Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXL – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8908 FOLIO Nº 046/049 PROT. ELECT. JR101586I.242
Río Gallegos, 27 de agosto de 2024.
La presente causa caratulada: "V.E.M. Y OTRO S/ ROBO” - Expte. N° 22.705/21 - (Apelación N° 9022/24), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 101/106, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres, quien en el punto 1) y 2) del decisorio, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de E.M.V. y J.E.A. respectivamente, en orden al delito de “robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por haber causado lesiones graves en la víctima" (arts. 45 y 166 incs. 1 y 2 del Código Penal), y dispuso en el punto 3) trabar embargo sobre dinero o bienes del encartado hasta cubrir la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000). Que a fs. 117/124 vta. apela la defensa técnica del imputado A. y a fs. 126/127 la defensa técnica del imputado V. el auto de procesamiento, motivándolo en esa misma ocasión, siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 131 y 132, y no habiendo presentado los recurrentes el memorial previsto por el art. 437 del CPP, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que el recurrente se agravia en razón de considerar que el auto de procesamiento resulta arbitrario y atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio.
Entiende que ni el denunciante ni ninguno de los tres testigos pudo identificar en el lugar a J.A. como el segundo interviniente en los hechos investigados; de haber sido así, el personal policial hubiese contado desde el primer momento con los datos de su cliente a los fines de labrar acta de fijación de domicilio.
Manifiesta que surgen claras contradicciones entre los testigos, respecto de las identidades, respecto de quienes portaban cada arma impropia y principalmente discrepan en relación al momento en el que encontraron a su amigo saliendo del domicilio con heridas.
Señala que el juez no ordenó una sola medida en pos de determinar la participación criminal de A. No ordenó una sola diligencia en pos de identificar a los testigos propuestos por su pupilo procesal, que entre otras podría haber ordenado a la División de Investigaciones que identifique o realice tareas tendientes a la identificación de los mismos, o más aún, citar a la novia de J.A., con quien en indagatoria manifestó convivir. Que esa valoración tendenciosa atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio, vulnerando el principio de inocencia consagrado en el art. 18 CN. Ello, dado que las únicas personas que lo identifican y ubican en el lugar de los hechos son el denunciante y sus dos amigos.
En un segundo apartado sobre errónea calificación legal, se agravia de que ninguna de las actuaciones aunadas al expediente se desprende que su defendido se hubiere apoderado de bien alguno del denunciante; y que ninguna diligencia se realizó en pos de localizar el supuesto celular sustraído, o alguno de los elementos denunciados.
En su apartado III se agravia de que ha existido una evidente falta de motivación, hallando sólo fundamento en las declaraciones testimoniales de la pretensa víctima y sus dos amigos.
Esgrime que en el presente auto impugnado la motivación es insuficiente, pues no describe o destaca los extremos de la autoría y culpabilidad, con grado de probabilidad afirmativa, toda vez que no existe prueba independiente que dé cuenta de la participación criminal de su asistido.
En último término se agravia del monto excesivo y falta de fundamentación a la hora de fijar la cautelar, en tanto le parece totalmente desproporcionada y exorbitante.
Por su parte, la defensa técnica del imputado V., funda su reclamo ante la duda que emerge del sumario en cuanto a la autoría.
Expresa que se hace referencia a las diferentes lesiones de carácter grave certificadas, lo que constituye una certeza de que sufrió lesiones, sin especificar el autor de las mismas.
Respecto de la testimonial de la víctima, establece que sus dichos deben ser analizados con mayor estrictez valorativa. En ese entendimiento, señala que el propio denunciante declara tener una enemistad de larga data con su defendido. Le resulta peculiar que V. haya manifestado que fue hasta la casa de L. para pedir ayuda, cuando el testigo sostuvo haberse limitado a escuchar ruidos del exterior sin conocer a los sujetos que participaban de la trifulca. Remarca que la instrucción ha tenido por acreditada la capacidad de culpabilidad del encausado sin indagar sobre el particular y sin haber realizado los allanamientos en los domicilios de los consortes.
Le resulta llamativa y extraña la circunstancia de que S.S. no hubiere recurrido a las facultades del art. 237 CPP para ordenar pericia psicológica psiquiátrica a V., en razón que en los juzgados de instrucción se ordenan como procedimiento de rutina; cuando considera había razones para hacerlo, habida cuenta que el certificado médico no especifica si tenía aliento etílico y se le realizó extracción sanguínea desconociendo los resultados de dicha diligencia. Entiende que el accionar de su asistido pudo hallarse afectado por consumo de alcohol o estupefacientes, lo que le podría impedir comprender la criminalidad de sus actos y/o dirigir sus acciones. Sostiene que S.S. no ha valorado la prueba con contenido jurídico limitándose a realizar una somera descripción de los elementos colectados.
Finalmente argumenta que surge clara la arbitrariedad de la decisión agravando los hechos sin exteriorizar fundamento alguno que sostenga el agravante de violencia de género, incurriendo en la violación del principio de razonabilidad.
Ingresando al tratamiento de los agravios planteados por la defensa de A., respecto al agravio referido a que ninguno de los testigos pudo situar al imputado en el lugar de los hechos, de la simple lectura de los testimonios prestados, tanto por el damnificado, como por los testigos del hecho, se observa que todos sitúan a A. en el lugar de los hechos y como uno de los responsables del hecho acaecido, señalándolo de manera categórica. Tampoco se observan las discrepancias señaladas por la defensa sobre las armas utilizadas, habiendo todos hecho mención que los responsables portaban un arma blanca y un hierro. Siendo las lesiones certificadas en la persona de V. coincidentes con dichos elementos productores.
En cuanto a los testigos propuestos por el imputado al momento de efectuar su descargo, obra en autos certificación actuarial sobre la comunicación telefónica mantenida con el incuso a fin de solicitar aporte mayor información al respecto, no habiéndose consignando tal información a la fecha.
Por su parte, no se observa en autos solicitud alguna por parte de la recurrente en aras de ejercer activamente la defensa técnica de su asistido.
En relación a la errónea calificación legal consignada, esta Alzada se viene expidiendo al respecto manifestando que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. Esa postura se encuentra asentada en las Apelaciones N° 8013/22 y 8370/23, entre otras.- Esta posición resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). En cuanto al agravio referido al monto establecido para la medida cautelar, consideramos que el mismo resulta acorde a las finalidades legales establecidas.
En coincidencia con lo manifestado por los tribunales al respecto, entendemos que "conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado A. en el mismo.
Continuando con el análisis de los planteos expuestos por la defensa técnica de V., en relación a los agravios referidos a que los certificados médicos no acreditan autoría, el valor que debe atribuirse a los dichos de la víctima, una enemistad previa entre el damnificado y los imputados, y la situación de si el testigo propietario de la vivienda a la que acude a solicitar ayuda conocía o no a la víctima, de los mismos no se vislumbra más que una disconformidad con el decisorio por parte del recurrente, no resultando ser fundamentos sólidos a fin de rebatir las constancias de autos, que le permitieron a la magistrada una atribución de responsabilidad con la probabilidad requerida en esta instancia. Sobre la posibilidad de encontrarse alcoholizado el imputado, si bien le asiste razón al recurrente sobre la falta del informe de alcoholemia, tampoco observamos en estos actuados, intervención de la defensa haciendo uso de las facultades que la normativa legal le proporciona.
Más allá de eso, es de conocimiento por la defensa que “...nuestra legislación no contempla la llamada `imputabilidad disminuida´ sino que solamente es causa de exculpación la verdadera imposibilidad de comprender los actos al momento que se llevan a cabo o dirigir las acciones conforme a esa comprensión...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 3º, 28/12/1990 en “R.,L.”) y que “...el imputable disminuido o semi imputable es penalmente responsable mientras no se demuestre que haya atravesado por un verdadero estado de inconsciencia...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 2º, 30/4/1985 en autos “G.,R.H.”). En cuanto al agravio referido al agravante de violencia de género, en tanto resulta ajeno a la presente investigación, exhortamos al recurrente extreme los cuidados al momento de efectuar sus presentaciones.
Finalmente, encontramos que el auto recurrido se encuentra debidamente motivado, habiendo detallado la secuencia en que transcurrieron los hechos, valorado todos los elementos de prueba, analizado la calificación legal atribuida y dando las razones por las que considera se encuentra acreditada la materialidad y autoría del suceso investigado en cabeza de los incusos.
A criterio de esta Alzada la a quo analizó en forma prolija y pormenorizada toda la prueba rendida en los autos, para luego de la meritación de la misma, concluir estableciendo la participación y responsabilidad de los encartados con las calificaciones legales allí encuadradas; no observando la atribución del recurrente referida a una falta de fundamentación por parte de la magistrada, habiendo dado cumplimiento a las normas reguladas en los Arts. 115 y 116 del C.P.P., y los requisitos estipulados en los Arts. 289 y 291 del C.P.P., en cuanto a la forma y el contenido que debe tener un procesamiento.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 101/106, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada al correo electrónico [email protected]. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia