Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9074 FOLIO Nº 034/038 PROT. ELECT. JR101752I.242
Río Gallegos, 11 de noviembre de 2024.-
La presente causa caratulada “V.F.T. S/ Lesiones Agravadas y Daño” - Expte. Nº V-75165/23 - Apelación/Causa JR Nº 9173/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 76/80 y vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado V.F.T, en orden al delito Lesiones Leves Doblemente Agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género y Daño todo en concurso real (Arts. 89, 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11, 183 y 55 del C.P); en tanto que en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Doscientos Mil ($200.000). Que a fs. 93/95 y vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 101, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable y perjudicial a los intereses de éste.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la defensa, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la orfandad probatoria:
El recurrente plantea que S.S llegó a convencerse de procesar a su asistido, argumentando que en autos existen elementos suficientes para tener por acreditada la materialidad, emergiendo además acreditada la autoría material penalmente responsable del Sr. V.F.T.
Advierte que en relación a las lesiones leves certificadas en autos, como también los daños constatados en el teléfono celular de la presunta víctima y en la pared de su vivienda, más el testimonio de la denunciante, no resultan suficientes para arribar a una conclusión respecto a quién debe atribuirse la autoría del hecho.
Estima que el a quo fundamenta el resolutorio puesto en crisis, exclusivamente en el testimonio aportado por la víctima. Indica que no puede pasar inadvertido que no existieron testigos presenciales del hecho, como tampoco vecinos o transeúntes.
Afirma que existen inconsistencias en lo relatado por la damnificada, cuestionando así la credibilidad del mismo.
Indica que, al contar sólo con las declaraciones de la presunta damnificada, sus dichos deben ser analizados con mayor estrictez valorativa. Asimismo, cita doctrina para apoyar su tesitura.
También, hace mención a la tesis de “testigo único”, y refiere que, en el caso de marras, no se arbitraron los medios necesarios para producir toda la prueba para traer claridad a los hechos que se investigan, por ello estima que es totalmente inviable que la valoración que realiza la a quo se base sólo en los dichos de la damnificada.
Por último, reitera que se ha omitido practicar, dentro de las diligencias preliminares, la indagación a familiares y/o a vecinos directos, como tampoco se llamó a la Sra. C.Y.R a ratificar o ampliar sus dichos, ni se ha ordenado practicarle una pericia psicológica a la denunciante, lo cual –a juicio del recurrente- surge evidentemente que no existe en autos un análisis integral por parte del Magistrado. Que, ingresando al tratamiento del agravio expuesto, consideramos conveniente recalcarle a la defensa lo dicho por la doctrina “(…) el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este. En tanto, serán suficientes para su dictado, aquellos elementos que permitan orientar el proceso hacia la base del juicio (…)”. (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).- Dicho ello, es dable destacar que el oficio preventivo Nro. 319-S-DCMYF/2023 a fs. 01, el legajo Nº 168/2023 e informe de evaluación de riesgo de la OVD de C.Y.R a fs. 02/09, la denuncia judicial de Y.C. a fs. 10/11, el certificado médico policial de C.Y.R de fs. 12, el acta de inspección ocular y el respectivo croquis ilustrativo en fs. 14/16, el informe de inicio de actuados a fs.17, la elevación adjunto de la Div. Criminalística en fs. 34/36; entre otros, son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la materialidad y autoría que le caben al imputado. Que, en la presente causa, la materialidad de los hechos descriptos en la denuncia incoada, se encontraría suficientemente acreditada, conforme el certificado médico que constatan las lesiones leves sufridas por la víctima, y el acta de inspección ocular y el correspondiente croquis ilustrativo que verifican el daño que posee una de las paredes de la vivienda de la denunciante y el teléfono celular de la misma. Que dichos instrumentos resultan a todas luces elementos objetivos y relevantes en las constancias obrantes en autos que reflejarían la conducta ilícita, por considerar que se observa, analizado el contexto, la coherencia de las lesiones y los daños, con lo relatado por la víctima, siendo además que aquella sindica la autoría de los hechos en cabeza del imputado.
Por otro lado, en relación a la constante impugnación del recurrente en base a las declaraciones de la víctima en autos, esta Alzada ya tiene dicho, -en varias ocasiones-, que la sola mención de que se trate de la persona damnificada, no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma. (A modo de ejemplo, ver apelaciones Nº 8797/24, 8952/24, 9155/24). Nos permitimos afirmar, luego de un asiduo análisis de los elementos probatorios producidos en la causa, que la Sra. C.Y.R se encuentra inmersa en un contexto de violencia de género, al observarse las diferentes y reiteradas acciones ilícitas enrostradas al imputado conforme surge a fs. 01, 02/09, 10/11, evidenciándose una predominante desigualdad de poder al ejercerse la violencia física y psicológica dentro de la modalidad de violencia doméstica, conforme lo establecido en los arts. 4, 5 y 6 de la Ley 26.485. Debido a ello, y en concordancia con lo dicho por el Sr. Juez Subrogante, en los casos de violencia de género o doméstica, suceden hechos que importan una violación de los derechos humanos y libertades de las mujeres, que por lo general son quienes la padecen, y que ello obliga a los operadores judiciales a analizar estos conflictos con mayor prudencia, garantizando la amplitud probatoria.
En consecuencia, al observarse la connotación de violencia que contiene esta causa, se le impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, por lo que debe primar una inclinación a seguir las directrices internacionales que rigen la materia, como lo son la Convención Belém Do Pará (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer) o la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), siendo guiado por la sana crítica racional y, por supuesto, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en autos. De esta manera, consideramos que los obrados exhiben suficiente información para presumir, con el grado de probabilidad que la instancia reclama, que el imputado podría haber agredido a su pareja, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género, para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Que, siguiendo esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado al respecto, estableciendo que: “(…) el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puede ser corroborado por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante, contraria a los parámetros internacionales en la materia (…)”(Ledesma, Angela “El debido proceso penal”, Ed. Hamurabi, Bs. As. 2016, pág. 106) En suma, reiteramos que el cuadro probatorio existente permite -por el momento- superar positivamente el cuestionamiento relativo a la credibilidad del testimonio de la damnificada, el que resultaría plenamente ajustado a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de conformidad a los elementos de cargo producidos en la causa y que fueran debidamente merituados por el Sr. Juez Subrogante.
Por otro lado, en cuanto a las diligencias que -a juicio de la defensa- el Magistrado habría omitido solicitar, debemos recordarle que el Sr. Juez Subrogante de instrucción selecciona las pruebas a producir, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o descartar los que a su consideración no le resulten pertinentes para la causa.
Además, nos permitimos afirmar que en el presente sumario no se vislumbra ninguna solicitud por parte de aquella en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar a S.S en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
En efecto y por todo lo expuesto, concordamos que el ilícito penal se encontraría configurado, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal, y sería penalmente responsable por el hecho aquí en disputa, el Sr. V.F.T. En breve, consideramos que el presente agravio no podrá prosperar.
III. Tratamiento del agravio referido al protocolo de actuación:
Por otro lado, se agravia la defensa por considerar que la denuncia que radicara la presunta víctima ante la OVD, no pude poner luz sobre la existencia de los hechos investigados, toda vez que –recalca- se cuenta únicamente con el relato esbozado por la Sra. C.Y.
En este sentido, el recurrente impugna el protocolo de actuación y sostiene que su finalidad es “establecer si es razonable o no iniciar una denuncia por violencia”, pero alude que de ningún modo dicho instrumento podría establecer si la persona ha sido agredida por alguien, y mucho menos quien es el autor de las lesiones.
Destaca que el citado protocolo fue realizado por profesionales de los Cuerpos Periciales de Psicólogos y Trabajadores Sociales. Dicho ello, asegura que no es casual que el informe de situación de riesgo de fs. 06/07 y vta. –a su criterio, siendo uno de los pocos elementos probatorios que pudo colectar el a quo- la realiza un profesional que interviene asiduamente en la confección de protocolos de violencia, los que, en su mayoría – y en su parecer- habilitan las denuncias por violencia. Debido a ello, manifiesta que los profesionales de los Cuerpos Periciales actuantes no pueden arriesgarse a desestimar las denuncias sin darle trámite, por el temor de que pudiera pasarle algo grave a la denunciante, sin perjuicio de que la Ley Nacional Nº 26.485 les impone darle curso.
Y advierte, que lo dicho habla mal de la profesionalidad con la que se desempeñan todos los integrantes de los Cuerpos Periciales que actúan, ya que poseen una tendencia a creer en todas las denuncias, y a dar por sentado que los denunciados son personas violentas.
Es por ello, que entiende que no existe por parte del a quo un análisis integral, racional y crítico en la resolución atacada, al aludir que existen graves omisiones en la etapa investigativa.
Para finalizar, cita doctrina y jurisprudencia para darle sustento a su tesitura.
Que ingresando al abordaje del presente agravio, advertimos a la defensa que, en cuanto a su argumento de que sólo se cuenta como elemento probatorio con los dichos de la víctima, ello no resulta así, y fue oportunamente fundamentado en el apartado que precede (punto II).
Que en relación al protocolo de actuación en disputa, nos parece necesario aclararle a la defensa que, las Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) actúan de manera objetiva, sus amplias funciones se basan en facilitar el acceso a justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). En igual sentido, nos resulta conveniente invocar lo expresado en relación a los protocolos de actuación; esta Alzada ha indicado en la Apelación/Causa Nº 8400/23 y 8797/24 que “Las actuaciones producidas por la OVD (entrevistas, informes, inspecciones, dictámenes, etc.) constituyen elementos oficiales elaborados por personal capacitado por el Poder Judicial, por lo que los mismos que gozan de pleno valor probatorio para la determinación fáctica del caso y su ponderación por parte de los magistrados (…)”.
(C.S.J; Provincia de Tucumán; en autos “M.L.A S/ Lesiones leves agravadas y amenazas de muerte en concurso ideal”; 15/08/2017; Editorial Rubinzal-Culzoni). A mayor abundamiento, debe indicarse que esta Alzada se ha pronunciado en autos "M.A.A. S/ Amenazas -en contexto de violencia de género-", Expte. nro. 17284/19 - Apelación nro. 7131/21 (T:CVI, R:7117, F:112/115; 05/04/2022), destacando la relevancia de mencionado instrumento como elemento probatorio, así, se ha dicho “(...) No debemos olvidar que los informes o exámenes técnicos cumplidos por funcionarios del Poder Judicial tienen valor como elementos de juicio. (…) También se destacó que se trata de peritos oficiales y sus informes han sido privilegiados por la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “pues se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por otras similares a las que amparan la actuación de funcionarios judiciales”. (Fallos 299:265 o ED, t. 77, pág. 374. Citado por Francisco D'Albora Código Procesal Penal de la Nación Edición 1993, pág. 250)” (Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, “Recurso de casación interpuesto por el Fiscal Correccional de la Iª Nominación, contra la sentencia dictada por Juzgado Correccional de la Iª Nominación, el 25/11/2016”, San Miguel de Tucumán, 15 de Agosto de 2017, SENT N°1134). Por consiguiente, entendemos que los argumentos expuestos por la defensa consisten en desacreditar el valor convictivo de cada elemento de prueba por separado, en tanto el Magistrado, -tal como lo encomienda la ley-, se abocó al análisis conjunto, armónico y concatenado de los elementos probatorios aunados en la causa, logrando tener por corroborado y robustecido -con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere- el relato de la víctima con el resto de la prueba analizada, logrando así argumentar válidamente la responsabilidad penal del imputado en los hechos aquí investigados.
Por todo lo expuesto, es que consideramos no debe prosperar el aludido agravio.
IV. Tratamiento del agravio referido al embargo:
Finalmente, el agravio expuesto por la defensa es el monto del embargo dispuesto por la suma de Pesos Doscientos Mil ($200.000) que le resulta excesivo, en tanto y en cuanto no escapa al conocimiento del A Quo, que el encartado no cuenta con un trabajo estable, por lo cual le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del embargo, como así también la imposibilidad de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente conducen a la inhibición general de sus bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario, razón por la cual solicita se revoque la resolución impugnada. Que en observación al último agravio, consideramos que no procederá, toda vez que se observa en el acta de notificación del procesamiento (a fs. 85), que el incuso manifestó no tener dinero y/o bienes para ofrecer, y seguidamente se le hizo saber que se procederá de acuerdo a lo prescripto por el art. 499, segundo párrafo del C.P; circunstancia que no escapa del conocimiento del causante al suscribir dicho instrumento. Del mismo modo, la jurisprudencia establece que no se tendrá en cuenta las cuestiones personales económicas del denunciado, sino por el contrario, se considerarán sólo las cuestiones atinentes al proceso: “Sumario: 1. A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado.” (Cam. Nac. De Apelaciones en lo Crim. Y Correc. Sala IV. 17/09/2009. “D.Y., C.F. s/ Procesamiento” Expte. Nº 1234/09).” En efecto, que el monto fijado al disponer dicha medida y en atención a los ilícitos endilgados a V.F.T, y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Doscientos Mil ($200.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, el Magistrado Subrogante de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 79 y vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Por lo que debemos decir que compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados en autos. Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso V.F.T. Para finalizar nuestro abordaje respecto a las impugnaciones aquí citadas, debemos concluir que esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo, entendiendo que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho y en concordancia con lo prescripto por los arts. 115, 116 y 199 del CPP., por lo que los agravios no prosperarán, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 76/80 y vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia