Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia recurrida, en cuanto al rechazo de la demanda por daños y perjuicios deducida por O. E. V. contra el Dr. R. O. L.
2Revocar parcialmente la sentencia y hacer lugar a la reconvención deducida por el Dr. R. O. L. contra O. E. V., condenando a éste a abonar al primero la suma de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000) comprensiva del daño moral con más el gasto de tratamiento psicológico.
3Imponer las costas de ambas instancias por la demanda rechazada al actor vencido (art. 68 CPCC), y por la reconvención que prospera, en ambas instancias, al actor reconvenido (arts. 68 y 274 del CPCC), tomándose como base regulatoria el monto de la demanda rechazada, y en el caso de la reconvención, el monto por el que ha prosperado la misma (arts. 16, 21, 23 y 26 dec./ley 8904/77). Regúlense los honorarios de Alzada en la oportunidad del art 31 dec./ley8904/77.
Causa nº: 2-61155-2016 "V., O. E. C/ L., R. O. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 11 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 21 días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi para dictar sentencia en los autos caratulados: “V. O. E. c/ L., R. O. y Otros s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 61.155), encontrándose excusado a fs.248 el Dr. Jorge Mario Galdós, habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. LONGOBARDI y Dr.
PERALTA REYES.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia de fs.291/305vta. en cuanto rechaza la demanda interpuesta por el actor?.
2da.- ¿Es justa la sentencia de fs. 291/305vta. en cuanto rechaza la reconvención deducida por el demandado?.
3ª.-. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Juez Doctora LONGOBARDI, dijo:
I). Mediante la demanda de fs. 4/8vta. y su adecuación de fs. 98/99, O. E. V. pretendió indemnización de daños y perjuicios por la suma de $169.160 contra el Dr. R. O. L., ex apoderado y patrocinante suyo en una serie de procesos judiciales que indica, durante un período superior a diez años. Adujo haber sido perjudicado por la actuación profesional de éste -que además era sobrino suyo, dato relevante en el devenir de los hechos-, quien luego de su desvinculación profesional pretendió el cobro de un pacto de cuota litis y además le inició ejecución de honorarios de diversos juicios, sin que el accionante hubiera obtenido beneficio alguno de los mismos, reclamando honorarios ya saldados a través de un acuerdo extrajudicial al que habrían llegado luego del proceso de ejecución de honorarios (Expte. 24.086 /año 2004 que cita). Enumera luego una serie de procesos en los que habría tenido actuación profesional el Dr. L. y las diversas situaciones producidas en cada uno de ellos, concluyendo en que no puede reclamarle por las consecuencias de los consejos profesionales que el demandado le brindó, pero sí por el acoso económico de que es víctima por parte de éste (fs. 7vta.). Pretende en suma, se imponga un límite entre los derechos profesionales de percibir el pago por su trabajo y el hostigamiento contra el cliente/familiar que en confianza le otorgó el trabajo y saldó sus pretensiones (sic., fs. 5vta.).
II). A fs. 24/88 contestó la demanda el Dr. O. R. L., oponiendo excepción de defecto legal, la que, acogida, fue subsanada mediante la presentación de fs. 88/99. Rechazó aquél las imputaciones efectuadas, explicando su accionar profesional en los diversos procesos en que interviniera y subrayó los que no tuvo intervención; ofreció prueba y reconvino por daño moral ($50.000) y daño psicológico ($10.400, fs. 60vta. y ss.), ocasionados por el accionar del actor, al haberle provocado con la demanda iniciada en su contra, un gran sufrimiento o dolor y/o trastorno; asimismo adujo haber sufrido daño psicológico, reclamando el resarcimiento por el tratamiento necesario para superar dicha afección que le afectara su vida de relación normal.
III). Transitada la etapa probatoria se dictó sentencia a fs.291/305vta., rechazando la demanda por daños y perjuicios y rechazando asimismo la reconvención por daño moral y psicológico. Impuso las costas, respectivamente, al actor y al demandado reconviniente.
1. Para así resolver, la jueza a quo consideró que la demanda resultaba al menos confusa y que la pretensión del actor podía dividirse en dos cuestiones: una, el accionar profesional del Dr. L. en los diversos procesos que llevara como apoderado o patrocinante del actor; otra, la pretensión del demandado de cobrarle sus honorarios profesionales, considerando que éste había incurrido en abuso de confianza dado la relación familiar que los unía, realizando en su perjuicio un hostigamiento tendiente a percibir honorarios a través de una homologación de convenio de honorarios y una ejecución de honorarios. Luego de efectuar un minucioso análisis de todos los procesos a que se refirió el actor en su demanda, concluyó en la inexistencia de perjuicio alguno por la actuación profesional del demandado; advirtiendo sólo una cierta demora en la notificación de demanda en los autos “V., O. E. c. K., G. E. s/ Daños y Perjuicios (Expte. 33.386 del mismo Juzgado), pero sin poder cuestionar las estrategias elaboradas por los distintos profesionales y sin que dicha demora ocasionase al actor perjuicio alguno. Concluyó entonces en la improcedencia de la demanda entablada por V. contra el Dr. .L.; entendiendo que se trataba sólo de un cliente disconforme tanto del trato de su abogado como con el resultado en expectativa que tenía sobre todos los negocios que le encomendara (fs. 303).
2. En el análisis de la reconvención, luego de efectuar un fuerte cuestionamiento a la pericia psicológica efectuada por la Dra. Viviana Torres, concluyó en la inexistencia de daño psíquico, considerando no poder siquiera presumirse el daño moral. Encuadró la pretensión en la responsabilidad de tipo contractual, dado la relación profesional preexistente entre las partes, y de acuerdo al art. 522 del Cód. Civil (vigente a la época de los hechos a que se refieren demanda y reconvención, art. 7° CCCN). Consideró que no cualquier susceptibilidad genera en este ámbito el deber de indemnizar y que le hubiera bastado al demandado con ejercer su legítimo derecho de defensa, sin que la sola promoción de la demanda pudiere afectarle del modo que él sostuvo. Agregó que la relación familiar entre actor y reconviniente no puede considerarse como factor adicional del daño moral reclamado, pues el hecho de que al inicio de la relación profesional el Dr. L. hubiera suscripto con V. un pacto de cuota litis, desvirtuaba esa profunda cercanía y confianza que el demandado aducía tener con el actor; ya que de haber sido así, no hubiera necesitado firmar dicho pacto o convenio, ajeno a una relación casi paterno- filial según lo alegado. En cuanto a la pericia psicológica, la a quo se apartó de sus conclusiones luego de analizar su contenido; cuestionó principalmente que la perito se basó sólo en los dichos del paciente (entrevista), admitiendo las impugnaciones efectuadas por el actor reconvenido, quien sostuvo que la Pericia contiene un exceso de subjetividades y de extrapolación de hechos que no se encuentran justificados científicamente. En particular la sentencia consideró que la Perito se había excedido en el límite de sus funciones al efectuar afirmaciones referidas al actor y a su personalidad conflictiva, a partir de los dichos del Dr. L. y de hechos sin relación alguna con la profesión de la perito psicóloga (fs. 305). La sentencia fue apelada por ambas partes: a fs. 307/308 por el demandado-reconviniente, recurso concedido a fs. 309; y a fs. 314 por el actor, recurso concedido a fs. 315. Ambos recursos fueron fundados mediante los respectivos memoriales de agravios, a fs. 329/332vta. (actor) y fs. 333/350 (reconviniente). Mereció réplica únicamente la expresión de agravios del actor a fs. 354/363vta. (cfr. fs. 364).
IV). a) En su expresión de agravios, el actor manifestó su desacuerdo con la sentencia a través de un recorrido por los distintos considerandos de la misma. En relación al objeto del proceso -que la a quo calificara de confuso-, dijo que el demandado se había transformado, como abogado patrocinante y como abogado que abusa de su posición dominante como profesional del derecho, en un “hostigador y acusador serial en virtud de innumerables acciones dolosas”. Afirmó reclamar un “límite ético y moral al actuar abusivo de un profesional lego contra su cliente iletrado” (sic. fs. 330). Luego de calificar el accionar del demandado entre regular y malo, sostiene que no ataca el resultado, por ser aleatorio, sino “la mala fe, la falta de ética, el ensañamiento y hostigamiento contra quien debía defender y proteger” (fs. 330).
Más adelante se refiere a lo que entiende se trata de una serie de incumplimientos profesionales en expedientes judiciales , a la “antijuridicidad (que) se configura por el obrar temerario y malicioso del abogado demandado”; dice que el “daño resulta muy difícil de discernir en cuanto a la frustración de las expectativas”; que no puede permitirse un enriquecimiento ilícito a costa del actor o un perjuicio económico; aclarando que la indemnización que pretende no es más que las costas devengadas y sus intereses (el resaltado me pertenece). También cuestiona que el demandado haya permitido una multiplicación de acciones perjudiciales para su cliente. Considera configurado al daño porque según las pruebas que dice producidas, se ha demostrado un “estado económico de subsistencia alimentaria del actor y una pelea por estas cuestiones entre tío y sobrino”, etc.
Concluye en el acápite del daño moral (ap. 5, fs. 332vta.), reafirmando que “no se trata de un cliente disconforme con el trato o resultado, sino por la conducta negligente que ocasionó pérdida de tiempo y recursos significativos, y que además implicó una reacción de acoso, hostigamiento y persecución por parte del profesional contra un cliente, iletrado, familiar, persona mayor y sin recursos económicos”. b) En lo que aquí concierne a los agravios del demandado reconviniente, y considerando sólo aquellos argumentos que he seleccionado y considero conducentes y pertinentes a los fines del presente recurso y no aquellas consideraciones que sean mera reiteración de cuestiones ya expuestas en escritos anteriores, el Dr.
L. se queja por el rechazo del daño moral y por el rechazo que efectúa la a quo de las conclusiones de la perito psicóloga, dejando de lado sus conclusiones por considerar que la misma se ha excedido en su cometido y ha basado sus conclusiones únicamente en los dichos del demandado, conteniendo “un exceso de subjetividades y de extrapolación de hechos no justificados científicamente”. Dentro de los límites que impone el art. 522 Cód. Civil, sostiene, él fue un profesional demandado sin fundamentos y obligado a transitar un proceso que produjo un innegable daño a su equilibrio, por tanto, un daño moral, menoscabando su condición personalísima y profesional con una gravísima acusación falsa (fs. 341vta./342).
Con abundante cita de doctrina y jurisprudencia, se refiere también al daño psicológico sufrido, repasando párrafos salientes de la pericia, que dice tergiversada por la a quo, y refiriéndose a las técnicas utilizadas (test desiderativo, elecciones desiderativas negativas); contrastando los dichos de la sentencia con citas doctrinarias sobre el modo de examinar las pericias y las técnicas y objetivos del psicoanálisis (fs. 345/vta. 346). Principalmente cuestiona las manifestaciones de que “la perito psicóloga se ha excedido en el límite de sus funciones, efectuando afirmaciones que no se relacionan directamente con su profesión, teniendo por cierto hechos que sólo forman parte de la versión del Dr.
L., sin que hallen un correlato en las probanzas reunidas”. Reitera haber sufrido por el presente juicio y la necesidad de defenderse de afirmaciones falsas, un grave daño moral y psicológico determinado claramente en la pericia, de la que la a quo se ha desentendido en forma injustificada.
Encontrándose firme la providencia de autos y consentido el sorteo de ley, se encuentran estos autos en condiciones de proceder a su estudio para el dictado de la pertinente sentencia.
V). 1- En primer lugar resulta pertinente hacer una breve referencia a una cuestión de derecho transitorio (arts. 1, 2, 3 y 7 CCCN) que viene siendo repetida por el Tribunal a partir del 1 de Agosto de 2015. Conforme lo estatuido por el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial -sustancialmente análogo al art. 3 CC- la cuestión a dilucidar queda sujeta a las previsiones del derogado Código Civil. Es que, tal como se dijo en la causa “Braszka”, “una de las primeras reglas de interpretación del actual art. 7º CCCN consiste en distinguir los ‘hechos constitutivos’ de la relación jurídica, de sus consecuencias, derivaciones o efectos. Las relaciones jurídicas nacen, se modifican o se extinguen en virtud de hechos a los que la ley le asigna efectos generadores o constitutivos; esos ‘hechos constitutivos’ (comprensivos de los hechos modificatorios y extintivos) se rigen y son juzgados por la ley vigente al momento de producirse. En cambio los efectos o consecuencias de las relaciones jurídicas constituidas bajo la ley anterior se rigen de inmediato por la nueva ley (Moisset de Espanés, Luis, ‘El daño moral (arts. 522 y 1078)’ y ‘La irretroactividad de la ley (art. 3)’, cit., J.A., T. 13, Serie Contemporánea, 1972-355; Kemelmajer de Carlucci, Aída, ‘La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes’ cit., pág. 100)., lo que no impide que queden alcanzadas por la ley nueva las consecuencias o efectos no concluidos, no operados o no consumidos, aunque se trate de relaciones jurídicas constituidas con anterioridad, como por ejemplo las cuestiones atinentes a la cuantificación del daño (esta Sala Causa N° 56441, del 8/9/15 ‘D. B., A c/ A., L. C. y Otros s/ Derechos personalísimos- Sumario’; Causa N° 56571, del 8/9/15 ‘D. B., A. c/ A., L. C. y Otros s/ Daños y Perjuicios’; causa n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros....”, del 20/10/15; causa n° 61.154, de fecha 27/12/16 “Videla…”; ver “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, L.L. 2015-F-867);(esta Sala, Causa nº60590 "Loscar, Oscar Alfredo y Otra c/ Garro, José María y Otros s/Daños y Perjuicios" Sent. del 6/10/2016).
2. a) De la descripción somera de los agravios del actor que he efectuado (Considerando IV, a), se advierte que el recurso escasamente abastece los recaudos del art. 260 CPCC; puesto que no contrasta con argumentos jurídicos o análisis de pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, el razonamiento del juez en la sentencia, limitándose a atacarla reiterando conceptos y hechos relativos a la conducta endilgada al demandado, y algunas de las afirmaciones de la sentencia, principalmente en cuanto al objeto “confuso”. Enuncia una serie de consideraciones de índole subjetiva, sin sustento jurídico concreto, que solo expresa la disconformidad del actor como persona que se dice iletrada y desprotegida.
Reiteradamente se ha dicho, conforme lo impone el art. 260 CPCC, la doctrina de nuestro Máximo Tribunal y calificada doctrina procesalista, que la expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo recurrido que se consideren equivocadas, en base a las constancias de autos, debiendo ser la pretensión de la quejosa autosuficiente y demostrativa de los desaciertos del magistrado, no resultando ataque idóneo las meras afirmaciones del recurrente no avaladas en circunstancias emergentes del proceso, ni la mera disconformidad con lo decidido, toda vez que este proceder en manera alguna satisface la requisitoria legal de los arts. 260, 261 y 266 del código de rito, y en consecuencia, acarrea como lógica conclusión, que corresponda declarar desierto esta parcela del recurso (CALZ, C. 69998, 13/12/12, “Frencia Pedro A. c.
Montagana Fabián D. s. Daños y Perjuicios”). La expresión de agravios no debe ser una reiteración de presentaciones anteriores; según expone Loutayf Ranea, la expresión de agravios debe ser autosuficiente y completa; debe autoabastecerse en el propio escrito que la contiene y no puede suplirse con la simple remisión a argumentos en escritos anteriores a la sentencia recurrida (“El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t.2, pág. 169; Santi, Mariana, en Highton Elena- Arean Beatriz, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 5, Hammurabi, 2008, pág. 246; esta Sala, causas nro. 56.119, sent. del 10/4/12, “Airoldi...”: 47.673, del 12/8/04, “Seguro de Depósitos SA...”; 46.828, del 12/12/04, ”Nuevo Banco Industrial de Azul SA...”; 43,419 del 19/7/01, “Rodríguez...”; 56.560, sent.16/8/12, “Tahuilco SA...”).
Ahora bien, también este Tribunal ha sido flexible en cuanto a la posibilidad de que pudiese subsistir un mínimo remanente de agravio; y en particular, considerando que en el sub caso los hechos de la demanda constituyen la causa de la reconvención. Es por ese mínimo remanente de agravio que pudiere subsistir, que consideraré admisible el recurso y procederé a analizar su fundabilidad, conforme a la pretensión esbozada en la demanda y las pruebas producidas, sin incorporar hechos o argumentos ulteriores introducidos en la expresión de agravios, por tratarse de hechos no sometidos en primera instancia al juzgador (principio de congruencia). He de recordar también, que el juez no está obligado a analizar todos y cada uno de los argumentos y defensas que se le someten, sino tan sólo aquellas que considere conducentes a la solución del litigio.
b) La responsabilidad civil profesional y en particular, la de los profesionales de la abogacía, aparece en este caso claramente como una responsabilidad de índole contractual y no resulta ajena a los requisitos generales de la teoría general del daño y sus presupuestos. Como tal, para que se configure la obligación de indemnizar, requiere la presencia de cuatro presupuestos: antijuridicidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. Comenzando por el segundo de los presupuestos enunciados -y sin pretender con ello modificar metodológicamente su estudio- advierto, conforme la narración de los hechos efectuados en la demanda y el análisis de los expedientes judiciales practicado por la sentenciante, al igual que los cuestionamientos del apelante contra los Considerandos de la sentencia, que no se ha invocado ni probado la existencia de un daño cierto y concreto en perjuicio del actor. Tampoco se advierte que exista antijuridicidad en la conducta que se endilga al demandado, de la que tampoco se ha producido prueba alguna. Comentando ambos factores, afirma Trigo Represas en su clásica obra “Responsabilidad civil del Abogado” (Ed. Hammurabi, 1991, pg.48 y ss), que el daño, aunque último en la cronología, desde un punto de vista lógico es el primer elemento de la responsabilidad civil, ya que sin él no puede pensarse siquiera en la pretensión resarcitoria, por ausencia de “interés”, base de todas las acciones, y conforme así lo estipula el art. 1067 Cód. Civil (ob. cit., pg.55/56). En cuanto a la antijuridicidad, refiere, es sinónimo de ilicitud; es el elemento material u objetivo imprescindible para que nazca la responsabilidad civil y consiste - sintetiza, luego de referirse a dos posturas doctrinarias diversas- en la infracción o violación de un deber jurídico preexistente, establecido en una norma o regla de derecho, integrativa del ordenamiento jurídico. Agrega que nuestro Código Civil contemplaba la antijuridicidad por “comisión “ de todo acto expresamente prohibido por las leyes ordinarias o en sentido material (art. 1066), o por “omisión” de aquellos procederes impuestos por disposición de la ley (art. 1074); pero también siempre que se realice u omita, por culpa o imprudencia, cualquier hecho que ocasione un daño a otro, en cuyo caso la obligación de reparar emergente es regida “por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil” (art. 1109, 1ra. Parte del Cód. Civil).
c) De la invocación de hechos, de las pruebas producidas, y principalmente de la lectura de los expedientes judiciales agregados por cuerda y los citados por las partes, sólo surge que el actor inició o fue demandado en una importante cantidad de procesos judiciales, varios de ellos por cuestiones de familia (divorcio, atribución de vivienda familiar, alimentos, ejecución de alimentos, demandas que fueran entabladas en su contra), que concluyeron con demandas rechazadas, y en un caso que concluyó con sentencia favorable, no le fue posible al letrado ejecutar íntegramente la sentencia por insuficiencia de bienes del demandado. Es decir, que las quejas por incumplimiento a los deberes profesionales se diluye en cuanto de la lectura de los expedientes y del análisis que de los mismos efectúa la sentencia, -el que no ha sido adecuadamente rebatido por el apelante-, se advierte que se trata sólo de avatares propios del quehacer judicial, a los que los profesiones del derecho diariamente se ven sometidos sin por ello incurrir en responsabilidad profesional alguna.
Como el propio apelante reconoce, la obligación que asume el abogado en la defensa de su cliente es una obligación de medios (salvo excepciones en caso de comisión de delito, que no vienen al caso). Sólo le resta al profesional, ante un posible resultado muy adverso, asesorarle de no promover demanda, o apartarse del caso. Pero en caso de que el cliente insista y luego de informarle de los riesgos, promueve demanda y la misma resulta rechazada, ello no implica culpa del profesional si la demanda ha sido rechazada, no por impericia o negligencias del profesional, sino por admisión de las defensas del demandado o por diferir el juzgador de las argumentaciones jurídicas y planteos de la contraparte.
En este caso, no existe imputación concreta alguna ni tampoco surge de los expedientes analizados, que el profesional haya dejado vencer términos procesales, que haya incurrido en negligencia en la producción de pruebas, que haya dejado prescribir acciones o derechos, que se le haya decretado una caducidad de instancia, u otras situaciones que sí comprometen la responsabilidad profesional. El hecho de que sea admitida o rechazada una demanda, depende de diversos factores, pero principalmente de los hechos probados y del derecho que le asista a la parte gananciosa, ello sin perjuicio de un correcto seguimiento profesional del proceso; el cual, de no haber existido, hubiera sido señalado por la sentencia respectiva.
Lo que en síntesis se observa, es que -luego de la ruptura profesional, cuando es sustituido por otro letrado-, el demandado promueve las ejecuciones de honorarios y homologación de convenio de cuota litis, pretendiendo cobrar los honorarios regulados judicialmente y/o pactados. No se advierte ninguna situación en la que el profesional pretenda percibir honorarios que no le correspondan. Lo que sí se advierte es que el actor pretende, a través de esta demanda, no pagar honorarios a su ex letrado en aquellos juicios que no le hayan representado un resultado económico concreto beneficioso, o porque su situación económica actual no se lo permite; considerando “acoso económico” que el demandado pretenda el cobro de honorarios regulados judicialmente y firmes. En este sentido, no puedo dejar de mencionar lo impropio e injustificado de la pretensión del actor, rayana en lo absurdo, al pretender que el letrado le reintegre la suma de $120.000 que constituyó el monto de condena en el juicio de alimentos que le siguiera su ex cónyuge M. E. por sí y en representación de su hija menor (conf. fs. 98 vta., ítem 4 y sentencia de Primera Instancia, fs.298 vta./299).
Ello es absolutamente injustificado, porque el profesional tiene derecho al cobro de honorarios por su labor profesional, independientemente del resultado económico esperado, en aquellos casos susceptibles de apreciación monetaria; y en todos los casos, en los restantes procesos no cuantificables (vgr., proceso de divorcio). No existe en los hechos expuestos por la parte actora, luego de analizadas las pruebas producidas, un daño concreto y cierto derivado de la actuación profesional del demandado Dr. R. O. L., ni tampoco existe antijuridicidad, porque lo que el accionante denomina “hostigamiento”, “abuso de posición dominante” y “abuso de derecho”, no es tal, sino el legítimo ejercicio del profesional a percibir, luego de finalizada la relación profesional-cliente, los honorarios que constituyen su legítimo medio de subsistencia y que tienen, como reiteradamente ha dicho la jurisprudencia y doctrina, carácter alimentario (art.1 Dec.8904/77).
El recordado profesor Trigo Represas , en su clásica obra “Responsabilidad civil del abogado” (Ed. Hammurabi,1991),al considerar los elementos de dicha responsabilidad, decía que la antijuridicidad consiste en el obrar contrario a derecho, la conducta que contraviene deberes impuestos por el ordenamiento jurídico considerado en su totalidad y que, en general, la responsabilidad civil del abogado es de naturaleza contractual, por resultar de la transgresión de obligaciones estipuladas en un contrato concluido previamente entre el mismo y su cliente, que para ellos tiene fuerza de ley -art. 1197 Cód. Civil- e integra el ordenamiento jurídico. Pero la antijuridicidad puede producirse además, decía, por violación a las específicas normas especiales referentes al ejercicio de la profesión; y enumera una serie de obligaciones contenidas tanto en los códigos de procedimiento como en las leyes que regulan específicamente el ejercicio de la abogacía, en la Nación y en cada Provincia.
En cuanto al daño, un aspecto peculiar resulta la determinación del daño indemnizable, ya que si bien la frustración de un negocio jurídico debida a un deficiente asesoramiento atribuible a aquel, o la pérdida de un juicio por omisiones o errores que le sean imputables, configuran un daño cierto; los resultados esperados dependían de otras circunstancias ajenas al profesional, y ya no se sabe y no se podrá conocer nunca si en otras condiciones el negocio se hubiera o no concluido o si la sentencia judicial habría sido o no desfavorable. Siendo así, agrega, el resarcimiento en tales casos ha de consistir más bien en la pérdida de una “chance” o posibilidad de éxito en las gestiones, cuyo mayor o menor grado de probabilidades habrá de depender, en cada caso, de sus especiales circunstancias fácticas; ya que la chance es sustantiva en sí misma, y la mera probabilidad de obtener una ganancia o ventaja lleva de por sí implícito un valor indiscutible (ob. cit., pgs. 131 y ss y 185).
En el capítulo VII de la obra que venimos citando, Trigo Represas efectúa una “Casuística de la Responsabilidad del Abogado”, en la cual no se encuadra ninguno de los hechos atribuidos en la demanda al profesional demandado, y que resulta interesante repasar. Así menciona, entre otros casos más comúnmente resueltos en la materia: la prescripción de la acción, la perención o caducidad de instancia , la no interposición de recursos legales, la pérdida de pruebas, la caducidad de la inscripción de hipotecas en el Registro de la Propiedad, la responsabilidad procesal por daños, inconducta procesal temeraria y maliciosa, responsabilidad del abogado por costas causadas por su negligencia, responsabilidad por medidas cautelares excesivas o abusivas, responsabilidad por culpa grave o dolo en la petición de quiebra (en la ley 19.550), etc.
Estos ejemplos son sumamente ilustrativos de aquellas acciones u omisiones que verdaderamente comprometen la responsabilidad profesional del abogado.
La jurisprudencia tiene dicho al respecto que “En un caso de mala praxis profesional del abogado corresponde al cliente acreditar el hecho constitutivo, sea en principio la encomienda del asunto o luego la negligencia en el cumplimiento de su labor (art.375 C.P.C.C.). Reconocida o acreditada la primera, y probada la segunda, le incumbe al abogado acreditar los hechos extintivos, impeditivos o modificativos para eximirse de responsabilidad. En última instancia, el intérprete podrá recurrir a la teoría de “las cargas probatorias dinámicas”. Esta teoría constituye un apartamiento excepcional de las normas legales que establecen la distribución del “onus probandi”. En definitiva, este instituto debe utilizarse “in extremis”. Cuando la responsabilidad profesional se funda en la culpa, esta debe ser, en principio probada por el actor, sin perjuicio de que el juez tenga en cuenta la importancia de las presunciones judiciales, y del concepto de carga probatoria dinámica, cuyo funcionamiento es excepcional, adecuadamente la situación creada o apartarse del caso para no comprometer su responsabilidad profesional (art.512 del C.C.)”. (Cám.Civ.1 Lomas de Zamora, Causa 57197 “Rymikis…” del 30/03/04; LLBA 2004,650).
A la luz de estos casos enunciados, puede advertirse en el caso que nos ocupa, la inexistencia de antijuridicidad, al igual que de daño cierto. En efecto, de las conductas genéricas y por cierto, confusamente expuestas, atribuidas al letrado demandado, no se deduce ni se prueba violación u omisión de norma alguna ni del ordenamiento jurídico en su conjunto (art.1068 C.C.). Ningún hecho dañoso concreto y cierto, pérdida de ganancias, frustración de derechos o pérdida de juicios puede atribuirse al accionar profesional, sino –como afirma la a quo- al propio actuar del actor, ya sea en sus relaciones de familia o en sus negocios. Esta inexistencia de antijuridicidad y de daño, da por tierra con la pretensión indemnizatoria del actor (art. 375CPCC); (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas Miguel A. “Responsabilidad por Daños”, Cód.Civ.y Com. De la Nación-Ley 26994, Ed.Rubinzal Culzoni 2016, T.I, Parte General, pág.283 y ss.). Lo expuesto, por lógica consecuencia, me exime de analizar los restantes presupuestos de la responsabilidad civil; propiciando al acuerdo la confirmación de la parcela de la sentencia que rechaza la demanda (arts. 1, 2, 3, 4, 10, ss. y concs. Dec. 8904/77; arts.58, 59, 60, 122 ley 5177; arts. 1197,499, 505, 506 , 512 del Cód. Civil; doct. arts. 1, 2 y art. 7 C.C.C.N.). Imponiéndose las costas al actor vencido (art. 68 CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes votó en idéntico sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Señora Jueza Dra. Longobardi dijo:
a) El demandado reconviniente, como dije, se agravió por el rechazo de su reconvención por daño moral y daño psicológico. En cuanto al primero, por la afirmación de la sentencia de que con limitarse a ejercer su derecho de defensa bastaba, pudiendo el Dr. L. alegar y probar que la conducta que se le atribuye es falsa; y por el apartamiento que efectúa la a quo de la pericia psicológica, con severos cuestionamientos a la misma. Radicando el daño moral, dice el apelante, en la “lesión a los bienes más precipuos de la persona humana, al alterar el equilibrio del espíritu”, no había razón valedera para obligarlo a litigar. En lo que refiere al segundo, considera probado el daño con la pericia psicológica, que indica que la demanda del Sr.
V. le ha producido sufrimiento a consecuencia de que él considera que ha perdido el dominio de la situación y que los esfuerzos realizados hasta aquí y los logros obtenidos se ven empañados por la difamación, las innumerables ofensas vertidas en el escrito de demanda, su presencia en el juzgado y la humillación (que siente) ante sus colegas y empleados del tribunal; agregando que le ha producido un deterioro “emocional y en consecuencia psíquico”, por la posible pérdida de credibilidad en su medio y por el abuso de las expresiones vertidas en el escrito de demanda. b). El daño moral, en la definición clásica de Dalmatello, es la “privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos” (Dalmatello Arturo, “Danni Morali contratual”, en Revista de Diritto Civile, 1933, cit. en Mosset Iturraspe – Piedecasas , ob. cit., T.I, Parte General, pág.297 y Nota 31).
Pero no toda lesión a un derecho extrapatrimonial o a un simple interés, resultaría necesariamente apta para generar daño moral. Habrá que estar siempre, además, a la repercusión que la acción provoca en la persona. Sin embargo, el daño moral debe necesariamente derivar de una lesión a un interés no patrimonial, por lo que ambos componentes tienen que aparecer necesariamente amalgamados, a punto tal que la ausencia de cualquiera de ellos impide que se configure. De allí que se define también al daño moral como “una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial”, o con mayor precisión, “una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que había de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Daniel, “Daño Moral”, Ed.
Hammurabi, 1996, pág.47; Ponencia en las “II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil”, en colaboración con los Dres. Zavala de González, Chiapini de Bas, Sandoval y Junjent de Sandoval; texto propuesto por la Dra. Zavala de González (ver Nota 23 p. 47 ob.cit.). Para ser resarcible, afirma Pizarro (ob.cit. pág.124) el daño moral debe ser cierto, personal del accionante y derivar de la lesión a un interés extrapatrimonial del damnificado, quien debe, además, por expreso mandato legal, estar investido de la calidad de damnificado moral (art.1078, Cód. Civil).
c) No cualquier dolor o sufrimiento moral habilita para reclamar un resarcimiento a título de daño moral, sino aquel proveniente de una conducta antijurídica. Como principio general, toda persona que considera vulnerados sus derechos tiene la potestad de recurrir a los tribunales para efectuar el reclamo que estime pertinente; sin que el rechazo de su demanda pueda considerarse generador de derecho a resarcimiento alguno, sin perjuicio de por ello cargar con las costas y costos del juicio. Si durante el proceso, o con motivo del mismo o en los escritos procesales, se configuran conductas delictivas o acusaciones lesivas del honor, o de las esferas íntimas de la personalidad, y ésas conductas además producen un daño moral o patrimonial comprobable, que guarde adecuada relación de causalidad, nos encontraremos ante una conducta antijurídica con aptitud suficiente para generar derecho a un resarcimiento.
En esa línea cabe destacar que no cualquier conducta de un cliente descontento con la labor profesional de un abogado, al demandarlo por mala praxis, será susceptible de generar resarcimiento. Sin embargo, lo que es un justo reclamo por mala praxis profesional no debe confundirse con aquel infundado reclamo que cause por sí mismo un menoscabo en el honor profesional, el que no sólo provendrá de la falsa imputación de conductas negligentes o culpables, sino que por el sólo hecho de su promoción, según el objeto o finalidad que persiga o por la modalidad del encuadre que se le efectúe, produce un daño en la esfera íntima del profesional y en la reputación profesional dentro del ámbito de su actuación. En este caso ingresamos en la categoría que se ha dado en llamar “procesos por motivos injuriosos”, basados en hechos idóneos para lesionar el honor de las personas contra quienes se dirigen las reclamaciones (la falsa imputación calumniosa, los juicios por mala praxis profesional, pretensión de deudas inexistentes, etc.).En estos juicios, el sufrimiento moral constituye en sí mismo el daño, que sumado al elemento antijuridicidad (dado por lo infundado del reclamo) y no existiendo dudas respecto de la autoría ni de la relación causal entre el hecho y el daño, genera la obligación de resarcir.
Frente a demandas judiciales abusivas y que han sido rechazadas, Zavala de González al referirse a estos “juicios dañosos”, comparando la situación con la de los juicios por accidentes de tránsito afirma que, mientras dure el juicio la situación por la que pase el profesional demandado será mucho más angustiante, pues “lo que aquí está en juego es su honor profesional, y ni hablar de las repercusiones que toda demanda de esta naturaleza tiene, apenas conocida o difundida (Zavala de González, Matilde, Tratado de Daños a las personas- T. I-, Daños a la intimidad, págs. 309/311 y 313/317).Pues generalmente ocurre que la difusión del inicio de un juicio de esta índole tiene rápida y amplia difusión en el medio social en que se desenvuelven las partes, no así la noticia de su rechazo varios años después.
d) En anteriores precedentes esta Sala tuvo oportunidad de referirse a los daños causados por denuncias infundas o calumniosas, en términos trasladables al caso que nos ocupa. Asi, verbigracia, en un caso en que se imputó erróneamente la comisión de un delito penal -hurto de señal de cable de televisión- y se provocó un allanamiento en el domicilio particular de los accionantes, se admitió el resarcimiento por daño moral ocasionado por la injusta denuncia y también por el procedimiento ´policial en sí y por la repercusión que pudo haber tenido en el vecindario. Se enmarcó este resarcimiento no en el marco de una acusación calumniosa (art. 1090 Cód. Civil), sino en una denuncia en que el denunciante actuó con culpa (C.
N°51727, “Acosta...c. Cablevisión...”, sent. 15/8/2008). Por el contrario, se rechazó la indemnización en otro caso en que se había denunciado un hurto de ganado por el accionado, ya que de los elementos colectados en sede penal surgía que se podría haber creado en el denunciante una “duda razonable” acerca de la posibilidad de que en el predio del actor existiesen elementos relativos al ilícito del que el primero había sido víctima. Se recordó allí que “para la configuración del dolo eventual o de la imprudencia del denunciante, es preciso que es duda sea irrazonable, en el sentido de que no se halle precedida por alguna básica reflexión (Zavala de González, ob. cit., pg.407); (esta Sala, Causa 50.175, “Staheli...”, sent. del 19/12/2006).
Recientemente en otro caso de denuncia infundada, se recordó que en ésta última se había dicho “nos hallamos dentro del campo de la responsabilidad civil derivada de acusaciones o denuncias calumniosas o imprudentes...” haciendo referencia también a la figura del art. 1090 Cod.Civil; además se dijo que ello no impide la posibilidad de que también surja la responsabilidad del denunciante en base a su culpa y en los términos generales del art. 1109 Cód.Civil, como cuasidelito; figura que se llama simplemente acusación o denuncia culposa del suscripto. “En el ámbito en que estamos incursionando aparece la figura prevista en el art.1090 del Código Civil, que corresponde a la acusación calumniosa, para cuya configuración se requiere la imputación de un delito de acción pública (con formulación de la pertinente denuncia ante la autoridad competente), y la falsedad del acto denunciado con conocimiento de esa falsedad por parte del denunciante, esto es el dolo delictual.
Pero ello no impide la posibilidad de que también surja la responsabilidad del denunciante en base a su culpa y en los términos generales del art.1109 del Código Civil, como cuasidelito. En este último caso la figura se llama simplemente acusación o denuncia culposa (Vázquez Ferreyra, en Código Civil de Bueres-Highton, tomo 3 A, pág.282; Kemelmajer de Carlucci en Código Civil de Belluscio-Zannoni, tomo 5, págs.258 y 259; Bustamante Alsina, La acusación calumniosa y el hecho culposo "in genere" como fuentes diversas de responsabilidad civil, L.L. 1994-E-37; Parellada, Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente, J.A. 1979-III-693 y 694; esta Sala Causa 59249, “Coz”, del 30/04/15).
Finalmente se recordó que la Corte Federal ha establecido que la sola existencia de un fallo judicial absolutorio no torna procedente, sin más, la pretensión resarcitoria de los daños derivados de la denuncia penal, pues resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo o culpa en su accionar (art. 1067 Cód. Civil)(cf. C.S.J.N:, “Fallos” 319:2824, in re “Asociación Mutual Latinoamericana”, sent. del 3/XII/1996). En este sentido se ha expresado la Corte Suprema “…la sola existencia de un fallo judicial absolutorio no torna procedente, sin más, la pretensión resarcitoria de los daños derivados de la denuncia penal, pues resulta indispensable que a su autor pueda imputársele dolo o culpa en su accionar (art.1067 del Código Civil) (cf.
C.S.J.N., "Fallos" 319:2824, in re "Asociación Mutual Latinoamericana", sent. del 3-XII- 1996). En este sentido se ha expresado la Suprema Corte de Justicia Provincial, al decir que en la reparación de los perjuicios derivados de una denuncia sólo procede cuando el denunciante ha obrado con malicia, temeridad, o por lo menos con ligereza culpable (cf. Ac.83.877, sent. de 2-XII-2003; Ac.87.049, sent. de 8- IX-2004; Ac.94.416, sent. de 23-8-06; esta Sala, causas n° 50.175, “Staheli”, sentencia del 19-12-06; N° 59249, “Coz”, citada).
e) Autorizada doctrina explica que se distinguen dos facetas cuando se habla de honor: la honra, que se revela como la autoestima o respeto de la propia dignidad, y la reputación, que se caracteriza como el prestigio, fama o consideración que otros tienen sobre los merecimientos de alguien. Es así, continúa esta autora, que “sólo se ofende el honor cuando los hechos o calidades atribuidos son desmerecedores en función de esquemas receptados por la comunidad, y no sólo acorde con algún caprichoso emprendimiento personal” (Zavala de González, Matilde, Tratado de Daños a las personas - Daños a la dignidad, T.1, pg. 223 y ss., pg.229); también debe tenerse en cuenta en determinadas actividades, que las mismas implican “asunción de riesgos”, donde los sujetos se exponen al riesgo de críticas previsibles, a veces prácticamente insoslayables, incluso inmerecidas, y que puede aparejar desmedro para su dignidad. Esta circunstancia suele computarse para excluir la responsabilidad o aminorar la indemnización que de otro modo habría procedido. Se ejemplifica este supuesto con aquellos que en el ámbito deportivo -jugadores, árbitros y directores técnicos- “se colocan en vidriera y someten a la pasión de espectadores, incluyendo a periodistas que procuran interpretar el sentir popular”; (CNCiv., Sala F, 23/2/98, JA, 1998-IV-293; ob. cit., pg. 233). También se habla de honor en sentido subjetivo y en sentido objetivo, para referirse al “aprecio de la propia dignidad”, y a la “valoración que otros hacen de la personalidad ético-social de un sujeto”. De esa reputación depende a veces, la propia autovaloración que el individuo tenga de sí mismo; no porque ella esté condicionada por lo que otros piensan, sino porque pocos sentimientos son tan gratos para el hombre y le provocan mayor satisfacción personal que saberse aceptado y honrado por los demás (Pizarro, Ramón, “Daño moral – Prevención - Reparación- Punición”, Ed. Hammurabi, 1999, pg. 493).
El caso de un profesional abogado demandado por mala praxis, podría analizarse desde este punto de vista de una actividad que implica “asunción de riesgos”; pues si bien no está expuesto a la opinión pública masiva, sí lleva implícito la posibilidad- ante una diferencia de opiniones sobre el curso o el resultado de un proceso- de un reclamo de esta índole por parte de clientes disconformes que no reconocen que la obligación del profesional, salvo excepciones, es de medios y no de resultado. Todo profesional que ejerce la abogacía debe estar preparado para afrontar este tipo de reclamos, aun cuando tenga la plena convicción de haber procedido sin negligencia o culpa, siguiendo un criterio jurídico objetivo y respetando las instrucciones de su cliente, a quien previamente habrá informado de los riesgos de adoptar una u otra tesitura.
Incluso estará preparado para sufrir, sin darle excesiva importancia, la utilización de determinadas expresiones en escritos procesales tendientes a descalificar las opiniones contrarias, que sabe son meramente argumentativas. No es frecuente, no obstante, que para evitar el pago de honorarios se le acuse de “acosador serial”, de “innumerables acciones dolosas” (sic., fs. 5vta. , 7 vta., 330, etc). Aquí -en forma excepcional y por las características de la personalidad del demandado reconviniente, entra a jugar la subjetividad de la persona ofendida o injuriada ya que” la gravedad del daño moral se infiere de la clase de imputación y de sus efectos reflejos deducidos a partir de las condiciones particulares de la víctima”.
La pretensa víctima del ataque a su dignidad y honra, deberá efectuar un aporte prolijo de datos atinentes a su personalidad y contexto familiar y social, a fin de puntualizar el carácter específico de la afrenta, como también su propalación eventual más allá de su círculo íntimo, la apreciación que le deparaban vecinos o colegas y cómo ha incidido la ofensa en su consideración social (Zavala de González, ob. cit., pg. 419/420). También debe considerarse que la indemnización por afrentas al honor se decide en función del daño causado y no de las calidades o deméritos del agente; sin embargo, en situaciones especiales, como cuando el injuriante es un personaje relevante y notorio, o un funcionario público, esas condiciones del ofensor pueden incidir en la extensión del perjuicio moral por la mayor relevancia o difusión que pueda acarrear, o por el daño que causen las injurias por provenir de ese agente.
En este sentido, considerando la personalidad del apelante con origen en la enfermedad física que posee y que el actor reconvenido en modo alguno podía ignorar dado su cercanía familiar, puede presumirse que el daño causado sea mayor, por provenir precisamente del entorno íntimo, de quien el profesional no estaba preparado psíquicamente para recibir un rechazo y menos una injuria (ver fs.162 vta.).
f) Al fundar mi voto rechazando la demanda entablada por el actor contra el Dr. R. O. L. en la Primera Cuestión, me he referido a la injusticia del reclamo, que bajo la apariencia de un reclamo por daños y perjuicios, no por las consecuencias de conductas negligentes o culpables, sino por lo que denominó el “acoso” del profesional para intentar percibir sus honorarios, se advirtió que la “causa petendi” era la intención oculta de no abonarle dichos emolumentos – justamente devengados – y que además dijo haber pagado cuando no lo estaban – (ver en este aspecto, expediente N°24086 s/ Ejecución de honorarios agregado por cuerda). A ello se sumó una serie de manifestaciones en términos claramente injuriosos para el profesional, susceptibles “per se” de provocar daño sin requerir prueba adicional alguna, pues cabe presumir que tales manifestaciones deben necesariamente provocar lesiones el espíritu y el honor del recipiendario de tales acusaciones.
Las conclusiones de la pericia y la queja del letrado deben ponerse en contexto con la condición personal del demandado apelante y su relación familiar con el actor. El demandado padece de “Distrofia muscular tipo EskugelderWallander” (pericia, fs. 161 vta.), pese a los cual ha logrado desempeñarse en su profesión de abogado, en compañía de un grupo de personas que ha organizado para ello. Ello, sostiene la perito, ha ocasionado una “estructura obsesiva activa de personalidad que se caracteriza por la capacidad para llevar a la acción o hacer llevar a la acción, hacer que los otros hagan, por estar en la ley y el orden, por la intención de manejarlo todo”. De allí el estado anterior descripto de afección espiritual y la “impotencia” que produjo “el efecto que han tenido sobre él las agresiones recibidas”; y que resume en otro párrafo donde afirma que “el dolor actual se asienta sobre un sufrimiento anterior”, debido a su enfermedad y a la necesidad de sobreponerse a ella (fs.161/165, el destacado me pertenece).
El otro aspecto es la relación familiar con el actor, que resulta ser tío materno del demandado. Esta relación familiar es utilizada de manera ambivalente por ambas partes: por el actor para fundamentar su daño moral por lo que consideró un “acoso” del demandado para reclamarle honorarios, y por el demandado, para explicar su desazón por ser demandado por una persona tan cercana. La Sra. jueza desechó esta relación familiar, considerando que el sólo hecho de que el demandado reconviniente hubiese firmado con su tío un pacto de cuota litis al inicio de su relación profesional, implicaba que ésta no era tan cercana, ya que no tenía confianza o certeza de percibir sus honorarios sin ese pacto o convenio.
Aun compartiendo parcialmente las conclusiones de la jueza al sostener que la perito psicóloga se excedió en sus funciones al analizar la personalidad del actor (fs. 165, párrafo 4to “in fine”); no puedo dejar de lado el hecho que la misma ha tenido en cuenta las repercusiones de la situación en el estado anímico y en la personalidad obsesiva del actor, limitado físicamente y obligado a actuar con un grupo de personas a su servicio para el desempeño de su profesión (fs. 162 vta./164), provocando un mayor dolor moral a partir de la condición particularmente lábil del profesional. Las expresiones descalificantes que en otro letrado podrían haber sido simple motivo de enojo por la ingratitud del cliente, o por haberle obligado a litigar, ciertamente han tenido en el ánimo del Dr. R. O. L. un efecto que, aun considerando como simples indicios las conclusiones de la perito psicóloga, puedo calificar de desmesurado. Esa desmesura es la línea demarcatoria que considero se ha traspasado en el caso de autos y por la que considero debe prosperar, la reconvención formulada.
g- En cuanto a la prueba del daño moral en principio sigue las pautas del art. 377 del Cód. Procesal (art. 375 C.P.C.C.B.A.), es decir, que se encuentra en cabeza del actor la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características especiales de esta clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, “Equitativa valuación del daño no mensurable”, La Ley, 1990-A, 655; C.N.Civ., Sala A, 2015-11-28, “A.A.R. c. G.A.M. s. Daños y Perjuicios” publicado SJA 2016/08703-40; JA 2016-III). En esta específica materia, el daño moral a los profesionales admite la misma prueba que contra personas comunes, en cuya virtud se prueba mediante inferencias a partir de la gravedad de la ofensa y circunstancias de la víctima, sin necesidad de demostrar la alteración anímica sufrida por el afectado.
El honor profesional incluye no sólo el comportamiento ético, sino “todas las cualidades que los individuos se pueden atribuir o que les pueden atribuir los terceros”; por ello determina responsabilidad una imputación que desmerece no sólo las calidades personales o éticas sino también la capacitación profesional o la dedicación o las aptitudes profesionales mismas. En materia de daño moral, acota Pizarro (ob. cit., pg. 563), no siempre es posible producir una prueba directa sobre el perjuicio padecido, pues “la índole espiritual y subjetiva del menoscabo suele ser insusceptible de esa forma de acreditación”; y cita en forma coincidente a Bustamante Alsina, quien sostuvo que ...”el juez deberá apreciar las circunstancias del hecho y las cualidades morales de la víctima para establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo” (Bustamante Alsina, Equitativa valuación del daño no mensurable, L;L, 1990,A- 655.
En sentido coincidente: Zavala de González, Resarcimiento de Daños. El proceso de daños, T. 3, p. 197; Pizarro, ob. cit., Nota 19 pág. 563). Se ha dicho que “Si se comprobó que el demandado actuó con ligereza al iniciar un proceso por rendición de cuentas contra un abogado y al efectuar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados –en el caso, ambos procesos habían sido desestimados-, no es necesario probar la existencia del daño moral sufrido por el letrado, el cual se tiene acreditado por el solo hecho de la acción antijurídica y por la titularidad del accionante pues todo abogado honesto que es indebidamente demandado en sede civil y además denunciado por violación de las normas de ética profesional, sufre una lesión en su honor, en cualidad moral del ánimo y en su propia estima subjetiva” (Cám.Civ.1 Lomas de Zamora, Causa 57377 “R.F.L. c/ R.O.A. s/ Daños y Perjuicios”, del 27/05/2004, LLBA 2004,1130, JUBA B2550477).
“Si bien es cierto que en el ejercicio de la profesión de abogado el actor puede estar expuesto a la ingratitud del cliente o de sus adversarios, ello no implica que un tratamiento injurioso no menoscabe su espíritu y menos aún pueda afirmarse que –por aquella sola circunstancia- la presunción del daño pierda su valor” … “Para que la injuria sea resarcible no es necesario que trascienda el área social y se traduzca en desprestigio para el ofendido, pues tales circunstancias operarán como elementos agravantes en el momento de fijar la cuantía indemnizatoria, pero no es recaudo necesario de la lesión moral. Para que ésta se configure, basta con que el hecho sea lesivo del honor, la autoestima o los sagrados afectos del injuriado, de modo tal que desde ese ángulo personal y subjetivo, la sola comisión del delito hace presumir la existencia del daño moral” (Cám.
Civ. 1 San Nicolás, Causa 5655, “B.M.R. c/ M.V.M.P. s/ Daños y Perjuicios”, del 12/02/2004, JUBA B856864 y B856863, respectivamente). “Se configura injuria en toda especie de actos intencionales o no, ejecutados de palabra, por escrito o por hechos que constituyan una ofensa, ataquen el honor, la reputación o la dignidad de una persona, hiriendo sus justas susceptibilidades. Es decir, son injurias todos los excesos verbales o por escrito, en condiciones que puedan ser oídos o conocidos por extraños, configurándose así una auténtica difamación innecesaria para la defensa en juicio (Cám. Cív. Dolores, Causa 85922, “Acevedo Delia c/ Guasti Luis s/ Liquidación y partición de sociedad”, del 28/08/2007, JUBA 951040).
“Si estamos en presencia del delito de injurias, el daño moral experimentado es un daño in re ipsa, cuya existencia se presume salvo prueba en contrario, y quien debió arrimar elementos para desvirtuar tal presunción ha sido el demandado, sin que sea factible hacer recaer sobre el actor ofendido la carga de demostrar la real existencia de tal perjuicio presumido” (Cám.Civ. 1 San Nicolas, Causa 5655 “B.M.R. c/ M.V.M.P. s/ Daños y Perjuicios”, del 12/02/2004, JUBA B856862).
De acuerdo al tenor de las acusaciones contenidas en la demanda por daños y perjuicios y la personalidad del profesional demandado descripta en la pericia psicológica, de la que en este aspecto no encuentro motivos suficientes para apartarme (art. 384 y -474 CPCC), considero que puede inferirse que la actitud del actor al demandar a su ex apoderado y sobrino, y el tenor de las imputaciones que he transcripto parcialmente, han resultado particularmente ofensivas y excedieron lo necesario para la correcta defensa en juicio del actor que se consideraba perjudicado. En efecto, y como ya tuve oportunidad de señalar, podía haber detallado en cada caso el concreto perjuicio sufrido, sin necesidad de agravar su descripción con falsas imputaciones ofensivas y con la pretensión de sustraerse a la obligación de abonar los honorarios profesionales (art. 1197 y 1198 del Cód. Civil; arts. 1, 2, 3, 9, 10 y concs. dec. 8904/77). Todo lo cual me lleva a admitir la existencia de un daño moral resarcible, por haberse violado en el caso concreto la honra -entendida como el aspecto subjetivo del honor- del profesional reconviniente; no encontrando pruebas de su difusión más allá del ámbito del proceso de autos (arts. 522, 1068, 1089 Cód. Civil). h- En lo que refiere al daño psíquico, netamente diferenciado en la doctrina como aquél que instala o agrava una patología psíquica en forma transitoria o permanente, la pericia psicológica no indica con claridad cuál es la patología instalada; aunque sí se refiere a ciertos signos y síntomas de un deterioro emocional, insomnio, angustia; señalando la necesidad de un tratamiento para que una personalidad de base como la del Dr. L. pueda superar el dolor moral que le ha sido ocasionado por la situación vivida por y durante el presente juicio. Ello se condice por otra parte con el reclamo de la reconvención, que solamente peticiona por este rubro el costo del tratamiento psicológico (daño patrimonial). Dejando de lado entonces, aquellos aspectos de la pericia que incursionan en la personalidad del actor -sin haberlo examinado, sino sólo a partir de los dichos del paciente- es razonable suponer que una personalidad estructurada de la forma que ha descripto la perito “Neurosis obsesiva con fundamentos traumáticos… ”, (fs. 162 vta. y 164), habrá de requerir atención psicológica para superar la situación, ya que carecería de defensas para procesar por sí mismo y poder superar la angustia y dolores morales sufridos.
En el presente caso se produce una situación similar a la ya citada Causa n° 59.249, en ella se dijo que “el daño psicológico reclamado por el accionante....en su faz extrapatrimonial debe quedar subsumido en el daño moral establecido en el punto anterior, no correspondiendo su determinación autónoma porque en el caso se han visto afectadas las proyecciones de su persona en la esfera existencial y psíquica (esta Sala, sent. del 9.11.00, “Lecuona”, sumario JUBA B3100525, causa n° 44.956, “Díaz”, sent. del 27-2-03; causa n° 52.421, “Vegetti”, sent. del 5-11-2008). Por el contrario, procede el resarcimiento de este rubro por la repercusión material que tiene en el caso, la que está dada por el costo de los tratamientos que debería realizar el actor para superar algunos de los trastornos que padeció como consecuencia del hecho ilícito....” (C. 59.249). Por lo que considero admisible otorgarle en concepto de indemnización de índole patrimonial, una suma prudente para afrontar el costo del tratamiento durante el plazo de un año, con atención psicológica en consultorio, que considero factible pese a lo afirmado por la perito ya que el reconviniente se desplaza habitualmente por fuera de su ámbito domiciliario en el desempeño de su tarea profesional (ver Causa n°60406 ”L. c. E. s/Daños y Perjuicios”, del 09/05/16, con mi voto).
3. Pasando ahora a la cuantificación del daño moral, considero que por las distintas circunstancias que he venido relatando, y en particular por tratarse de ofensas que podrían no haber hecho mella en otro tipo de personalidad, lo importante a la hora de cuantificar el daño en el caso concreto, no es tanto la magnitud de la indemnización que se acuerde, sino el hecho mismo de reconocer que el actor causó innecesariamente un daño moral sin tener motivos razonablemente fundados como para promover la demanda iniciada y menos aún para utilizar la terminología empleada o acusarlo de pretender cobrar honorarios ya percibidos, lo que resultó falso. Es criterio seguido habitualmente por esta Sala, conforme lo tiene dicho la Corte Suprema de la Nación -, que “Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido….(por lo que) es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristezas propios de la situación vivida”(CSJN, 12/4/2011, “Baeza Silvia Ofelia c. Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, nov. de 2011, pg. 261, con nota del Dr. Jorge M. Galdós). En el sub caso, por las circunstancias particulares apuntadas y sin apartarme de tal criterio, atendiendo los precedentes similares que he venido citando, considero razonable otorgar una compensación económica por el daño moral causado, en la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000), con más la suma de Pesos Ocho mil ($ 8.000) en concepto de gastos de terapia psicológica (arts. 522, 1109, 1068, 1197, 1198 Cód. Civil; arts. 165, 375, 384, 474 C.P.C.C.).
Las costas en ambas instancias, por la demanda y por la reconvención, deberán ser soportadas por el actor reconvenido, en atención a su calidad de vencido (arts. 68 y 274 CPCC); tomándose como base regulatoria el monto de la demanda rechazada, y en el caso de la reconvención, el monto por el que ha prosperado la misma (arts. 16, 21, 23 y 26 dec./ley 8904/77). Regúlense los honorarios de Alzada en la oportunidad del art 31 dec./ley 8904/77.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes votó en idéntico sentido, por los mismos fundamentos.
A LA TERCERA CUESTIÓN, la Señora Jueza Dra. Longobardi dijo:
Atento lo expuesto al tratar las Cuestiones anteriores, propongo al acuerdo:
1. Confirmar la sentencia recurrida, en cuanto al rechazo de la demanda por daños y perjuicios deducida por O. E. V. contra el Dr. R. O. L. 2- Revocar parcialmente la sentencia y hacer lugar a la reconvención deducida por el Dr. R. O. L. contra O. E. V., condenando a éste a abonar al primero la suma de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000) comprensiva del daño moral con más el gasto de tratamiento psicológico. 3- Imponer las costas de ambas instancias por la demanda rechazada al actor vencido (art. 68 CPCC), y por la reconvención que prospera, en ambas instancias, al actor reconvenido (arts. 68 y 274 del CPCC), tomándose como base regulatoria el monto de la demanda rechazada, y en el caso de la reconvención, el monto por el que ha prosperado la misma (arts. 16, 21, 23 y 26 dec./ley 8904/77). Regúlense los honorarios de Alzada en la oportunidad del art 31 dec./ley8904/77.
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes votó en idéntico sentido, por los mismos fundamentos.
Por lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 21 de Febrero de 2017.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1- Confirmar la sentencia recurrida, en cuanto al rechazo de la demanda por daños y perjuicios deducida por O. E. V. contra el Dr. R. O. L. 2- Revocar parcialmente la sentencia y hacer lugar a la reconvención deducida por el Dr. R. O. L. contra O. E. V., condenando a éste a abonar al primero la suma de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000) comprensiva del daño moral con más el gasto de tratamiento psicológico. 3- Imponer las costas de ambas instancias por la demanda rechazada al actor vencido (art. 68 CPCC), y por la reconvención que prospera, en ambas instancias, al actor reconvenido (arts. 68 y 274 del CPCC), tomándose como base regulatoria el monto de la demanda rechazada, y en el caso de la reconvención, el monto por el que ha prosperado la misma (arts. 16, 21, 23 y 26 dec./ley 8904/77). Regúlense los honorarios de Alzada en la oportunidad del art 31 dec./ley8904/77. Registrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
VICTOR MARIO PERALTA REYES PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II MARIA INES LONGOBARDI JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia