Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLVIII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 9928 FOLIO N° 085/088 PROT. ELECT. JR101075I.261
Río Gallegos, 18 de marzo de 2026.-
La presente causa caratulada “V.L.E. S/ LESIONES AGRAVADAS, AMENAZAS Y HURTO” Expte. Nº V-75736/23, Apelación/Causa JR Nº 9981/258, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 58/62 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, Dr. F.Z., quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.E.V., en orden al delito de “AMENAZAS CALIFICADAS", (art. 149 bis del Código Penal).-
Que a fs. 66/70, la defensa oficial, apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 110 sostuvo el recurso (cód. validación 36d88002a) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
La defensa planteó que el resolutorio recaído en autos -fs. 58/62- no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido.-
1. Prueba de cargo - Orfandad Probatoria - Ausencia de Testigos Presenciales y Objetivos - Análisis en Particular de los Delitos: Cuestión de Género: Indicó que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos para sostener su postura, observándose una valoración errónea o parcializada de la prueba incorporada.-
Que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos fueron realizados únicamente en contra y en perjuicio de su defendido, en total desconocimiento y contraposición a las más elementales normas vigentes en materia penal, afectando el principio general de In dubio pro reo (Art. 4 del CPP).-
Aseveró que no están acreditados en autos ni siquiera con la probabilidad que esta etapa procesal requiere los elementos mínimos y constitutivos de las figuras penales que se le enrostran a su asistido.-
1-a) Resultado del allanamiento -fs. 19/20 y vta.-, el Acta de Aprehensión -fs. 24 y vta.-, el Acta de Inspección Ocular -fs. 27/28 y vta.-: Dijo que no se ha citado a los efectos de ratificar y/o rectificar el contenido y la firma inserta al pie de las actas mencionadas a las personas que, supuestamente, han intervenido en calidad de testigos de actuación; solicitando a la Alzada que no las tome en cuenta al momento de expedirse.- 1-b) Denuncia de la Sra. V.O.Y.: Tildó de insuficiente la prueba incorporada en autos, atento a la ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren este extremo de la imputación, siendo la única fuente de prueba que se verifica, no sólo sobre la autoría sino también sobre la materialidad del suceso, los dichos de la Sra. V.O.Y., quien resultaría ser la pretensa damnificada, razón por la cual, dicho relato debe ser analizado con la mayor rigurosidad posible y su valoración debe ser restrictiva.- A su vez, realizó un amplio análisis sobre cuestiones relacionadas a la prueba en materia de violencia de género y su valoración, y hace referencia a una mención que realiza el Juez a quo al momento de resolver la situación procesal de su defendido, sobre la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.-
Que la defensa oficial declaró que conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones judiciales sólo podrán admitirse como ocurridos los hechos y circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas objetivas, lo que impide que aquéllas sean fundadas solamente en elementos puramente subjetivos, como se da en el caso de marras.-
2. Ausencia de Tipicidad Penal - Falta de fundamentación - Calificación Jurídica - Errónea adecuación al tipo penal: Consideró, que la conducta desplegada por el encartado no reúne los requisitos necesarios para encuadrar la misma en las previsiones del art. 149 bis del Código Penal.-
Destacó -nuevamente-, que sólo se cuenta con los dichos de la denunciante como única fuente de prueba que se verifica, no sólo sobre la autoría, sino también sobre la materialidad del hecho.-
Párrafo aparte mencionó, -su visión- acerca de la falta de fundamentación en el procesamiento atacado, al momento de CALIFICAR el delito de AMENAZAS.-
Alegó, que de ninguna manera se puede agravar una supuesta conducta delictiva por solo los dichos de la pretensa víctima sin ampararse en demás prueba objetiva que corroboren los dichos de la misma, siendo que, el supuesto elemento que se habría utilizado para incrementar el poder intimidante de los dichos del causante (cuchillo) se encontró en el sector de la cocina de la vivienda; lugar donde se localizan el 99% de los cuchillos en una residencia familiar y un rifle de aire comprimido, encontrado en el acto procesal de allanamiento. Como tal, solicitó el cambio de calificación legal, ya que su accionar correspondería con la figura del delito de Amenazas, previsto y reprimido por el art. 149 bis primer supuesto del CPN.-
3. Hurto. Exención de Responsabilidad Penal: Citó el art. 185 del Código Penal.-
4. Objetó el monto del embargo, por considerarlo excesivo, arbitrario y exorbitante, toda vez que el Sr. V. está desocupado; requirió su adecuación.-
Citó doctrina y jurisprudencia avalando su tesitura.-
Solicitó que se revoque por contrario imperio y se deje sin efecto el pronunciamiento atacado y se disponga el sobreseimiento de su defendido, o en su defecto, se dicte la falta de mérito en relación al nombrado.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. Como cuestión preliminar, corresponde dejar aclarado que los agravios relativos a los delitos de "Amenazas, Lesiones Leves Doblemente Agravadas por mediar una relación de pareja y por violencia de género, y Hurto", no serán objeto de tratamiento, en razón de encontrarse prescriptos conforme surge de las constancias de fs. 109; circunscribiéndose el análisis únicamente al delito de Amenazas Calificadas, respecto del cual subsiste la acción penal.- Asimismo, resulta preciso hacerle saber a la defensa, que en su presentación, -punto V.- MONTO DEL EMBARGO fs. 69 vta.-, se ha referido mediante un nombre que no coincide con el que surge de las constancias de la causa. En consecuencia, hágase saber que el nombre correcto del imputado es "L.E.V.", debiendo estarse al mismo en lo sucesivo.-
Hechas estas necesarias salvedades, y continuando con el tratamiento de los agravios expresados por la recurrente, adelantamos, serán desestimados.-
Así, entendemos, que las consideraciones en las que la recurrente pretende fundar la supuesta arbitrariedad del auto de mérito en análisis alegando falta de fundamentación y ausencia de elementos probatorios que acrediten la autoría del imputado, sólo traducen su disconformidad con el criterio expuesto por el Sr. Juez subrogante en la decisión recurrida, no logrando acreditar el apartamiento inequívoco de la solución legal prevista para el caso ni tampoco una decisiva carencia de motivación.- En este mismo sentido, tiene dicho la CSJN que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequivocadamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación..." (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).-
En efecto, una resolución es arbitraria cuando carece de motivación. Lo arbitrario se opone a lo razonable, esto es: “…ser justo, moderado, prudente: todo aquello que puede ser resumido en arreglo a lo que dicte el sentido común…” (Nicolás Jorge Negri -Doctor en Ciencias Jurídicas-; “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”; Universidad Nacional de La Plata -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, pág. 132).- Al respecto, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “...La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…” (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).- En nuestro caso, resulta insostenible el planteo de la defensa, pues el considerando de la resolución efectuó un análisis exhaustivo de la prueba adunada al legajo, teniendo prima facie por acreditada la materialidad de los hechos y su autoría en cabeza del encartado, explicando el juez claramente el razonamiento que le permitió arribar al dictado del procesamiento hoy apelado; por lo que corresponde desechar este planteo pues no se observa la orfandad probatoria ni la falta de fundamentación en la actividad desplegada por la Instrucción.- No se es coincidente en la pretensión de arbitrariedad o que la misma sea contraria a los principios elementales del derecho, pues en su dictado se efectuó el análisis en conjunto de la prueba a la luz de la sana crítica racional, observándose las pautas previstas en los art. 115, 116 y 199 del CPP..-
La sana crítica racional, para la valoración de la prueba, se define como: “…un sistema de apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas de las figuras delictivas y de los hechos procesales, conforme a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones.” (Navarro Guillermo Rafael – Daray Roberto Raúl; Código Procesal Penal de la Nación -análisis doctrinal y jurisprudencial-; ed. Hammurabi José Luis Depalma Editores; pág. 222).- Cabe recordar que, en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar los hechos, y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en los mismos.-
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio" (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- De igual manera, los hechos fueron valorados por el A Quo en contexto de violencia de género, razón por la cual –con buen tino– aplicó el principio de amplitud probatoria, proceder que comparto, y que fuera confirmado por esta Alzada, por dar un ejemplo, en apelaciones nros. 7066/21 y 7228/21.-
II. Por otro lado, se advierte que se ha cuestionado la calificación legal atribuida a los hechos investigados. Sin embargo, cabe señalar que la Instrucción ha expuesto con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que lo llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de “Amenazas Calificadas" (art. 149 bis del Código Penal-único delito no prescripto); con lo cual, los planteos formulados por la presentante, se presentan como un mero disenso con lo resuelto, sin lograr controvertir lo decidido.- Jurisprudencialmente se ha dicho que, la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase: Cám. Apel.; Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; 28/02/2018; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).-
En este sentido, en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, entendemos desde esta alzada que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y, asimismo, en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando, no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (criterio asentado en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23 y, recientemente, en Apelación Nº 9577/25, por citar algunas).- Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).- En razón de lo expuesto, rechazaremos lo planteado.-
III. Del embargo: en este apartado, reprochó el monto dispuesto en la medida, por considerarlo excesivo y arbitrario. En tal sentido, hizo saber que el mismo escapa a las reales posibilidades de cumplimiento del encartado.-
En relación a este planteo, al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que el Juez de grado dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el Magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado).- Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por el A Quo, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo, arbitrario y exorbitante´ y que su defendido no puede afrontar su pago, razón por la cual rechazaremos este cuestionamiento.-
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 58/62 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia