Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C= AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.03 11:49:32-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.03 11:55:52-03'00' REGISTRO Nº 10.052 Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 130/133 PROT. ELECT. JR101 199I.261 Río Gallegos, 03 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “V.C.A. S/HURTO”, Expte. Nº 79.638/24, Apelación JR Nº 10.173/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 03/10 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien dispuso en el punto 1)el procesamiento sin prisión preventiva de C.A.V., en orden al delito de “hurto, defraudación y tentativa de robo, todo en concurso real”, (arts. 162, 172, 164, 42 y 55 del CP). Que a fs. 17/18vta., del presente incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien dispuso en el punto 1) revocar el punto 1) de la parte dispositiva de la resolución obrante a fs. 101/108 en cuanto a la prisión preventiva se refiere como así el punto 3) del mencionado resolutorio en cuanto se ordenó mantener la libertad de V., debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 1) ordenar el procesamiento con prisión preventiva de C.A.V., de demás circunstancias personales de figuración en autos, por encontrarlo incurso "prima facie" en el delito de "hurto, defraudación y tentativa de robo, todo en concurso real" (arts. 162, 172, 164, 42 y 55 del CP).
Que la defensa oficial apeló ambos autos -motivándolos-;
a fs. 27 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios en el orden ofrecido por la recurrente.
a.- De la falta de medios probatorios: En primer lugar la defensa sostiene que el procesamiento resulta apresurado por entender que los elementos probatorios colectados resultarían insuficientes, contradictorios y, en cierto modo, viciados de nulidad, tratándose de un prejuzgamiento arbitrario y sin fundamento.
Se agravia de la falta de elementos probatorios para demostrar que existe algún tipo de vínculo entre su asistido y el Sr. M.P.N., quien resultó ser el receptor del dinero.
Luego de efectuar consideraciones doctrinarias la defensa concluye que con los nulos elementos probatorios no puede pretender imputar a su representado la comisión del delito de “defraudación”. Del mismo modo, se agravia por la falta de elementos probatorios para pretender sostener la autoría en relación al hurto y de robo en grado de tentativa, ya que no obran pruebas que permitan endilgarle los hechos 2 y 3.
Es por ello que asevera que la investigación se encuentra direccionada en perjuicio de su defendido.
En definitiva apela por arbitrario el decisorio alcanzado, violatorio del principio de legalidad, del debido proceso, la defensa en juicio y la igualdad.
Ahora bien, este primer agravio –adelantamos- no prosperará, motivo por el cual confirmaremos íntegramente el auto de procesamiento del imputado C.A.V..
Ello toda vez que los argumentos de la defensa lucen como una mera disconformidad con la conclusión a la que hubo de arribar la Instrucción, quien analizó pormenorizadamente las pruebas recabadas en su conjunto y bajo las reglas de la sana critica racional, dando las razones por las que considero acreditada la materialidad y la autoría de los hechos que se le reprochan al encartado, indicando cada una de las piezas probatorias que lo sustentan y justificó adecuadamente la calificación legal y la medida cautelar de embargo.
En ese sentido, entendemos que se trata de una resolución debidamente motivada, con lo cual también rechazaremos el agravio relativo a que se trate de un de un prejuzgamiento arbitrario y sin fundamento.
Este Sr. Juez de Recursos concuerda con la Instrucción que, de la valoración concatenada de los informes de inicio de actuados, los informes de la DDI, la denuncia de M.C.F., y su ampliación de denuncia, el comprobante de transferencia, los informes policiales, las actas de aprehensión, el acta de inspección ocular, el croquis ilustrativo del lugar, las declaraciones testimoniales de S.S. y E.M.Y., las actas de secuestro, las actas de reconocimiento y entrega, el acta de entrega, el resultado del allanamiento, la certificación de elementos, las secuencias fotográficas y el informe de la División Cibercrimen de la Policía Provincial –por enumerar algunas de las piezas procesales más relevantes-; se concluiría razonadamente que se trata de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado los hechos investigados y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas. Es por ello que concordamos con la Instrucción que los elementos de cargo valorados en conjunto revisten entidad suficiente para convalidar el auto de procesamiento en cabeza del encartado, rechazando este primer agravio.
Cabe recordar a la defensa que esta Alzada comparte el criterio que entiende que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...”. (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998).
En otras palabras, para el dictado de esta resolución de procesamiento: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “A.R.M. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).
Es por todo lo expresado que no se advierte que la investigación estuviera direccionada en contra del encartado y mucho menos que se hubiera violentado el debido proceso y la garantía de defensa en juicio.
b.- Del embargo: En segundo lugar la defensa se agravia del monto impuesto en razón que su asistido no posee un patrimonio que le permita afrontarlo, al ser albañil y realizar changas, tratándose de una suma desproporcionada, por lo que solicita su reducción.
Que, en relación a este punto de agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso - consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo - de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 09vta. del presente incidente, que el Magistrado Subrogante dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000.-).
Es por ello que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
c.- De la prisión preventiva: En tercer lugar, se agravia la defensa por el encarcelamiento preventivo de su asistido.
La recurrente estima que se trata de una decisión arbitraria, infundada y violatoria de las garantías constitucionales y convencionales.
Entiende que la resolución recurrida desconoce el principio de inocencia y configura una pena anticipada.
Concretamente se agravia planteando que la resolución impugnada incurre en afirmaciones dogmáticas y genéricas respecto de los supuestos riesgos procesales, sin individualizar circunstancias objetivas verificables. En ese sentido rechaza que la declaración de rebeldía pueda ser entendida –por sí sola-, como un indicador válido de riesgo procesal. Alega que tampoco la reincidencia o los antecedentes penales que registra su representado, puedan indicar válidamente la peligrosidad procesal. Asimismo se agravia por cuanto la Instrucción no evaluó medidas menos gravosas que igualmente garantizan los fines del proceso. Pues bien, analizado el presente agravio, adelantamos que no prosperará, motivo por el cual confirmaremos el auto de fs. 17/18vta., que dispone la prisión preventiva de C.A.V., por ser adecuada a derecho. Ello en razón que, a pesar del criterio discordante de la defensa, la Sra. Magistrada aportó las razones por las que entendió acreditados -en el caso concreto-, el riesgo procesal de fuga, encontrándose debidamente motivada.
Con lo cual rechazaremos de plano el planteo acerca que se trata de una decisión arbitraria, infundada y violatoria de las garantías constitucionales y convencionales. Mucho menos que sea violatoria del principio de inocencia ni que configure una pena anticipada.
Veamos, lejos de tratarse de afirmaciones dogmáticas y genéricas respecto de los supuestos riesgos procesales, sin individualizar circunstancias objetivas verificables, advertimos que la Instrucción valoró concretamente que hubo de decretar la rebeldía y orden de detención del incuso.
Y analizando la gravedad de la imputación en función de su penalidad, concluyó razonadamente que, en caso de recaer condena, la misma sería de cumplimiento efectivo, máxime teniendo en cuenta los dos (02) antecedentes condenatorios –de cumplimiento efectivo- que registra el imputado.
Por último, la Sra. Jueza de grado valoró que el imputado ya había sido beneficiado con la excarcelación en fecha 31/08/2024 (incidente que corre por cuerda), no habiendo dado cumplimiento a las pautas impuestas.
Este Sr. Juez de Recursos concuerda con la Magistrada actuante que es el accionar del propio encartado, lo que ha demostrado el incumplimiento y falta de apego a las normas, verificándose en la especie serias posibilidades que el incuso en caso de recuperar la libertad evite el accionar de la Justicia y la aplicación de la ley sustantiva, constituyendo motivo suficiente para presumir que ante una eventual condena, el encartado intentará evadir el accionar de la Justicia. Y que, por lo tanto no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar. Es por todo lo analizado que el antecedente que cita la defensa en apoyo de su tesitura, no resulta aplicable al presente caso. Se advierte, por ende, que la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, ni se vislumbra la vulneración de los derechos y garantías de que goza el imputado, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada.
Se comparte con la Instrucción el criterio que sostiene que el riesgo procesal de evadir el accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal.
Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva.
II. Expresa reserva de casación y del recurso extraordinario federal: Para el caso que la resolución de esta Alzada resulte contraria a los intereses de su representado, la defensa deja expresa reserva del recurso de casación y del caso federal, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
IV. Comunicaciones: firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos glosados a fs. 03/10 y fs. 17/18vta., del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de CASACIÓN y del CASO FEDERAL incoada por la defensa.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia