Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la acusación de nulidad de la sentencia que se desliza en el quinto agravio.
2Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada con patrocinio y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios con costas en la instancia al recurrente por su condición de vencido y el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios del patrocinante hasta tanto obre en autos establecido el monto del juicio.
4Tener presenten la reserva del caso federal formulada en el punto F del petitorio.
5Advertir al Dr. J. I. A. K. letrado de la parte demandada que en lo futuro deberá evitar repetir el error detectado. 6º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9063/25 Sentencia: Definitiva Actor: V. M. R.
Demandada: A. Á. H.
Objeto: Compensación Económica Fecha: 06-03-2026 Texto:
En la ciudad de caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los seis días del mes de marzo de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “V. M. R. c/ A. Á. H. s/ Compensación económica” Expte. Nº 6899/2021 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Familia de esta localidad ingresados en la instancia bajo el Nº de Expte 9063. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Griselda I. Bard para resolver las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Defensora Pública Oficial Nº 1 Dra. J. M. se presenta representando a la Sra. M. R. V. Promueve demanda por compensación económica por cese de unión convivencial después de 39 años de unión de la que nacieron tres hijos: D. M. de 40 años; D. H. de 37 años, y M. E. de 34 años y una hija de crianza A. B. G. de 28 años. Se refiere a la denuncia que efectuó el 29 de abril de 2021 en la Oficina de Violencia Doméstica. Describe que el demandado era quién se ocupaba de aportar el sustento económico y la actora quien quedaba al exclusivo cuidado de los hijos sin poder desarrollar actividad laboral que le permitiera la independencia económica y por ello al producirse el cese de la pareja ella quedó sin sustento alimentario desentendiéndose el demandado de todo tipo de obligación hacia la actora. Menciona enfermedad neurológica aclarando que sufre de trigémina enfermedad que le impide desarrollar actividad laboral. Indica que vive en una vivienda que es de su propiedad con un hijo en situación de extrema vulnerabilidad y solicita coetáneamente con esta acción ayuda económica para poder mantenerse. Indica que el demandado es jubilado de la Municipalidad de Caleta Olivia, que se quedó en un departamento que fue asiento del hogar familiar y se encuentra en condiciones de solventar económicamente a la actora. Se refiere al fundamento del instituto de la compensación económica incorporada por el CCyC que propicia la superación de la pérdida económica que la finalización del proyecto familiar puede provocar en alguno de los miembros especialmente cuando la convivencia haya producido una desigualdad entre las capacidades de ambos de obtener ingresos.
Solicita como compensación económica una cuota mensual equivalente al 30% del total de los ingresos del demandado por un plazo no menor de tres años.
No habiendo el demandado contestado la demanda se le dio por decaído el derecho que dejó de usar. A la audiencia preliminar se presentan las dos partes: la actora y el demandado personalmente con el patrocinio letrado de la Dra. C. S. dependiente de la Defensoría Pública Oficial Nº 3. Y al no llegar a un acuerdo se abre la causa prueba. produciendo la prueba sobre los hechos invocados en la demanda. Se produce la obrante en la causa. Únicamente la actora alega sobre el mérito de la prueba. Luego se dicta en la sentencia instrumentada en PE 1882056/2025 con un resumen de los hechos y las pruebas y los considerandos donde expresa los argumentos para admitir lo solicitado. En el fallo decreta que la Sra. M. R. V. merece una compensación económica a cargo del Sr. Á. H. A., producto de la ruptura de la unión convivencial de ambos. Establece que la compensación económica a favor de la Sra. M. R. V. Que el Sr. Á. H. A. le abonará una cuota equivalente al 30% del total de sus ingresos como jubilado de la Municipalidad de Caleta Olivia, por un plazo de 3 años conforme lo prescripto en el art. 524 CCyC. Le impone las costas a la parte demandada conforme el principio objetivo de la derrota (art.
68 CPCC).
II. Que disconforme con lo decidido el demandado en PE 1898694/2025 interpone recurso de apelación que le es concedido libremente con efecto suspensivo en PE 1155060/2025. Los autos se elevan con el certificado de estilo de PE 1981366/2025.
En la instancia el recurrente, con el patrocinio letrado del Dr. J. I. A. K. expresa agravios en PE 2031415/2025 de los que se corre traslado a la actora por providencia simple de PE 1208660/2025. Lo contesta la Dra. M. B. D., letrada adjunta de la Defensoría Pública Oficial Nº 1 en el memorial de PE 2056071/2025.
En PE 1223160/2025 se tiene por contestados los agravios y se llama Autos a Sentencia estableciendo el orden de estudio arriba consignado.
III. Que el demandado ataca la sentencia en siete agravios con el patrocinio del Dr. J. I. A. K. en PE203141572025 como se consignara más arriba.
En el primero de ellos argumenta que la sentencia contiene una violación del principio de congruencia en exceso de la solicitado por la actora sosteniendo que, en la audiencia preliminar, la actora reformuló expresamente su pretensión y la limitó al 10% de los haberes. Sostiene que esta contradicción no surge sólo entre lo pedido y lo resuelto, sino además de la diferencia entre lo asentado en el acta de la audiencia preliminar y lo que efectivamente se manifestó en la audiencia indicando que en el acta se dejó constancia de la pretensión inicial del 30% pero que en el minuto 21:45/22:00 el registro audiovisual demuestra que la actora reformuló su petición limitándola al 10%. Sostiene que la sentencia se aparta de una prueba fidedigna basándose en una constancia parcial (el acta) desoyendo el contenido de la audiencia lo que agrava la incongruencia. Reproduce los dichos de la actora. Se refiere a la incongruencia con cita de lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 327:608. Se queja por la falta de fundamentación y falta de valoración de la prueba producida de manera integral y razonada. Pide se declare la nulidad de la fijación del 30% ajustando la compensación a lo pedido por la actora en la audiencia o rechazando el rubro por insuficiencia de fundamentación.
En el segundo agravio se queja por la falta de fundamentación en la cuantificación y en el plazo de la compensación económica por no expresar los parámetros y se refiere a los señalados en el art. 525 del CCyC. se queja por que, si bien la sentencia se refiere a la vulnerabilidad de la actora y la duración de la convivencia, omite valorar elementos probatorios que considera decisivos y que enumera. Manifiesta que el fallo resulta arbitrario por ausencia de fundamentos violando el art. 34 inc. 4 CPCC. Art. 3 CCyC y doctrina reiterada de la CSJN en cuanto se exige motivación suficiente en precedentes de la colección Fallos. Hace hincapié en que la invocación de “las circunstancias del caso” no satisface el deber de motivación. Por otro lado sostiene que la carga impuesta resulta desproporcionada e irrazonable al privar al demandado de una parte sustancial de sus haberes jubilatorios que constituyen su único sustento, sin un análisis integral de los intereses de ambas partes lesionando su derecho de propiedad. Hace notar que la Jueza no explica porque acepta el porcentaje del 30% por tres años (cuando la actora lo había reducido al 10%) apoyándose en el acta de la audiencia sin valorar el registro audiovisual, Ello a su juicio revela un sesgo en la valoración de la prueba por lo que pide se revoque este aspecto del fallo.
En un tercer agravio ataca lo que considera valoración parcial e incompleta de la prueba al ignorar elementos determinantes de la situación de vulnerabilidad del demandado, omitiendo el informe socioeconómico del demandado no obstante que se informó domicilio, referencias y se diligenció oficio. Sostiene estar probado el estado de vulnerabilidad del demandado, que es jubilado con ingresos limitados, que paga alquiler, gastos médicos y de alimentación elementos de prueba oportunamente ofrecidos, pero desconocidos por la sentencia. Critica que se desatendió la prueba relativa a la vivienda de la actora, sus ingresos propios y el aporte de los hijos mayores que menciona.
En el cuarto agravio se explaya en la incorrecta aplicación del art. 525 del CCyC y el desequilibrio no probado. Sostiene que se aplica erróneamente el instituto de la compensación económica de los arts. 524 y 525 del CCyC partiendo que la sola ruptura de una connivencia extensa y la enfermedad justifican la fijación automática prescindiendo de los requisitos legales enumerándolos. Sostiene que se omite demostrar el nexo causal y el desequilibrio en términos legales y los enumera en términos que tengo presente. Entiende que la jueza tiene por acreditado el desequilibrio con base casi exclusiva en la enfermedad de la actora y la duración de la convivencia convirtiendo la compensación económica en una prestación automática. A pesar que tanto doctrina y la jurisprudencia sostienen lo contrario al copnsiderarlo un instituto excepcional.
Expresa que la omisión de un análisis riguroso convierte la sentencia en arbitraria e infundada extendiendo la compensación más allá de su finalidad. Entiende que por ello debe revocarse el decisorio y rechazar la compensación por falta de prueba del presupuesto esencial de desequilibrio.
En el quinto agravio ataca la sentencia por omisión de consideración de la oferta del demandado como forma válida de compensación. Recuerda que la compensación no debe necesariamente consistir en dinero sino en el usufructo de determinados bienes. Señala la oferta realizada en la audiencia que la jueza omitió valorar y la descalificó sin motivación. Entiende que esta falta de análisis configura una arbitrariedad por omisión que vicia de nulidad a la sentencia en tanto priva al demandado de ver consideradas las soluciones que expresamente contempla la ley y fueron puestas a disposición del tribunal. Cita jurisprudencia que sostiene que la compensación económica no se confunde con alimentos y se puede materializar con bienes o derechos que aseguren un sostén patrimonial al conviviente vulnerable. Afirma que la omisión de este examen privó al fallo de razonabilidad e imponiéndole una carga excesiva y desproporcionada por lo que debe revocarse la decisión y homologar la propuesta del demandado como forma válida de compensación En el sexto agravio sostiene una confusión conceptual entre compensación económica y alimentos refiriéndose a varios pasajes de la audiencia donde se lo interroga al demandado “de que va a vivir la actora”, “que necesita un ingreso mensual para sus gastos” y preguntarle “de que se va a alimentar”.
Se explaya sobre esta diferencia conceptual con cita de doctrina y jurisprudencia que se tiene presente y tengo por reproducida.
En el séptimo agravio se queja por “la imposición automática de costas” y por “la regulación de honorarios” sin fundamentos. Entiende que no existió un vencimiento pleno, la complejidad probatoria con informes inconclusos. Se queja por la regulación de honorarios a la Defensoría Publica Oficial sin motivar el monto ni el criterio utilizado ni vincularlo a las pautas arancelarias lo que le impide al demandado ejercer un control adecuado sobre la razonabilidad de la regulación sin fundamentación suficiente.
Con estos agravios solicitan se revoque la sentencia y en subsidio se limite la compensación económica y se deje sin efecto la imposición de costas. Deja planteada la reserva del recurso extraordinario federal.
IV. Que la actora contestó estos agravios por medio de la Dra. M. B. D. en PE2056071/2025. Luego de una serie de consideraciones que se califican de importantes analiza cada agravio.
Respecto del primer agravio sostiene no existe violación del principio de congruencia toda vez, se hicieron varias propuestas sin llegar a un acuerdo, pero sin una reformulación de la petición. Aun en caso de una adecuación sostiene que la Sra. Juez ejerció lícitamente su potestad de cuantificar conforme lo normado por el art. 525 del CCyC que no lo ajusta a la literalidad del quantum solicitado por la parte máxime en un proceso de familia con contenido asistencial, reparatorio y en protección de personas vulnerables a diferencia de los procesos civiles y expresa que el porcentaje del 30% por tres años se corresponde con la necesidad de reparar el empobrecimiento de la actora por la ruptura de la convivencia.
Afirma que la supuesta reformulación del pedido al 10% en la audiencia preliminar no puede ser interpretada como una renuncia o limitación toda vez que la Jueza ejerció lícitamente su potestad de cuantificación conforme el art. 525 del CCyC que no lo sujeta a la literalidad de lo solicitado. A diferencia de los procesos civiles donde rige el principio dispositivo en materia de compensación económica acreditada la procedencia y la modalidad en base a las circunstancias probadas del caso. Afirma que la supuesta reformulación en la audiencia preliminar no puede ser interpretada como una renuncia irrevocable o limitación de la potestad judicial. Sostiene que no existe falta de fundamentación y explica por qué lo entiende así.
Califica de insostenible el segundo agravio pues la sentencia valora los parámetros del art. 525 del CCyC al estar demostrado el desequilibrio manifiesto, y los desarrolla refiriéndose a los 39 años de convivencia entre las partes, la dedicación al cuidado de los hijos en rol de ama de casa de la actora sin poder desarrollar una actividad laboral que la permitiera lograr una independencia económica y el de proveedor del sustento del demandado. Se refiere a la edad y padecimientos de la actora que la invalida para realizar tareas remuneradas que impliquen esfuerzo físico. La situación de violencia de género y situaciones de vulneración que llevaron a la exclusión del hogar en zona de chacras al Sr.
A. Se refiere a la situación de vulnerabilidad y nexo causal probada la dependencia económica de la actora respecto del Sr. A. con el informe social. Sostiene por último para rechazar el agravio que existe proporcionalidad y razonabilidad y se encuentra limitada en el tiempo y es suficiente para que la actora con su pensión no contributiva de $85.000 y el 30% de los haberes del demandado repare el empobrecimiento.
Ingresando en la respuesta al tercer agravio explica que se trata de un intento de revaloración subjetiva de la prueba, no una crítica fundada. Respecto de la supuesta omisión del informe socioeconómico del demandado que se argumenta señala que en una actitud pasiva no contestó la demanda, se presentó a la audiencia preliminar pero no adjuntó la prueba documental que dijo tener en su poder, no activó la prueba solicitando se efectuara y cuando se clausura el periodo probatorio lo consintió. Afirma que se tuvo presente su condición de jubilado pero no se acreditó el pago de alquiler y dieta especial pero ella no elimina el desequilibrio sufrido por la actora. Se acreditó la titularidad del inmueble en la zona de chacras pero no genera ingresos monetarios. Añade que la pensión de la actora es de $ 85.000 y no tiene vinculación con el objeto del expediente. Tampoco la tienen la situación de los hijos mayores que no fueron parte en autos ni fueron demandados. Respecto del estado de salud de la actora indica que la afección del neuralgia del trigémino respecto de la posibilidad de trabajar depende de cada caso concreto y se remite al informe médico del Dr. O. de PE 1188218/2023 y que esa invalidez para realizar tareas remuneradas que impliquen esfuerzo agrava el desequilibrio.
Al rebatir el cuarto agravio sostiene que se han probado los presupuestos del art. 524 del CCyC o sea el desequilibrio por cuanto Alvarado era el aportante del sustento económico, y la actora queda al cuidado de los hijos sin poder desarrollar actividad laboral; que la actora quedó con un desequilibrio al cese de la pareja que significó un empeoramiento de económico sin posibilidad de realizar tareas laborales; por ello considera que existe nexo de causalidad adecuado entre la ruptura y el desequilibrio y se refiere al informe social ambiental de PE 1185609/2023.
Al contestar el 5º agravio señala que la oferta de Alvarado consistente en la entrega del inmueble del 2 de abril y la obra social a cambio que la actora le ceda la vivienda del barrio Zona de Chacras no compensa el desequilibrio económico producto de la ruptura y señala que ese inmueble carece de título, y está en peores condiciones y la actora ya tiene obra social y aceptarla empeoraba su situación. La falta de acuerdo faculta a la Jueza a decidir la compensación y su elección es la más razonable.
Con relación al 6º agravio lo considera conceptualmente equivocado pues la sentencia no condena a pagar alimentos sino una compensación económica por el plazo de tres años donde la jueza ponderó la necesidad de un ingreso mensual como consecuencia del desequilibrio. Y entendió que el plazo de tres años le permitirá propiciar sus propios ingresos.
Se rechaza el 7º agravio haciendo notar que la imposición de costas no es improcedente por el principio objetivo de la derrota en una sentencia plenamente favorable a las pretensiones de la actora y que la regulación de honorarios se efectúa en base a la ley de aranceles vigente.
Cierra la parte actora su memorial con un capítulo de conclusiones con cita de jurisprudencia que tengo presente para resolver. Pide se rechace el recurso de apelación interpuesto por el demandado y se confirme íntegramente la sentencia definitiva imponiendo las costas al demandado.
V. Que resumidos los argumentos de las partes ha llegado el momento de ingresar a su tratamiento. Es destacable el esfuerzo desarrollado por el patrocinante en su ataque a la sentencia. Pero a mi juicio no se corresponden los agravios con los hechos probados o sin prueba en que apoya su ataque. Pero antes de ingresar a analizar los agravios debo aclarar que la falta de análisis de una alternativa propuesta por el demandado no vicia de nulidad la sentencia como se sostiene en el quinto agravio. Si bien el recurso de apelación comprende el de nulidad sólo comprende el caso de “defectos de la sentencia” como establece el art. 254 del CPCC. Ello por cuanto el recurso de apelación busca subsanar errores lo que la doctrina denomina “ errores in iudicando” o sea error de juicio en una resolución formalmente válida, revocándola o modificándola; mientras el recurso de nulidad busca subsanar errores “in procedendo” es decir errores en las formas que deben tener los actos procesales válidos anulándola o invalidándola. Por ello rechazo, en primer lugar antes de comenzar el análisis, toda pretensión de declarar nula o inválida la sentencia. Muchas veces se pretende darle mayor fuerza a un ataque a una sentencia sosteniendo que es nula pero, el pronunciamiento a mi juicio en examen es formalmente válido.
Establecido ello e ingresando al análisis del ataque contra la sentencia imputándole violación del principio de congruencia y exceso en lo solicitado por la actora que se desarrolla en el primer agravio, adelanto que carece fundamento en las circunstancias de la causa. Se apoya este agravio en lo ocurrido en la audiencia preliminar donde se intentó por la Sra. Juez llegar a una conciliación.
Creo necesario recordar que el art. 36 inc. 2 apartado a) del CPCC dispone:
“… a) Disponer en cualquier momento la comparecencia de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.”
La Sra. Jueza ejerció esta facultad en la audiencia preliminar, como la autoriza además el art. 338 que en el inciso 1º del CPCC establece que, en ese acto, el Juez deberá:
“…1º. Intentar una conciliación o que las partes encuentren otra forma de solución del conflicto;”
La Sra. Juez, bien o mal, (es un arte actuar como conciliador, existen técnicas utilizadas en mediación más efectivas) ejerció el deber de estimular soluciones conciliatorias. Se trata de un poder-deber al establecer la norma que el juez “deberá”. El ordenamiento pretende reforzar la figura del juez más comprometido en un papel protagónico tratando de acercar a las partes con amplia libertad desde que establece que la mera proposición de fórmulas conciliatorias no implicará prejuzgamiento.
La tecnología aportó la filmación de la audiencia motivo por el cual pudimos ver el desarrollo de la audiencia por lo menos desde el ingreso de la magistrada. Antes de este adelanto de la grabación digital se tomaba una audiencia de conciliación y en el acta no se dejaba constancia de lo que se debatió en busca de la conciliación cuando ésta no era posible, y sí se la obtenía los términos del acuerdo.
Y en el acta no se viola este principio al no consignar las propuestas y contrapropuestas. Es más las propuestas de las partes en principio no obligan a quienes las formulen mientras no sean aceptadas y sea homologado el acuerdo. Ello para que la audiencia se desarrolle sin reservas y con plena libertad de las partes, quienes pueden expresar hasta donde pueden ceder para poner fin al pleito. Y, si no se llega a un acuerdo, nada de lo debatido en aras de un arreglo puede ser utilizado.
Las partes hacen una propuesta de hasta cuanto pueden ceder para evitar el pleito, pero no están confesando, ni desisten reformulando la demanda. De otra forma nadie cede en audiencia un ápice en sus pretensiones y carecería de objeto intentarlo. Si no se llega a un convenio, esas propuestas quedan en la nada. Para que se entienda: por ejemplo ofrezco un bien en venta a 100 me proponen 50, contra oferto 80 y me proponen 60 y hasta allí llega la negociación si las partes no ceden y queda trunca sin derechos y obligaciones entre las partes. El demandado ofreció en la audiencia un departamento en el barrio 2 de abril, donde vivió la pareja, y mantener la obra social. La actora no aceptó aclarando que el departamento se encuentra en un tercer piso (en efecto se lo identifica en el expediente como barrio 2 de Abril escalera 22 piso 3º depto. G) y explicó que su estado de salud no le resulta conveniente por no poder subir y bajar tres pisos por la escalera. Es decir rechazó la oferta de plano dando sus razones. Pero esta oferta tenía su precio pues existía una contraprestación consistente en dejarle al demandado la vivienda en la zona de Chacras donde habita la actora con uno o dos hijos sosteniendo el demandado que era bien propio de él y que lo adquirió con parte de la herencia de sus padres lo que no probo.
Hubo una contrapropuesta de la actora cuando sostuvo que aceptaría sólo el 10% de la jubilación del demandado, pero éste no la aceptó. Es decir de la grabación de la audiencia surge que hubo un intercambio de propuestas que no se aceptaron. La actora no redujo las pretensiones, sólo hubo un ofrecimiento para conciliar, no aceptado por el demandado por lo que las tratativas no llegaron a buen puerto. Recordamos que para llegar a una conciliación las partes deben hacerse mutuas concesiones. Y homologada la conciliación recién tiene fuerza de cosa Juzgada.
Por estas razones entiendo que el primer agravio no es atendible y debe ser rechazado.
El segundo agravio se apoya en denunciar que no existió fundamentación sobre las circunstancias enumeradas en los incisos del art. 525 del CCyC. Cabe señalare que el demandado no contestó la demanda y conforme el art. 334 inc. 1º del CPCC su silencio se puede estimar como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinente y lícitos a que se refieran. Es decir que se encuentra acreditada una unión convivencial que duró 39 años al inicio de la demanda. La edad del hijo mayor permite considerar que antes de iniciar la unión convivencial entre las partes existió una relación amorosa entre las partes durante la cual se lo engendró. No menciona la actora la situación patrimonial de las partes por lo que no cabe presumir que, al inicio, contaran con patrimonio propio.
Tenemos que la actora se dedicó a la familia y a la crianza de los hijos y de la hija de crianza, sin ejercer actividad lucrativa, mientras el demandado era el proveedor de lo necesario para la subsistencia.
En autos se encuentra determinada la edad de las partes y la actora se ha ocupado de acreditar su estado de salud con una afección neurológica (trigémino) que le impide realizar tareas que requieren esfuerzo. (ver pericia del Dr. Ocampo en PE 1188218/2023 e informe del Hospital Regional PE1230927/ 2024). La pericia hace referencia a las recomendaciones del profesional cirujano neurólogo que sometió a una operación quirúrgica en la provincia de Córdoba respecto de no realizar actividades que requieran esfuerzo sin una opinión personal del Dr. O. y hace referencia a un nuevo control. La incapacidad para el trabajo depende de la magnitud de la incapacidad y el tipo de tareas. Mientras que el informe del Hospital Regional refiere un examen antes de la ruptura, y que opinó no correspondía otorgar certificado de invalidez al caso particular. Respondiendo al pedido de sí la afección de la actora la invalidaba para el trabajo responde en general, pero no se trata de un hecho a probar por oficio pues no se trata de un hecho que surja de la documentación, archivos o registros contables del informante (ver art. 374 del CPCC).
Pero es de público conocimiento que las afecciones neurológicas de trigémino por haberse discutido en causas laborales, se trata de una afección invalidante por las crisis de dolor. Por otro lado del informe ambiental surge que la actora cuenta al momento de la entrevista con certificado de invalidez (PE 1188609/2023) y reitero es de público conocimiento que en crisis el dolor la afección neurológica del trigémino es invalidante.
El demandado no instó la prueba que propuso para justificar su estado de salud.
No se discutió en autos que el demandado es jubilado habiéndose desempeñado en la Municipalidad local. Pero se desconoce el importe que cobra. Sostiene abonar alquiler pero no lo demostró, por el contrario existen varias cédulas donde el Oficial Notificador es atendido por la hija de crianza de la pareja quien informa que el demandado vive en el departamento G piso 3º escalera 22 del Barrio 2 de abril.
No se alegó que la actora contara con capacitación laboral salvo las tarea de la casa y la crianza de hijos, a la que dedicó su vida. Por su salud y edad, la experiencia indica que sus posibilidades de acceso a empleo son escasas.
No se alegó que la actora hubiera prestado colaboración en las actividades económicas del otro, del que sólo se sabe es jubilado municipal. La actora vive en una vivienda en la zona de chacras identificada en la causa. En la audiencia preliminar, que el demandado ha invocado, éste sostiene, como ofrecimiento, otorgar a la actora el departamento del barrio 2 de Abril que afirma es de su propiedad y se encuentra en condiciones de escriturar, ocupado por la hija de crianza pero son palabras. La actora sostiene ser de ella la vivienda de la zona de Chacras y acompaño copia de la adjudicación.
Sostiene que la prueba socioeconómica de Alvarado nunca se practicó pero ha sido la falta de interés y de actividad de la parte que no la instó. También existe error en la certificación sobre producción de pruebas que la da por cumplida sin señalar que ha sido con relación a la actora. Pero la defensa del demandado no se preocupa de señalar el error y de insistir en el cumplimiento. Tampoco se pidió se la realizara en esta instancia.
Lo que interesa a los fines del objeto de la litis es determinar si existió un desequilibrio que entiendo resulta evidente desde que la actora se dedicó durante 39 años a las tareas de ama de casa y crianza de los hijos y el único proveedor resultó el demandado.
Del informe socio ambiental se desprende que la actora cuenta con una pensión, circunstancia que había callado en la demanda, pero no se puede excluir que dicha pensión hubiera sido otorgada con posterioridad a la promoción de la demanda. Pero por su reducido monto no permite subsistir. Surge de autos que la actora vive con un hijo soltero en la vivienda de la zona de Chacras, y que en algo debe contribuir en ayuda de su madre o por lo menos pagarle una suma equivalente a un alquiler o proveen los gastos de la casa y comida. Caso contrario estaría viviendo a costillas de la madre. Lo cierto que no obstante la duración de este juicio ha subsistido, seguramente con ayuda de los hijos y bien está que ayuden a su madre. Pero en autos el objeto de la demanda es la procedencia y monto de una compensación económica no alimentos.
Las cuestiones respecto de la propiedad de inmuebles no pueden discutirse en esta causa.
Las partes no han colaborado con la justicia aportando los elementos de prueba necesarios tales como monto de jubilación, gastos de vivienda y de comida especial así como la orden médica que lo establece y se quejan porque no se da una explicación fundada de la fijación de compensación económica en un 30% mensual de la jubilación del demandado durante tres años. Entiendo que ante esta falta de colaboración pudo la Sra. Juez fijar el monto y duración de la compensación económica con las únicas pruebas de autos, en la invocación genérica de las circunstancias de la causa recurriendo al prudente arbitrio. La institución de la compensación económica es una reparación de los daños y perjuicios ocasionados y permitiría la aplicación analógica del último párrafo del art. 166 del CPCC.
Propongo al Acuerdo rechazar este agravio.
El demandado funda el tercer agravio en lo que considera valoración parcial e incompleta al ignorarse elementos determinantes que demostrarían una situación de vulnerabilidad del demandado que a su juicio incidiría en la cuantificación de la compensación económica.
Se queja por la omisión del informe socioeconómico del demandado, pero no se puede valorar una prueba que no se produjo no obstante todo el excesivo tiempo en que la causa estuvo abierta a prueba. Si la consideraba importante la parte debió urgir su producción. Pretende que fueron factores externos los que motivaron la falta de producción pero el interesado nada hizo para superarlos.
La jueza tomó en cuenta que Alvarado es jubilado pero no se preocupó la parte en acreditar el monto de la jubilación, ni si paga alquiler como sostiene, los gastos médicos que enfrenta no obstante tener la obra social que ofreció mantener a la actora en la audiencia preliminar (y con obra social los gastos médicos son menores y deben acreditarse). No acreditó más que con sus dichos que tiene gastos para mantener una alimentación especial luego de una cirugía bárica.
El resto de la prueba que se consideró pertinente fue tomada en cuenta, aunque la parte demandada no este conforme con las conclusiones. Se valoró la procedencia de la compensación económica por el desequilibrio por quiebre de la unión convivencial. No se tiene que probar como subsiste la actora y si lo hace con un pensión graciable o por aportes de los hijos. Se probó el desequilibrio provocado por el quiebre de la unión. El oficio del hospital se está refiriendo a la fecha de la consulta médica a la que concurrió la actora mucho antes del cese de la unión.
Propongo rechazar este agravio además, toda vez que no puede valorarse una prueba que no se produjo en autos, y que se consintió la certificación sobre la prueba y la siguiente clausura del periodo probatorio. Es dogmático el cuarto agravio cuando sostiene une incorrecta aplicación del art. 525 CCyC. Vuelve el demandado sobre los presupuestos del art. 525 CCyC que se probaron o que la incontestación de la demanda fueron considerados presumiéndolos como autoriza el rito. No hay una prestación automática, el desequilibrio es patente cuando la actora se dedicaba a las tareas del hogar y crianza de los hijos y el demandado era el único proveedor del sustento. No se invocó que la pensión graciable que surge del informe socio económico de PE 1188609/2023 la estuviera percibiendo durante la unión.
Propongo rechazar este agravio.
La misma suerte debe correr el quinto agravio donde se argumenta que existió omisión en considerar la oferta de A. como forma válida de compensación. Se refiere a la expresado en la audiencia preliminar durante el periodo destinado a conciliación. Como ya dijera no se trató de una compensación, sino de un trueque entre la vivienda en zona de Chacras por el departamento G del 3º piso de la escalera 22 del barrio 2 de abril y el mantenimiento de la obra social que no fuera aceptada. El instituto no es una cuota alimentaria sino una compensación por el desequilibrio y que se destine para vivir no le quita la naturaleza jurídica. Tampoco la cambia los términos usados en la oportunidad por la directora de la audiencia ante una renuencia en contestar el requerimiento de una propuesta.
Tampoco resulta procedente este agravio.
El sexto agravio reitera el ataque insistiendo en que la jueza confunde compensación económica con alimentos. Establecido el desequilibro sufrido por la actora, quien destinó 39 años de la unión convivencial a las tareas del hogar y criar a los hijos y al cese de la convivencia queda a los 62 años y con problemas de salud, privada del ingreso de lo necesario para la subsistencia del grupo que era aportado por el demandado. Ese desequilibrio es reparado por una compensación económica en forma de renta que se fija sobre un 30% de la jubilación del demandado. Como vive y subsiste después de la separación no tiene incidencia. Precisamente al otorgar la compensación económica en forma de renta durante 3 años tiene por objeto permitirle durante ese lapso reorganizar su vida sin el aporte que realizaba el proveedor de sustento durante la unión. Que lo haya hecho recurriendo a una pensión y la ayuda de los hijos durante la duración de esta litis no libera de responsabilidad al demandado, toda vez que lo ideal hubiera sido que la compensación económica se hubiera fijado inmediatamente.
Obsérvese que con el criterio del demandado para evitar responsabilidad ante un reclamo con este objeto basta con adoptar una conducta negativa y cuando se dicta sentencia pretender en agravios que no le es necesaria la compensación pues en ese momento ya lo ha solucionado el desequilibrio. Si admitimos ese criterio el instituto se vuelve abstracto.
Entiendo que el agravio no es atendible.
Respecto del último agravio entiendo que no es atendible toda vez que, si mis consideraciones son aceptadas por los integrantes del Acuerdo, el demandado mantiene la condición de vencido y por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC) debe cargar con ellas. Y consecuentemente confirmarse lo decido.
Llama la atención que se agravie en el punto C) por cuanto “la sentencia regula honorarios a la Defensoría Pública interviniente sin motivar el monto ni el criterio utilizado omitiendo vincularlo con las pautas arancelarias aplicables…”
Es desprolijo que se haya recurrido a una plantilla utilizable en casos que se hubiere regulado honorarios. Cuestionar una regulación que no existe desmerece el trabajo que hasta aquí denotaba esfuerzo en la defensa. Malo fue que al contestarse los agravios no se advirtiera que no existían honorarios regulados.
Entiendo pertinente por ello advertir al Dr. J. I. A. K. que en lo futuro deberá evitar repetir el error detectado ya que genera un dispendio innecesario al buscar una inexistente regulación de honorarios.
Quiero aclarar que las costas no incluyen honorarios inexistentes y si tasas de justicia, y costos que la contraria pudo incurrir y los propios.
Por ello propongo al Acuerdo rechazar los agravios vertidos, confirmar la sentencia en todo cuanto fuera motivo de agravios e imponerle las costas de la instancia (tasa de elevación y honorarios de su patrocinante) conforme la condición de vencido y el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VI. Llego a la misma conclusión que el preopinante al analizar la causa y los agravios. Ellos no son atendibles y deben rechazárselos por las consideraciones elaboradas en el voto que antecede al que adhiero por compartirlo confirmando la sentencia en todo cuanto haya sido materia de agravios. Con costas al demandado en su condición de vencido (art. 68 del CPCC).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que en función de las consideraciones vertidas en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar la acusación de nulidad de la sentencia que se desliza en el quinto agravio. 2º) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada con patrocinio y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios con costas en la instancia al recurrente por su condición de vencido y el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios del patrocinante hasta tanto obre en autos establecido el monto del juicio. 4º) Tener presenten la reserva del caso federal formulada en el punto F del petitorio. 5º) Advertir al Dr. J. I. A. K. letrado de la parte demandada que en lo futuro deberá evitar repetir el error detectado 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
A LA SEGUNDA CUESIÓN el Dr. Fernández dijo:
VIII. La propuesta que antecede se corresponde con lo establecido en el Acuerdo. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 06 de marzo de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto en el art., 44 de la ley 1 OIrgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Rechazar la acusación de nulidad de la sentencia que se desliza en el quinto agravio. 2º) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada con patrocinio y confirmar la sentencia en crisis en todo cuanto fuera materia de agravios con costas en la instancia al recurrente por su condición de vencido y el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios del patrocinante hasta tanto obre en autos establecido el monto del juicio. 4º) Tener presenten la reserva del caso federal formulada en el punto F del petitorio. 5º) Advertir al Dr. J. I. A. K. letrado de la parte demandada que en lo futuro deberá evitar repetir el error detectado. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. La Dra. Bard no firma por no existir disidencia a dirimir. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara- Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 010 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3181 Folio Nº: 032/042 Secretaria: 1
Fin de la sentencia