Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8405 FOLIO Nº 195/197 PROT. ELECT. JR101021I.242
Río Gallegos, 02 de febrero de 2024.
La presente causa caratulada “V.J.A. S/ AMENAZAS, DAÑO, HURTO Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº 20852/22, Apelación Nº 8248/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 09/13 vta. del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.A.V., en orden al delito de “robo simple” (art. 164 del Código Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos diez mil ($ 10.000). Que a fs. 15/16 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 24 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Agravios relativos a la insuficiencia de elementos probatorios para el dictado del procesamiento – crítica a la calificación legal: inicialmente, sostuvo la defensa que su asistido fue procesado erróneamente por el delito de robo simple.
Al respecto, entendió que no existen constancias probatorias que pudieran determinar prima facie la responsabilidad de su pupilo. En tal sentido, destacó que el procesamiento tiene como único elemento incriminatorio los dichos de la presunta damnificada, y las constancias policiales referidas a que el imputado hizo llegar a través de una tercera persona el teléfono celular. A partir de ello, aseguró que su defendido no tuvo intención de poseer el teléfono móvil, tras el altercado que habían tenido. Explicó que, esa intención, constituye un elemento esencial del tipo penal imputado al incuso, pues –según dijo- no se da el apoderamiento ilegítimo que requiere el tipo penal consumado. Agregó que, fuera de ello, no existe ninguna otra prueba o indicio que permita suponer que J.A.V. pudiera ser autor del delito, por lo que pidió se revoque el procesamiento apelado y se sobresea a su representado.
Pues bien, habiendo analizado los agravios expresados por la defensa del imputado, adelantamos, serán rechazados.
En efecto, resulta insostenible el planteo de la defensa, relativo a que los elementos probatorios valorados por el magistrado no fueran suficientes, dado que es evidente que el hecho denunciado a fs. 02/02 vta., aun cuando en el pronunciamiento apelado no se hizo, se debe analizar a la luz de los tratados internacionales sobre la materia suscriptos por nuestro país (art. 7 inc. b de la Convención de Belem do Pará), en cuanto a la adopción de la debida diligencia reforzada en la investigación de hechos de violencia contra la mujer. Por su parte, entendemos, resultan aplicables al caso las previsiones del art. 16 inc. i) y cctes de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), que admite: “… la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos.”. Así las cosas, los elementos son suficientes pues corresponde ponderar los dichos de la víctima a la luz de dicha normativa, dado que, en este tipo de sucesos, tratándose de una situación de violencia de género en el contexto de una relación de pareja (ver denuncia de fs. 02/02 vta.), por lo general tienen lugar alejados de terceras personas. En particular, habiéndose criticado la suficiencia de los elementos valorados para disponer el procesamiento, viene al caso citar el siguiente sumario, donde –en un caso de similares características- se dispuso el procesamiento teniendo solamente en consideración los dichos de la víctima.
Al respecto, se señaló que en torno al juzgamiento de delitos en los que se encuentra presente la violencia de género, la mera denuncia en términos verosímiles y ante el organismo correspondiente, aún desprovista de otros elementos probatorios que la sustenten, resulta suficiente para dictar una sentencia condenatoria en contra del presunto autor del hecho denunciado. Así, se dijo: “… se confirma el procesamiento del imputado en orden a los delitos de … en concurso real con robo simple, en perjuicio de su ex pareja, más allá de los cuestionamientos formulados por la defensa contra la amplitud probatoria imperante en la actualidad en esta materia, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 26485, los cuales podrán ser analizados en el momento procesal correspondiente (Del voto del Dr. Bruzzone.).” (Cám. Nac. Crim. y Correcc.; Sala V; 29/05/2014; B. S., M. J. s. Procesamiento - Recurso de apelación; Rubinzal Online; 64538/2013; RC J 8256/14). Por otro lado, en cuanto al agravio relativo a que no habría desapoderamiento ilegítimo, basada en que el encartado habría devuelto el elemento presuntamente sustraído, es evidente, que el imputado logró quitarlo de la esfera de custodia de la denunciante, pues, según dijeron todas las partes, pasado un tiempo lo restituyó a través de una tercera persona. Entonces, en este sentido, el planteo se encuentra claramente dirigido a cuestionar la calificación legal atribuida al hecho.
Veamos, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de "robo” (art. 164 del CP).
En cambio, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el Sr. Juez de grado sin lograr controvertir lo decidido.
Por consiguiente, y siendo criterio de esta alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a su asistido, motivo por el cual será desestimado.
II. Del embargo: en este apartado, criticó la medida por considerarla abultada toda vez que, a su juicio, no habría constancias que acrediten que fuera necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y responsabilidad civil que pudiera caberle a su defendido.
En tal sentido, hizo saber que el objeto sustraído habría sido entregado a la denunciante en perfecto estado por el propio imputado, razón por la cual, pidió morigerar el mono de embargo o bien eliminarlo.
Pues bien, en relación a este último planteo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución, surge que el magistrado en el punto III) del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499º del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `abultado´, razón por la cual rechazaremos este infundado cuestionamiento.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 09/13 vta. del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia