También se destacó que se trata de peritos oficiales y sus informes han sido privilegiados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “pues se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por otras similares a las que amparan la actuación de funcionarios judiciales”. (Fallos 299:265 o ED, t. 77, pág. 374. Citado por Francisco D'Albora Código Procesal Penal de la Nación Edición 1993, pág. 250)” (Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, “Recurso de casación interpuesto por el Fiscal Correccional de la Iª Nominación, contra la sentencia dictada por Juzgado Correccional de la Iª Nominación, el 25/11/2016”, San Miguel de Tucumán, 15 de Agosto de 2017, SENT N°1134).
Por consiguiente, advertimos que los argumentos de la defensa consisten en desgranar la prueba y analizarla de forma individual, tratando de desacreditar el valor convictivo de cada elemento por separado, en tanto la Magistrada, tal como lo encomienda la ley, se abocó al análisis conjunto, armónico y concatenado de los elementos probatorios reunidos en la causa, logrando tener por corroborado y robustecido -con grado de probabilidad- el relato de la víctima con el resto de la prueba analizada, logrando así argumentar válidamente la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados.
Por último, en lo que respecta a las diligencias que -según la defensa- la Magistrada habría omitido producir, cabe señalar que en el caso de marras se cuenta con una testigo presencial, la Sra. M.A.V., quien ha brindado un relato directo sobre el hecho de agresión sufrido por la víctima.
En cuanto a las restantes medidas, se advierte que del informe policial obrante a fs. 25 surge que, tras realizarse tareas investigativas en las inmediaciones del lugar del hecho, se dejó constancia de la inexistencia de cámaras de vigilancia o domos municipales en la zona.
Además, en la presente investigación tampoco se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
En virtud de lo expuesto, consideramos que la resolución puesta en crisis se encuentra debidamente fundada, en consonancia con las prescripciones de los arts. 115, 116 y 291 del C.P.P., habiéndose efectuado en ella un análisis integral del plexo probatorio reunido, a la luz de las reglas de la sana crítica racional. En tales condiciones, y encontrándose debidamente resguardados los derechos y garantías del imputado, los agravios introducidos no habrán de prosperar, correspondiendo confirmar el auto de procesamiento en todos sus términos.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1°)-CONFIRMAR el auto de fs. 84/92, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.- 2°)- REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.-
3º)-Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia