Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.960
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia de determinación de la capacidad del 14/04/2023 en cuanto fue materia de agravio, designándose como apoyo de L.M.V.A. a su progenitor H.J.V. como apoyo de su hijo (art. 12 Convención Derechos sobre las Personas con Discapacidad y art. 43 del CCyC), debiendo prestarle apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, promoviendo su autonomía y favoreciendo las decisiones que respondan a las preferencias de L. (art. 32 del CCyC), respecto a la validez de los actos específicos y la modalidad de actuación ordenada en el considerando 3 y punto 2 de la sentencia de la instancia.
2En pos del cumplimiento adecuado y oportuno de la presente resolución judicial y ponderando el impacto directo que la misma tiene respecto al cambio de residencia de L., se ordena que, por la instancia, el Equipo Técnico del Juzgado de Familia, a la mayor brevedad posible, determine la modalidad que sea más propicia y adecuada a las reales necesidades de L. en función de su reincorporación a la que fuera su anterior residencia, sito en la calle XX de C.A.B.A., procurando que la revinculación con su progenitor y su hermano J.C., sea instrumentada mediante un abordaje interdisciplinario que a la par de ser respetuoso de sus tiempos y necesidades, garantice lo ordenado en la presente sentencia.
3A tales efectos, el Sr. V. podrá acompañar una propuesta que considere pueda dar cabal cumplimiento a lo aquí decidido y coadyuve a una adecuada y saludable revinculación, en …
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 22 días del mes de febrero de 2024 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "V.A. L.M. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA" Expte. 13.960 y su acumulada "V.A.L.M. S/ GUARDA DE PERSONAS” Expte. 13.947, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Laura Bulesevich, Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajustan a Derecho las sentencias de determinación de la capacidad del 14/04/2023 y de guarda del 19/04/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. Llegan ambas causas a conocimiento de esta Cámara con motivo de las apelaciones interpuestas por H.J.V. respecto de las sentencias de determinación de la capacidad y de guarda de su hijo L.M.V.A. (v. memoriales del 31/07/23) y por los recursos interpuestos en el expediente de la guarda por J.A. por la imposición de costas a su cargo (v. memorial del 14/07/2023) y por la regulación de honorarios del 08/05/2023 (v. apelación del 02/06/2023), respecto de los cuales también obra impugnación del abogado J.I.C.A. (v. apelación del 08/06/2023).
Por su parte, los honorarios regulados en el proceso de determinación de la capacidad fueron apelados por bajos por el abogado J.I.C.A. (v. apelación del 19/04/2023) y la abogada V.I.R (v. apelación del 26/04/2023).
II. En la causa "V.A.L.M. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA" Expte. 13.960, se dictó sentencia el 14/04/2019, por la cual se restringió la capacidad de L.M.V.A. conforme la evaluación efectuada por el equipo interdisciplinario del Juzgado de Familia Nro. 1 Depto. Judicial de Necochea y el Médico Psiquiatra, dejando constancia de sus capacidades funcionales y designando como apoyo a su tío materno J.A.A. “para los actos de administración, y disposición de bienes mediante actos entre vivos con autorización judicial y, en ambos casos, con la debida rendición de cuentas, la que deberá tramitar por incidente, para la realización de gestiones administrativas relacionadas al causante en autos, iniciar e intervenir en procesos judiciales y/o administrativos en los cuales el mismo sea parte, como así también para lo referente a la atención de la salud.” La designación del apoyo fue apelada por H.J.V., solicitando a este Tribunal, “revoque el decisorio en tal sentido, designando al suscripto la calidad de apoyo, en virtud del cuidado personal de mi hijo, por ser arbitraria, haber efectuado una errónea apreciación de la prueba y una errónea aplicación del derecho aplicable, toda vez que me ocasiona severos daños de imposible reparación ulterior. Asimismo, solicito se fijen las costas de ambas instancias a cargo del peticionante Sr. A.J.”.
La crítica de la resolución la desarrolla mediante dos agravios. En el primero de ellos alega que la sentencia efectúa una errónea apreciación de la prueba, afirmando que se designó como apoyo de L. a J.A. siendo que, conforme el informe de la asistente social realizado el 01/02/23 L… vive con sus abuelos desde que su madre se mudó a Necochea en 2020, limitándose el cuidado del tío a los fines de semana y paseos cortos.
Alega los inconvenientes de la cobertura de la obra social OMINT en esta ciudad -manifestados por la abuela de L.- y la conflictiva con la familia materna que le imposibilita comunicarse y participar en la vida de su hijo, afirmando: “mis derechos paternos filiales continúan desconocidos y avasallados, siendo que crié a mi hijo desde su nacimiento, y trate de brindarle su mejor desarrollo dentro de su condición con sus terapias organizadas y rutinarias… tengo disponibilidad de recursos y tiempo, por lo que puedo desempeñar ser el apoyo que necesita”.
Como segundo agravio esgrime la “abstracción y apartamiento de las situaciones de hecho”, haciendo referencia al informe producido el 29/12/2021 por el equipo interdisciplinario, expresando que: “subyacía conforme las entrevistas con el Sr A.J. intereses de tipo económico en torno a la herencia de L., en razón del fallecimiento de su madre” y que de las entrevistas al grupo familiar surgía que, antes de trasladarse la madre de L. de Buenos Aires a esta ciudad para vivir sus últimos momentos de vida a causa de una enfermedad oncológica, “no hubo contacto fluido por parte del tío materno con los hijos de la pareja, L. y J.C., dado que las visitas con la familia materna solo tenían lugar en vacaciones durante pocos días”. Hace referencia a los 30 años de edad que le llevaba a la madre de L. y refiere haber logrado, producto de su trabajo, su propio patrimonio y que ello, sumado a que no existen impedimentos en su persona, lo habilitan para hacerse cargo de su hijo y ser designado como persona de apoyo. Finalmente destaca: “Consta en el expte de Guarda, que L. además de J.C., tiene 3 medias hermanas, con quienes ha compartido muchísimas cosas y ellas le tienen enorme afecto por lo que ellas, pueden colaborar y estar a su pendiente desinteresadamente”.
El recurso fue replicado por J.A. el 09/08/2023.
Seguidamente este Tribunal dispuso la realización de una audiencia a fin de tomar contacto personal con L.M.V.A., la que fue celebrada con fecha 23/08/2023 y en la que estuvo acompañado por la Sra. Asesora interviniente, Dra. C.T. En el mismo día fue celebrada audiencia con el progenitor apelante, Sr. H.J.V., y con el tío materno designado como apoyo, Sr. J.A.A, junto a su letrada patrocinante Dra. A.M. (v. acta de audiencia del 23/08/23). El 01/09/2023 la Asesora contestó la vista conferida en relación a los recursos interpuestos respecto de la sentencia de determinación de la capacidad y de guarda, proponiendo como medida para mejor proveer (art. 36 del CPCC) audiencia con los abuelos maternos, con el tío P.A. y con el hermano de L., J.C.V.A., la que fue celebrada el día 20 de septiembre de 2023. En virtud de la materialización de la audiencia solicitada se confirió vista a la Asesora, contestada mediante presentación del 22/09/2023.
III. Asimismo, obra en la causa "V.A.L.M. S/ GUARDA DE PERSONAS", que J.A. solicitó la guarda en los términos del art. 657 del CCyC de su sobrino L., nacido el 26/05/2003, hijo de su hermana M.L.A -fallecida el 15/06/2020 - y de H.J.V., la que fue otorgada en el modo peticionado mediante sentencia del 19/04/2023 (v. en el mismo sentido resolución del 04/05/2023), estipulando que la misma comprendía “las facultades y obligaciones referidas a la delegación de la responsabilidad parental, es decir, guarda integral, protección, cuidados, alimentación y educación de los niños por el término de UN AÑO (1)”.
En tal sentido, la jueza sostuvo: “Ponderando los aportes probatorios reseñados, cabe concluir que el "centro de vida" de L… en la actualidad, es el hogar conformado junto a sus abuelos maternos. Por ello es que esta realidad de vida admite la procedencia de la acción de guarda intentada”. Consecuentemente, considerando los supuestos de especial gravedad previstos en el art. 657 del CCyC y la prueba reunida, entendió que resolver en sentido favorable la guarda solicitada por el plazo de un año importaba privilegiar el superior interés de L., consagrado en el art. 3.1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, destacando así que “La guarda solo resuelve una situación transitoria y excepcional en protección de menores e incapaces, pero aquellos que la reciben no tienen, en principio, la voluntad de emplazar a ese menor en el estado de hijo, sino sólo proveer lo necesario hasta que se resuelva su situación definitiva (Silvia V. Guahnon, " Medidas Cautelares en el Derecho de Familia", Ediciones La Rocca, Bs. As., 2011, p. 239).”
Si bien asumiré el análisis de los recursos con la prueba sustanciada en ambas causas, resultando tal escrutinio necesario para resolver la conflictiva traída a debate y, asimismo, porque en el expediente de guarda se discute el lugar de residencia de L., cuestión que tiene conexidad central con la persona que se desempeñe como apoyo en lo referente a la atención de su salud y acompañamiento familiar permanente; es necesario destacar, en forma preliminar que, atento la mayoría de edad de L. (20 años) no corresponde me expida en relación a la guarda -prevista en el art. 657 del CCyC- por tratarse de un instituto destinado a niños, niñas y adolescentes (art. 104 párr. 3° del CCyC).
Imponiéndose resolver las cuestiones sometidas a juzgamiento según el criterio de actualidad, en razón del cual nuestro Máximo Tribunal Nacional ha sostenido que las sentencias "...deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se las dicta, aunque éstas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario” (CSJN Fallos: 330:4544; entre otros), se evalúa que la guarda ha caído en abstracto. Desde tal perspectiva, la situación actual de L. se encuentra enmarcada: 1) Desde el aspecto fáctico: dentro del contexto familiar y vivencial que quedó plasmado en ambos procesos, en los cuales oportunamente el progenitor solicitó la restitución de su hijo -cuya crianza compartió con su madre hasta el año 2018- al lugar que fuera su anterior centro de vida hasta el 2020, sito en XX de CABA, donde actualmente reside junto a su otro hijo J.C., hermano de L.; y 2) Desde el aspecto jurídico: enmarcado dentro de los límites de la sentencia de determinación de la capacidad en la que se designó como apoyo a al tío materno J.A.A., aspecto controvertido por H.V. que reclama ser designado apoyo de su hijo.
IV. A partir del sustrato fáctico, probatorio y normativo señalado se atenderán los recursos incoados, en función de un análisis integral del mismo con enfoque de derechos humanos, por resultar la perspectiva de análisis que se impone a la judicatura desde la interpretación constitucional-convencional (arts. 1, 2 y 3 del CCyC; 75 inc. 22 de la CN). En esa senda, "La jurisprudencia constitucional ha sido elocuente al destacar en varios precedentes cuál es el lugar que se le debe dar a la jurisprudencia regional, en especial, a la que emana de la Corte IDH que integra el mencionado “bloque de la constitucionalidad federal”. En este sentido, la CSJN en el caso “Mazzeo”, del 13/07/2007, ha enfatizado que “la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, y que ello importa “una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos” (cons. 20); como así también el valor de sus Recomendaciones y Opiniones Consultivas (Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera; Gustavo D. Caramelo Diaz; Sebastian Picasso. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones SAIJ, 2022. Libro digital, PDF, Tomo I, pp. 10, 11).
En efecto, esta Cámara señalaba tal obligatoriedad con remisión a fallos de nuestro Superior Tribunal Nacional: "La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (de aplicación obligatoria a todos los poderes del estado en mérito al juego de los arts. 31; 75 incs. 22 y 23 de la C.N.; 1; 2 y 68.1 de la Convención Americana de DDHH, entre muchas otras; CSJN “Espósito” 23/12/2004, T. 327, P. 5668; “Giroldi”, 07/04/1995, T. 318, P. 514) (Expte. 9488, reg. int. 76 (S) del 18/07/2014).
Liminarmente, y a modo de introductorio del desarrollo que se seguidamente se efectuará, es importante referenciar que los mecanismos convencionales de protección son establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos, siendo su función velar por la correcta aplicación del tratado, supervisando que los Estados cumplan con sus obligaciones.
De esta forma, cada uno de los tratados de derechos humanos tiene su propio órgano de vigilancia, que son los llamados Comités: integrados por personas expertas en derechos humanos, con reconocida trayectoria en la materia y que son elegidas por los Estados miembros. Entre sus funciones, los Comités desarrollan una tarea interpretativa de las disposiciones de los pactos o convenios. Esta función toma la forma de observaciones o recomendaciones generales, donde se recogen comentarios y precisiones que definen el alcance y contenido de los derechos recogidos en los Tratados, brindando la adecuada interpretación de la norma convencional, parte integrante de nuestro bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 de la CN).
(https://www.idhc.org/es/especiales/sistema-universal-de-proteccion-de-dere chos-humanos/tratados-y-comites.php).
La Corte Suprema ha reconocido a los comités expertos como intérpretes autorizados de los tratados respectivos y ha utilizado sus observaciones como argumentos justificativos y autoritativos en sus sentencias (Ver "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro.", considerando 4°, sent. del 31/03/2009, Fallos 332:709; en el mismo sentido ver el fallo sobre vivienda digna “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, consid. 10°, sent. del 24/04/2012, Fallos 335:452; y "Asociación de Trabajadores del Estado en la causa Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad", consid. 7°, sent. del 18/06/2013).
En su caso, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD): supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
V. Ahora bien, llega firme a esta instancia la restricción de la capacidad de L.M.V.A, quien actualmente tiene 20 años -con diagnóstico de retraso mental moderado y trastorno en el control de los impulsos-, como así también los aspectos para los cuales se determinó la necesidad de la designación de un apoyo (conforme examen del médico psiquiatra del 29/03/2022 y evaluación interdisciplinaria del Equipo Técnico del 23/08/2022).
Tanto el proceso de guarda -iniciado el 16/07/2020- como el de determinación de la capacidad -iniciado el 09/10/2020- fueron promovidos por J.A.A., teniendo como fundamento la voluntad de su hermana y madre de L., M.L.A., plasmada en la escritura notarial N° 45 realizada el 29 de abril de 2020 por la Escribana R.M.S. en la Fundación Favaloro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (v. escritos de demanda de ambos procesos). En dicho instrumento notarial titulado “Testamento. Designación de curador. Fideicomiso testamentario” la cláusula quinta consigna: “Nombramiento de curador o sistema de apoyo”. 1) Que habida cuenta de la incapacidad que pesa sobre su hijo menor de edad L.M.V.A., designa como curador o apoyo para después de su muerte a su hermano J.A.A.-…- Para el caso de que este no quisiere o pudiere revestir tal carácter, designa como sustituta a la señora A.C. -…- El curador o apoyo designado deberá vivir con L.M.V.A., en su domicilio o en el domicilio donde se encuentre viviendo el heredero instituido al momento de la designación del curador o del apoyo correspondiente. Que funda la presente designación en la falta de aptitud del progenitor del menor, para ejercer la Responsabilidad Parental del mismo, quien ha realizado innumerables actos reprochables, moral y legalmente” (el resaltado me pertenece), enumerando luego distintas causas judiciales y refiriendo a un hecho que califica como consecuencia del descuido del progenitor, sucedido en los Estados Unidos, por el cual el joven habría estado detenido.
La valoración de la última voluntad de la Sra. A. se observa como pilar neurálgico en la resolución de la guarda para mantener la residencia de L. en esta ciudad, a pesar que él no vive con el apoyo designado (tal como fuera expresamente dispuesto por su madre).
En tal sentido la sentencia del proceso de guarda meritó: “Teniendo en cuenta esta magistrada que no puede dejarse de lado la última voluntad de la madre de L. como su decisión de trasladarse a esta ciudad que eligió para vivir sus ultimo días con su familia y L.”, valorando seguidamente que “Garantizar el derecho a vivir en familia como asimismo respetar la última voluntad de la madre de L.M.V.A importa respetar su SUPERIOR INTERES”. Aquí me detengo porque es importante señalar que en los casos de personas mayores de edad, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos que abrevan en la perspectiva de discapacidad, el principio del “interés superior” debe ser reemplazado por la “voluntad y preferencias” de la persona, conforme destaca la Observación General N° 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (punto 21): El principio del "interés superior" no es una salvaguardia que cumpla con el artículo 12 en relación con los adultos. El paradigma de "la voluntad y las preferencias" debe reemplazar al del "interés superior" para que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la capacidad jurídica en condiciones de igualdad con los demás.
Ello resulta consecuencia directa del paradigma actual del “modelo social de discapacidad”, que parte de la autonomía, la dignidad e igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad (conf. arts. 1, 3 inc. "a", 4 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Al respecto este Tribunal ha sostenido, incluso antes de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994): "Como se aprecia la CDPD-ONU impone un cambio en el modo de proteger los intereses de las personas con discapacidad, con especial énfasis en que sean éstas quienes –en la medida de sus efectivas posibilidades- conduzcan sus vidas" (Expte. 9460, reg. int. n° 119 (S) del 29/11/2013).
Desde el marco convencional nuestro superior Tribunal Provincial valoró que: "La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (C.D.P.D.) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporadas a nuestro derecho interno por las leyes 26.378 y 25.280, han venido a marcar un cambio de paradigma respecto de la concepción de las personas con discapacidad, basado en la autonomía y la dignidad. El Código Civil y Comercial ha seguido los lineamientos por ellas establecidos, partiendo de la premisa de la excepcionalidad de las medidas de restricción a la capacidad y, dentro de esa excepcionalidad la última alternativa es la declaración de incapacidad que sólo podría tener lugar cuando la "persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz" (art. 32, Cód. Civ. y Com.)" (SCBA, C. 122.930, C. ,M. E. A. s/ Determinación de la capacidad jurídica, sent. del 08/05/2019; JUBA B4204835).
A partir de este enfoque de derechos humanos el Código Civil y Comercial de la Nación asume como idea central la capacidad de ejercicio en orden al pleno goce de los derechos, así como la presunción de capacidad y el carácter excepcional de su restricción (arts. 1, 2, 22, 23, 31, 32, 40 y 43 del CCyC).
La consecuencia de esta restricción a la capacidad ya no es el “modelo de sustitución en la toma de decisiones” sino el “modelo de apoyo en la toma de decisiones”, mediante la designación de mecanismos y/o medidas de apoyo tendientes, justamente, a favorecer el ejercicio de la capacidad (arts. 38, 43 y cc del Código Civil y Comercial; art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Obs. Gral. n° 1 del Comité DPD (2014), puntos 3, 28 y 47).
En esta línea el artículo 32 del CCyC establece que “El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida”.
“El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y nunca debe consistir en decidir por ellas” (Comité DPD, Obs. Gral. N° 1, punto 17).
Específicamente el art. 43 del CCyC prescribe que “El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida”.
Delimitando la interpretación correcta a los lineamientos que emanan del art. 12 de la CDPD, el Comité consignó: “El igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12) garantiza que todas las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica plena y, por lo tanto, a elegir y controlar su propia vida en igualdad de condiciones con las demás, decidiendo dónde, cómo y con quién quieren vivir, así como a recibir apoyo con arreglo a su voluntad y sus preferencias” (Observación General N° 5 del Comité DPD, punto 80).
De esta forma, “las medidas de apoyo se expanden a todas las áreas de desenvolvimiento de la persona con discapacidad. El apoyo es la herramienta; el fin es “la libertad de tomar las propias decisiones”, que excede el ámbito puramente jurídico (art. 3° CDPD).
Hablar de apoyos implica reconocer la capacidad jurídica, la autonomía, contar con medios alternativos de comunicación, permitir la toma de decisiones asistidas respecto a cuestiones personales” (Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera; Gustavo D. Caramelo Diaz; Sebastian Picasso. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones SAIJ, 2022. Libro digital, PDF, p. 100).
VI. La decisión que propondré al acuerdo, haciendo lugar al recurso del progenitor, prioriza derechos de raigambre constitucional y convencional, como resulta ser el respeto a la voluntad y preferencias de L. (arts. 1, 3, 4, 12, 23 inc. 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Obs. Grales. N° 1 (2014) y 5 (2017) del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; arts. 31, 32, 40, 43, 101 c, 102 del CCyC) y la protección integral de la familia, garantizando su derecho a vivir con su núcleo familiar directo y procurando fortalecer tanto el vínculo paterno como sus vínculos fraternos, teniendo en consideración su lazo biológico y biográfico (art. 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 14 bis de la Constitución Nacional; art. 36 inc. 1 de la Constitución de la provincia de Bs. As.).
Ello no implica desconocer el vínculo afectivo genuino que existe entre L. y su familia materna, quienes desde el fallecimiento de su madre se han encargado de su cuidado de manera permanente, generando una red socioafectiva que, con esmero y cariño, le ha brindado contención, y la que resulta auspiciosa que se mantenga vigente (v. informe Equipo Interdisciplinario del 23/08/2022 e inf. socioambiental del 01/02/2023). Este contexto vivencial de afecto y cuidado por parte de sus tíos y abuelos le permite sumar a L. diferentes realidades socioafectivas pero, en modo alguno, puede ir ello en detrimento de su derecho a la protección familiar, que involucra el de no ser separado de su familia de origen (arts. 11 y 17.1 Convención Americana Derechos Humanos), pues la separación del hijo de sus padres es excepcional: “Una de las interferencias estatales más graves en la familia es la que tiene por resultado su separación o fraccionamiento” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ramírez Escobar y otros vs.
Guatemala, sent. del 09/03/2018, párr. 165) Paralelamente, la decisión adoptada debe procurar que el paso del tiempo no consolide situaciones irregulares con vocación temporal, pues el mismo tiene simultáneamente, en relación a los vínculos, en palabras de la profesora Ballarín “un efecto instituyente y destituyente” (Ballarín, Silvana en Fraternidades y parentalidades malheridas. Ed. HomoSapiens, 2018, p. 69 y Ballarín, Silvana en La eficacia de la sentencia en el sistema de comunicación entre padres e hijos. Librería Editora Platense, 2013, p. 417) A lo largo de ambos procesos surgen los sucesivos y constantes pedidos de H.V. para que su hijo L. sea restituido a su anterior centro de vida en Buenos Aires, solicitando ser designado como apoyo, solicitudes sobre las que ni la resolución de guarda ni la de determinación de la capacidad se expiden ni se abocan a valorar, ni siquiera mínimamente, para justificar la denegatoria.
Ver en tal sentido las presentaciones del Sr. V. en expte. 13.960: del 03/3/2021, 29/04/21, 14/5/2021, 07/7/2021, 17/8/2021, 24/8/2021, 11/4/2022, 16/9/2022,17/10/2022, 24/11/2022; y sus presentaciones en expte. 13.947: del 08/09/2020, 03/11/2020, 09/11/2020, 17/11/2020, 16/12/2020, 11/01/2021, 12/02/2021, 01/03/2021, 07/04/2021, 07/07/2021, 15/03/2022, 13/03/2023, 28/03/2023, 03/04/2023, 14/04/2023. En efecto, los fundamentos para la designación del tío materno como apoyo se expresaron en los siguientes términos en el punto III de los considerando: “En el aspecto personal se deberá promover un régimen de asistencia que posibilite las decisiones en el plano personal con apoyo de terceras personas.
En el caso de L.M.A. su tío materno J.A.A., quien está en mejores condiciones de cumplir con lo que establece el art. 12 de la Convención y 43 del C.C.C., en el sentido de apoyarlo para la integración de su plena capacidad jurídica, en todos los actos de disposición y administración de sus bienes (arts. 37 del CCC).”
La resolución no explica por qué el tío está en mejores condiciones que el padre de L. para ser designado apoyo (art. 3 del CCyC), siendo que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas… el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 de la Convención para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (CIDH, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, sent. del 09/03/2018, párr. 187).
La decisión no sólo no aborda los pedidos incesantes y reiterados del padre en relación al reintegro de su hijo y a ser designado como su apoyo, tampoco ofrece argumentos que den cuenta de la necesidad de mantener a L. separado de su familia nuclear, cuando tal medida -la separación del hijo de su familia de origen- como se dijo, resulta excepcional (art. 9 CDN, 11 Ley 26.061).
Es necesario volver la mirada a la sustanciación inicial de ambos procesos, y no perder de vista que a esa fecha, cuando el Sr. V. pidió la restitución de su hijo, L. aún era adolescente y por lo tanto, destinatario de la normativa tuitiva de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Al respecto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reza en su art. 23 inc. 4 que “Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos".
Es que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (art. 16 inc. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 14 bis de la Constitución Nacional, art. 36 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.).
En el reciente caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “María y otros vs. Argentina” (conocida como la causa María - Mariano), sentencia del 22/08/2023, con condena internacional para el Estado Argentino, se dijo: “Las niñas, niños y adolescentes deben permanecer en su núcleo familiar de origen, salvo que existan razones determinantes, en función de su interés superior, para optar por separarlos de su familia” (párr. 89).
“De esta forma, el Estado, frente a la protección del vínculo familiar, tiene dos tipos de obligaciones, por una parte, debe velar porque no se produzcan injerencias arbitrarias o abusivas en la vida familiar (artículo 11 de la Convención) así como tomar medidas para garantizar la protección de esa vida familiar (artículo 17 del mismo instrumento)”. (párr. 90). El derecho a la protección familiar, que involucra el de no ser separado de su familia de origen, fue profusamente abordado por la Corte Interamericana en el caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, caso donde también el Estado Argentino fue responsabilizado por violación a derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sentencia del 27/04/2012. Allí la CIDH sostuvo: “…este Tribunal ha indicado que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia. En este sentido, el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal” (párr. 47).
En esa misma sentencia la Corte afirmó: “Respecto a la presunta violación del artículo 17 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, la Comisión Interamericana indicó, inter alia, que los niños tienen el derecho a vivir con su familia biológica; el derecho de un padre o una madre a vivir junto a su hijo o su hija es un elemento fundamental de la vida familiar, y las medidas internas que lo impiden constituyen una injerencia en el derecho protegido por el artículo 17 de la Convención. La determinación de separar a un niño de su familia debe hacerse de acuerdo a la ley…”(párr. 112)
“La Corte ya ha indicado que el derecho de protección a la familia, reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana conlleva, entre otras obligaciones, a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Asimismo, como ha sido indicado en la Opinión Consultiva OC-17, una de las interferencias estatales más graves es la que tiene por resultado la división de una familia...” (párr. 116)
Consecuentemente “a la familia que todo niño y niña tiene derecho es, principalmente, a su familia biológica, la cual incluye a los familiares más cercanos, la que debe brindar la protección al niño y, a su vez, debe ser objeto primordial de medidas de protección por parte del Estado. En consecuencia, a falta de uno de los padres, las autoridades judiciales se encuentran en la obligación de buscar al padre o madre u otros familiares biológicos” (párrafo 119).
VII. Posando la mirada sobre la prueba producida:
- El informe interdisciplinario realizado el 29/12/2021 en el marco del proceso de guarda es contundente en sus conclusiones: “De lo evaluado hasta aquí por el Equipo Técnico surge la existencia de una conflictiva familiar sostenida durante muchos años. La cual no solo atravesaba a la pareja conyugal, sino que se hacía extensiva a la familia de origen de L. y H. No se observa del relato en entrevistas, un motivo claro en el pedido que impulsa la presente causa, quedando desdibujada la verdadera razón e interés que promueve la misma.
Tal como se mencionó anteriormente, si bien se advierte en H. la existencia de un mecanismo de negación de la condición de su hijo y de las limitaciones que esta conlleva, por otro lado y al mismo tiempo se observa la presencia de un vínculo cercano paterno-filial.
L. despliega en su relato situaciones vividas con su familia en su pasado en Buenos Aires, las que son trasmitidas con alegría y como vivencias muy actuales.
Según lo trasmitido en entrevistas, L. manifestaba en un principio enojo con su papá dado que lo responsabilizaba de la muerte de su madre y luego de ver a su padre, en reiterados momentos donde éste viajaba, su discurso cambió manifestando querer irse con él a Buenos Aires”. A partir de lo evaluado en las entrevistas realizadas, surge que L. habría sido desvinculado de su padre y familia paterna, y que dicho distanciamiento surgiría a partir de la separación de la pareja parental, observándose al momento actual, una complejización del escenario familiar luego del fallecimiento de M. L.
Resulta importante destacar que si bien L. desde que se encuentra residiendo y al cuidado de la familia materna en Necochea, mantiene una rutina con actividades y acompañamiento profesional, que favorecen y son propiciatorias a su discapacidad. No obstante y por otro lado, el joven manifiesta su intención de vivir en Buenos Aires junto a su papá, no advirtiéndose al momento actual, impedimento para ello" (el resaltado me pertenece).
Es decir, la voluntad de L. se exteriorizó concretamente manifestando querer irse a vivir con su papá a Buenos Aires y en el mismo informe interdisciplinario se puso de manifiesto que no existían obstáculos para que regresara a vivir con su padre.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que: “Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico” (art. 19 a). En consonancia con ello, la observación general n° 5 del Comité DPD establece que “El artículo 19 a), relativo al derecho a elegir la propia residencia y a dónde, cómo y con quién vivir, es de aplicación inmediata, ya que es un derecho civil y político” (punto 39).
- En el informe socioambiental acompañado en el proceso de guarda por la Asesora el 26/08/2020, se consigna que J. A. “manifestó que L. se encuentra contenido por los tíos y abuelos. Expresó su compromiso para asumir la guarda del joven, por ser esta la última voluntad de su hermana y por el afecto que siente hacia su sobrino.
Dijo que no ha favorecido el contacto entre el joven y su padre porque ello trae intranquilidad a L., quien se encuentra en proceso de adaptarse a su nueva realidad ante el fallecimiento de su madre.”
En sus conclusiones se lee: “Impresiona que la conflictiva existente entre las partes se reproduce en la actualidad en tanto la familia de la Sra. A. sostiene el posicionamiento de la misma.
En tal escenario, L. parece haber quedado preservado en los aspectos que hacen a sus cuidados cotidianos y tratamientos, no obstante dada la conflictiva familiar se encuentra limitado en su contacto con el progenitor y su hermano menor. Cabe señalar que en el informe del Cuerpo Médico Forense que luce a fs. 331-334 del Expte. N° 29000/2015, cuya digitalización se adjunta, no surge que los jóvenes sean víctimas de violencia y se recomienda la vinculación asistida entre L. y su progenitor”. - El oficio contestado el 27/04/2021 por el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil N° 82 de CABA en el que se acompañan copias de todas las causas que tramitaron entre la Sra. A. y el Sr. V. da cuenta de la cronicidad y profundidad del conflicto sostenido entre ambos adultos (superando en su conjunto las 1850 fojas), pero en modo alguno surge de las mismas la imposibilidad o ineptitud del Sr. V. para asumir el cuidado de su hijo.
La preferencia de la figura de los progenitores, ante la ausencia de uno de ellos, se ha destacado recientemente en un caso de cuidado personal, en los siguientes términos: "Salvo supuestos de pérdida o privación de la responsabilidad parental, que no se verifican en el caso, los abuelos y las abuelas no se encuentran legalmente habilitados para discutir o, cuanto menos, compartir el régimen de cuidado con el padre o la madre, incluso en el supuesto de muerte de alguno de ellos, el ejercicio queda concentrado en la persona del progenitor sobreviviente (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala C; "B., C. A. I. y otro c. E. A., E. M. s/ Cuidado personal de los hijos", sent. del 10/05/2023, cita TR LALEY AR/JUR/93426/2023).
- Según surge de la compulsa de la MEV el 20/09/2023 J. A. inició un proceso de régimen comunicacional, caratulado “A.J.A. c/ V.H. J. y otro/a s/ derecho de comunicación” (Expte. 4971/2023), en el que a la fecha no se logró efectivizar comunicación alguna. En el escrito de demanda propuso un régimen de comunicación asistido entre L., su padre y su hermano, con visitas mensuales, y solicitando como medida cautelar la prohibición de L. de salir de la ciudad de Necochea, cuya solicitud fue ampliada mediante presentación del 28/09/2023 a “la restricción de recibir visitas en la Escuela n° 503 de Quequén o en cualquiera de las actividades coordinadas por la misma, en el Taller Protegido Todo para ellos, o en el Polideportivo Municipal, por parte de su progenitor o su hermano”.
La cautelar solicitada fue rechazada mediante resolución del 02/10/2023. Previamente la Asesora se opuso a su otorgamiento manifestando: “Atento el estado de autos, habiendo este Ministerio mantenido audiencia, en la sede de la Cámara Civil y Comercial Departamental con L…, su hermano, su progenitor, abuelos maternos y tios, digo que no acompaño la solicitud de medida cautelar, realizada en la presentación supra mencionada, en virtud de no existir peligro cierto e inminente ni elemento que así lo justifique (art. 103 CCCN, art. 38 Ley 14442)” (v. contestación de vista del 02/10/2023).
Ha quedado suficientemente acreditado que la familia materna no ha propiciado ni favorecido el contacto de L. con su padre y hermano, por el contrario, la comunicación se vio obstaculizada incluso a través de la restricción telefónica, lo cual no ha permitido una verdadera vinculación con su familia directa (padre y hermano/as), solicitando su tío como medida cautelar el cese de las visitas esporádicas que recibía en el ámbito escolar e, incluso, la restricción de L. para salir de la ciudad. Estas actitudes por parte del apoyo designado se visualizan como “obstruccionistas” del vínculo filial y fraterno de L., en tanto desconocen sus derechos fundamentales a la vida familiar como “sujeto de derecho”.
Los extremos analizados son advertidos de manera elocuente por la Asesora interviniente en sus presentaciones, surgiendo de la vista del 01/09/2023:
“L. se refiere con cariño hacia su papá. Nos cuenta historias de la vida familiar que tenían cuando vivía su mamá.
Reitera que no cuenta con un teléfono que le permita comunicarse con su familia fuera de Necochea. Esto ya ha sido planteado por la suscripta como un ejercicio disvalioso de quienes cuidan de L. y que deben garantizarle la comunicación. Pareciera que esto no lo han mejorado. * Se evidencia una conflictiva familiar de larga data que no han podido ni sabido superar. El conflicto conyugal de los padres de L., hoy con madre fallecida, se ha “mudado” a la relación entre el Sr. V., tíos y abuelos A.-. * Se tomó conocimiento que L. es visitado, casi a “hurtadillas” por el Sr. V. en el colegio. Esto lo sabe la familia A.
*Hubo un momento en el trascurso de la audiencia que entiendo importante para dejar constancia: L. llegó con su tío. Saludó al padre y fue escuchado. Cuando el Sr. A. tuvo que subir para la audiencia nos hizo saber que L. estaba muy “alterado” y que no era conveniente que quedara a solas con su padre. Por ello me retire de la audiencia y se decidió que estuviera acompañando al joven. Lo que vi no fue alteración. Vi a un hijo dándole besos, haciéndole mimos, de la mano de su padre. Riéndose y contándose historias. Claramente el escenario planteado por el tío no fue tal. Lo interpreto como un indicador mas de la conflictiva familiar en la que el joven está atrapado. Dicha conflictiva también expuesta en el relato de V. y de A. ante VE.”
En la presentación del 22/09/2023 la Asesora consignó: “Lo expuesto en mi dictamen anterior (1.9.2023) lo ratifico. Sumo a lo allí dicho y en orden a lo que se escuchó en las entrevistas con abuelos maternos, tío materno y hermano J.C., la claridad de que existe un drama familiar, una conflictiva no superada, vigente. En esa trama de relaciones está atrapado L. y también J.C. de recientes 19 años.
Quedó expresamente dicho por la familia materna que el vínculo, la comunicación de L. con su padre y su hermano está obstaculizada, no favorecida, no accesible (es una persona en situación de discapacidad). Reitero ello es un ejercicio disvalioso, vulnerador de los derechos que le corresponden al nieto/sobrino, hijo/hermano. Los abuelos y tío refieren que luego de cada contacto, sin importar la modalidad, de L. con V. o con J. C. queda muy alterado lo que problematiza la cotidianeidad.
En la audiencia J.C. se expresó claramente, mostró sus emociones, sus angustias. Se reconoció como único sujeto, por su edad, con futuro para ser quien cuide de L. Los abuelos tienen 87 y 85 años, su padre similar edad. No pudo dar qué sistema institucional, de sostén, puede "armar" en CABA para cuidar de su hermano. Sí dijo que el Sr. V. puede disponer de fondos para ello. Esto se condice pues V. garantiza a L. la cobertura de OMINT que es la prepaga que posibilita que el mismo cuente con AT en Necochea y que da cobertura a la medicación psiquiátrica del joven (lo dijeron los abuelos). También quedó explícito que los abuelos sostienen a L., que no piden al padre aportes económicos y que este le da dinero en efectivo cada vez que viene a Necochea.-Resultó conmovedor escuchar a J.C. Especialmente cuando dijo que viajó junto a su padre para el cumpleaños de L. y lo festejaron en el colegio porque no se les facilitó otro espacio. Expresamente dijo: " yo lo quiero ver.." Todos coincidieron que J. C. está fuera del sistema familiar materno como lo está V.”.
En efecto, analizadas ambas causas en conjunto, se advierte que las resoluciones apeladas no sólo invisibilizaron el afecto y cuidado que el Sr. V. puede ofrecer a L. como padre, constituyéndose en su apoyo y conviviendo con él junto a su otro hijo, siendo esa implicancia afectiva un reclamó que instó desde el inicio de sus presentaciones judiciales sino que, al mismo tiempo -soterrando la perspectiva de discapacidad- invisibilizaron el deseo y la voluntad de L. de volver a Buenos Aires a vivir con su papá y su hermano, conforme se ilustrara con el informe interdisciplinario realizado por el Equipo Técnico el 29/12/2021 (art. 707 del CCyC).
Por lo expuesto propongo al acuerdo admitir el recurso de apelación de H.J.V., designándolo como apoyo de su hijo L.M.V.A. (art. 12 Convención Derechos sobre las Personas con Discapacidad y art. 43 del CCyC), debiendo prestarle apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, promoviendo su autonomía y favoreciendo las decisiones que respondan a las preferencias de L. (art. 32 del CCyC), respecto a la validez de los actos específicos y la modalidad de actuación ordenada en el considerando 3 y punto 2 de la sentencia de la instancia.
En mérito a la particularidad de la cuestión y como se resuelve, las costas de Alzada se imponen en el orden causado. (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.).
VIII. En pos del cumplimiento adecuado y oportuno de la presente resolución judicial y ponderando el impacto directo que la misma tiene respecto al cambio de residencia de L., se ordena que, por la instancia, el Equipo Técnico del Juzgado de Familia determine, a la mayor brevedad posible, la modalidad que sea más propicia y adecuada a las reales necesidades de L. en función de su reincorporación a la que fuera su anterior residencia, sito en la calle XX de C.A.B.A., procurando que la revinculación con su progenitor y su hermano J.C., sea instrumentada mediante un abordaje interdisciplinario que a la par de ser respetuoso de sus tiempos y necesidades, garantice lo ordenado en la presente sentencia. A tales efectos, el Sr. V. podrá acompañar una propuesta que considere pueda dar cabal cumplimiento a lo aquí decidido y coadyuve a una adecuada y saludable revinculación, en función del mejor bienestar de L. Se advierte que para el logro de dicho cometido resultará imprescindible que todo el entorno familiar de L. se implique prestando colaboración, sorteando toda desavenencia que obture o dificulte el avance en la vinculación familiar, a efectos de preservar los vínculos con la familia materna y lograr que el proceso de revinculación de L. con su padre y su hermano transcurra en un clima de armonía y tranquilidad.
Si bien las decisiones judiciales no pueden anticiparse a muchas de las particularidades que puedan surgir en el cumplimiento posterior de la sentencia, máxime en los procesos de familia, impregnados de una dinámica que es propia de las relaciones interpersonales, en todo momento se debe procurar potenciar la vida familiar y social de L., favoreciendo la interacción con todos los miembros de su familia, y garantizándole una red familiar que promueva su bienestar bio-psicosocial (arts. 34 inc. 5 ap. b, 706, 709 y concs. del CCyC).
Por todo lo expuesto, la solución que se propone al acuerdo se estima adecuada a las particulares circunstancias del caso, en observancia a lo establecido en el artículo art. 12 CDPD que exige asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona y que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida.
IX. En virtud de los motivos expuestos y en función de como se resuelve la cuestión, se confirma el modo en que fueron impuestas las costas en la instancia de origen tanto en la causa "V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960 y su causa acumulada "V.A.L.M. s/ Guarda de las personas" Expte. 13.947 (arts. 68 y concordantes del CPCC). Finalmente, en cuanto a las apelaciones de honorarios fijados en la causa "V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960, atento los trabajos llevados a cabo por los Dres. J.I.C.A. y V.R., su importancia, calidad y mérito, como así también el tiempo empleado en la resolución del presente litigio, el resultado obtenido y las etapas cumplidas; considero ajustado a las constancias de autos elevar y fijar los honorarios de los mencionados letrados en la suma de 30 jus y 10 jus respectivamente; con más el aporte de ley y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria frente al impuesto del valor agregado (arts. 1, 9 inc. n, 24, 28 y concordantes de la Ley Provincial 14.967; Acuerdo SCBA 4139, ap.- 1; art. 12 ley 6716, Resol.
AFIP2616/09) Asimismo, por los trabajos llevados a cabo en la causa "V.A.L.M. s/ Guarda de las personas" Expte. 13.947, atento los trabajos llevados a cabo por los Dres. J.I.C.A. y V.R., su importancia, calidad y mérito, como así también el tiempo empleado en la resolución del presente litigio, el resultado obtenido y las etapas cumplidas; no se advierte motivo para modificar los honorarios fijados en la instancia de origen por lo que se los confirma (arts. 1, 9, 24, 28 y concordantes de la Ley Provincial 14.967; Acuerdo SCBA 4139, ap.- 1; art. 12 ley 6716, Resol. AFIP2616/09) Finalmente, por los trabajos resueltos en esta Alzada en la causa "V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960, valorando el resultado obtenido y las tareas realizadas, se fijan los honorarios de las Dras.
V.R. (ver memorial de 31/07/2023), en la suma de 7,5 jus y A.M. (ver contestación de memorial de 09/08/2023), en la suma de 7,5 jus. Asimismo, por los trabajos resueltos en esta Alzada en la causa "V.A.L.M. S/ Guarda de las personas" Expte. 13.947, siendo que los recursos han caído en abstracto, se fijan los honorarios de las Dras. V.R. y A.M. en la suma de 2 jus para cada una. Todas con más el aporte de ley y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de las mencionadas letradas frente al impuesto del valor agregado (arts. 1, 31, 54, 57 y concordantes de la ley 14.967, Ac. SCBA, 4139, art. 12 ley 6716, Resol. AFIP2616/09).
Por las consideraciones expuestas a la cuestión planteada voto por la NEGATIVA.
A la misma cuestión planteada la señora jueza Doctora Issin votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
En atención al resultado de la cuestión anterior corresponde:
1. Revocar la sentencia de determinación de la capacidad del 14/04/2023 en cuanto fue materia de agravio, designándose como apoyo de L.M.V.A. a su progenitor H.J.V. como apoyo de su hijo (art. 12 Convención Derechos sobre las Personas con Discapacidad y art. 43 del CCyC), debiendo prestarle apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, promoviendo su autonomía y favoreciendo las decisiones que respondan a las preferencias de L. (art. 32 del CCyC), respecto a la validez de los actos específicos y la modalidad de actuación ordenada en el considerando 3 y punto 2 de la sentencia de la instancia.
2. En pos del cumplimiento adecuado y oportuno de la presente resolución judicial y ponderando el impacto directo que la misma tiene respecto al cambio de residencia de L., se ordena que, por la instancia, el Equipo Técnico del Juzgado de Familia, a la mayor brevedad posible, determine la modalidad que sea más propicia y adecuada a las reales necesidades de L. en función de su reincorporación a la que fuera su anterior residencia, sito en la calle XX de C.A.B.A., procurando que la revinculación con su progenitor y su hermano J.C., sea instrumentada mediante un abordaje interdisciplinario que a la par de ser respetuoso de sus tiempos y necesidades, garantice lo ordenado en la presente sentencia.
3. A tales efectos, el Sr. V. podrá acompañar una propuesta que considere pueda dar cabal cumplimiento a lo aquí decidido y coadyuve a una adecuada y saludable revinculación, en función del mejor bienestar de L. Se advierte que para el logro de dicho cometido resultará imprescindible que todo el entorno familiar de L. se implique prestando colaboración, sorteando toda desavenencia que obture o dificulte el avance en la vinculación familiar, a efectos de preservar los vínculos con la familia materna y lograr que el proceso de revinculación de L. con su padre y su hermano transcurra en un clima de armonía y tranquilidad.
4. Imponer las costas de esta instancia en el orden causado en atención a como se resuelve (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.).
5. Se confirma el modo en que fueron impuestas las costas en la instancia de origen tanto en la causa "V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960 y su causa acumulada "V.A.L.M. s/ Guarda de las personas" Expte. 13.947 (arts. 68 y concordantes del CPCC).
6. En cuanto a las apelaciones de honorarios fijados en la causa "V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960, atento los trabajos llevados a cabo por los Dres. J.I.C.A. y V.R., su importancia, calidad y mérito, como así también el tiempo empleado en la resolución del presente litigio, el resultado obtenido y las etapas cumplidas; considero ajustado a las constancias de autos elevar y fijar los honorarios de los mencionados letrados en la suma de 30 jus y 10 jus respectivamente; con más el aporte de ley y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria frente al impuesto del valor agregado (arts. 1, 9 inc. n, 24, 28 y concordantes de la Ley Provincial 14.967; Acuerdo SCBA 4139, ap.- 1; art. 12 ley 6716, Resol.
AFIP2616/09).
7. Por los trabajos llevados a cabo en la causa "V.A.L.M. s/ Guarda de las personas" Expte. 13.947, atento los trabajos llevados a cabo por los Dres. J.I.C.A. y V.R., su importancia, calidad y mérito, como así también el tiempo empleado en la resolución del presente litigio, el resultado obtenido y las etapas cumplidas; no se advierte motivo para modificar los honorarios fijados en la instancia de origen por lo que se los confirma (arts. 1, 9, 24, 28 y concordantes de la Ley Provincial 14.967; Acuerdo SCBA 4139, ap.- 1; art. 12 ley 6716, Resol. AFIP2616/09).
8. Por los trabajos resueltos en esta Alzada en la causa " V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960, valorando el resultado obtenido y las tareas realizadas, se fijan los honorarios de las Dras. V.R. (ver memorial de 31/07/2023), en la suma de 7,5 jus y A.M. (ver contestación de memorial de 09/08/2023), en la suma de 7,5 jus. Asimismo, por los trabajos resueltos en esta Alzada en la causa " V.A.L.M. s/ Guarda de las personas" Expte. 13.947, siendo que los recursos han caído en abstracto, se fijan los honorarios de las Dras. V.R. y A.M. en la suma de 2 jus para cada una. Todas con más el aporte de ley y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de las mencionadas letradas frente al impuesto del valor agregado (arts. 1, 31, 54, 57 y concordantes de la ley 14.967, Ac. SCBA, 4139, art. 12 ley 6716, Resol. AFIP2616/09).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora jueza Doctora Issin votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 22 de febrero de 2024.
VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente, conforme la normativa y jurisprudencia citada, se resuelve:
1. Revocar la sentencia de determinación de la capacidad del 14/04/2023 en cuanto fue materia de agravio, designándose como apoyo de L.M.V.A. a su progenitor H.J.V. como apoyo de su hijo (art. 12 Convención Derechos sobre las Personas con Discapacidad y art. 43 del CCyC), debiendo prestarle apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, promoviendo su autonomía y favoreciendo las decisiones que respondan a las preferencias de L. (art. 32 del CCyC), respecto a la validez de los actos específicos y la modalidad de actuación ordenada en el considerando 3 y punto 2 de la sentencia de la instancia.
2. En pos del cumplimiento adecuado y oportuno de la presente resolución judicial y ponderando el impacto directo que la misma tiene respecto al cambio de residencia de L., se ordena que, por la instancia, el Equipo Técnico del Juzgado de Familia, a la mayor brevedad posible, determine la modalidad que sea más propicia y adecuada a las reales necesidades de L. en función de su reincorporación a la que fuera su anterior residencia, sito en la calle XX de C.A.B.A., procurando que la revinculación con su progenitor y su hermano J.C., sea instrumentada mediante un abordaje interdisciplinario que a la par de ser respetuoso de sus tiempos y necesidades, garantice lo ordenado en la presente sentencia.
3. A tales efectos, el Sr. V. podrá acompañar una propuesta que considere pueda dar cabal cumplimiento a lo aquí decidido y coadyuve a una adecuada y saludable revinculación, en función del mejor bienestar de L. Se advierte que para el logro de dicho cometido resultará imprescindible que todo el entorno familiar de L. se implique prestando colaboración, sorteando toda desavenencia que obture o dificulte el avance en la vinculación familiar, a efectos de preservar los vínculos con la familia materna y lograr que el proceso de revinculación de L. con su padre y su hermano transcurra en un clima de armonía y tranquilidad.
4. Imponer las costas de esta instancia en el orden causado en atención a como se resuelve (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.C.).
5. Se confirma el modo en que fueron impuestas las costas en la instancia de origen tanto en la causa "V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960 y su causa acumulada "V.A.L.M. s/ Guarda de las personas" Expte. 13.947 (arts. 68 y concordantes del CPCC).
6. En cuanto a las apelaciones de honorarios fijados en la causa "V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960, atento los trabajos llevados a cabo por los Dres. J.I.C.A. y V.R., su importancia, calidad y mérito, como así también el tiempo empleado en la resolución del presente litigio, el resultado obtenido y las etapas cumplidas; considero ajustado a las constancias de autos elevar y fijar los honorarios de los mencionados letrados en la suma de 30 jus y 10 jus respectivamente; con más el aporte de ley y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria frente al impuesto del valor agregado (arts. 1, 9 inc. n, 24, 28 y concordantes de la Ley Provincial 14.967; Acuerdo SCBA 4139, ap.- 1; art. 12 ley 6716, Resol.
AFIP2616/09).
7. Por los trabajos llevados a cabo en la causa "V.A.L.M. s/ Guarda de las personas" Expte. 13.947, atento los trabajos llevados a cabo por los Dres. J.I.C.A. y V.R., su importancia, calidad y mérito, como así también el tiempo empleado en la resolución del presente litigio, el resultado obtenido y las etapas cumplidas; no se advierte motivo para modificar los honorarios fijados en la instancia de origen por lo que se los confirma (arts. 1, 9, 24, 28 y concordantes de la Ley Provincial 14.967; Acuerdo SCBA 4139, ap.- 1; art. 12 ley 6716, Resol. AFIP2616/09).
8. Por los trabajos resueltos en esta Alzada en la causa " V.A.L.M. s/ Deteminación de la capacidad jurídica" Expte. 13.960, valorando el resultado obtenido y las tareas realizadas, se fijan los honorarios de las Dras. V.R. (ver memorial de 31/07/2023), en la suma de 7,5 jus y A.M. (ver contestación de memorial de 09/08/2023), en la suma de 7,5 jus. Asimismo, por los trabajos resueltos en esta Alzada en la causa " V.A.L.M. s/ Guarda de las personas" Expte. 13.947, siendo que los recursos han caído en abstracto, se fijan los honorarios de las Dras. V.R. y A.M. en la suma de 2 jus para cada una. Todas con más el aporte de ley y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de las mencionadas letradas frente al impuesto del valor agregado (arts. 1, 31, 54, 57 y concordantes de la ley 14.967, Ac. SCBA, 4139, art. 12 ley 6716, Resol. AFIP2616/09).
NOTIFIQUESE mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA):
Fin de la sentencia