Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn mérito de lo expuesto, se rechazan los agravios articulados por la defensa referidos a la insuficiencia probatoria por falta de peritaje informático y la individualización de las conductas, confirmándose el auto de procesamiento recurrido en lo que ha sido materia de recurso.-
VII. CALIFICACION LEGAL: consideró subsidiariamente que se debe modificar la calificación legal, por la figura prevista en el art. 172 del C.P., en grado de tentativa, pues el hecho debió encuadrarse en el tipo penal de estafa (art. 172 C.P.), y no en el de extorsión (art. 169 del C.P.).-
Citó doctrina y jurisprudencia avalando su postura.-
En cuanto a este agravio, corresponde señalar que ya fue analizada y examinada utsupra en el presente trámite, por lo que corresponder rechazar el planteo.-
VIII. Del embargo: aquí, consideró excesivo, desproporcionado e irrazonable el monto dispuesto, entendiendo que correspondería su reducción de modo de asegurar los gastos derivados de costas procesales y honorarios.-
Pues bien, advirtiéndose de oficio que la medida cautelar de embargo no se encuentra motivada en la resolución en análisis, corresponde revocar el punto 2do. de la parte resolutiva del auto interlocutorio de fs. 1022/1043 y vta., debiendo la Instrucción abordar adecuadamente la misma de conformidad con lo dispuesto en los arts. 499 y 116 del CPP.-
IX. Observación: Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, se recomienda al Juzgado instructor a dar estricto cumplimiento a las …
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.123 FOLIO Nº 190/194 PROT. ELECT. JR101 270I.261
Río Gallegos, 08 de julio de 2026.-
La presente causa caratulada: “V.M.C. S/ DENUNCIA”, Expte. Nº 82.301/21 - Apelación/Causa JR Nº 10.223/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 1022/1043 y vta., obra glosado el auto dictado por la otrora Sra. Jueza Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, Dra. M.Q., quien ordenó en el punto 1) el procesamiento sin prisión preventiva de V.H.G. y L.G.N., en orden a los delitos de “EXTORSION POR CHANTAJE (CUATRO HECHOS), EXTORSION POR CHANTAJE EN GRADO DE TENTATIVA (DOS HECHOS) Y ASOCIACION ILICITA, TODO ELLO EN CONCURSO REAL (arts. 42, 55, 169 y 210 del Código Penal) y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes de los nombrados como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP, hasta cubrir la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000).- Que a fs. 1046/1050, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 1071 sostuvo el recurso (cód. validación 8cdf42f6) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. La defensa indicó que el decisorio le causa a su defendido un gravamen irreparable, entendiendo que los elementos probatorios colectados resultarían insuficientes, contradictorios y, en cierto modo, viciados de nulidad, tratándose de un prejuzgamiento arbitrario y sin fundamento.-
Se agravió diciendo que la resolución impugnada no satisface el deber de motivación exigido por la normativa constitucional y procesal; que se limita a reproducir extensamente denuncias, declaraciones e informes técnicos, sin efectuar una valoración crítica, razonada e individualizada respecto de la intervención concreta atribuida a cada uno de sus defendidos.-
Agregó, que no se precisa en qué hechos concretos habría intervenido G., en cuáles N., ni mediante qué actos materiales habría contribuido cada uno; vulnerándose el principio de responsabilidad penal personal y el derecho de defensa.-
Pues bien, previo a todo, resulta imperioso aclarar que el pedido de nulidad articulado por la apelante, no encuentra fundamento en ningún pasaje de su presentación, consecuentemente, tratándose de una sanción de extrema gravedad, dicho planteo no será tratado por resultar infundado.-
Hecha la salvedad, entendemos, yerra la presentante al señalar en su redundante presentación que los elementos reunidos resultan insuficientes para el dictado del procesamiento, y que por ello deba considerárselo arbitrario.-
En este mismo sentido, tiene dicho la CSJN que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequivocadamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación..." (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).-
En efecto, una resolución es arbitraria cuando carece de motivación. Lo arbitrario se opone a lo razonable, esto es: “…ser justo, moderado, prudente: todo aquello que puede ser resumido en arreglo a lo que dicte el sentido común… ” (Nicolás Jorge Negri -Doctor en Ciencias Jurídicas-; “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”; Universidad Nacional de La Plata -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, pág. 132).-
En tal sentido, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “... La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…” (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378) (Criterio adoptado por esta Alzada en varias ocasiones, Apelación Nº 10116/26).-
Al respecto, corresponde precisar que la parte recurrente confunde el umbral probatorio exigible para esta etapa de la instrucción con la certeza apodíctica que únicamente se requiere para el dictado de una sentencia condenatoria al finalizar la etapa del debate oral.-
Esta instancia revisora sostiene en forma pacífica y constante que el auto de procesamiento no es una resolución definitiva ni causa estado, sino un juicio provisional de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación del imputado.-
Al decir de la doctrina mayoritaria: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio” (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985, pág. 612).-
Por consiguiente, en esta liminar y embrionaria fase de la pesquisa, basta con la confirmación inicial del estado de sospecha y la prevalencia de elementos de cargo por sobre los de descargo.-
Como lo ha señalado la jurisprudencia nacional: “ ...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...” (CNCrimyCorrec Federal, Sala I, 08/06/2010, “A.R.”).-
En consecuencia, la exigencia de certezas absolutas por parte de la apelante en este estadio de la instrucción deviene notoriamente improcedente, por cuanto los indicios acumulados superan holgadamente la valla del artículo 289 del digesto procesal.-
II. AUSENCIA DE ACREDITACION DEL ELEMENTO SUBJETIVO: manifestó que no se encuentra mínimamente acreditado el dolo exigido por los tipos penales aplicados.- Postuló acerca de una valoración parcial del material probatorio, incompatible con las reglas de la sana crítica racional; que no se ha producido prueba suficiente para sostener un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal.-
Argumentó que el A Quo tuvo por acreditado prima facie el delito de extorsión por chantaje, cuando de las constancias de autos no se encuentra debidamente comprobado ninguno de los elementos típicos esenciales de dicha figura.-
III. ERRONEA CALIFICACION LEGAL DEL DELITO DE EXTORSION POR CHANTAJE: adujo que no se encuentran reunidos los extremos típicos exigidos por el art. 169 del Código Penal -extorsión por chantaje-.-
Destacó que de la prueba incorporada no surge acreditada la existencia de una amenaza concreta, seria e idónea consistente en la revelación de un secreto o hecho de carácter privado; la resolución apelada se apoya en expresiones genéricas y ambiguas, carentes de precisión respecto del contenido, alcance y carácter reservado de la supuesta información cuya divulgación se habría anunciado.- La amenaza, como elemento central del chantaje, debe poseer idoneidad objetiva para doblegar la voluntad de la víctima, circunstancia que no ha sido demostrada en la resolución de autos.-
Hizo alusión que las manifestaciones atribuidas a sus asistidos no exhiben la entidad necesaria para generar un temor serio, actual y concreto, ni se acredita que la eventual divulgación de la información mencionada -en términos vagos e indeterminados- pudiera ocasionar un perjuicio real y grave al damnificado.- Señaló que la resolución apelada incurre en una interpretación extensiva del concepto de amenaza, incompatible con los principios de legalidad y taxatividad que rigen en materia penal.-
Sostuvo que la resolución presume la existencia de extorsión a partir de transferencias de dinero aparentemente realizadas a través de mercado pago, sin analizar de manera suficiente el contexto relacional previo entre partes ni ponderar las manifestaciones efectuadas.-
(art. 210 CP): vaticinó que la resolución recurrida en cuanto tiene por configurado el delito de asociación ilícita, cuando no se encuentra acreditado -ni siquiera de modo indiciario- el requisito básico e indispensable del tipo penal: la intervención de tres o más personas.-
La figura de asociación ilícita en la resolución en crisis, queda construida sobre una base meramente especulativa, vulnerando el principio de legalidad y el estándar probatorio mínimo exigible incluso en esta etapa procesal.-
V. ERRONEA APLICACION DEL CONCURSO REAL: catalogó que los hechos imputados se presentan como una secuencia de actos homogéneos, vinculados temporal, instrumental y finalísticamente orientados -según la hipótesis acusatoria a un mismo objetivo; no advirtiéndose la presencia de hechos independientes, autónomos e escindibles entre sí, requisito indispensable para la configuración del concurso real.- Criticó que se imputan dieciséis hechos en concurso real sin efectuar análisis jurídico alguno sobre la autonomía típica de cada uno.-
En relación a estos puntos -II, III, IV y V-, este tribunal de alzada sostiene de manera pacífica e invariable que, por regla general, las cuestiones relativas a la calificación legal de los hechos no son pasibles de revisión en esta instancia procesal.- Ello encuentra fundamento en su carácter esencialmente provisorio y mutable a lo largo del proceso, lo que impide que el encuadre adoptado por el magistrado de grado cause un gravamen irreparable o cause estado (Criterio seguido en Apelación N° 10090/26, entre otras).-
Muestra ineludible de esta mutabilidad fue el reciente fallo del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (en autos “V.J.A. S/ Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, de fecha 14/05/2026), donde, por vía del recurso de casación, el Máximo Tribunal provincial readecuó la calificación legal fijada en las instancias anteriores y modificó consecuentemente el monto de la pena, demostrando que la subsunción penal definitiva es materia reservada a etapas ulteriores del proceso (Mismo criterio que en la Apelación N° 10129/26, entre otras); por lo que lo planteado no tendrá asidero.-
VI. PRUEBA-CADENA DE CUSTODIA: expuso que pese a la gravedad de las supuestas amenazas, no se dispuso en ningún momento alguna medida de custodia o protección personal, restricciones personales, botón antipánico, etc..- Que las capturas de pantalla y mensajes son valorados sin pericia informática que acredite su autenticidad, integridad, ni autoría.-
Insistió que no existe ninguna pericia concluyente, ni atribución individualizada de conductas, resultando insuficiente para dictar procesamiento.-
En cuanto a este punto, se observa que la estrategia de la defensa se basa en desgranar la prueba y analizarla de forma individual, tratando de desacreditar el valor convictivo de cada elemento por separado (Criterio adoptado en las Apelaciones Nos. 10.045/26, 10.206/26; entre otras).-
Frente a esta postura de atomización probatoria, el artículo 199 del código de rito establece que las pruebas obtenidas durante el proceso serán valoradas con arreglo a la sana crítica racional, lo que impone a la Magistrada actuante el deber de realizar un análisis conjunto, armónico y concatenado de todos los elementos probatorios reunidos en la causa.-
Al respecto, la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz ha establecido con meridiana claridad que la valoración: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida 'una visión de conjunto de la prueba reunida'... depende de la valoración conjunta que se hiciere... teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...” (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320) (Criterio seguido en Apelación N° 10.068/26).-
La falta de una pericia informática definitiva o de un informe técnico concluyente en este estadio del proceso no obsta a la validez del procesamiento ni torna inadmisible el material digital de cargo, toda vez que la autenticidad e integridad definitiva de estas probanzas —así como la eventual posibilidad de que los dispositivos hubiesen sido utilizados por terceros o que los mensajes fueran preexistentes— constituyen defensas de fondo y estrategias de descargo que deberán ser ventiladas y examinadas en profundidad en la etapa de debate oral (juicio plenario), bajo las plenas garantías de inmediación y contradicción que caracterizan a dicha etapa central del proceso (Criterio adoptado en Apelación 10.033/26).-
La jurisprudencia ha dicho que: “...el dictado del procesamiento implica que existe una probabilidad relativamente fuerte de que una hipótesis coincide con lo sucedido, pese a lo cual ésta no ha alcanzado aun el grado de confirmación que requiere una sentencia condenatoria (...) Y será en la siguiente etapa –juicio oral– donde se evaluará si dicha probabilidad positiva alcanza el grado de certeza positivo que resulta indispensable para dictar una condena...” (Cfr. CFCP, Sala IV, “S., C. C.”, 10/06/2022).-
Asimismo, si la defensa técnica consideraba indispensable y dirimente la realización de un peritaje informático específico para desacreditar la autenticidad de los mensajes o de las capturas de pantalla durante la etapa de instrucción, tenía expedita la facultad de proponer la producción de dicha medida técnica de descargo de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del C.P.P. (Criterio seguido en Apelación N° 10.009/26).-
Al no haber instado de manera oportuna la producción de medidas conducentes para mejorar la situación procesal de su asistido, no puede ahora responsabilizar al magistrado instructor de una supuesta orfandad o insuficiencia investigativa, máxime cuando la selección de las pruebas útiles y pertinentes para el descubrimiento de la verdad material constituye una prerrogativa discrecional del/la juez/a en su carácter de director/a del proceso.-
En mérito de lo expuesto, se rechazan los agravios articulados por la defensa referidos a la insuficiencia probatoria por falta de peritaje informático y la individualización de las conductas, confirmándose el auto de procesamiento recurrido en lo que ha sido materia de recurso.-
VII. CALIFICACION LEGAL: consideró subsidiariamente que se debe modificar la calificación legal, por la figura prevista en el art. 172 del C.P., en grado de tentativa, pues el hecho debió encuadrarse en el tipo penal de estafa (art. 172 C.P.), y no en el de extorsión (art. 169 del C.P.).-
Citó doctrina y jurisprudencia avalando su postura.-
En cuanto a este agravio, corresponde señalar que ya fue analizada y examinada utsupra en el presente trámite, por lo que corresponder rechazar el planteo.-
VIII. Del embargo: aquí, consideró excesivo, desproporcionado e irrazonable el monto dispuesto, entendiendo que correspondería su reducción de modo de asegurar los gastos derivados de costas procesales y honorarios.-
Pues bien, advirtiéndose de oficio que la medida cautelar de embargo no se encuentra motivada en la resolución en análisis, corresponde revocar el punto 2do. de la parte resolutiva del auto interlocutorio de fs. 1022/1043 y vta., debiendo la Instrucción abordar adecuadamente la misma de conformidad con lo dispuesto en los arts. 499 y 116 del CPP.-
IX. Observación: Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, se recomienda al Juzgado instructor a dar estricto cumplimiento a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción (Arts. 197º y ccss. del CPP), a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes (tal como es advertido a fs. 831 desde el 23 de noviembre de 2023 al 20 de noviembre de 2024, en donde se ordenaron medidas; fs. 835 con fecha 20 de noviembre de 2024 al 19 de febrero de 2025; fs. 1004 con fecha 19 de mayo de 2025 -se recepcionaron actuaciones policiales- al 28 de agosto de 2025 -fs. 1005/1006-; fs. 1016/1021 luce declaración indagatoria de uno de los imputados con fecha 6 de octubre de 2025 habiéndose resuelto la situación procesal de los encausados el día 17 de diciembre de 2025; con la consecuente restricción de acceso a la justicia; más allá, que tampoco hubo movimiento procesal por parte de los Ministerios Públicos intervinientes.-
La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado Instructor extreme los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
X. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
XI. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto de fs. 1022/1043 y vta., de los autos principales, REVOCANDO EL EMBARGO dispuesto, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER al Juzgado Instructor lo referido en el punto IX) de los Considerandos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia