Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, teniendo en cuenta que los argumentos brindados por el Sr. Fiscal de Cámara, los que se comparten, ponen en evidencia la existencia de razones de interés público (conf. art. 72 del C.P.), para continuar con la acción penal de oficio, rechazase el planteo de falta de instancia de la acción penal.
Sin perjuicio de ello, se recomienda para futuros casos como el de marras, tanto al A quo, como al Sr. Fiscal de Primera Instancia, que realicen el análisis bajo los parámetros expresados supra.
III. B.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Así conforme surge de la declaración de la víctima Sra. G. E. P. refiere que su pareja V. C. S., con quien convive hace aproximadamente cuatro (4) años, con quien posee una hija en común de dos (2) años de edad el día viernes **/** se encontraban en el comedor de su casa en el domicilio sito en DIRECCION_1, estaban viendo tele y compartiendo bebidas alcohólicas comienza una discusión tornándose violento agarrándola de la ropa y de un sacudón la tira al piso y como tenía a su hija en brazos, ella sale corriendo hacia la pieza de su hermana y el Sr. V. C. S. comienza a propinarle …
TOMO: XXIII REGISTRO: 012 FOLIO: 193/216
Caleta Olivia, 09 de octubre de 2026.
Estos autos caratulados: “V. C. S. S/LESIONES CALIFICADAS” Expte. Nº 45063/26-V, N° de Juzgado de Recursos 8606/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 38/45, el Sr. Juez de Instrucción decidió: “…DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de V. C. S., - titular del DNI N° **.***.***, de demás circunstancias personales obrantes en autos, en virtud de lo establecido por el Art. 289 y 298 del C.P.P, por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable del delito de LESIONES LEVES DOBLEMENTE CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDAS A LA PERSONA CON LA QUE MANTIENE O HA MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PAREJA Y HABER MEDIADO VIOLENCIA DE GÉNERO, (Art.89 y 92 en función del Art. 80 inc.1 y 11, 45 y 55 del Cod. Penal) decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE PESOS UN MILLON (1.000.000,00), actualizables según la tasa de interés activa del banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (Arts.499 y ccs. del C.P.P)”
Contra dicha resolución la doctora Sabrina Petersen, Letrada Adjunta de la defensoría Pública Oficial de Las Heras, interpone recurso de apelación a fs. 55/57, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 61.
En esta instancia es mantenido a fs. 71 por el Sr. Defensor Particular doctor D. C. B., quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.A.-Al motivar el recurso la defensa considera que hay una fundamentación aparente y valoración fragmentaria de la prueba. Manifiesta que la resolución reproduce extensamente las constancias instructorias y doctrina general, pero no explica de manera individualizada cómo cada elemento acredita la autoría atribuida con el grado de probabilidad exigible. La declaración de la señora G. E. P. constituye la única fuente directa sobre la mecánica del hecho. La testigo A. R. no presenció la agresión y sólo declaró sobre lo que aquélla le habría referido y sobre las consecuencias que observó con posterioridad. El acta de inspección y el certificado médico corroboran la existencia de lesiones y rastros, pero no determinan por sí solos su autoría ni la secuencia concreta descripta.
Alega que la perspectiva de género impone investigar con debida diligencia y valorar la prueba sin estereotipos, pero no disminuye el estándar de motivación ni invierte la carga probatoria. La afirmación genérica de que el desistimiento constituye un signo propio del ciclo de violencia no sustituye el examen concreto de credibilidad, persistencia, coherencia y corroboración periférica, ni autoriza a presumir responsabilidad penal.
Manifiesta que hay falta de motivación específica de las agravantes. Sostiene que si bien la relación de pareja aparece prima facie acreditada y podría sustentar la agravante prevista en el artículo 80 inciso 1 del Código Penal, ello no determina automáticamente la concurrencia de la calificante contemplada en el inciso 11. Esta última exige demostrar, mediante circunstancias objetivas del caso, que la agresión fue ejercida contra una mujer en un contexto de violencia de género, entendido como una manifestación de relaciones históricamente desiguales de poder, dominación, sometimiento o discriminación. Expresa que la resolución se limita a transcribir definiciones normativas, doctrina general y referencias abstractas al ciclo de la violencia, pero no individualiza qué conductas concretas anteriores, concomitantes o posteriores al hecho permiten afirmar ese elemento adicional. La mera mención de una denuncia previa, sin incorporar ni examinar sus constancias, contenido, resultado y vinculación con el episodio investigado, carece de aptitud suficiente para integrar la agravante. Considera que tampoco se explica cómo el imputado habría actuado con conocimiento y voluntad respecto de dicho contexto. En consecuencia, la sola existencia de una relación de pareja, una discusión y lesiones no basta para aplicar, sin fundamentación específica, el artículo 80 inciso 11 por remisión del artículo 92 del Código Penal; lo contrario implicaría confundir dos agravantes autónomas y presumir el componente de género a partir del vínculo, en desmedro del principio de legalidad, la presunción de inocencia y el deber de motivación reforzada.
Afirma que la denunciante manifestó expresamente que no deseaba continuar con la denuncia y que su pretensión era que el señor V. C. S. no se acercara. La resolución entiende suficiente su autorización inicial para el ingreso policial y retiro del imputado, pero no precisa el régimen legal de ejercicio de la acción aplicable ni determina, con hechos concretos, si concurre una razón de seguridad o interés público que habilite la actuación oficiosa. El deber estatal de protección puede justificar medidas cautelares y una investigación seria, pero no permite omitir el análisis jurídico específico sobre la promoción y continuidad de la acción.
En relación a la prisión preventiva manifiesta que esta fue fundada mediante fórmulas generales: se afirma que el imputado “entorpecería la acción de la justicia” y que “podría intentar eludirla”, sin identificar conductas objetivas, actuales y verificables que permitan sostener peligro de fuga o de entorpecimiento. No se valoro su arraigo, domicilio, vínculos familiares, conducta posterior, ausencia o existencia de antecedentes, posibilidades reales de sustraerse, ni actos concretos de intimidación sobre testigos. La naturaleza del hecho, la hipótesis acusatoria o la gravedad abstracta no constituyen por sí solas riesgos procesales.
Afirma que la escala penal atribuida -seis meses a dos años- permite, en principio, una eventual condena de ejecución condicional, extremo que intensifica el deber de justificar necesidad y proporcionalidad.
Agrega que el artículo 18 de la Constitución Nacional no constituye fundamento autónomo para encarcelar preventivamente: reconoce la presunción de inocencia y exige que toda restricción cautelar sea excepcional, indispensable y estrictamente vinculada con fines procesales legítimos.
Disiente la defensa con el auto por entender que no examina si los fines invocados podían alcanzarse mediante medidas menos intensas, compatibles con la protección de la denunciante y de las niñas: prohibición absoluta de acercamiento y contacto por cualquier medio; exclusión del domicilio; fijación de residencia; comparecencias periódicas; prohibición de portar armas y consumir alcohol; dispositivo de monitoreo, si estuviera disponible; caución; y tratamiento específico. La ausencia de este juicio de subsidiariedad torna ilegítima la opción directa por la máxima medida de coerción.
Cuestiona el Embargo por considerarlo inmotivado. La suma de un millón de pesos fue fijada sin discriminación de los rubros que procura asegurar, sin estimación de costas, eventual reparación ni referencia a la situación patrimonial del imputado. La mención genérica de la gravedad y modalidad del hecho no satisface el deber de motivación. Subsidiariamente, corresponde reducirla a un monto razonable y proporcional.
Manifiesta que la resolución impugnada debe ser sometida a un control de constitucionalidad y convencionalidad integral.
Que el control de convencionalidad exige que los jueces interpreten y apliquen el derecho interno de manera compatible con la Convención Americana y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conforme los estándares desarrollados, entre otros, en los casos “Bayarri vs. Argentina” y “Jenkins vs. Argentina”, la prisión preventiva no puede utilizarse como anticipo de pena ni fundarse exclusivamente en la naturaleza del delito o en la expectativa de sanción. Debe responder a fines procesales legítimos, apoyarse en circunstancias objetivas del caso, ser necesaria, idónea, proporcional, temporalmente limitada y revisable. Desde el bloque de constitucionalidad federal, la libertad durante el proceso constituye la regla y su restricción la excepción.
Finalmente expresa que en el caso, la motivación basada en afirmaciones hipotéticas acerca de que el imputado podría eludir o entorpecer la justicia no satisface esos estándares. Al no individualizar riesgos actuales ni evaluar el arraigo y las medidas alternativas, la prisión preventiva aparece desproporcionada frente a una imputación cuya escala penal permite, en principio, una eventual ejecución condicional. La obligación reforzada de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres coexiste con las garantías del imputado: permite adoptar medidas firmes de protección, pero no autoriza una privación de libertad automática ni exime al órgano judicial de justificarla de modo estricto.
Realiza reserva del caso federal. Que para el supuesto de mantenerse la resolución impugnada, deja planteada la reserva del caso federal por encontrarse comprometidos los derechos a la libertad personal, defensa en juicio, debido proceso, presunción de inocencia, razonabilidad, tutela judicial efectiva y revisión amplia, reconocidos por los artículos 18, 28, 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, se deja planteado que la confirmación de la medida, sin control estricto de constitucionalidad y convencionalidad, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
II.B.-Que a fs. 83 se ordena correr vista al Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, en relación a la falta de la instancia de la acción penal, por parte de la víctima de autos.
A fs. 85/86 obra contestación de la vista conferida expresando el Sr. Fiscal de Cámara: "En primer lugar, luego del análisis de las constancias del presente, se observa que el auto de mérito se encuentra plenamente motivado, pues, en el mismo se hace una expresa valoración de las razones que ha considerado el instructor, sustentando mínimamente los distintos elementos y en armonía con las prescripciones tanto del código de fondo como el adjetivo, que avalan la decisión de procesar al Sr. V. C. S. como autor penalmente responsable del delito de Lesiones leves doblemente calificadas por haber sido cometidas a la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja y haber mediado violencia de género (arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. y 11, 45 y 55 del C.P.)Dicho lo anterior, entiendo que el A quo analizó las probanzas de autos conforme lo requiere el art. 199 del C.P.P, reuniendo los requisitos exigidos por el art. 116 del código de forma.En lo que respecta a la motivación, nuestro precepto normativo (art. 116) exige que todas las decisiones judiciales contengan, según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinadas normas, aspecto que se cumplimenta en el resolutorio en cuestión, por lo que el planteo deviene improcedente.En segundo lugar, cabe analizar el planteo de la instancia de la acción penal.Ahora bien, tratándose las lesiones leves doblemente agravadas de un delito de acción pública dependiente de instancia privada (art. 72 CP), corresponde efectuar un breve análisis en relación a la regulación de la instancia por la ley.La Ley Penal subordina el ejercicio de la acción penal pública a una manifestación de la voluntad de la víctima regula la instancia privada., es decir, deja en manos del agraviado la decisión de permitir el inicio de la persecución penal instándola o de impedirla mediante su inactividad o silencio.
Ahora bien, si la instancia se produce, el particular no tiene posibilidad alguna de revocarla. En relación a la forma de la instancia, si bien el Código Penal en su art. 72 establece que en los delitos dependientes de instancia privada no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales, a excepción de los casos en que deba procederse de oficio y en el caso de las lesiones leves (dolosas o culposas), cuando mediaren razones de seguridad o interés público. A ello corresponde sumar la disposición local contemplada en el art. 7 del C.P.P., el cual establece que “la acción penal dependiente de instancia privada no se podrá ejercitar si las personas autorizadas por el Código Penal no formularen denuncia ante autoridad competente.”.En consecuencia, la ley estipula que la instancia se formula a través de una denuncia ante la autoridad competente para recibirla.
Y desde el punto de vista sustancial, la denuncia es una declaración de voluntad exclusiva del titular que ejerce la facultad de instar, poniendo en conocimiento de la autoridad competente la existencia del delito que estima cometido y cuya acción depende de instancia privada inicial. Ahora bien, en tal lineamiento, no se exigen formulas sacramentales en la denuncia para la correcta instancia de la acción de la acción penal, sino que la cuestión central radica en la voluntad de la víctima para impulsar la causa penal, es decir, no es necesario que el damnificado manifesté de forma literal su deseo de instar la acción siempre y cuando se evidencien actos inequívocos de aquella. Lo cierto es que las constancias del presente legajo se ven evidenciada desde el origen de las mismas, la clara voluntad de la Sra.
G. E. P. de instar la acción. Toda vez que, si bien la autoridad policial inicia de oficio las actuaciones prevenciones, le toma testimonio a la Sra. G. E. P. a fs. 07/vta., quien aportar los primeros detalles del hecho acaecido, asimismo a fs. 08 se observa que la misma asistió al Hospital Distrital de Las Heras para constatar sus lesiones. Posterior a ello a fs. 09 presto su consentimiento para que personal policial efectué la inspección ocular su domicilio (lugar del hecho), sumado que en sede judicial a fs. 32/vta. ratificó su denuncia, aportó mayores detalles del hecho sucedido, sin perjuicio que, al ser consultada de forma expresa sobre la acción, contesto que “en este caso, no quiero continuar con la denuncia, lo que yo quiero es que no se acerque más a mí, quiero que esto quede ahí”.
Sin embargo, a fs. 79 vta./80 se vislumbra que concurrió al Cuerpo Médico Forense en fecha **/** del corriente, en donde la examinaron. En el caso de autos, existiendo denuncia válida, actos que determinan de forma manifiesta la voluntad de la víctima de instar la acción, entiendo que no es necesario determinar si se debe aplicar la excepción. Que en relación a la manifestación de la víctima en sede judicial entiendo que es una suerte de retractación, la cual deberá ser analizada al momento de resolver el fondo de la cuestión, teniendo en miras las directrices de la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley N° 26.485, De Protección Integral Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales." III.A.-En primer término corresponde ingresar en el análisis efectuado en relación a la falta de instancia de la acción penal por parte de la víctima de autos, Sra.
G. E. P. tanto en su declaración en sede policial obrante a fs. 7 como a posteriori, al ser citada en sede judicial a fs. 32 y vta. Al ser consultado el titular de la acción pública en cuanto a la habilitación, en los presentes actuados, de la actuación oficiosa fundada en una razón de seguridad o interés público, el Sr. Fiscal de Cámara dictamina entendiendo que en el caso de autos, existe denuncia válida, actos que determinan de forma manifiesta la voluntad de la víctima de instar la acción, correspondiendo aplicar la excepción.
Al respecto, se analizó esta circunstancia, en los autos caratulados: “Z. G. F.. S/DENUNCIA” Expte. Nº 37603/24, N° de Recursos 7935/25, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia sostuve que:"III.A.- Liminarmente, cabe señalar que a la hora de analizar el inicio y la continuidad de una causa, donde se registra un episodio de violencia de género, debemos centrar, siempre, el análisis, en la víctima, a los fines de establecer si existe un estado de vulnerabilidad y en su caso, el grado del mismo, es decir si este estado le impide tomar una decisión libre de toda violencia, con conocimiento del alcance e implicancias de la misma, respecto de la continuidad de la causa y de su participación en ella.
En este sentido, el principio general establecido en el código penal en materia de instancia de la acción penal, obedece al siguiente detalle, conforme lo resuelto en los autos caratulados “DIV. CRIA 1º S/Inv. les. en accid. de tránsito ” Expte. Nº 27540/20, N° de Recursos 6389/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, en los cuales sostuve que: "Como cuestión previa debo señalar que durante mi ejercicio en el Ministerio Público Fiscal a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia Nro. 2 de Caleta Olivia, tuve oportunidad, entre otras, en la causa "Juzgado de Instrucción Nro. 2 S/ Investiga ", expte. nro. 25.804/20, de desarrollar mi posición en casos en donde la libertad de instar o no instar la acción penal fuera una en sede policial y otra en sede judicial, existiendo contradicción entre ambas, es decir que tanto en sede prevencional se inste como no la acción penal y que lo mismo suceda en sede judicial, pero reitero en sentido contrario.
Partí mi análisis sentando y señalando que era una cuestión discutible. Señalé que la práctica judicial implicaba que en este universo de casos (delitos de instancia privada) se interrogaba en dos ocasiones a una persona sobre su decisión de instar o no hacerlo, la acción penal, ante dos órganos distintos del Propio Estado Provincial con competencias atribuidas en el proceso penal, lo que evidenciaba por parte de la autoridad jurisdiccional una cuestión cuasi-irracional, pues si se consideraba que sólo bastaba la instancia en sede policial o su falta de instancia, no se entendía ni explicaba la racionalidad, procedencia y pertinencia de la pregunta. Allí entendí que frente a la franca contradicción de una persona, la cual frente a distintos órganos del mismo Estado Provincial encargados de intervenir en el proceso penal, emite un juicio del cual luego se retracta, que debía, por las características del proceso penal, otorgar validez a la decisión que se hacía frente al órgano jurisdiccional, pues reitero, había una contradicción respecto de la procedencia o improcedencia de la acción penal, y por algo la autoridad judicial reiteraba el interrogante.
En la misma causa, la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, la cual entiende que es hábil la expresión de voluntad manifestada por primera vez, allende sea en sede prevencional o judicial, por parte de la persona víctima de un delito dependiente de instancia privada, sin que sea relevante su posterior manifestación con contrario, ordenó la remisión del copias de las actuaciones al Sr. Fiscal que actúa por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia. El Sr. Fiscal por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia realizó un análisis pormenorizado de las piezas remitidas por la Excma. Cámara Criminal y emitió un comunicado a todos los Fiscales de la Provincia (Oficio 61/21 de fecha **/**/2021), haciendo saber que la instancia de la acción penal o su falta de instancia, era válida la prestada por primera vez, más allá del órgano frente al cual se realiza, de manera coincidente con el criterio sostenido por la Excma.
Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial. Es decir y para ser precisos, en palabras textuales del Sr. Fiscal por ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia "...una vez instada debidamente la acción penal y tratándose de un delito de acción pública, toda manifestación posterior de la víctima resulta irrelevante a los efectos de tener por desistida la acción." Demás esta señalar que conforme surge del artículo 6 del CPP. siendo la acción penal pública ejercida por el Ministerio Público Fiscal, y el Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia quien por el principio de jerarquía puede emitir directivas de alcance general, sumado a que dicha posición impactó sobre todo el Ministerio Público Fiscal de la Provincia (unidad de acción) y la clara posición de la Excma.
Cámara Criminal quien tiene jurisdicción en donde el suscripto ejercía como Fiscal, es que varié mi postura, basado no solo en el principio de jerarquía, sino y además, en la necesidad que existía de zanjar una contradicción, y la decisión tomada por el Sr. Fiscal ante el Tribunal así lo hacía, aunque no tuve oportunidad de volver a expedirme sobre dicha cuestión siendo Fiscal de grado. Por todo ello, entiendo que la instancia de la acción o su falta de instancia, cuando es interrogada la persona por primera vez ante un organismo con competencia para hacerlo, es la que debe tenerse presente a los fines de evaluar la prosecución de la acción penal pública. El interrogante sobre la instancia de la acción penal en sede judicial solo debería realizarse cuando la denuncia o la declaración se formula y presta ante el propio Juez o cuando iniciada una causa en sede policial o recepcionada una denuncia por un organismo autorizado para tal fin(vgr.
Fiscalía, OVD, etc.) se ha omitido interrogar a la persona denunciante sobre dicho tópico, para evitar planteos como el de autos. Lo expuesto no implica cercenar la libertad de expresión de las personas, pues podrán manifestarse libremente, derecho que debe serle garantizado. En síntesis, una vez instada la acción penal, la retractación que haga la víctima sobre la misma no tiene valor jurídico procesal para variar la primer decisión adoptada, allende la sede en que la misma se hubiera hecho.Y conforme el principio de paralelismo de las formas, igual economía procesal hay que aplicar cuando la decisión de la víctima es la de no instar la acción penal, es decir que su retractación posterior no tiene efectos jurídicos procesales para variar la decisión libre adoptada oportunamente.
Finalmente y va de suyo, deberá siempre tenerse en cuenta, en cada caso, los supuestos de excepción establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 72 del C.P. modificado por la ley 27.455. Todo lo expresado lo es con el marco actual de la legislación de fondo y de nuestra legislación procesal penal en particular.". Lo señalado rige, reitero, como principio general, en esta materia. Ahora bien, que exista una mujer víctima de violencia de género, que decida no instar la acción penal, no implica, la procedencia de oficio, como lo habilita el Art. 72 del C.P., pues ello trastocaría todo el sistema, tal como fue diseñado por el legislador. Al señalar que debemos partir del análisis de la situación constelacional de la víctima y de establecer si existe un estado de vulnerabilidad cuyo grado y gravedad la impide libremente decidir, implica, necesariamente, no cosificarla ni estandarizarla, sino que demanda un esfuerzo para resguardar su integridad y dignidad personal, conjuntamente con su seguridad personal.
Cosificar a la víctima por su condición de mujer que padeció hechos de violencia de género e invocar su estado de vulnerabilidad sin distinguirlo de la vulnerabilidad que por el hecho de ser víctima de un delito, tiene, como todo ser humano que ha sufrido un hecho delictivo, conlleva a desconocer el ámbito de privacidad regulado en el art. 19 de la CN. Así lo señalé en una situación que guarda identidad con estos actuados. En los autos caratulados: “L. A. A. S/ DENUNCIA” Expte. Nº 18989/23, N° de Juzgado de Recursos 7190/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "III.- Que establecidos los agravios debe ingresarse al estudio del hecho y la prueba que motivaron el dictado de la resolución cuestionada.
Efectuando un racconto de las constancias agregadas al legajo y en lo relativo al delito de abuso sexual que fuera relatado por la denunciante, se observa la existencia de una escollo procesal que impide la prosecución de las actuaciones en lo atinente al tipo penal reseñado. Observando las declaraciones efectuadas en sede policial de fs. 01 y vta. , 11 y vta. en las que la damnificada narra hechos que podrían quedar inmersos dentro del tipo penal de abuso sexual y amenazas, al momento de ser consultada, solo insta la acción penal por el delito de amenazas, lo que resulta intrascendente, pues se trata de un delito de acción pública. Lo concreto es que no se expresó sobre la instancia de la acción penal respecto al delito de abuso sexual que denunció en la sede prevencional.
Que a fs. 32/33 -al prestar declaración testimonial en el Juzgado, A. A. L., hizo un relato describiendo de manera extensa y detallada, todo lo vivido en esa oportunidad, en especial los actos de abuso sexual realizados por parte de S.. Sin embargo, en esa oportunidad, al ser preguntada, por primera vez, sobre su deseo de instar la acción penal por el abuso sexual, se pronunció de manera negativa. Vale decir que, reitero, al ser interrogada la primera vez sobre la instancia de la acción penal respecto del abuso que ella habría sufrido, expresó claramente su negativa, cayendo sus razones en el ámbito de su autonomía de la voluntad personal, que no puede ser avasallado, pues hace al principio de reserva (art. 19 de la C.N.).
Sobre el presente tópico, he resuelto cual es el criterio rector sobre este instituto de derecho procesal, regulado en el código de fondo. En los autos caratulados “DIV. CRÍA 1º S/Inv. les. en accid. de tránsito” Expte. Nº 27540/20, N° de Recursos 6389/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "…". Sentado ello, comparto la decisión emitida por la Sra. Jueza subrogante, respecto de la instancia de la acción penal, tal como ha quedado expresado del precedente transcripto, el que he reiterado en varias oportunidades. Ahora bien, el planteo del Sr. Agente Fiscal, merece un análisis riguroso, pues el mismo invoca normas del derecho constitucional-convencional y creo que hace centro en un derecho humano elemental, como es la libre y autónoma determinación voluntaria de la persona, en especial referencia a la mujer.
Y en base a ese marco normativo, pretende que la decisión expresada libremente y sin sospecha alguna de un estado de vulnerabilidad de la víctima, libre de violencia y coacción alguna, sea dejada de lado, y que se continúe con la investigación del delito de abuso sexual en contra de su voluntad expresa. Frente a ello, considero que el principio de la autonomía de la voluntad debe ser asegurado a cada ser humano, sin distinción de condición alguna, es decir que, la mujer y otras diversidades, tiene el mismo derecho a ejercer libre y autónomamente, su voluntad expresando, como lo hizo en este caso, su intención de no proseguir con la causa, lo que debe ser respetado, al igual que lo es la decisión de un varón cis.
La denunciante expresa libremente su decisión de no participar en un proceso en donde la tenga como el principal órgano de prueba, y la ley penal le otorga la posibilidad de decidir instar o no la acción penal. Ello no es facultad del Estado, máxime cuando no se evidencia estado grave de vulnerabilidad, de sometimiento, o un vínculo con el agresor que pueda modificar su decisión, en su propio perjuicio. Que el Sr. Agente Fiscal haya formulado requerimiento, no implica que el mismo prospere, si la instancia penal no se ha realizado por parte de la víctima. El principio de la autonomía de la voluntad, no puede ser interpretado como en el siglo XIX, pues a partir del desarrollo de los Derechos Humanos en todo el siglo XX y lo que va del presente, la autonomía de la voluntad fue reconfigurando su contenido, el que no puede ser encorsetado en las pautas establecidas en las viejas dicotomías entre derecho público y privado, sino y por el contrario, debe ser analizado a la luz de todas las normas que establecen condiciones de ejercicio evaluadas con las que establecen derechos fundamentales de la persona humana.
Ello implica, según los casos, darle una preeminencia distinta de la que podría considerarse en otro momento, o por el contrario restringir el mismo en pos de derechos fundamentales del ser humano y que hacen a su condición de tal. Los derechos de la mujer, correctamente invocados por el Ministerio Público Fiscal, implican la obligación del Estado de brindar protección y asegurar la tutela judicial efectiva. No solo son normas de orientación y hermenéutica, son verdaderas garantías y derechos que los estados deben respetar y hacer cumplir, pues su declamación, si bien es siempre un adelanto, de nada sirve si el Estado a través de cualquiera de sus tres poderes-funciones no efectiviza su cumplimiento en cada caso concreto.
Ahora bien, su materialización debe hacer eje en la decisión, libre de toda violencia y alejada de cualquier grave estado de vulnerabilidad, de la persona humana y debe respetarla, en especial, en los casos en los cuales el legislador le ha dado el ejercicio de la opción de instar la acción penal o no hacerlo, y no puede, so pretexto de invocar la tutela judicial efectiva, trastocarse y tergiversarse los principios, para desconocer esa facultad que el mismo orden jurídico le otorga, y proceder de oficio prescindiendo de su libre y autónoma voluntad de elegir. Y cuando analizamos las normas que establecen un régimen protectorio del derecho a la igualdad de trato a la mujer, debemos tener en claro que todo el “bloque de legalidad” constitucional-convencional no solo está destinado a protegerla de los actos discriminatorios de los particulares, sino y en forma directa y principal, de los actos de los propios Estados a través de sus tres poderesfunciones.
Prescindir de la decisión de la denunciante, que se niega a instar la acción penal, para sustanciar el proceso sin su consentimiento, es un acto directo de discriminación estatal contra la mujer, pues se apodera de su libre decisión, la instrumentaliza y cosifica, y la utiliza para llevar adelante un proceso, que va de suyo, será iatrogénico, porque desde su inicio, ella no está de acuerdo con su instrucción. Sobre este piso, cabe afirmar que, en este caso y ante un delito como el abuso sexual que tradicionalmente ha sido de instancia privada, cuando se trata de personas mayores de edad, de prosperar la propuesta del Sr. Agente Fiscal configura un acto de violencia institucional, pues somete a un proceso penal a la principal testigo y víctima directa, cuando la misma ha manifestado plena y claramente, que no es su decisión atravesar este proceso.
Garantizar los derechos de la mujer, implica, en primer lugar, su reconocimiento en un plano de igualdad ante un varón. La perspectiva de género en el proceso penal no implica punitivismo a ultranza en todos y cada uno de los casos, impone, por el contrario, la valoración de la libre voluntad, sin presión alguna, de la mujer que se encuentra frente al Estado, y fundamentalmente, su derecho a la plena igualdad del trato más allá de su sexo, raza, condición social etc.. Consolidar esta circunstancia vulneraría las normas del artículo 16 de la C.N. y las citadas del derecho convencional constitucional, porque la víctima se transforma en un objeto independiente de su libre albedrío, prestado voluntariamente ante la A quo, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
En el capítulo VIII, (DES)IGUALDAD ESTRUCTURAL, de la obra EL DERECHO A LA IGUALDAD, APORTES PARA UN CONSTITUCIONALISMO IGUALITARIO COORDINADA POR LOS DRES. MARCELO ALEGRE Y ROBERTO GARGARELLA, EDITORIAL ABELEDO-PERROT, en la pág. 168, el Dr. Roberto Saba señala que: "En cambio, "ser mujer", en la mayoría de los países de América Latina y, por cierto, en Argentina, es una categoría sospechosa desde la perspectiva de la igualdad como no sometimiento". El concepto de “categoría sospechosa” es una creación de la jurisprudencia norteamericana (vid “Korematsu vs. United States” 323 U.S. 214-1944) que ha sido seguida por nuestra Corte Suprema de Justicia (casos “Repetto” Fallos: 311-2272, “Gonzalez de Delgado” Fallos 323:2659); y que más allá del derecho de igualdad de modo racional, se debe analizar el concepto de igualdad como no sometimiento frente a un grupo estructuralmente vulnerable.
Es en breves palabras, una inversión de los estándares probatorios, frente al primer supuesto de igualdad como racionalidad (sistema clásico) la parte debe probar que se ha vulnerado por el Estado o particulares la igualdad ante la ley, en cambio en el segundo, cuando se trata de “categoría sospechosa”, es el acusado o demandado el que debe probar que no ha vulnerado el derecho a la igualdad como no sometimiento. Para ello entonces, en el caso de autos, debemos realizar lo que se conoce como un juicio hipotético, a los fines de establecer si la decisión que se asuma respecto de este caso, no se convierte en un acto discriminatorio. (Utilizo el término “discriminatorio” en el sentido que le asignó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el apartado 84 de la Opinión Consultiva 18/2003, “En la presente opinión consultiva se hará una diferenciación al utilizar los términos “distinción” y “discriminación”.
El término “distinción” se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible, por violar los derechos humanos”). Ese juicio hipotético no es más que una comparación. En este sentido debemos tener en cuenta que el análisis de los supuestos de sometimiento, es decir de las "categorías sospechosas", debe ser interseccional, lo que implica que pueden confluir varias categorías en un mismo análisis, pues no son excluyentes entre sí, sino que son acumulativas. De ese juicio hipotético, seguramente si se tratara de un varón cis, de la misma edad y condiciones de la víctima, el Estado a través de los órganos competentes, ante la libre determinación de no instar la acción penal, hubiese archivado la causa, tal y como hizo la A quo.
Ello demuestra que el acto que pretende el Sr. Agente Fiscal es un acto discriminatorio, respecto de la víctima, por su condición de mujer. Ello tiene anclaje en el desarrollo filosófico que ha tenido la autonomía de la voluntad en relación a la mujer, el que le ha sido negado, bajo el mecanismo del silenciamiento, teniendo solo un sentido androcéntrico. Ello fue desarrollado por la Doctora D. M., en un trabajo titulado "MUJERES Y (FALTA DE) AUTONOMÍA EN LA FILOSOFÍA MODERNA", publicado en la obra TRATADO DE GÉNEROS, DERECHOS Y JUSTICIA, POLITICAS PUBLICAS Y MULTIDISCIPLINAS"
de la editorial Rubinzal-Culzoni, págs. 509 y ss., señalando, entre otros muchos conceptos, que es esencial, para lograr la libre autonomía, la autonomía física, es decir, cada mujer sobre su propio cuerpo. Señala al final del trabajo algo que es la esencia de la autonomía de la voluntad, que debe ser comprendido, para evitar soluciones en donde, reitero, la mujer sea instrumentalizada, al concluir que "Son nuestros cuerpos, por lo tanto, los que resultan enajenados y expropiados. Sin esta autonomía física sobre nuestros cuerpos, las construcciones de ciudadanía son débiles y relativas y es cínico hablar de igualdad política".-Esta situación posibilita que la autonomía de la voluntad, que no sería desconocida a un varón cis, lo sea, so pretexto de "tutela judicial efectiva", respecto de la libre decisión de una mujer.
En el fallo "Gualtieri Rugone de Prieto" (Fallos 332:1769) los Jueces L. y Zaffaroni señalaron que el artículo 19 de la C.N. comprende las acciones privadas y también ciertos ámbitos de privacidad, al que pertenecen, entre otras cosas, las decisiones de vida que cada persona tiene derecho a tomar libremente. Entre ese derecho, la mujer, en este caso, al igual que el varón cis, tiene derecho a optar por instar o no la acción penal, y ese derecho no puede serle arrebatado por ningún órgano del Estado." Igual economía, corresponde adoptar cuando, instada la acción penal, la mujer víctima de un delito, que se verifica en un contexto de violencia de género, decide, libre e informádamente, no proseguir con las actuaciones o no comparece a las citaciones realizadas por el Juzgado.
Así lo resolví en los autos caratulados: “C. M. N. S/ DENUNCIA VIOLENCIA DE GENERO” Expte. Nº 81275/23, N° de Juzgado de Recursos 7839/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "En el caso de autos la imposibilidad de proceder se da por la voluntad de la víctima de no comparecer, frente a lo cual no se advierten medidas que puedan adoptarse que permitan avanzar en el trámite, más allá que se realice su citación con el auxilio de la fuerza pública y proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 231 del C.P.P. en caso de que se niegue a declarar, lo que entiendo que de ninguna manera es lo que pretende el recurrente. En los autos caratulados: “L. A. A. S/ DENUNCIA” Expte.
Nº 18989/23, N° de Juzgado de Recursos 7190/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que:”…” En el caso que nos convoca, si bien la denunciante insta la acción penal al efectuar su denuncia, su negativa a comparecer pese a estar debidamente notificada, no expresa otra cosa que su falta de interés y su voluntad contraria a la intervención del sistema penal para protección de sus derechos. No es posible dejar de lado en el análisis de la situación traída a estudio, que por el mismo hecho ha tomado intervención la justicia civil, dictando medidas de protección para la mujer violentada. No se aprecia de los antecedentes del caso un grado de vulnerabilidad grave de la denunciante (que no sea otro que la desigualdad estructural), en el vínculo con su ex pareja, que indique un sometimiento que le impida tomar decisiones, por lo que, su voluntad de no presentarse ante el requerimiento del A quo debe ser entendida, como lo ha hecho aquel, y respetada como tal, lo que imposibilita continuar con la presente causa.
A su vez, tampoco impide la resolución adoptada por el instructor que en caso de que la víctima se presente voluntariamente ante el A quo, se reabra la investigación y se le tome declaración, en caso de que la acción penal aún se encuentre vigente. Sin perjuicio de ello, cada caso particular debe ser evaluado teniendo en cuenta la subjetividad de la víctima, de allí el análisis de su eventual estado de vulnerabilidad, no debiéndose establecer estándares sistemáticos desconociendo dichas circunstancias. Cada resolución judicial, si bien obra como antecedente, no puede extrapolarse a todos los casos sin investigar las condiciones personales de las mujeres y otras diversidades víctimas de violencia de género." Por su parte, en los autos caratulados: "C.
R. L. S/DCIA. LESIONES, DAÑOS Y AMENAZAS" Expte. Nº 36126/24, N° de Juzgado de Recursos 7829/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "Lo expuesto en el antecedente citado, resulta aplicable al caso de autos, pues sin perjuicio de haber instado la acción penal al denunciar en Comsiaría, la Sra. C. fue citada para comparecer ante el A quo en dos oportunidades, y estando debidamente notificada de las citaciones, no compareció ni justificó su inasistencia, a sabiendas de que ante su incomparecencia se dispondría el archivo de las actuaciones, pues así se le hizo saber mediante oficio 1164/24 (fs. 27) debidamente diligenciado conforme surge de fs. 28/29. Es así que su incomparecencia, resulta demostrativa de su voluntad contraria a la intervención del sistema penal para la salvaguarda de sus derechos, habiendo en el caso, como en el antecedente citado, tomado intervención la justicia civil desde que dispuso medidas de protección (fs. 5) En autos, sin la presencia de la víctima, no resulta posible continuar el trámite de la causa, pues las medidas solicitadas por el Agente Fiscal tendientes a acreditar los hechos, requieren de la asistencia y colaboración de aquella, habiendo quedado demostrada la falta de interés de la Sra.
C. en ese sentido. IV.-Sin perjuicio de lo expuesto, atento los antecedentes enunciados por la Sra. R. L. C. al formular la denuncia, y sin perjuicio de confirmar el archivo ordenado por el A quo, como “medida protectoria”, de clara naturaleza cautelar, la que procede mientras la acción penal se encuentre vigente, en atención a lo dispuesto por el art. 26 inc. a.7 de la Ley 26.485, deberá el Sr. Juez de Instrucción ordenar la realización de un informe socioambiental en el domicilio de la nombrada, a los fines de determinar si existe algún grado de vulnerabilidad actual, que permita inferir que su decisión de no comparecer a las citaciones libradas en autos, no fue tomada libremente. Graciela Medina explica en relación a las medidas de protección: "...Con relación a las medidas propias de resguardo contra la violencia doméstica, esta ley contiene una enumeración más detalladas de las medidas que tiene la lee 24.417.
Reiteramos que la enunciación de medidas en simplemente ejemplificativa, y que el Juez puede tomar todas aquellas medidas que las circunstancias del caso aconsejen..." (Conforme “PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES. Ley 26.485 comentada”, GRACIELA MEDINA- GABRIELA YUBA, Rubinzal Culzoni Editores, año 2021, páginas 608/609)" Ahora bien, cuando existe acreditado, de manera suficiente, un estado de vulnerabilidad en la víctima de violencia de género, la ley penal establece, en el art. 72 del C.P., la posibilidad de instruir, de oficio, las actuaciones. En relación al ejercicio de la acción penal el Código Penal Argentino, en el capítulo XI del Libro I, regula en su artículo número 71 que: “Sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: 1) Las que dependieren de instancia privada; 2) Las acciones privadas.” Por su parte el artículo 72 del mismo código dispone que: “Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 1.
Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91. 2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas. 3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio: a) En los casos del inciso 1, cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad o haya sido declarada incapaz; b) En los casos del inciso 2, cuando mediaren razones de seguridad o interés público; c) En los casos de los incisos 2 y 3, cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador, o cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre éstos y el menor, siempre que resultare más conveniente para el interés superior de aquél".
(La negrita me pertenece). Vemos entonces que el texto vigente del Código Penal, modificó la forma de redacción del texto anterior del artículo 72 respecto de las lesiones leves, sean dolosas o culposas, sin embargo mantuvo idéntico sentido (semántico y semiótico) y alcance dogmático que el anterior, que establecía expresamente que: "Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 2°. Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público…”. (La negrita es de mi autoría) En relación a la clasificación de las acciones la doctrina enseña que: “Tal como se deduce del texto, “las acciones penales” se dividen –por su disposición- en públicas y privadas; y las públicas se subdividen –por su promoción- en promovibles de oficio y promovibles a instancia privada.
Desde luego, la regla general está constituida por las acciones públicas promovibles de oficio….Acciones públicas: Conforme a la naturaleza que la doctrina mayoritaria otorgara a la acción, Fontán Balestra estima que si bien el artículo no utiliza la expresión “acción pública”, es preferible esa denominación por oposición a la de “acción privada”…Se ha entendido entonces que, no obstante la eventual apatía del ofendido, la sociedad está directamente interesada en la realización del derecho público, así, la jurisprudencia ha dicho que “la acción penal es pública porque se ejerce para defender las ofensas inferidas a toda la sociedad, es decir, causadas con daño inmediato, si el delito ha agredido la autoridad o cosas tocantes a los derechos generales, o con daño mediato, si la ofensa causada al individuo ha consternado y atemorizado por la repercusión a todos los ciudadanos”.
(CODIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y
ANOTADO por Andrés José D'Alessio, Editorial La Ley, T. I, pág. 1042/1044 ). Es decir que, y realizando un racconto, la verdadera distinción lo es entre acción pública y privada. La ley penal establece como principio general, conforme al carácter y naturaleza pública del Derecho Penal, un sistema de inicio de acción de manera oficiosa (pública), salvo los limitados casos de acción privada. Dentro del universo de casos de acción pública, reserva un número limitados de casos a la víctima, pues depende la acción pública, para que prospere, que sea instada por la parte. Pero a su vez y cuando estén en juego el interés y la seguridad pública, faculta a los organismos del estado a ejercer la acción penal de oficio, es decir que, reitero, al “excepcionar” la excepción, reafirma la naturaleza pública y oficiosa de la acción penal. Específicamente y en relación a las acciones de carácter público, es decir las promovibles de oficio, también se ha dicho que “este grupo nuclea los delitos cuya persecución no necesita más impulso que el de los organismos estatales previstos por los respecto de ordenamientos procesales, como adelantara, el organismo que -por regla- insta la acción en los delitos de acción pública es el Ministerio Público Fiscal, y es el que -también por regla- debería instar su promoción inicial”. (CODIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO por Andrés José D'Alessio, Editorial La Ley, T. I, pág. 1059). Por su parte, en relación a la sub-especie de las acciones públicas dependientes de instancia privada o promovibles a instancia privada, estos delitos “…se hallan sometidos a la condición de ser instados inicialmente por el agraviado…luego de ese acto inicial de instancia, el ejercicio de la acción –públicaqueda sujeto al régimen de persecución estatal común”
(CODIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y
ANOTADO por Andrés José D'Alessio, Editorial La Ley, T. I, pág. 1059/1060). Ahora bien, respecto de la excepción que reafirma el carácter público de la acción penal dependiente de instancia privada, es decir cuando medien razones de seguridad o interés público, señala el Dr. Donna que: "...Sin embargo, la acción se transforma en oficiosa cuando median razones de seguridad o interés público. La Exposición de Motivos de 1968 decía que se incluía el caso de la conducción temeraria de vehículos, de manifiesta impericia o cuando la víctima un representante de la autoridad.” (EDGARDO ALBERTO DONNA, DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL Tomo I, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 268).- Tal como lo expresara supra, el mismo art. 72 del CP, establece supuestos excepcionales en los que se puede proceder de oficio, y se refiere a los casos en los que, para el supuesto del delito de lesiones leves, sean dolosas o culposas (tanto en la modalidad de delito consumado o tentado), la excepción se configura “… cuando median razones de interés público o de seguridad común”, circunstancias que deben ser evaluadas y que hacen a la conducta en sí, a los participantes y sus características y al contexto en que se materializa la misma, lo que impone que se investiguen de oficio. Por razones de interés público o seguridad común la dogmática a señalado el siguiente contenido: “Las razones de seguridad pública, refieren al interés social de la seguridad general…Discriminando detalladamente las excepciones contenidas en la ley, aun cuando no exista el acto de instancia, se debe actuar de oficio en los siguientes casos:…b) En los delitos de lesiones leves…1) cuando medien razones de seguridad, esto es que la por la naturaleza o por las circunstancias de su realización, el hecho resulta potencialmente peligroso para la incolumidad de personas o bienes. Son actos generadores de daño o peligro indeterminado o potencial para la seguridad general, que imponen la persecución de oficio más allá de la voluntad de denunciar de la víctima (como es el caso de las lesiones culposas producidas a raíz de la conducción de un vehículo de transporte público por parte de un conductor en estado de ebriedad, etc.) (Conforme CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA COMENTADO, ANOTADO, CONCORDADO por RICARDO BASÍLICO y JORGE VILLADA, Ed. Hammurabi, pág. 258) Ahora bien, planteado el cuadro de situación respecto del ejercicio de las acciones, el interrogante que surge es ¿Los casos de violencia de género (lato sensu)
pueden ser equiparados a los casos que regulan la actividad del tránsito y que por sus características habiliten el ejercicio oficioso de la acción penal? La respuesta es afirmativa. Sobre este piso, liminarmente, señálase que: “El concepto de “seguridad pública” se ha entendido como “seguridad común” o, en su sentido más amplio, como “resguardo o protección de la colectividad”; el de “interés público” es asimilado al de “interés jurídico del Estado”, es decir que se procura proteger las instituciones creadas por la Constitución y las leyes, que trascienden el interés individual y ponen en riesgo concreto o comprometen un bien útil o necesario para la comunidad...” (ob. cit. CODIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO por Andrés José D'Alessio, Editorial La Ley, T.
I, pág. 1067).- Ante la unanimidad de la doctrina para considerar que los accidentes de tránsito revisten tal importancia que corren la barrera de la habilitación de instancia por parte del damnificado, apartándolo de ese momento inicial en el ejercicio de la acción penal, por tratarse de hechos en los cuales se pone en juego la salud y la seguridad de la población toda, con más razón aún, ello debe ocurrir en los casos de violencia de género. Y es así puesto que, en los casos de violencia de género, lo que se encuentra comprometido es la integridad física, psíquica, económica, entre otras, de la víctima. Hay un interés colectivo en resguardar a las víctimas de violencia de género, pues hace, entre otros aspectos, a la protección de los vínculos y lazos afectivos que generan las actuales relaciones humanas, siendo la familia, una de ellas, que tiene un especial amparo en la Constitución de la Provincia, en su artículo 56, que reza textualmente: “La Provincia protegerá la institución familiar mediante una legislación que asegure la constitución y estabilidad de su patrimonio.” En la violencia de género, se encuentra en seria crisis la vida de las mujeres.
Ello es así porque las lesiones y el homicidio, allende su tipificación, son grados del ejercicio de una violencia contra la mujer y los resultados pueden cambiar, el dolo también, pero lo que no cambia es la génesis de la violencia contra la mujer, que es la misma y se centra en su condición de tal. El Estado debe intervenir en aquellos casos en que por sus características la víctima, sometida a la violencia, de cualquier naturaleza que sea, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, porque, en un gran número de casos la inacción, negación o minimización de los hechos, obedece, precisamente, a la violencia a la que se encuentra sometida. La violencia de género trae consigo un sin número de situaciones, algunas explícitas (como la violencia física) y otras solapadas (presiones, amenazas, temor, etc.) lo que causa un deterioro en la personalidad de la víctima y afecta directamente el ámbito de su autonomía de voluntad.
Pensar o sostener que estos hechos no afectan el interés común es desconocer, lisa y llanamente, la realidad social, pues entre el sometimiento de una persona conforme lo normado en los arts. 145 bis y ter del C.P., y las graves situaciones de sometimiento y maltrato en un ámbito familiar, existen solo diferentes modalidades y finalidades de la acción, pero el maltrato y la violencia, reitero, tienen la misma génesis. Además no podemos desconocer la posición asumida por nuestro país en el orden del derecho convencional constitucional. Ello así pues al ratificar la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, suscripta en Viena el 23 de mayo de 1969, se obligó no invocar el derecho interno para incumplir un tratado internacional.
El compromiso y la responsabilidad internacionales aparejan y proyecta un deber “hacia adentro” de los Estados, cual es el ya señalado respetar en cada ámbito interno los derechos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado Parte. Evidentemente, las mujeres son sujetos susceptibles de esa protección, en todos los ámbitos de sus relaciones personales. [VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES de ZULITA FELLINI y CAROLINA MORALES DEGANUT – Ed.
Hammurabi, capítulo III TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL EN EL DERECHO ARGENTINO, pág 122] En cuanto a la normativa de carácter internacional con rango constitucional suscripta por Argentina, debemos mencionar en primer lugar la CONVENCION SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (CEDAW)
aprobada por ley 23.179 e incorporada en nuestra Constitución Nacional en el art. 75 inc. 22 con rango constitucional que establece en su artículo 1º: “A los efectos de la presente convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”, y en su artículo 2º dispone: Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto se comprometen a:…c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación…”.
Por otra parte los Estados firmantes se comprometieron, según las disposiciones del art. 13 a adoptar “…todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social …”.- Además y por aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Argentino está obligado –entre otras cosas-, a “investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención”…Esto es así con independencia de si los derechos humanos reconocidos en la Convención son violados por particulares o por agentes estatales…La obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos es “de medio y no de resultado” y debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.
El compromiso de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse…por lo tanto, una vez que las autoridades estatales tomen conocimiento de una violación de derechos humanos, tienen el deber de “iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos”. La obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos según la Corte IDH tiene “alcances adicionales” cuando se trate de la muerte de una mujer que sufre maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres….El Estado debe garantizar a toda mujer, acorde con los compromisos asumidos internacionalmente y las normas de derechos humanos, el derecho a vivir libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, lo cual implica la realización de los mayores esfuerzos para que ella sea erradicada definitivamente.
En conjunción con las disposiciones precedentes, la RG Nro 19 sobre Violencia contra la Mujer de las Recomendaciones Generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, “…subraya que los estados parte deben velar para que las leyes contra la violencia y los malos tratos…las protejan de manera adecuada y respeten su integrad y su dignidad, además de proporcionar a las víctimas protección ya apoyo apropiados…(VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES de ZULITA FELLINI y CAROLINA MORALES DEGANUT -Ed. Hammurabi, capítulo III TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL EN EL DERECHO ARGENTINO, pág. 122/127) Por otra parte, a nivel regional Argentina suscribió, junto a otros 31 estados la Convención de Belém do Pará aprobada en el derecho interno por Ley 24.632.
Este instrumento en su artículo nro. 1 sostiene que: “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”. y en cuanto a las obligaciones que asume el Estado Nacional se encuentran las reguladas por los artículos 7 y 9 de la mencionada convención que rezan: “Artículo 7: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:…d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;…f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces,…Artículo 9: Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de emigrante, refugiada o desplazada.
En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable …”.- (VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES de ZULITA FELLINI y CAROLINA MORALES DEGANUT -Ed. Hammurabi, capítulo III TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL EN EL DERECHO ARGENTINO, pág. 127) Consecuente con las disposiciones de orden internacional, en nuestro país se sancionaron diversas normas que receptan los principios consagrados y enunciados en los párrafos precedentes. Así de la conjugación de las disposiciones de la Ley 26.485 DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES y su decreto reglamentario DECRETO NACIONAL Nro. 1.011/2010, surge que de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 26.485 el ESTADO NACIONAL tiene la responsabilidad ya no sólo de asistir, proteger y garantizar justicia a las mujeres víctimas de la violencia doméstica sino que, además, le incumben los aspectos preventivos, educativos, sociales, judiciales y asistenciales vinculados a todos los tipos y modalidades de violencia.
Así, la ley en su artículo 2º dispone sobre el objeto de la misma: “…la presente ley tiene por objeto promover y garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; 1947) e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
Particularmente sobre el inciso f) del artículo 2º, el decreto reglamentario nro 1.011/2010 lo ha establecido sosteniendo que: “El acceso a la justicia a que hace referencia la ley que se reglamenta obliga a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en todas las esferas de actuación del ESTADO NACIONAL, ya sean de orden administrativo o judicial o de otra índole que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos. El acceso a la justicia comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita, las garantías del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial”.- Por su parte, el artículo nro. 7º establece, como preceptos rectores en de las políticas públicas relacionadas al tema, que: “…Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones.
Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores: a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres; b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres; c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia; d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios; e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales; f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece; g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
En su reglamentación se establece que “…La asistencia a las mujeres en situación de violencia será articulada con todos los organismos intervinientes y evitará su revictimización. Se prestará especial atención a las particularidades o características diferenciales que agraven el estado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, tales como la edad, la condición socioeconómica, el origen étnico, racial o religioso.” Por su parte, de la misma normativa surge en el artículo 16 los derechos y garantías mínimas del proceso, estableciendo que “Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado; b) a obtener una respuesta oportuna y efectiva…”.
El Estado Nacional, al reglamentar la instrumentación del referido artículo dispuso que: “ Inciso a).- El MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, y organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrarán los convenios necesarios con sus respectivos Ministerios Públicos, asociaciones y Colegios de Abogados existentes en sus jurisdicciones, Facultades de Derecho de las distintas universidades públicas y/o privadas, y todo otro organismo público o no gubernamental, a efectos de garantizar el asesoramiento y el patrocinio jurídico gratuito a las mujeres víctimas de violencia. Inciso b).- La respuesta que den los organismos del ESTADO NACIONAL será considerada oportuna cuando implique la sustanciación del proceso más breve, o la adecuación de los procesos existentes para que la resolución de los mismos no sea tardía; y efectiva cuando dicha respuesta prevenga la reiteración de hechos de violencia y repare a la víctima en sus derechos, teniendo en consideración las características de la denuncia.
Por su parte el artículo 18 establece la obligación de formular denuncia sosteniendo “Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.”, el que se conjuga con los artículos 169 (Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1.- Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 2.- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional. ) y 180 del CPP (El agente fiscal requerirá al juez competente la instrucción siempre que tenga conocimiento, por cualquier medio, de la comisión de un delito de acción pública.
El requerimiento de instrucción contendrá: 1.- Las condiciones personales del imputado, o si se ignorasen, las señas o datos que mejor puedan darlo a conocer. 2.- La relación circunstanciada del hecho, con indicación si fuere posible del lugar, tiempo y modo de ejecución y normas legales aplicables. 3.- La indicación de las diligencias útiles a la averiguación de la verdad) Tal como ya lo he sostenido, la violencia de género no se centra únicamente en la agresión física. La ley contempla un universo de situaciones en los cuales la mujer es vulnerada. Así surge de la citada Ley 26.485 - Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que en su artículo 5º clasifica los tipos de violencias a las que las mujeres pueden ser sometidas diciendo que : "...Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: 1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física. 2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento.
Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. 3.-Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad....".- Como podrá observarse, la problemática de la violencia de género es, a criterio del suscripto, de una entidad superior a la problemática del tránsito, razón por la cual ciertos casos de violencia de género donde se sospeche la vulnerabilidad de la víctima, que afecta directamente a su libre expresión de voluntad y consentimiento debidamente informado, deben ser iniciados de oficio al igual que los casos de tránsito vehicular que han sido contemplados tradicionalmente por la doctrina y la jurisprudencia.
Cuando una mujer se encuentra inmersa en un vínculo violento, vive en una especie de "cinta de Moebius" emocional y afectiva que la tiene atrapada y de la cual es muy difícil salir, y dentro del cual el deterioro de la libre expresión y voluntad de decidir y actuar comienza a afectarla, por lo que tiende a negar, o disminuir el contenido o alcance de los ataques. Este fenómeno se da porque, tal como lo explica la doctrina, "...la violencia se produce en situaciones cíclicas que pueden ser referidas a tres fases, que varían en intensidad y duración, según las parejas: 1) acumulación de tensión;
2. fase aguda de golpes, y 3) calma "amante". La fase 1 se caracteriza por la acumulación de tensión en las interacciones. Es un período de agresiones predominantemente psíquicas y amenazas e intentos de golpes, en el que las mujeres niegan la realidad de la situación y los hombres incrementan la opresión, los celos y la posesión, creyendo que su conducta es legítima. Esta relación, definida por el control sobre los hechos, tiende progresivamente a debilitarse a favor de un nivel cada vez mayor de tensión. Hombre y mujer se encierran en un circuito en el que están mutuamente pendientes de sus reacciones. Cuando la tensión alcanza su punto máximo, sobreviene la fase 2, caracterizada por el descontrol y la inevitabilidad de los golpes.
Las mujeres se encuentran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de manera imprevista ante cualquier situación de la vida cotidiana, por trivial que fuere. La fase 3 es radicalmente opuesta a la 2. En términos de relaciones se distingue por una conducta de arrepentimiento y afecto del hombre golpeador, y de aceptación de la mujer que cree en su sinceridad. En esta etapa predomina una imagen idealizada de la relación, acorde con los modelos convencionales de género. Luego, tarde o temprano, todo recomienza y la fase 1 vuelve a escena... (VIOLENCIA EN LA FAMILIA, LA RELACION DE PAREJA, Aspectos sociales, psicológicos y jurídicos por Cecilia Grosman y Silvia Mesterman, Ed. Universidad, pág. 98).- Cuando nos centramos en el estudio específicamente de la violencia de género de carácter emocional, este tipo de abuso puede adoptar formas directas o indirectas de expresión.
En relación a este tipo de abuso, se ha dicho que "...la exposición sostenida en él anula progresivamente la capacidad defensiva y el sentido crítico de la víctima, disminuyendo su posibilidad de reconocer lo nocivo del vínculo y de actuar en consecuencia. Confusión, parálisis e impotencia son algunos de los efectos comunes de quienes sufren esta forma de maltrato…Los efectos de esta forma de abuso son de carácter cualitativo y temporal. A diferencia de la violencia física, que deja huellas concretas a nivel corporal, como moretones, fracturas, quemaduras, etc., el abuso emocional genera síntomas invisibles en lo inmediato y huellas graves en lo inmediato y mediato… Para algunas mujeres, el maltrato verbal en forma repetida, el acoso, la privación de los recursos físicos, financieros y personales, las amenazas, los insultos, la descalificación constante, las burlas, los gritos, la destrucción de objetos, las interrogaciones, etc., son más dolorosos que los ataques físicos, porque esta forma de autoritarismo socava con eficacia la seguridad y la confianza en sí mismas.
Sin embargo, estos episodios de la vida cotidiana en la mayoría de los casos son silenciados, por lo que la mujer se condena a vivir con miedo y se recluye en esa tortura mental…El abuso emocional no puede ser cuantificado del mismo modo que el físico…se han identificado seis componentes principales que constituyen una descripción del fenómeno…si bien pueden analizarse por separado…en la vida real presentan una intrincada superposición entre si. Son ellos: degradación, temor, cosificación, privación, sobrecarga de responsabilidades y distorsión de la realidad subjetiva… tales seis componentes se entrelazan de modo tal que conforman un todo que tiene propiedades que van más allá de la suma de las partes.
Para reflejar este todo, Kirkwood utiliza el concepto de red, afirmando que esta imagen lleva el mensaje de que el abuso emocional es una trama de conductas y emociones interrelacionadas, y que es muy difícil que una mujer atrapada en ella la pueda distinguir… En el curso de nuestra vida sostenemos relaciones estimulantes que nos inducen a dar lo mejor de nosotros mismos, pero también mantenemos relaciones que nos desgastan que pueden terminar por destrozarnos.
Mediante un proceso de abuso psicológico, un individuo puede lograr hacer pedazos a otro…sin embargo, parece como si nuestra sociedad no percibiera esa forma de violencia indirecta y que, con el pretexto de la tolerancia, nos volvemos indulgentes…Los pequeños actos perversos son tan cotidianos que parecen normales. Al no tener la seguridad de que serán comprendidas, las víctimas callan y sufren en silencio. El domino lo establece un individuo narcisista que pretende paralizar a su pareja por medio de sutiles toques desestabilizadores, colocándola en una posición de confusión e incertidumbre. No quiere que su pareja lo invada, pero le hace padecer lo mismo que el no quiere, ahogándola y manteniéndola a su disposición. La denigración y los ataques subterráneos son sistemáticos.”
(VIOLENCIA EN LA FAMILIA, LA RELACION DE PAREJA,
Aspectos sociales, psicológicos y jurídicos por Cecilia Grosman y Silvia Mesterman, Ed. Universidad, pág. 101/104). Respecto del deterioro personal y psicológico de las víctimas se ha establecido mediante investigación empírica que: “…Generalmente las razones por las que una mujer no abandona una relación violenta se relaciona en forma directa con las experiencias previas de violencia familiar que afectan la decisión de pedir apoyo, así como también el nivel educacional y ocupacional, número de hijos, baja autoestima, situación económica difícil o de dependencia, y un sin número de alternativas que la colocan en una situación de vulnerabilidad tal que, en algunas o muchas ocasiones las lleva a continuar en esa relación, a minimizar lo sucedido, y hasta algunas veces justificarlo.
También la doctrina enseña que “Muchas veces, ciertos esfuerzos por resistir a la violencia han sido citados como evidencia de pasividad o dependencia, cuando en realidad eran opciones estratégicas de seguridad. Esta seguridad no solo incluye la supervivencia física sino también la supervivencia emocional. Dutton propone un modelo amplio, que incorpore las circunstancias sociales e individuales, para lograr una mejor comprensión de los esfuerzos que llevan a cabo las mujeres sometidas a abusos de todo tipo.” [(VIOLENCIA EN LA FAMILIA, LA RELACION DE PAREJA, Aspectos sociales, psicológicos y jurídicos por Cecilia Grosman y Silvia Mesterman, Ed. Universidad, pág. 110.]. A mayor grado de vulnerabilidad, menor grado de libre albedrío para decidir y actuar en pos de la defensa de los propios derechos.
El mismo criterio que debemos aplicar para establecer la vulnerabilidad de la víctima y la disminución de su libre determinación de decisión y acción es el que debemos realizar en materia de culpabilidad. La dogmática penal al analizar el tercer carácter del delito, es decir la culpabilidad, habla de autodeterminación y exigibilidad en la conducta a analizar y en este sentido se ha sostenido que: "...Si la libertad de decisión fuese admitida por el orden jurídico como libertad decisoria absoluta, ilimitada e incondicionada, esto daría lugar para sostener –con igual facilidad y aparente paradoja- tanto la absoluta responsabilidad como la absoluta irresponsabilidad del ser humano en cualquier caso.
Los ámbitos de autodeterminación pueden ser sumamente amplios, en cuyo caso corresponde una exigibilidad y una reprochabilidad mayor, y pueden llegar hasta grados o umbrales mínimos de libertad de decisión, en que la reprochabilidad desaparece. Si bien no puede negarse en los casos de inexigibilidad la existencia de la libertad de decisión (de la posibilidad), ésta es considerada mínima y despreciable a los efectos de la reprochabilidad. En estos umbrales mínimos su uso no es exigible." (TRATADO DE DERECHO PENAL – PARTE GENERAL IV, de EUGENIO ZAFFARONI, editorial Ediar, pág. 45). Finalmente, ante hechos de violencia de género, la posible inacción del Estado en este caso, confirmaría una práctica contraria a lo que de hecho debe abordar y proteger, porque la sociedad vería como no solo se lesiona a una mujer, sino que además se la obliga a negar y/o minimizar las agresiones, y el Estado, sabiéndolo, no inicia los procedimientos a los que está obligado.
Esta es otra causal más que subsume en el concepto de interés público. Claramente, si existe un estado de vulnerabilidad en la víctima, que le impide adoptar libremente una decisión sobre la instancia de la acción y la continuidad de la causa, mediando su necesaria intervención, el estado deberá, a través de los órganos constitucionales competentes, instruir de oficio, las actuaciones. Ello implica resguardar su integridad y seguridad psicofísica, pensando sobre los órganos estatales intervinientes, la obligación de adoptar y agotar todas las medidas para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y otras diversidades, que pudieran sufrir delitos en el contexto de violencia de género.
Así lo resolví en los autos caratulados:“SUSAÑA DE LEON, MARIELA S/DCIA. LES. LEV, INF. ART 119 CP Y DAÑOS", Expte. Nº 33186/23, N° de Juzgado de Recursos 7308/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "Liminarmente, debemos dejar sentado que el Sr. Juez de Instrucción, ordenó varias veces la comparecencia de la denunciante, y ello implica, que y tal como lo afirma el Ministerio Público Fiscal recurrente, el mismo ha instruido la causa con perspectiva de género, conforme lo impone el derecho constitucionalconvencional. Allende los argumentos brindados en los considerandos, surge del auto atacado, que el archivo obedece a la falta de comparecencia de la presunta víctima.
Sobre la falta de comparecencia el Sr. Juez, entiende que la misma, se centra en una libre y autónoma decisión de la víctima. El Sr. Agente Fiscal se agravia de ello, pues entiende que la falta de comparecencia se debe a una situación de vulnerabilidad, pues la víctima se encuentra conviviendo con el denunciado y quien le impide su comparecencia es éste, en base a un círculo de violencia. Corresponde, entonces, y bajo éstos parámetros, ingresar al análisis señalando que la presente causa, tiene origen ante la denuncia radicada en sede prevencional a fs. 02/03 por la Sra. M. S. D. L., de la cual surge que el día FECHA_5, siendo alrededor de las 03:40 hs. mientras se encontraba en su domicilio sitio DIRECCION.250, LUGAR_2, en compañía de una amiga se apersonó su expareja el Sr.
O. E. O.. El mismo ingresó al domicilio y comenzó a insultarla, por lo que la denunciante le pidió que se vaya, una vez fuera del inmueble el Sr. O. E. O. prendió fuego el asiento del automóvil de la denunciante, el cual fue apagado por ésta. Posteriormente refiere que, su expareja levantó el capot y sacó la manguera de la bomba de nafta con la intención de prender fuego el motor, a lo que Sra. M. S. D. L. lo empujó. Continuando, surge que, el Sr. O. E. O. ingresó nuevamente al domicilio y le manifestó (enfrente de la amiga de la denunciante) que quería tener relaciones sexuales, a lo que la Sra. M. S. D. L. se negó, sin embargo, éste la llevó por la fuerza para así arrojarla a la cama, circunstancia en la cual intervino su amiga.
Luego de ello el denunciado egresó del inmueble y procedió nuevamente prender fuego el asiento del vehículo. Refiere la Sra. M. S. D. L. que “… ya me había dado por vencida y le dije que vaya y se acueste y me dijo que cuando se vaya mi amiga, así que le dije a ella que se retire y que cualquier cosa le pedía después que me traiga a mi hijo, que justo se había ido a quedar a su casa, así que llamó a su hija y lo llevo al nene, cuando O. E. O. lo vio, se calmó y se largó a llorar, lo abrazaba y todo, después le dije que se acuesten juntos y yo me iba a costar en otra cama, así que estuvieron así hasta que mi hijo se durmió y después se pasó a mi cama”. Luego de ello, el denunciado la despertó con un golpe en la mejilla derecha y una “piña” en la frente, a lo que comenzaron un forcejeo siendo que la misma no quería tener relaciones sexuales, entonces el Sr.
O. E. O. le puso el brazo en el cuello, la mordió, la dio vuelta y la accedió analmente por la fuerza. Que ello también surge de lo informado por la Actuaria a fs. 42 el FECHA_6, toda vez que la Sra. M. S. D. L. concurrió personalmente y en forma espontánea a la sede judicial y manifestó que no pudo asistir a las audiencias programadas porque “la otra persona estaba ahí”, por lo que solicitó se fije nueva fecha, a la cual no concurrió. Asimismo, el personal policial en fecha **/**/2023 al momento de notificar la citación por parte del Juzgado de Instrucción, ante la ausencia de la numeración en el domicilio, se procedió a comunicarse por teléfono, siendo atendidos por la pareja (denunciado) de la víctima, quien de forma ofuscada y alterada manifestó que la Sra.
De M. S. D. L. no se encuentra y que no vuelvan a llamarla, negándose a brindar sus datos filiatorios y el paradero de la causante, conforme a fs. 38 vta. De lo narrado, si bien no podemos establecer fehacientemente que la denunciante se encuentra en un estado de vulnerabilidad, considero que existen sospechas fundadas en que la misma podría ser sujeto pasivo de amenazas por parte de su pareja, que le impida presentarse voluntaria y libremente a prestar declaración. Ahora bien, la forma de abordaje que corresponde realizar, impone una intervención del Estado diferente, a los fines de asegurar la integridad psicofísica de la presunta víctima, en virtud de lo establecido en el derecho constitucionalconvencional.
En primer lugar, se deberá dar intervención a la División Delitos Complejos Zona Norte, a los fines que realice las tareas investigativas de averiguación del paradero de la Sra. M. S. D. L. y constatar, materialmente, la permanencia de la misma en un determinado domicilio. Luego de ello, previo disponer la asistencia de un funcionario del Centro de Asistencia a la Víctima, en especial un profesional en psicología, se deberá ordenar allanamiento del domicilio, al que concurrirá personal policial y el CAV. a fin de rescatar en su caso, y trasladar a la denunciante al Juzgado, a los efectos de recepcionarle declaración testimonial de conformidad con los art. 231 y 147 del C.P.P. Teniendo en cuenta, además, que la víctima manifestó tener un hijo, entiendo que a la medida a realizar, deberá convocarse a personal de la Oficina de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, a los fines que acompañen a los niñxs que pudieran convivir con la víctima.
Una vez que la misma este en la sede del Juzgado, considero que debe cesar, al menos para este acto, la intervención del CAV, y realizarse con ella una entrevista previa con un perito/a psicólogo/a a los fines de informar si la misma se encuentra en un estado de vulnerabilidad grave y si se recomienda, a los fines de evitar su revictimización, la realización de una audiencia en cámara gesell. En este sentido, si bien el dispositivo de cámara gesell está regulado en la ordenanza procesal para supuestos de personas menores de edad, y ante determinados delitos, (Conf. Art. 234 bis y ter del CPP.), ello no implica que, cuando existen especiales razones en la persona que deba deponer, a los fines de resguardar su integridad física y moral, este dispositivo no pueda aplicarse.
Por el contrario, si bien el mismo establece una aplicación directa y obligatoria a personas menores de edad, nada impide que se amplíe dicha garantía a personas adultas que puedan estar atravesando un estado de extremada vulnerabilidad. (Conf. Art. 72 del CPP.) Además y una vez finalizado el acto, deberá arbitrarse los mecanismos para asegurar a la víctima, tanto en lo que respecta a su seguridad psicofísica, como el lugar en donde la misma deba permanecer, sea brindando intervención a las Instituciones Provinciales y/o Municipales encargadas de esta problemática, o bien, disponiendo de las medidas cautelares que el Sr. Juez de Instrucción estime pertinentes. Este mecanismo no es novedoso, en el régimen penal que reprime la trata de personas, (Ley 26.364, modificada por la ley 26.482 y su reglamentación) se establece un dispositivo de intervención como el dispuesto en el presente auto.
La dogmática, sobre el particular, ha expresado que: “…Cuando se cuente con los recursos necesarios, las víctimas serán recibidas en una Sala Gesell, disponiéndose la grabación de la entrevista en soporte audiovisual, cuando ello pueda evitar que se repita su celebración en sucesivas instancias judiciales. Se deberá notificar al imputado y a su defensa de la realización de dicho acto. En aquellos procesos en los que aún no exista un imputado identificado los actos serán desarrollados con control judicial, previa notificación al Defensor Público Oficial. Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente.
En ese caso, previo a la iniciación del acto, el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista el interrogatorio propuesto por las partes, así como las inquietudes a que surgieren durante el transcurso de la misma, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima… El objetivo central que subyace a esta incorporación es protegerlos y sortear situaciones que puedan dar lugar a su revictimización… se deberá llevar a cabo en lugares especialmente acondicionados para tal fin, garantizando a las víctimas de trata la asistencia psicológica durante ese trascendental acto que implica, nada más y nada menos, enfrentarse con el mundo judicial… en caso de llevarse a cabo la declaración en Cámara Gesell, las partes pueden seguirla desde el exterior del recinto a través de un vidrio espejado, y si durante el curso de dicho testimonio surgen inquietudes de las partes éstas podrán ser transmitidas y canalizadas al especialista, teniendo en cuenta la especial situación emocional de la víctima.” (Conforme, TRATA DE PERSONAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS, de Diego Sebastián Luciani, Rubinzal Culzoni Editores, año 2015, págs. 266,267 y 268).
En la sustanciación de todas las medidas detalladas, deberá primar la razonabilidad y gradualidad en su aplicación, pues el dispositivo dispuesto, va de suyo, lo es para situaciones graves, como podría ser la de autos. Finalmente, una vez sustanciadas las medias dispuestas y conforme la información que las mismas aporten y su resultado, posibilitará que el Sr. Juez de Instrucción decida sobre el trámite procesal del presente sumario." III.B.-Las presentes actuaciones tienen su génesis en la denuncia radicada por G., progenitora de X.C. a fs.1, quien relata que su hija la llamó diciéndole que su pareja N.C. le estaba pegando y la sacó de la casa a empujones; que luego de tres días de permanecer junto a ella, Y. volvió a la casa con el denunciado.
En la misma exposición la Señora Z. hace referencia al temor que siente Y., evitando denunciar a N,C, para que no le saquen a su hija, quien estuvo bajo el resguardo de la deponente, tras haber sido derivada a Buenos Aires por un golpe fuerte en su cabeza, sin que ninguno de los progenitores pudiera determinar la causa. A fs. 2 obra certificado médico donde se constatan las lesiones en el cuerpo de X.C. A fs. 16/19 glosa agregada declaración de la damnificada ante la Oficina de Violencia Doméstica, en la cual relata la agresión sufrida, pero expresa su deseo de no instar la acción. En la misma deposición refiere que tenía a su beba en brazos mientras el denunciado la golpeaba y que tuvo que soltarla porque él la estaba apretando y la niña lloraba y gritaba; que se la quitó y se encerró en el baño.
Expresa textualmente: “Ese día fue la primera vez que me la sacó de los brazos y le dejo la marca a la bebe, del apretón en las costillas cuando me la saco de los brazos”; que no tiene temor por ella, sino por su hija; que le pase algo a la niña o que el denunciado se la quite. A fs. 20/22 se agrega informe de situación de riesgo categorizado dentro de nivel alto, mencionando entre otras circunstancias comportamiento impulsivo, manipulador, escaso fresno inhibitorios, posibles alucinaciones persecutorias originadas por el consumo de sustancias toxicas por parte de C., quien habría sido denunciado anteriormente por otra dicente. En contraposición Y.C. evidencia indicadores de baja autoestima, vulnerabilidad, fragilidad y angustia, sobre todo en los momentos en los cuales narra sobre las amenazas proferidas por el denunciado acerca de sacarle a su hija; que también se observaron indicadores de minimización y naturalización de la violencia y escasas herramientas psicoemocionales.
Todo ello demuestra un estado de vulnerabilidad que impide que su decisión de no instar la acción penal, pueda ser prestada libremente. Sobre esta base de información, corresponde continuar con la presente instrucción de oficio, conforme lo normado en el art. 72 del C.P."
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que los argumentos brindados por el Sr. Fiscal de Cámara, los que se comparten, ponen en evidencia la existencia de razones de interés público (conf. art. 72 del C.P.), para continuar con la acción penal de oficio, rechazase el planteo de falta de instancia de la acción penal.
Sin perjuicio de ello, se recomienda para futuros casos como el de marras, tanto al A quo, como al Sr. Fiscal de Primera Instancia, que realicen el análisis bajo los parámetros expresados supra.
III.B.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Así conforme surge de la declaración de la víctima Sra. G. E. P. refiere que su pareja V. C. S., con quien convive hace aproximadamente cuatro (4) años, con quien posee una hija en común de dos (2) años de edad el día viernes **/** se encontraban en el comedor de su casa en el domicilio sito en DIRECCION_1, estaban viendo tele y compartiendo bebidas alcohólicas comienza una discusión tornándose violento agarrándola de la ropa y de un sacudón la tira al piso y como tenía a su hija en brazos, ella sale corriendo hacia la pieza de su hermana y el Sr. V. C. S. comienza a propinarle cachetadas , piñas y patadas en todas partes del cuerpo, propinándole una piña en el rostro golpeando la nariz que comenzó a sangrar.
Que los hechos atribuidos se encuentran acreditados en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal con el cúmulo probatorio recabado en autos , siendo que el imputado fue aprehendido en el interior de la vivienda por personal policial conforme surge de acta de fs. 4, que acude ante el llamado de auxilio de la víctima a su amiga Sra. A. R. quien solicita la intervención policial. Al arribar personal policial y proceder a la aprehensión de agresor , la víctima es escoltada al hospital de Las Heras a efectos de recibir asistencia médica, expidiéndose certificado médico suscripto por medico Castro Subire Sebastián y obrante a fs. 8 la Sra. G. E. P. presenta" hematomas en ambos miembros inferiores, hematoma en arco superciliar de ambas órbitas, restos de sangres seca en fosas nasales, escoriaciones en ambas manos, hematoma en quinto dedo. Se indica analgésicos, paciente muy adolorida".
Surge del acta de inspección ocular agregada a fs. 9/10 realizada en el domicilio de la Sra. G. E. P., en la que se observa "...un ambiente destinado a cocina comedor living con elementos propios del ambiente detallando daños sobre una de las sillas". la existencia de "manchas rojizas por goteo sobre el suelo , como sobre mesada del ambiente un grupo de manchas rojizas por contacto". De la declaración testimonial de la Amiga de la Sra. G. E. P., Sra. A. R. a fs. 18 ratificada en sede judicial a fs. 33, relata el llamado telefónico que recibe por parte de la Sra. G. E. P. solicitando auxilio, por haber sido golpeada por su pareja Sr. V. C. S.. Que en estas circunstancias es que la Sra. A. R. pide la intervención policial, quien se hace presente en el domicilio de la Sra. G. E. P.. Que conforme surge de Certificado Médico de fs. 5 suscripto por el Sr. Castro Subire Sebastián refiere que al momento de su aprehensión el imputado Sr. V. C. S. no presentaba lesiones activas.
Por último conforme surge del informe de novedad confeccionado por personal policial obrante a fs. 3, del mismo se indica que encontrándose de patrullaje, una femenino solicita presencia policial en DIRECCION solar 01 donde reside su amiga G. E. P., por problemas de pareja. Que personal policial observa al arribar al lugar, a la Sra. G. E. P. con manchas rojizas en su rostro, sollozando, manifestando que su pareja V. C. S. la agredió físicamente en frente de sus dos hijas menores, y solicitando que V. C. S. no siga en el domicilio, solicitando el ingreso a la vivienda, observando múltiples manchas rojizas ,y al imputado sentado tomando un vaso aparentemente bebidas alcohólicas, solicitando el personal policial que egrese del domicilio, accediendo y donde se procedió a realizar la Aprehensión evacuándoselo al hospital distrital.
Que la intervención policial a escasos minutos después de sucederse los hechos, permite acreditar no solo la presencia del imputado en el domicilio, sino el estado de crisis emocional en la que se encontraba la víctima, como así las lesiones visibles que presentaba en el rostro con herida sangrante.
Todos los elementos reunidos en autos, permiten tener por acreditado en el grado de probabilidad requerido los hechos en cabeza del imputado V. C. S.. En otro aspecto se agravia la defensa indicando la defectuosa Fundamentación Para el Dictado de la Prisión Preventiva, expresando que se funda en formulas generales sin identificar conductas objetivas, actuales y verificables que permitan sostener peligro de fugo o de entorpecimiento. No se evaluó el arraigo, domicilio, vínculos familiares conducta posterior, ausencia o existencia de antecedentes, posibilidades reales de sustraerse.-
Con relación a la prisión preventiva, entiendo oportuno recordar que, como corolario del principio de inocencia, se encuentra el derecho del imputado a transitar el proceso en libertad (art. 18 C.N., art. 24 de la Constitución Provincial, art. 7 de la C.A.D.H.).
Este derecho puede verse restringido en los supuestos en que la libertad del imputado pueda tornar ilusorios los fines del proceso penal, en cuyo caso la ley autoriza a disponer la detención cautelar del imputado para neutralizar peligros procesales que conspiran contra dichos fines, como son el peligro de fuga y el de entorpecimiento de la investigación.
Para ello la ley de forma fija algunas pautas a tener en cuenta a los fines de realizar la evaluación respecto de la existencia de riesgos procesales (art. 302 C.P.P.). La evaluación de los factores de ponderación debe ser integral y conjunta, sopesando las circunstancias que establece la ley procesal. La pena es expectativa para el delito endilgado no puede servir de único fundamento para denegar la excarcelación, pero sí debe ser un factor más a tener en cuenta.
Así, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 1 S/ INVESTIGACIÓN” Expte. Nro. 31256/22, N° de Recursos 6754/22, sostuve que: "...Sobre el agravio referido a la detención cautelar, cabe expresar lo siguiente. Las preguntas que subyacen cuando se trata de analizar la detención cautelar o la prisión preventiva, son siempre las mismas, la primera ¿existe riesgo procesal, es decir peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación? y la segunda ¿existe una medida menos gravosa que la restricción de la libertad ambulatoria para asegurar los fines del proceso penal? y en cada caso y de acuerdo a las circunstancias del mismo, se realiza esa valoración. Respecto de la prisión preventiva y su procedencia, el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia se ha expresado en forma pormenorizada, señalando que la misma es una medida cautelar y que en cada caso debe valorarse la existencia de riesgo procesal, es decir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la Investigación.
(Conf. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SENTENCIA Nº:011 RECURSO DE CASACIÓN FECHA: 30/03/2012 AUTOS:"OÑATE VICTOR MANUEL Y OTROS S/LESIONES (INCIDENTE COPIAS)" Expte. Nº 3115/10 del Juzgado de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial (Nº:O-705/11/TSJ).- Cabe señalar que cuando se realiza una estimación de riesgo procesal, sea que se refiera al peligro de fuga, o al entorpecimiento de la investigación, se emite un juicio de probabilidad con los elementos agregados en la causa. En este sentido se ha sostenido que: "...Esta característica se verifica ineludiblemente en una de las cuestiones aquí tratadas: ésta es el riesgo procesal, ya que el mismo no es más que el reconocimiento sobre la probabilidad del acaecimiento de hechos futuros, sobre los cuales naturalmente no puede haber certeza derivada de un conocimiento directo.
Se advierte, entonces, que el CPPN. se refiere a dos tipos de presunciones diferentes sobre la fuga del imputado o el entorpecimiento de las investigaciones, cuya configuración importa el reconocimiento de riesgo procesal, que en definitiva legitima la medida cautelar." (Conforme "LA EXCARCELACION. UNA PROPUESTA RACIONAL PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS NORMAS, POR EZEQUIEL PADILLA, publicado en la obra SUMA PROCESAL PENAL, DOCTRINA, LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA Dirigido por el Dr. Pedro J. Bertolino, tomo II, pág. 1611, editorial AbeledoPerrot) Además, débese señalar que cuando se refiere al riesgo de entorpecimiento de la investigación, este significante ("investigación") no es un término que se circunscribe solo a la etapa instructoria.
El proceso penal de la Provincia, al igual que el Código Procesal Penal de la Nación, regula el enjuiciamiento de una persona para atribuirle responsabilidad jurídico penal en dos etapas, pero el Estado que es quien juzga a través de una de sus poderes-funciones, la jurisdiccional, es uno solo, y el proceso es uno solo. No solo se produce prueba en la etapa instructoria, en el debate oral se materializa la prueba que se fue recolectando para iniciar el juicio oral y público que es el requisito que impone la Constitución de la Provincia de Santa Cruz en su artículo 19 para asignar responsabilidad jurídico-penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo ha entendido, cuando ha establecido las pautas de hecho y jurídicas para evaluar la continuidad y prórroga de la prisión preventiva, una vez fenecido el plazo normado en la ley 24.390.
Ha considerado en especial el hecho que se hubiere realizado o no el debate, y hubiera sentencia condenatoria no firme. Sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Acosta", en el considerando 24, como supuesto a analizar para su procedencia que: “…Como cuestiones de hecho hallamos: e.- El grado de avance de la causa, o sea, si está próximo al juicio oral o si éste tiene fecha fijada y, por supuesto, si ha mediado sentencia condenatoria no firme.” (A. J. E. y otro s. Recurso de casación Fecha: 08/05/2012 Juzgado: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fuente: Rubinzal Online Cita: RC J 2986/12). Queda claro entonces que "el peligro de entorpecimiento de la investigación", se proyecta sobre todo el proceso penal y no solo se limita a una de sus etapas." Y en los autos caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: "A.
S. E.
S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO”
Expte. N° 35.036/22I, N° de Recursos 6769/22, procedentes del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, sostuve que: "Si bien es cierto que la escala penal cuando no da lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional no puede operar en forma automática y como factor determinante para la denegación de la excarcelación o medida cautelar restrictiva de la libertad, tampoco puede operar de la misma manera, cuando las escalas penales podrían dar lugar a una condena de este tipo, pues lo cierto es que los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP. permiten restringir la libertad cuando se verifiquen los supuestos de riesgo procesal."
Sobre esta pauta de hermenéutica, en el caso que nos ocupa corresponde analizar si existen esos peligros procesales que puedan tornar ilusorios los fines del proceso, entendiendo que, conforme las constancias obrantes en autos, encontrándose el proceso en un estado avanzado, considero que los riesgos procesales pueden ser mitigados por medios menos gravosos como la restricción de la libertad.
Como señalé, la finalidad de las medidas cautelares, se centran en la neutralización de los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. El primero debe descartarse, pues el imputado tiene arraigo suficiente, como así el segundo pues el mismo no tiene antecedentes penales.
Creo que el imputado, si es liberado podrá cumplir con las normas y reglas, pero debiendo tener en cuenta que en caso de incumplimiento, implicará su detención cautelar ante el fracaso de las medidas que dispondré a continuación, debiendo el A quo controlar estrictamente su cumplimiento por parte del imputado.
Como primer medida se dispondrá la implementación a través del Juzgado de Instrucción de Las Heras y de la autoridad administrativa-policial correspondiente, un dispositivo dual hasta el momento que el expediente sea radicado en la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, que será, oportunamente, el órgano jurisdiccional con competencia para controlar la continuidad de la misma.
Que ante la imposibilidad de proveer el dispositivo ordenado, se procederá a la inmediata libertad del imputado V. C. S., disponiéndose custodia policial personal sobre el mismo hasta que se cuente con dispositivos nombrados en párrafo precedente.
En caso de no contar con personal policial para esa tarea se ordenará a través de comisaria operativos con los móviles a su disposición los que deberán custodiar el domicilio de la víctima, para garantizar su integridad, y disponer la inmediata libertad del imputado; labrándose el acta con las demás medidas ordenadas oportunamente.- En segundo lugar se prohíbe cualquier tipo de contacto o acercamiento, y/o comunicación, de la naturaleza y/o modalidad que fuere con la víctima de autos Sra. G. E. P., y por el término que el Sr. Juez de instrucción considere oportuno bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento podrá revocarse a través del Juzgado de Instrucción competente la libertad otorgada y ordenar su inmediata detención.
Concurrir los días lunes y viernes en horario de 7:00 a 13:00 hs. a la Sede del Juzgado de instrucción de la ciudad de Las Heras bajo apercibimiento de revocar a través del Juzgado de Instrucción competente la libertad otorgada y ordenar su inmediata detención.
Solicitar autorización al Juzgado de Instrucción, cuando deba ausentarse de la Provincia de Santa Cruz, bajo apercibimiento de revocar a través del Juzgado de Instrucción competente la libertad otorgada y ordenar su inmediata detención.
Deberá, en el acta de rigor al momento de hacer efectiva la excarcelación, transcribirle, además de las reglas explicitadas y las de estilo, las ordenadas por el suscripto en el presente.
Debe tenerse presente que, y tal como se señalara supra, si bien la calificación de las conductas en concurso material en este caso, podrían dar lugar a una condena de ejecución condicional, los arts. 295 inciso 2º y 302 del CPP., permiten aun en estos supuestos, ordenar la detención cautelar, cuando no se puedan neutralizar los riesgos procesales.
Hacer saber al Sr. Juez de Instrucción que la violación a cualquiera de las reglas de conductas impuestas implicará la revocación de la libertad otorgada y la inmediata detención del imputado hasta la sustanciación del juicio oral y público.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR parcialmente el procesamiento del Sr. V. C. S., como autor “prima facie” responsable del delito de LESIONES LEVES DOBLEMENTE CALIFICADAS POR HABER SIDO COMETIDAS A LA PERSONA CON LA QUE MANTIENE O HA MANTENIDO UNA RELACIÓN DE PAREJA Y HABER MEDIADO VIOLENCIA DE GÉNERO, (Art.89 y 92 en función del Art. 80 inc.1 y 11, 45 y 55 del Cod. Penal), REVOCANDO LA PRISIÓN PREVENTIVA dispuesta, y disponiendo su INMEDIATA LIBERTAD bajo caución juratoria, sujeta a las siguientes reglas de conductas, las que deberán ser transcriptas en el acta de estilo: 1°) la implementación a través del Juzgado de Instrucción de Las Heras y de la autoridad administrativapolicial correspondiente de un dispositivo dual hasta el momento que el expediente sea radicado en la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, que será, oportunamente, el órgano jurisdiccional con competencia para controlar la continuidad de la misma y ante la imposibilidad de proveer el dispositivo ordenado, se procederá a la inmediata libertad del imputado V. C. S., disponiéndose custodia policial personal sobre el mismo hasta que se cuente con dispositivos de monitoreo dual. En caso de no contar con personal policial para esa tarea se ordenará a través de dependencias policiales operativos con los móviles a su disposición los que deberán custodiar el domicilio de la víctima, para garantizar su integridad, todo bajo apercibimiento de revocar a través del Juzgado de Instrucción competente la libertad otorgada y ordenar su inmediata detención.
2. Prohibir cualquier tipo de contacto o acercamiento, y/o comunicación, de la naturaleza y/o modalidad que fuere, por el plazo que el Sr. Juez considere oportuno, bajo apercibimiento de revocar a través del Juzgado de Instrucción competente la libertad otorgada y ordenar su inmediata detención.
3. Concurrir los días lunes y viernes en horario de 7:00 a 13:00 hs. a la Sede del Juzgado de Paz de la ciudad de Los Antiguos quien deberá elevar las actuaciones de concurrencia del mismo al Juzgado de Instrucción de Las Heras, bajo apercibimiento de revocar a través del Juzgado de Instrucción competente la libertad otorgada y ordenar su inmediata detención.
4. Solicitar autorización al Juzgado de Instrucción de Las Heras, cuando deba ausentarse de la Provincia de Santa Cruz, bajo apercibimiento de revocar a través del Juzgado de Instrucción competente la libertad otorgada y ordenar su inmediata detención.
II.-Regístrese, notifíquese, comuníquese por sistema SNE a las partes, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria procesamiento automatico: requiere revision humana, no constituye firma ni certificacion.
Fin de la sentencia