Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.202 FOLIO Nº 051/053 PROT. ELECT. JR101 349I.261
Río Gallegos, 25 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada: "Y.V. S/LESIONES LEVES Y DAÑO", Expte. Nº 17.764/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.297/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 05/12vta., del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de Puerto San Julián, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de V.H.Y., en orden al delito de “lesiones leves agravadas, daño y daño calificado, en concurso real" (arts. 89 y 92 en función del 80 inc. 11º, 183, 184 inc. 5º y 55 del CP) y en el punto 2) ordenó el embargo sobre el dinero o los bienes del procesado por la suma de trescientos mil ($300.000) pesos.
Que a fs. 15/17 del presente incidente, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 21 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que la defensa se agravia de la prisión preventiva, argumentando que el imputado posee un domicilio fijo, empleo estable y responsabilidades familiares que mitigan cualquier riesgo de fuga. Para sostener esta postura, cita diversa jurisprudencia y principios constitucionales que establecen la privación de la libertad como una medida excepcional frente a la presunción de inocencia. Propone alternativas menos severas, como el uso de dispositivos de geolocalización o comparecencias periódicas ante la autoridad judicial. Finalmente, la solicitud busca que se revoque la detención actual y se permita al imputado continuar el proceso judicial en libertad controlada.
Plantea la falta de consideración de la situación particular y el arraigo del imputado, ya que su asistido Y. cuenta con un domicilio fijo y permanente en la localidad de Puerto San Julián (acreditado en el acta de la audiencia indagatoria). Asimismo alega que trabaja como changarín y es el sostén de su grupo familiar, teniendo a su cargo a dos hijos menores de edad (de 6 años). La defensa argumenta que la detención causará un grave perjuicio a los menores al privarlos del único ingreso familiar. Destaca que el imputado ya ha cumplido con la totalidad de la pena que le había sido impuesta oportunamente en otra causa, demostrando su sujeción a las decisiones de la justicia.
Por otra parte, apoyándose en doctrina y jurisprudencia (como fallos de la CIDH y del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz), la defensa sostiene que la prisión preventiva debe ser una medida de carácter excepcional y de interpretación restrictiva. Argumenta que la detención no puede fundamentarse de manera automática en la escala penal del delito (pena en expectativa), sino que debe justificarse únicamente ante un riesgo real y concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación, elementos que no se configuran en este caso.
En definitiva, la defensa afirma que los fines del proceso pueden garantizarse plenamente utilizando medidas sustitutivas en lugar de la privación de la libertad. Propone revocar la prisión preventiva y reemplazarla por alternativas como el uso de un dispositivo de geolocalización, la obligación de presentarse en la comisaría un día determinado de la semana o una caución y la imposición de reglas de conducta que el magistrado considere pertinentes. Ahora bien, analizando los argumentos de la defensa, entendemos que la pretensión de revocar la prisión preventiva del imputado debe ser rechazada.
Cabe recordar que, en esta instancia, no se requiere certeza sobre los hechos y la autoría, sino que: “… basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I; 08/06/2010; A.R.M.A. y otro; Cita: TR LALEY 70061334).
Observamos que el Magistrado aportó argumentos suficientes por los que entiende que, valorando las condiciones personales del imputado en orden a su arraigo y sujeción al proceso, apreciadas en conjunto con el informe del Registro Nacional de Reincidencias de fs. 48/69, del que se verifica que registra antecedentes condenatorios, permiten concluir que persiste el riesgo procesal de fuga, ya que al no estar frente a una “primera condena”, la pena que eventualmente se imponga en las presentes actuaciones será de cumplimiento efectivo. Con lo cual, concordamos con el a quo en que no resulta razonablemente neutralizable mediante una medida menos gravosa.
Es por ello que rechazaremos por improcedente el argumento defensivo que pretende utilizar el cumplimiento de una condena anterior como un factor de sujeción al proceso. Por el contrario, dicho antecedente penal impacta directamente en la escala sancionatoria y en la modalidad de ejecución de una eventual pena.
Al no tratarse de una "primera condena", cualquier sentencia condenatoria que recaiga sobre V.H.Y. será indefectiblemente de cumplimiento efectivo (art. 26 del Código Penal). Esta circunstancia es la que activa el riesgo procesal de fuga.
Como lo hemos venido señalando en esta Alzada en los precedentes de Apelaciones JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24, se debe computar el "aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia". La inminencia de un retorno a la prisión efectiva opera como un estímulo concreto para la sustracción de la justicia, invalidando la falacia argumentativa de la defensa sobre la "conducta reglamentaria" pasada como garantía de sujeción futura.
Asimismo, teniendo en cuenta los hechos reprochados que habrían sido cometidos con violencia de género, corresponde aplicar el estándar de Debida Diligencia Reforzada, conforme los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino. La perspectiva de género, obligatoria por la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485, nos obliga a visibilizar que la proximidad incrementa el riesgo de entorpecimiento. La posibilidad de amedrentamiento o presiones hacia la víctima para condicionar su testimonio es un riesgo latente y objetivo.
Al respecto, las 100 Reglas de Brasilia (Acordada TSJ Tomo CXLVI, Reg. 141) imponen garantizar que el testimonio de la víctima —prueba fundamental en estos delitos— se mantenga indemne. Es de destacar lo resuelto por la CIDH en el sentido que: “…los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en caso de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al art. 7.c) de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en que el Estado no intervenía. …” (CorteIDH. López Soto. Sentencia de Septiembre de 2018).
Del mismo modo he de poner de resalto que: “… No haber detenido al agresor representa una violación del estado de proceder con la debida diligencia para proteger a la víctima / los derechos del autor del delito no pueden dejar sin efecto los derechos humanos a la vida y a la integridad física y mental de la mujer…” (cedaw 5/2005 y /2203). Cabe agregar que con relación a la pretendida la estabilidad laboral invocada a través de la figura de "changarín", concordamos con el a quo en que tratándose de un peón rural, manteniendo trabajo por día (confr. fs. 39) y que el encartado no tendría bienes, lo alegado por la defensa luce huérfano de respaldo documental que permita tener por acreditado un arraigo serio y verificable, resultando una tesis meramente dogmática frente a la informalidad e inestabilidad que dicha actividad conlleva.
Que respecto a la situación de los hijos menores, debe ponderarse el Interés Superior del Niño (Ley 26.061) con una visión integral. La detención del progenitor no vulnera este interés, en razón que pese a lo argumentado por la defensa, conforme lo valorado por el a quo a fs. 75vta. de los autos principales, el incuso no tendría familia a cargo.
Es por todo lo analizado que las medidas alternativas propuestas, tales como la geolocalización o comparecencias, resultan insuficientes para neutralizar los riesgos verificados. El comportamiento del imputado -que habría agredido a la pretensa víctima por celos, ocasionándole las lesiones leves certificadas y provocando los daños constatados en la inspección ocular, sumado a la violencia desplegada en su lugar de detención, provocando el daño calificado certificado en su lugar de alojamiento-, demostraría un claro "desapego a la ley". La tutela efectiva de la víctima exige que el Estado garantice su seguridad. Una medida menos gravosa que el encierro cautelar no podría neutralizar la potencialidad de que el imputado, en libertad, utilice su proximidad para amedrentar a la damnificada, afectando la búsqueda de la verdad real. Por tanto, la prisión preventiva se erige como la única medida idónea, proporcional y necesaria, motivo por el cual confirmaremos el encarcelamiento cautelar de V.H.Y., por resultar ajustado a derecho. II) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 05/12vta., del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia