Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial de la Plata Sala II Integrada · Causa 121.612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede deberá continuar entendiendo en la actuaciones el señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 de este Departamento Judicial, a quien se le remitirán, con comunicación mediante oficio a su par a cargo del Juzgado de Familia N° 4 y a la Receptoría General de Expedientes del mismo Departamento Judicial.
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXIII Causa N° 121612; JUZGADO DE FAMILIA Nº 4 - LA PLATA V., J. P. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA REG. SENT.: 76 Sala II - FOLIO: 470 En la ciudad de La Plata, a los 11 días del mes de Abril de dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo ordinario la señora Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctora Silvia Patricia Bermejo, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 121612, caratulada: "V., J. P. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término la doctora BERMEJO. La Excma. Cámara resolvió plantear la siguiente cuestión:
¿Qué juez ha de continuar entendiendo en las presentes actuaciones?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DRA. BERMEJO DIJO:
I. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el incidente de competencia planteado por la señora Juez a cargo del Juzgado de Familia n° 4 departamental, quien rechazó la atribuida por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 de este Departamento Judicial.
II. El señor juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 declinó su intervención con sustento en que los procesos de determinación de la Capacidad Jurídica (Curatela, Insania y/o Inhabilitación) presentan características especiales que requieren de la intervención de un grupo interdisciplinario de profesionales que permita un adecuado tratamiento de la problemática que plantean, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial rápida y efectiva. Adunó que de acuerdo con la organización del Poder Judicial y la competencia exclusiva que el Código Procesal Civil y Comercial asigna a los tribunales de familia, los jueces civiles no resultan competentes para intervenir en esta materia.
Sustentó tal decisión en lo normado por el 706 inciso “b” del Código Civil y Comercial con cita de fundamentos brindados por nuestro Superior Tribunal Provincial en las causas: 120.767 (resol. del 29-VI-2016), 116.614 (del 9-V-2012), 120.020 (resol. del 9-IV-2015), 120.104 (resol. del 7-X- 2015), referentes a la especialización del órgano jurisdiccional, la existencia de un fuero especializado de familia, así como la necesidad de contar con una visión multidisciplinaria para resolver las situaciones que puedan llegar a presentarse. Por su parte, la señora juez titular del Juzgado de Familia número 4 no aceptó la remisión y expresó -luego de realizar una síntesis de lo actuado en la causa- que la Suprema Corte de Justicia provincial, a partir de la regla prevista según la cual el juez que ha prevenido en la internación de una persona será el competente para conocer en las posteriores, como así también respecto a la demanda de su inhabilitación o insania –hoy, determinación de la capacidad jurídica- formulada en el mismo proceso o independientemente.
De manera que resulta competente el juez que previno, salvo que se revelen en el transcurso de la intervención judicial sucesos que impongan su modificación. Asimismo, refirió que los pronunciamientos de nuestro Más Alto Tribunal Provincial que el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 cita en el auto de fs. 85/86 vta. (C. 120.767, C. 116.614, C. 120.020 y C. 120.104) no resultan de aplicación al caso y que omite considerar que la ley 11.453 de creación del Fuero de Familia estableció la continuidad de las causas de familia ante los juzgados civiles. Adunó que el nuevo Código Civil y Comercial no agrega nada respecto de lo que concebía la ley de salud mental 26657 hace 7 años, en lo que atañe a lo novedoso que se atribuye al digesto de fondo, para remitir los obrados al Juzgado de Familia que corresponda.
III. Como se aprecia del relato efectuado, este conflicto de competencia se suscita entre un juzgado civil y comercial y un juzgado de familia, ambos del mismo departamento judicial. No se ha presentado ninguna petición especial al Juez que la motiva. La misma se asienta en su mejor entendimiento sobre la incidencia de la aplicación de nuevas disposiciones. Ello lo lleva a desprenderse de una causa en la cual antes se encontraba interviniente el órgano del cual él es ahora titular.
IV. Al sancionarse en nuestra Provincia la ley 11.453 que creó al fuero de familia, en el artículo 827 del CPCC se incluyó a los procesos de restricción a la capacidad -inc. “n”- entre los de su competencia. Esos tribunales colegiados comenzaron a funcionar sin ningún cúmulo de causas, en tanto las que antes se habían iniciado sobre las materias que en ese entonces empezaban a ser de su competencia quedaban radicadas ante los juzgados en lo civil y comercial donde se encontraban tramitando. Este fue el sentido de las cuestiones de competencia resueltas por la Suprema Corte en esa oportunidad. Esta forma de interpretar cómo se debía organizar la administración de justicia resultó un criterio que evitó la saturación inicial del fuero por la remisión de los expedientes ya iniciados. Se dirimió así qué causas continuaban tramitando ante el juez ante el cual ya se sustanciaban, mientras que las nuevas quedaban ante ese fuero especializado (ver SCBA, 60.067, sent. int. del 27-VI-1997; 59.931, sent. int. del 13-VI-1995, entre otras).
Este es el mismo régimen instaurado por vía de Superintendencia por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Resolución de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires nº 3360/08, de fecha 26 -11- 2008, emitida en atención a lo previsto por el artículos 32 inc. "l") y 10 de la ley 13.634. Ver también Cám. I Civ. y Com. de Azul, causa 53570, RSI-159-9, sent. int. del 18-6-2009).
El tiempo pasó, se sancionó la ley 13298, la 13634, por lo que la fisonomía del fuero de familia cambió y se acomodó legislativamente a la prestación del servicio de justicia acorde a los nuevos paradigmas vinculados a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, impuestos por la Convención de los Derechos del Niño, renovando al modelo anterior. A ello, años después, se sumó la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante citado como CCCN).
V. La sanción del nuevo código de derecho común sustantivo marca legislativamente pautas mínimas a concretar en el proceso de familia, en toda la extensión del territorio de nuestro país. El Título VIII de su Libro Segundo concentra en cuatro capítulos muchas de esas normas, si bien a lo largo del restante articulado también se encuentran otras disposiciones del mismo tenor (v. gr. arts. 32 a 42, 543, 547, 550, 577, 581, entre muchas otras). En lo que respecta a la competencia, en el Capítulo 3 del referido Título se especifican diversos supuestos en los cuales se determina la competencia por el lugar (arts. 716 a 720, CCCN), al igual que antes lo preveía el Código de Velez, si bien con una extensión menor -v. gr. arts. 227 y 228, CC-.
Sin embargo, un punto que el CCCN no aclara es cuáles son las materias de familia. En algunas de ellas no hay ninguna duda, –por ejemplo, alimentos, régimen de contacto, divorcio, ejercicio de la responsabilidad parental, filiación, adopción, nulidad e inexistencia del matrimonio, lo referido a los derechos nacidos de la solidaridad familiar en las uniones convivenciales-, las cuales quedan incluidas y enumeradas como pertenecientes a ese fuero en todas las legislaciones locales. Podría plantearse, como hipótesis, qué ocurre con los alimentos cuando su fuente no es una relación de familia, por ejemplo, los debidos por una donación sin cargo (art. 1559, CCCN). Sin embargo, en la práctica, aun cuando surjan de un contrato, se ha admitido que su reclamo se radique en el fuero especial.
El legislador de la Provincia de Buenos Aires excluyó expresamente de su competencia a ciertas cuestiones –como las sucesiones (artículos 2336 y 2643 del CCCN: anteriores 3284 y 3285 del Código Civil; art. 827, CPCC)- aun cuando se debatan en ese contexto el ejercicio de derechos que nacen de las relaciones de familia. También incluyó a las que son propias de las relaciones de este tipo –como las antes mencionadas, alimentos, régimen de contacto, divorcio, etc.- y a otras referidas a los atributos mismos de la persona individual –v. gr. el nombre o la capacidad- que van más allá del concepto de familia e incluso otras referidas a cuando la persona ya ha muerto –como la exhumación o inhumación de cadáveres-. Como se puede apreciar, aun cuando exceden al concepto de “familia”, se ha incluido en el fuero. Lo relatado podría llevar a preguntarnos si al combinar la norma procesal local con el nuevo CCCN cabrá aplicar las pautas para los procesos de familia indicados en el CCCN a las materias enunciadas en el fuero aun cuando no sean propiamente de familia –en el caso de Buenos Aires el supuesto de la rectificación de partidas, por ejemplo- o si aquellos preceptos deben aplicarse a los litigios vinculados a la vida de relación familiar, entendida ésta en un sentido extenso, más allá del fuero ante el cual tramiten.
Más allá de esta disquisiciones y con el centro en el conflicto a resolver, se sostiene como primera premisa a tener en cuenta que el CCCN no predetermina, pues no lo específica, cuáles son las materias a las cuales se le aplicarán las normas adjetivas enunciadas entre los artículos 705 a 723 del CCCN. Es decir, no realiza ninguna identificación por la materia de las cuestiones a las que se aplicarán las normas referidas. Ello da libertad al legislador provincial de poder determinar qué cuestiones incluirá en el fuero y cuáles no (arts. 5, 121 y sigs. de la Constitución Nacional). Es en este sentido que el art. 705 del CCCN sólo indica que estas disposiciones se aplicarán a los procesos en materia de familia. Este no es un tema menor pues si las incluye podrán quedar alcanzadas por las disposiciones del Título VIII referido.
VI. A ello cabe sumar lo referido a la competencia por el territorio. El CCCN entre sus artículos 716 a 720, nucleados en el Capítulo 3, como se dijo, especifica diversos supuestos atinentes a la competencia por el lugar. En todos ellos se procura facilitar el acercamiento del Juez al justiciable, como una forma de lograr un efectivo acceso a la justicia, en respeto de los derechos y garantías plasmados en Tratados internacionales y en la letra de las Cartas Magnas tanto federal como de la Provincia. Así, entre los principios que gobiernan a estos procesos –y en el cual nos detenemos por su incidencia en lo que respecta a la competencia- tenemos al de inmediación (art. 706, 716, CCCN).
Por otro lado, y en forma específica, en lo atinente a los procesos destinados a analizar la capacidad de las personas, el CCCN no contiene una norma como el art. 716 que fija la competencia del juez por la cercanía de éste con el “centro de vida” del niño, niña o adolescente. Sin embargo, aun cuando no se haya sido tan preciso como con los derechos de ese grupo, ello se desprende de diversas disposiciones procesales previstas en la parte específica de la regulación a la restricción a la capacidad. Por ejemplo, al garantizar la inmediatez del Juez con el interesado durante el proceso, el deber entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento (art. 35, CCCN), el derecho de aquél cuya capacidad se dirime a participar en el proceso judicial con asistencia letrada (art. 31 inc. “e”, CCN).
Este era el criterio que ya por vía de jurisprudencia se había establecido por la misma Corte de la Nación varios años antes. A partir del caso “Tufano, Ricardo Alberto s/Internación” (sent. del 27-12-05) y otros que siguieron su línea, precisaron la necesidad de la inmediación entre el juez que debe intervenir y el lugar donde se encuentra la persona cuyo apoyo y protección se pretende. Estos mismos conceptos fueron los que también la Corte continuó reiterando (así, CSJN, in re: “B., A. A. s/ determinación de la capacidad”, sent. del 4-VIII-2016, Cita Online: AR/JUR/51739/2016; “S. Z., E. s/ determinación de la capacidad”, sent. del 21-VI-2016, cita Online: AR/JUR/37997/2016). Este también es el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, "Ximenes Lopes c. Brasil", sent. del 4-VII-2006.HYPERLINK "http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf"
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ Seriec_149_esp.pdf).
Empero la necesidad de la proximidad que imponen estos precedentes, replicado por órganos de distintos lugares del país, no implica la determinación de un órgano especial por el fuero. Lo que deja así abierta la posibilidad que puedan crearse en el futuro órganos jurisdiccionales distintos a los de familia y especialmente ocupados a los procesos de restricción de la capacidad.
En síntesis, el contacto que exige tanto el CCCN como las normas procesales de la Provincia, que requiere de la inmediación, podrá efectuarlo tanto uno como otro Juez.
VII. Otro de los argumentos empleados por el magistrado que pretende desprenderse de la causa es que estas materias requieren de una visión interdisciplinaria. Si bien es correcto que el fuero de familia cuenta con un equipo de profesionales que facilitan ese abordaje, cabe recordar que los Juzgados Civiles y Comerciales también poseen los profesionales dependientes de la Asesoría Pericial para poder intervenir en esas actuaciones de la forma más apropiada, con una visión interdisciplinaria que su abordaje exige. Tal pauta en la resolución de estos casos ya era exigida antes de la sanción del nuevo CCCN por la ley 26.657 sobre “Derecho a la Protección de la Salud Mental” (Sancionada el 25-XI-2010 y promulgada el 2-XII-2010). En su artículo 5 se especifica que la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. Asimismo, en diversas disposiciones de la citada ley se destaca la necesidad de tales informes (v.gr. arts. 8, 9, 12, etc.). Este es el mismo espíritu contenido en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual la ley 27.044 le reconoció jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.
Es así que desde que se sancionó la referida norma, los magistrados civiles y comerciales trabajan interdisciplinariamente aun sin contar con un Equipo directamente bajo su dependencia. Como se señaló, ello no impide el trabajo interdisciplinario, por lo que tampoco es un motivo por el cual el magistrado que remitió la causa se desprenda de su conocimiento.
VIII. El punto que resta tratar es el referido a la especialidad, lo que el Juez civil y comercial le atribuye en esta materia al Juez de familia. Es decir, toma a los procesos de familia del Título VIII del Libro Segundo del nuevo CCCN y a la necesidad de la especialización que para esa materia se trata (art. 706 inc. “b”, CCCN) incluyendo a los procesos sobre restricción a la capacidad –en tanto el legislador provincial los incluyó en el art. 827 del CPCC-. Sólo para lograr claridad: como se dijo, aun cuando el legislador nacional no especificó cuáles eran las cuestiones de familia, se le remitió esta causa a este magistrado civil en tanto así se lo consideró por la legislación provincial. Sin embargo, un juez especializado en temas de capacidad sólo debiera dedicarse a ese tipo de cuestiones, lo que no se presenta en el fuero de familia. Ello nos lleva a distinguir cuán especializado debe ser el Juez.
IX. Existe otro factor de relevancia a los fines de dirimir este conflicto que consiste en la repercusión práctica de una u otra decisión. En nuestro Departamento Judicial existen 23 Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y 6 Juzgados de Familia –habiéndose asignando a tan sólo 2 de ellos las materias comprendidas en los incisos “n”, “o”, “t”, “u” y “v”, del artículo 827 del C.P.C.C.- (ver página web de la Suprema Corte de Justicia “http://www.scba.gov.ar”).
Las estadísticas informadas por nuestra Suprema Corte –en la misma página referida- indican que en La Plata, en el fuero de familia, en el año 2011 ingresaron 3.253 causas; en 2012: 14.500 causas; en 2013: 20.410; en 2014: 20.743; en 2015: 24.193. Así, este último año, el promedio por los 6 juzgados unipersonales es de 4.032 causas por Juez (http://www.scba.gov.ar/planificacion/juzgados%20de%20familia.pdf).Sin embargo, no se especificó cuántas de esas causas corresponden a los juzgados protectorios, que son sólo dos de ellos. Por su lado, en lo que respecta a las estadísticas de los juzgados en lo civil y comercial, en el Departamento Judicial La Plata, en el año 2015 se contabilizaron 25.846 causas, que divididas entre los 23 juzgados, arroja un promedio de 1.124 causas por juzgado (http: //www. scba. gov. ar/ planificación/ juzgados % 20 civiles.pdf).
El Departamento Judicial La Plata es el único que cuenta con juzgados protectorios. Esta subespecialidad en el fuero –en tanto sólo intervienen en los casos de los incisos “n”, “o”, “t”, “u” y “v”, del artículo 827 del C.P.C.C- fue creado primeramente por resolución de nuestra Suprema Corte de Justicia provincial (Res. 3488/10, del 17-11-10 y Res. 3963/11 del 19-10-11) y luego por la ley 14.372. Esta disposición le reconoció a nuestro Máximo Tribunal provincial la facultad de asignar en cada Departamento Judicial, entre los Juzgados ya existentes o a crearse del Fuero de Familia, la competencia exclusiva en las materias antes referidas.
Si todos los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial remitieran sus causas a los dos juzgados protectorios podría culminar en el colapso de esos dos órganos. Existe la posibilidad que no se encuentren en condiciones de brindar un adecuado servicio de justicia para el nuevo cúmulo de causas referidas a personas en situación de vulnerabilidad, entre las actuaciones que ya tienen y las que reciban (conf. arts. 15, Const. Prov.; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Ello máxime cuando todas las materias que ahí se ventilan –no sólo Salud mental, sino violencia familiar y lo atinente a la niñez en riesgo- son de absoluta prioridad.
La competencia, al igual que cualquier aspecto procesal objeto de estudio, no se encuentra aislada de la red de las restantes disposiciones y de institutos con los que opera. Así, uno de los aspectos de los que deriva y cuya aplicación concreta es el acceso a la justicia.
Es una realidad que hasta el momento, aun cuando la ley prevé la posibilidad de que se instauren Juzgados Protectorios en todos los departamentos judiciales, el único que tiene esa forma de organización es el de La Plata, el que cuenta –como se dijo- con dos.
Los litigios en los que se ventilen derechos de personas con capacidad restringida, pueden tener un adecuado tratamiento judicial e interdisciplinario de su asunto, por las razones expuestas, ante el juez inhibiente. En palabras del Maestro Morello, con la visión de futuro que siempre lo distinguió, puso en evidencia que nos encontramos en tiempos de adaptaciones, que existe un nuevo Modelo del Derecho que evidencia a una Justicia dispuesta a servir mejor a las urgencias de los justiciables (Morello, Augusto M., “Lo hecho 1940-1996”, Librería Editora Platense, pág. 483). Es este el norte que inspira esta decisión.
X. Otro punto relevante que se requiere abordar es la incidencia de los precedentes de la Suprema Corte citados por el Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial. Aun cuando la doctrina legal a que se refieren los artículos 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que emana de los fallos de la Suprema Corte de Justicia para fundamentar los pronunciamientos dictados en el marco de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con la idea de establecer una unidad interpretativa que contribuye al imprescindible anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad y evitar los efectos del strepitus fori (conf. S.C.B.A., doct. Causas: 117.678, sent. del 17-12-2014; 117.832, sent. del 17-12-2014; art. 279, C.P.C.C.; esta Sala, doct. causa 119.545, RSD 188/15, sent. del 22-12-15)- y, son distintas a las que emanan en el marco de la resolución de un conflicto de competencia (art. 161 inc. 2, Const. Prov.), razones de conveniencia práctica llevan a seguirlas. Sin embargo, en los incidentes de competencia resueltos por la Suprema Corte y citados por el juez requirente se trata de contiendas planteadas entre órganos de distintos departamentos judiciales (v.gr. en Rc 120767, sent. int. del 29-VI-2016, se trataba de un órgano de La Matanza y otro de Morón; en Rc 120104, sent. int. del 7-X-2015, si bien eran del mismo departamento judicial se había expedido anteriormente la Corte de la Nación; en Rc 120020, sent. int. del 9-IX-2015, entre uno de Quilmes y otro de Lomas de Zamora; en Rc 120294, sent. int. del 23-IX-2015, entre uno de Lomas de Zamora y otro de Morón). Además, en aquellas decisiones emitidas en ocasión de resolver recursos extraordinarios no se refirieron a casos como el presente, por lo que tampoco resultan aplicables para resolver esta contienda.
Así, en el precedente C 119425 (sent. del 19/10/2016, in re: “Y., V. s/ Insania-Curatela”) se dirimió sobre la existencia de la cosa juzgada y se decidió el tema de la competencia planteada entre un Juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de Morón y un juzgado de familia de La Matanza, es decir, se trataban de dos departamentos judiciales distintos y se estuvo por aquél en el cual el curador había iniciado la causa. Otro de los precedentes se trata del C 120.102 (sent. del 21-IX-2016) en el cual también se planteó una cuestión de competencia entre dos órganos del fuero de familia de distintos departamentos judiciales.
A su vez, en el precedente C 109.819 (sent. del 17-VIII-2011), es una competencia territorial extraprovincial, por ende, también diverso al supuesto ahora en análisis.
Se reitera que, en este caso, no se trata de magistrados de distintos departamentos judiciales, en los que un Juez civil y comercial se desprende de los obrados para remitirlos, por razones de inmediación a aquél que se encuentra más cercano y, en esa nueva intervención, lo recibe el Juez de familia. Ello sería una readaptación en vista a una nueva circunstancia, como es el procurar la intervención del Juez más próximo.
Por último, esta contienda posee la particularidad que se refiere a un conflicto de competencia trabado de oficio -esto es ni un planteo de los legitimados ni un cambio de circunstancias de la persona tutelada- con un juzgado protectorio, de lo que no hay precedentes emitidos por nuestro Superior Tribunal tanto por vía de resolución de incidentes de competencia como de recursos extraordinarios (art. 161 incs. 2 y 3, Const. Prov.) que justifiquen adecuadamente la decisión adoptada por el juez inhibiente.
En síntesis, por los fundamentos brindados, el Juez Civil y Comercial cuenta con la colaboración e intervención de la Asesoría Pericial para el abordaje interdisciplinario, posee inmediación con el causante y no puede decirse que tenga más o menos especialidad que el de familia, pues ninguno de los dos magistrados sólo se ocupa de los temas vinculados a la restricción a la capacidad.
XI. Por todo lo expuesto, deberá continuar entendiendo en las actuaciones el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 de este Departamento Judicial. Ofíciese al Juzgado de Familia nº 4 y remítanse las actuaciones sirviendo la presente de atenta nota de envío (arts. 827 CPCC, 706, 716 a 720 CCCN).
ASI LO VOTO .
El Señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede deberá continuar entendiendo en la actuaciones el señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 de este Departamento Judicial, a quien se le remitirán, con comunicación mediante oficio a su par a cargo del Juzgado de Familia N° 4 y a la Receptoría General de Expedientes del mismo Departamento Judicial. REGISTRESE. OFICIESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia