Abriendo la norma
TOMO: XXI REGISTRO: 006 FOLIO: 089/091
Caleta Olivia, 10 de agosto de 2026.
AUTOS :
Estos autos caratulados: V.M. S/HABEAS CORPUS Expte. N° 5995/26, N° de Juzgado de Recursos 8567/26, procedentes del Juzgado de Instrucción.
I.-A fs. 1 el interno V.M. interpone acción de Habeas Corpus, aduciendo que el taller no tiene baño, que tuvo que orinar en una botella y le dio infección urinaria, que no lo dejan pasar al baño cuando lo pide, que entonces empiezan con conflictos con los guardias y terminan sancionados. Existen problemas con los materiales de trabajo. No tiene asistencia psicológica, ni le han dado en puntaje correspondiente. El taller esta sin luz. No tiene ropa, tiene varias cosas en resguardo y no se la dan. A fs. 2 vta/3 vta. el Sr. Juez de Instrucción rechaza “in limine” la acción incoada, en virtud que no se corrobora agravamiento en las condiciones de su detención conforme el art. 3 de la Ley 23.098.
Contra dicha resolución interpone recurso de apelación el Defensa Oficial Subrogante Dra. Graciela Gutierrez a fs. 5 vta/6vta., manifestando que V.S. descarta de forma dogmática la procedencia de la vía excepcional argumentando que las condiciones del interno constituyen peticiones comunes dentro del sistema Carcelario. Para arribar a esa conclusión desatinada, V.S. ignoró las urgentes manifestaciones vertidas por el Sr. V.M. en la audiencia del 6 de agosto de 2026, las cuales no fueron controvertidas y exponen padecimientos corporales y psíquicos de extrema gravedad.
Indica que el interno declaró explícitamente: es por el tema del taller que no hay baño, el otro día tuve que orinar en una botella y me agarré infección urinaria. Añadió que el taller del Pabellón C es el único sin sanitarios. Expreso la existencia de sanciones disciplinarias arbitrarias derivadas de la omisión estatal: Manifestó que no te dejan pasar al baño cuando lo pedís, entonces entramos en conflicto con los guardias y nos terminan sancionando.
Así también indico la Inexistencia de canales administrativos idóneos: V.M. fue categórico al desmentir la eficacia de la vía burocrática sugerida por V.S.: Nosotros nos manejamos con notas y nadie da respuesta. Para eso hay que hacer quilombo y recién ahí te atiende el oficial o seguridad interna.
Indica que Denunció que el taller carece de iluminación porque había un foquito y se quemó, sufren trabas con los materiales de trabajo, no recibe asistencia psicológica, no posee su puntaje y la dirección le retiene arbitrariamente la ropa de abrigo enviada.
Sostiene la defensa que desoír este relato, que expone padecimientos concretos, y derivar al interno a la burocracia administrativa provincial (Ley N° 1260) constituye una desatención judicial incompatible con el rol de garante que el Poder Judicial posee sobre las personas bajo custodia estatal. Cita jurisprudencia.
Refiere una Contradicción intrínseca y arbitrariedad formal de la sentencia. Resulta procesalmente inadmisible que V.S. resuelva NO HACER LUGAR al hábeas corpus bajo la premisa de que no hay agravamiento, pero en forma simultánea libre el Oficio N° 640/2026, intimando al Director de la Unidad Penitenciaria a subsanar la falta de acceso a sanitarios... proveer iluminación... brindar asistencia profesional... y proveer vestimenta de abrigo. Argumenta que esta flagrante contradicción demuestra la procedencia material de la acción: si las falencias habitacionales exigen una orden judicial imperativa de subsanación, es porque el agravamiento ilegal estaba plenamente configurado. La resolución debió formalmente Hacer Lugar a la acción para mantener el control jurisdiccional del cumplimiento de los plazos, en lugar de rechazarla.
Dicho recurso es concedido en relación y un solo efecto a fs.7 vta. Emplazada la defensa de conformidad lo establecido en el Art. 20 de la ley 23.098, mantiene el recurso a fs. 13 y no amplía los fundamentos de la apelación.
A fs. 14 pasan los autos a despacho para resolver.
II.-Establecido ello corresponde ingresar al examen de lo resuelto por el A quo en función de los agravios del recurrente.
En los autos "NANNI, HERALDO JUAN S/ SOLICITA HABEAS CORPUS", Expte. N° N-36495/23, N° de Recursos 6945/23, procedentes del Juzgado de Instrucción de Las Heras, sostuve: "En relación a los restantes agravios, la ley 23.098 en su artículo 3, inciso segundo establece literalmente que: "Art. 3° – Procedencia. Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: ...2° Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere". Como puede observarse, el legislador no estableció una serie de supuestos taxativos sobre cuales son los requisitos de procedencia del habeas corpus correctivo, sino que enunció una fórmula mediante la cual y valiéndose de conceptos jurídicos indeterminados ("Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad") dejó librado al criterio del Juez competente en la materia, la apreciación de los hechos denunciados y la decisión fundada y razonada de si los mismos subsumen en el concepto expresado en la ley. Es decir que no hay un acto u omisión que de por sí implique un agravamiento o que no lo pueda suponer, en algunos casos resultara de forma palmaria la agravación, en otros, de la misma forma resultará que no existe tal agravamiento, y en otro universos de casos el Juez deberá realizar actos necesarios para determinar si existe o no un acto subsumible en el inciso segundo del artículo 3 de la ley 23.098." Bajo esta hermenéutica, y teniendo en cuenta las constancias de autos, se advierte una franca violación al principio de congruencia por parte del Sr. Juez de Instrucción, tal como lo expresa la defensa.
En los autos caratulados: “INC. DE APELACIÓN EN AUTOS: REYNAGA DANIEL HERNAN S/ LESIONES, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y APLICACIÓN LE” Expte. Nº I-59263/24, N° de Juzgado de Recursos 7484/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "VII.-Por último, corresponde analizar el contenido del punto I de la parte dispositiva del auto de procesamiento obrante a fs. 89/96 en cuanto a su redacción y sus consiguientes efectos procesales. En este andamiaje, hay que decir que el Sr. Juez de Instrucción indicó en auto descripto en párrafo anterior: “I.-DECRETAR EL PROCESAMIENTO con prisión preventiva de DANIEL HERNAN REYNADA -titular del DNI n° 39.206.788, en virtud de lo establecido por el art 289 y 295 del CPP, por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VÍNCULO Y POR VIOLENCIA DE GÉNERO, LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VÍNCULO, AMENAZAS, Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, TODO ELLO EN CONCURSO REAL ( arts. 89, 92,en función del art. 80 inc.1 ,11 , 149 bis, 141, 239, 55 y 45 del CP....".- Analizadas las valoraciones efectuadas por el A quo en los CONSIDERANDOS del auto en crisis, advertimos que no existe referencia en cuanto a las lesiones respecto de su hijo menor que le fueran imputadas en audiencia indagatoria de fs. 26/27, por lo tanto carecen de motivación expresa, vale decir, no realiza ninguna valoración en cuanto a ese extremo, pero en la parte dispositiva, resuelve atribuírselas al imputado como de su autoría.
Lo señalado es una violación al principio de congruencia, que implica que se debe considerar la información agregada en la causa, y que la misma, cuando se trata de una conducta imputada en las proposiciones fácticas, debe ser valorada en la motivación del acto y, en base y con fundamento a ello, tomar la decisión judicial en la parte dispositiva. La falta de correlación entre la información con que se cuenta, con la información que se invoca (de manera errónea o inexistente, o tergiversada), o la falta de valoración de la misma, en la aplicación de la sana crítica racional en los considerandos (motivación del acto), y su falta de correspondencia con la parte dispositiva, afecta el principio de congruencia.
Claramente la parte dispositiva no puede suplir una decisión de mérito que no ha sido valorada. En autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M. Y L.G.D. S/INF. ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL CP Expte. Nro. 4369/17 (M-1066/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "El principio de congruencia impedirá juzgar por fuera de los hechos descriptos en aquellos actos, esto es por fuera de las circunstancias históricas que conforman el objeto procesal del debate. El exceso implica violación de la contradicción y, en definitiva, de la garantía del debido proceso, por ausencia de defensa. Asimismo, cabe agregar, atento lo manifestado en forma general por los recurrentes, que en el sub judice incólume se mantuvo el derecho fundamental de defensa en juicio consagrado en nuestra Constitución Nacional en el art. 18 y tratados de Derechos Humanos incluidos en el bloque de constitucionalidad de su art. 75 inc. 22.
Siguiendo dichos lineamientos constitucionales, como reiteradamente lo ha recordado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha asegurado no un formal sino real y efectivo ejercicio de defensa tanto material como técnica del enjuiciado. Las manifestaciones de los recurrentes no han pasado de una generalización que ausente se ha visto de ser acompañada por una circunstancia particular acontecida en este proceso judicial. En conclusión, los hechos por los cuales se ha condenado a los recurrentes resultan ser idénticos a los atribuidos desde el inicio de este proceso, manteniéndose, en tal sentido, incólume el derecho de defensa del imputado, al no haber experimentado la imputación ninguna variación fáctica perjudicial para ello." Por lo referido, corresponde declarar la nulidad parcial del auto de procesamiento, respecto de las lesiones imputadas al Sr.
Reynaga, en relación a su hijo. Asimismo se observa en dicho apartado, que se especifica el artículo del Código Penal en relación al delito de Privación de la Libertad, no así la descripción de la figura, siendo ello un error material, que, y ante lo resuelto en este auto, carece de trascendencia, sin perjuicio de lo cual, se recomienda se tenga presente." Analizadas las constancias de autos, y el acta de audiencia obrante a fs. 2 vta/3 vta., se advierte la contradicción en la que incurre el A quo, también descripta en su escrito recursivo por la defensa, en cuanto a que primero ordena librar oficio al servicio penitenciario a fin de arbitrar los medios para subsanar todas las formulaciones que plantea el interno V.M. en la audiencia, lo que implica acoger el reclamo planteado, para luego, y a renglón seguido, resolver no hacer lugar a los planteos efectuados por el interno.
Se observa palmariamente la falta de correspondencia entre lo ordenado al librar el oficio, y lo resuelto por el A quo.
El principio de congruencia, que integra la garantía de defensa en juicio, exige que la motivación y los actos previos a la decisión jurisdiccional, se compadezcan con ésta y le sirvan de fundamento y no a la inversa. Por todo, como Juez de Recursos;
I.-REVOCAR lo resuelto a fs. 2 vta./3 vta. en cuanto NO HACE LUGAR a la acción de habeas corpus intentada por violar el principio de congruencia, y DECLARAR LA PROCEDENCIA DE LA MISMA, debiendo el a quo, controlar el estricto cumplimiento de las medidas ordenadas, hasta su agotamiento.
II.-Regístrese. Notifíquese. Comuníquese al Juez de Instrucción mediante SNE (para los expedientes de otra localidad). Cumplido vuelvan los autos al Juzgado de origen.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia