Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8846 FOLIO Nº 018/024 PROT. ELECT. JR101524I.242
Río Gallegos, 06 de Agosto de 2024.-
La presente causa caratulada “V.A.E. S/ Pta. Inf. Art. 119 del C.P.A.” Expte. Nº 6146/21, Apelación Nº 8970/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 109/116 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de la localidad de Puerto Santa Cruz, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de A.E.V., en orden al delito de “Abuso Sexual simple doblemente agravado previsto y reprimido por el art. 119 primer párrafo doblemente agravado en función de lo normado por el último párrafo inc. b) en función del Código Penal”; y en el punto II) trabó embargo sobre sus bienes por la suma de Pesos un millón ($ 1.000.000).- Que a fs. 120/121 la defensa particular apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 130 sostuvo el recurso (código de validación: 8a19a235) y, habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P. a fs. 134/138vta., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa motivó el recurso en los siguientes agravios:
a) que el hecho fijado e imputado a su asistido no establece circunstancia de modo, siendo que éstas modifican el hecho juzgado. En ese sentido no se establece ni se analiza que los tocamientos descriptos no fueron impúdicos y dolosos, sino accidentales como producto de la búsqueda del teléfono celular;
b) el criterio esgrimido en el decisorio, de interpretar como típica y antijurídica la conducta de su pupilo, ya que aquí existe –al menos- una atipicidad subjetiva ya que no se ha probado el dolo;
c) la resolución atacada así como el encuadramiento legal equivocado de los hechos en la figura penal que determina el decisorio impugnado, adelantando que fundará su posición en el momento procesal oportuno, ya que se aplica un doble agravamiento en forma contradictoria;
d) la falta de aplicación de estudios y entrevistas mínimamente necesarias para arribar a conclusiones por parte de los peritos especializados según lo normado por la ciencia psicológica y psiquiátrica. Los exámenes que se han aplicado no pueden explicar hechos traumáticos, sino estructuras de personalidad que en nada se relaciona con los hechos. Además, la pericia no asegura que la alegada haya sido abusada, sino que un hecho puntual despertó recuerdos y actitudes conflictivas que generaban desgaste en ella, lo que no significa que haya sido víctima de un delito; e) el desarrollo motivacional de la magistrada de grado, al realizar una completa explicación de los derechos derivados de las relaciones sumidas en violencia de género, cuando no existen probanzas que el imputado en su rol de padre haya impartido violencia sobre su hija;
f) que no se consideren que existen alteraciones en el juicio de realidad de la niña supuestamente víctima de abuso. Esto está íntimamente relacionado con los agravios anteriores, ya que del relato realizado por la magistrada actuante se comprueba la postura que señala que el imputado se encontraba buscando un aparato móvil;
g) la senda jurisprudencial y doctrinal citada ya que no son aplicables a la presente y sólo pretende esconder la falta de prueba suficiente y el escaso trabajo de la instrucción en la búsqueda de la verdad real en el marco del presente proceso. En especial aquella que refiere a que los tocamientos deben ser libidinosos e inequívocamente sexuales, cuestión que refuerza la postura defensiva;
h) finalmente, ausencia de motivación e irrazonabilidad de la cautelar dispuesta.-
Que, en definitiva y tras formular reserva del Caso Federal, considera la recurrente que la resolución cuestionada es completamente equivocada desde el punto de vista legal y fáctica y, en el peor de los casos, el desempeño de su defendido sería atípico.-
Que al momento de producir el informe del art. 437 del C.P.P. la recurrente consigna que lo cierto es que, según lo que se desprende de los presentes autos, no hay dudas que el imputado regresó a su casa luego de salir de noche con su amiga. Que la amiga le solicita que recupere el teléfono celular de ella, el que había quedado en la cama que compartían los hijos de ambos, que ante ello su asistido reingresa al hogar y comienza la búsqueda del aparato intentando no despertar a su hija, quien accidentalmente se había posicionado sobre el aparato móvil. Que ese punto no ha sido puesto en dudas ni por la fiscalía, las testigos ni el juzgado de instrucción. En una situación lamentable, sin tener el propósito impúdico, lúbrico, lujurioso, apetencia o satisfacción sexual, satisfacción de la propia concupiscencia que exige el tipo penal, se habría producido el tocamiento accidental, lo que en definitiva se traduce como un hecho atípico en su faz subjetiva.- Añade que el fallo omite explicar el tipo subjetivo, porque simplemente de las probanzas de autos no se halla el mismo presente, por el contrario, y leyendo el detalle de la declaración de la alegada víctima, se puede vislumbrar que si hubo tocamientos, los mismos responden a un hecho accidental desprovisto de cualquier ánimo libidinoso, el cual se desprende del relato hecho por la Lic. en Psicología que asistió a la hija del imputado “Entra mi papá a la pieza y me rozó el pecho dos veces y dejó su mano apoyada, después me tocó las partes íntimas, yo abrí los ojos y él me preguntó ‘dónde está el celular’ (…) capaz fue sin querer…”.- Señala que evidentemente, y sin criticar a la niña, ella vivió la situación como penosa y angustiante y seguramente podremos coincidir que en el estado de sueño y a las 06:00 de la mañana, bajo los efectos del alcohol, la decisión de su defendido de buscar el celular entre la ropa de cama o incluso dentro del cuerpo de la adolescente es sumamente reprochable y existe una responsabilidad parental que lo tuvo que llevar a tomar otra opción como la de ofrecerle a su amiga retornar el teléfono a la mañana siguiente, más eso nunca puede bajo los ojos de los juzgadores penales considerarse un abuso, porque no se desprende en ningún momento el ánimo o dolo directo que requiere la figura del art. 119 primer párrafo.- Refiere asimismo que es sorprendente como existe un doble agravamiento en autos, ya que por un lado se lo coloca al imputado como guardador y por otro como su padre, todo ello concursando de forma ideal.
De la lectura de la causa se desprende sin lugar a dudas que su pupilo procesal resulta ser el padre de la alegada víctima, lo que es jurídicamente imposible debido a que un padre nunca puede estar a cargo de la guarda de su propia hija.- Que, en definitiva, la pretensión de doble agravamiento por ascendiente y guardador de la niña es insostenible a la luz del derecho penal, de la Constitución Nacional y del sentido común, correspondiendo el revocamiento de la sentencia atacada.-
Que también genera agravio la falta de aplicación de estudios y entrevistas mínimamente necesarias para arribar a conclusiones por parte de los peritos especializados, según lo normado por la ciencia psicológica y psiquiátrica.-
Que los exámenes que se han aplicado no pueden explicar hechos traumáticos, sino estructuras de la personalidad que en nada se relaciona con los hechos. Además la pericia no asegura que la alegada víctima haya sido abusada, sino que un hecho puntual despertó recuerdos y actitudes conflictivas que generaban desgaste en ella, lo que no significa que haya sido víctima de un delito.-
Añade que de la lectura del expediente se puede ver que a la niña se le han tomado test proyectivos que incluyen test de HTP, Test de la persona bajo la lluvia y Test Gestáltico Visomotor de Bender y una sola entrevista clínica forense, siendo que la literatura forense especializada ha dicho incansablemente que esas baterías de test son insuficientes para probar con el grado requerido en esta instancia judicial que la persona haya sufrido algún tipo de violencia sexual.- Señala que se han obviado de implementar técnicas específicas que deben ser aplicadas en la entrevista cognitiva e incluso de la aplicación de protocolos especiales (como lo son el Protocolo Modelo de Abuso al menor –Metodología Coordinada del Equipo de Investigación de Michigan- y el Protocolo SVA –Statement Validity Asessment-), imprescindibles para el buen resultado jurídico de la investigación penal preparatoria.- La recurrente sostiene que esta clase de desajustes con el mundo académico y las instrucciones de las altas casas de estudio atacan directamente al núcleo del debido proceso y la defensa en juicio, ya que la misma se debe ensayar sobre la base de técnicas que no están probadas para este tipo de casos.-
Las pericias psicológicas sólo nos pueden arrojar notas o rasgos de las personalidades de la denunciante y del denunciado, pero en ningún momento pueden dar asertividad de los hechos, es decir es inconducente para la búsqueda de la verdad real requerida en esta instancia del proceso penal, aunque sea en un grado de probabilidad.-
Cualquier tesis contraria importaría concluir que el proceso penal pasa sencillamente por una pericia psicológica y nada más, o incluso investir del poder de decisión al Cuerpo de Psicólogos por sobre la actividad del Juez.-
Que con eso quiere referirse la recurrente a que, a su entender, no se tiene hasta el momento más que una sola prueba de cargo, que es la denuncia efectuada, la instrucción no se esforzó por mostrar siquiera la existencia del hecho, lo que significa que sin más se debe dictar el sobreseimiento o la falta de mérito.-
Indica la recurrente que por otra parte no existen probanzas que el imputado en su rol de padre haya impartido violencia sobre su hija, así como tampoco son aplicables al caso la senda doctrinal y jurisprudencial citada y sólo pretende esconder la falta de prueba suficiente y el escaso trabajo de la instrucción en la búsqueda de la verdad real en el marco del presente proceso. En especial aquella que refiere a que los tocamientos deben ser libidinosos e inequívocamente sexuales, cuestión que refuerza la postura defensista.- Señala que ello es importante ya que ninguna de las testigos que han comparecido han mencionado una relación violenta entre la supuesta víctima y el victimario ó éste con sus hermanas. Es más, todas dan cuenta de la sorpresa que les generó la denuncia o el hecho aquí investigado.-
Entiende que por ello la conceptualización de violencia parece resultado de un juicio de valor subjetivo y desprendido del presente expediente, siendo que su asistido jamás fue señalado como un padre violento ni una persona que pretende atacar los derechos que le competen a sus hijas en su doble rol de mujeres y niñas. Que todo responde a una lamentable confusión, producto de una pobre decisión sin intención tomada por el progenitor. Pero nunca a un hecho doloso como lo quiere hacer aparecer el juzgador de grado.- Por otra parte también entiende que le genera agravio la circunstancia de que no se considere que existen alteraciones en el juicio de realidad de la niña supuestamente víctima de abuso. Que esto está íntimamente relacionado con los agravios anteriores, ya que del relato realizado por la magistrada actuante se comprueba la postura que señala que el imputado se encontraba buscando su aparato móvil. Añade que esto va en consonancia con el punto en que se atacó las técnicas empleadas por la pericial psicológica, debiendo quedar en claro es que no se ataca el efecto que tuvo lo sucedido en la niña, destacando que si no se sigue el protocolo adecuado es imposible concluir lo que pretende la pericial y la juzgadora. Es por ello que el delito para que sea cometido necesita la justificación de cada uno de los elementos del delito, los que no se encuentran presentes, no correspondiendo su persecución penal.- Finalmente sostiene la recurrente en su informe del art. 437 del CPP que se agravia de la ausencia de motivación e irrazonabilidad de la medida cautelar dispuesta en contra de los bienes de su representado. La suma impuesta sostiene que resulta sin más exagerada y será de imposible cumplimiento por su asistido.-
Que por otra parte, de hacer frente a la friolera suma determinada, su asistido dejaría de prestar alimentos a sus hijas -o lo haría en menor medida-, por lo cual solicita que se revoque el punto 2 de la resolución y se exima del embargo preventivo para el extremo caso que se sostenga el procesamiento.-
Por todo lo expuesto concluye en su escrito que corresponde revocar el procesamiento atacado y dictar el sobreseimiento total de su asistido o subsidiariamente la falta de mérito estipulada en el art. 292 del CPP.-
Cita doctrina y jurisprudencia en sostén de su postura.-
Quedan así planteadas las cuestiones para resolver.-
I. Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente, se utilizarán únicamente las iniciales de los nombres de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, en miras a que los derechos que son universalmente reconocidos, sean reales y efectivos, velando por la preservación del derecho a la intimidad, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
II. Yendo a los agravios referentes al insuficiente caudal probatorio recolectado en autos, de la lectura de las presentes actuaciones entiende esta sede judicial, contrariamente a lo señalado por la apelante, que existe prueba de mérito suficiente para confirmar la resolución en este sentido.-
Ello por cuanto no debemos olvidar que el legajo tuvo origen en la denuncia presentada por A.M.B. ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena dando cuenta del hecho que habría tenido como víctima a su hija S.M.V.B..-
A lo que debemos adicionar lo declarado sucesivamente ante diversas dependencias, tales como la Oficina de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes dependiente de la Municipalidad de Gobernador Gregores (informe de fs. 51).-
Por otra parte se advierte que, en contraposición a lo sostenido por la recurrente, la Sra. Jueza no se limita en la resolución a desarrollar el contenido de lo expresado por la denunciante, la cual, a su decir, sería la única prueba incriminante.-
Tuvo en consideración el resto del plexo probatorio, es decir pruebas tales como las copias de los certificados de nacimiento de las niñas S.M.V.B., S.R.V.B. y S.A.V.B. (fs. 29, 30 y 31, respectivamente); informe de la Oficina de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes dependiente de la Municipalidad de Gobernador Gregores (fs. 51); declaración testimonial de la Lic. C.R.G. (fs. 59/60); toma de testimonio y evaluación pericial psicológica llevada a cabo respecto de S.M.V.B., S.A.V.B. y S.R.V.B. (fs. 86/87vta., 88/89 y 90/91, en ese orden); entre otras circunstancias.- Estas connotaciones son las que fueron tenidas en cuenta por la Sra. Magistrada al momento de resolver la situación procesal del imputado, tal como luce en los puntos Primero y Segundo de los considerandos de la Resolución.-
Es por lo expuesto que el cúmulo de prueba no es insuficiente como lo sostiene la defensa, a tal punto de no configurar elementos para sostener que su defendido sea probablemente autor del hecho que le fuera impuesto. Por el contrario, resulta suficiente para el grado de probabilidad requerido en esta instancia y el Juzgado actuante ha tenido en cuenta las pruebas señaladas.-
Sin embargo, no debemos olvidar que los delitos aquí denunciados son de aquellos que, en la generalidad de los casos, se cometen sin la presencia de testigos.-
Pese a ello, se ha dicho que no son de imposible investigación, debiéndose analizar no sólo el relato brindado por las propias víctimas sino de todos aquellos que tomaron conocimiento de los sucesos por alguna referencia que la víctima/denunciante les haya efectuado.-
Concordantemente con ello, “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”) y “...con todo acierto se ha sostenido que resulta inimaginable que alguien denuncie a otro como que lo ha sometido sexualmente, inventando gratuitamente episodios que lo exponen a las burlas y comentarios de sus vecinos y conocidos, y que le generan a la par una pérdida de tiempo, al tener que someterse a exámenes, análisis e interrogatorios nada cómodos o placenteros...” (Trib. Oral Crim. Nº 3 Cap. Fed., 7/4/2003, “Gorosito, D.O.”).- En este caso, además de la denuncia formulada por la mamá, contamos con el relato directo de la propia presunta víctima, debiéndose adicionar que el auto atacado se encuentra apontocado en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de las víctimas de los hechos como el que nos ocupa, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- No se advierten contradicciones entre lo declarado por la presunta víctima frente a diferentes interlocutores, sino todo lo contrario, ni tampoco lagunas sobre detalles fundamentales que hacen a la existencia del hecho imputado. No podemos dejar de mencionar que este contexto fue tomado en cuenta y analizado por la Sra. Jueza en el auto apelado.-
Es por ello que tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales ni se ha alterado el debido proceso.-
El imputado fue enrostrado del hecho en las circunstancias referidas en la denuncia formulada y testimoniales recepcionadas, las cuales guardan coherencia con lo relatado en la denuncia y lo referido por los testigos y documentación adjunta, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.-
Es que, contrariamente a lo sostenido por la apelante, la Sra. Jueza ha arribado a una resolución de mérito cargoso luego de ponderar los elementos colectados.-
Así, con relación al episodio meritó la declaración de la denunciante ante la dependencia policial, el conteste relato brindado por la presunta víctima y sus hermanas en los actos procesales llevados a cabo bajo la modalidad de Cámara Gesell, lo expresado por la profesional del Cuerpo Pericial Psicológico en cuanto a los indicadores de vulnerabilidad de la pretensa víctima y de la ausencia en su relato de mendacidad y/o inducción por parte de terceros, el testimonio de la Lic. C.R.G., el contenido del informe de intervención de la Oficina de Protección Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes dependiente de la Municipalidad de Gobernador Gregores, entre otras probanzas.- Con respecto al valor convictivo de las Periciales Psicológicas es dable señalar que la Sra. Jueza las hubo de ponderar con el resto del material probatorio.-
A mayor abundamiento, hubo de citar la parte pertinente del informe psicológico practicado a la niña S.M.V.B. que reza: “(…) Según lo evaluado a lo largo de la entrevista, se pudo establecer la fiabilidad del relato en la nombrada, observando la presencia de coherencia en su testimonio, un apropiado engranaje contextual, una buena estructura lógica, diversas descripciones de interacciones y una adecuada cantidad de detalles que constituyen la credibilidad en su exposición. Así también, al momento de evaluación no se advierten elementos en las pruebas psicológicas administradas donde existan contradicciones –verbales y gráficas- que indique invalidez en la fiabilidad de su testimonio… A través de las pruebas psicológicas administradas, se evidencian indicadores específicos de trauma sexual relacionados con los hechos que se investigan en autos…se puede establecer como estado y diagnóstico de situación, la observancia de indicadores específicos de Abuso Sexual Infantil, quedando la menor fijada/detenida en los hechos que en autos se investigan, sin apuntamientos estables y evidentes disponibles que le permitan elaborar –por ahora- el daño sufrido…” (fs. 112vta./113).- También la Sra. Jueza hubo de consignar la conteste versión que las hermanas S.R.V.B y S.A.V.B. hubieron de volcar al momento de producir sus relatos bajo la técnica de Cámara Gesell, concretamente lo que su hermana –pretensa víctima- les habría transmitido y el estado que al momento presentaba (ver fs. 111vta., 2do. y 3er. párrafo).-
Ello sin olvidar el testimonio de la Lic. C.R.G., quien relevada del deber de secreto profesional, fue categórica en su declaración de fs. 59/60, manifestando que tras haber escuchado a la niña S. en terapia fue ella la que aconsejó a la madre a hacer la pertinente denuncia.-
Los extremos invocados por la defensa en cuanto a las técnicas que se tenían que haber implementado por parte de la profesional que entrevistó a las niñas no autorizan a declarar una merma en la entidad probatoria de las piezas procesales en cuestión, siendo que, a mayor abundamiento, la mayor o menor correspondencia de los resultados de un informe pericial con los de otra pericia tampoco sería una cuestión relativa a la validez de las piezas probatorias, sino que en todo caso concierne a la valoración de las mismas.- Más aún, no constituye una prueba irreproducible ni mucho menos definitiva que exija o torne inexorable declarar su nulidad. Está al alcance de la defensa, la posibilidad de peticionar una nueva evaluación y ofrecer perito de parte.-
Incluso, yendo más lejos, llegando a pareceres disímiles se ha dicho que: “… la contradicción existente entre las conclusiones de los peritos jamás podría volverlas írritas siempre que hayan sido realizadas conforme a su ciencia…” .-
En este sentido, ante planteos similares ya se ha expedido en forma concordante esta Alzada (vgr.: Apelación 6938 , entre otras).-
Es decir, que contrariamente a lo sostenido por la apelante, la resolución puesta en crisis es una derivación razonada y ajustada a las constancias probatorias colectadas.-
Se advierte, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias de los hechos expuestas por la denunciante en mérito a lo anteriormente analizado.-
Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características de los hechos endilgados al imputado: delito contra la integridad sexual, habiéndose aprovechado del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la niña al momento por las circunstancias ya señaladas.-
Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados.” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en las que el hecho habría acontecido.-
De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.-
No corresponde, como pretende la defensa, valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas. En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...". (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento del imputado como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.-
En mérito a ello no se hace lugar tampoco al agravio esgrimido por la parte que no se encuentra acreditado con el grado de probabilidad suficiente para atribuirle a su defendido la responsabilidad que se investiga.-
Debo recordar aquí que, con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por las víctimas de delitos como el que nos ocupa, esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma, tal como lo efectuara la Jueza A quo.- Es sabido, conforme la normativa vigente en la materia (Ley Nº 26.485 art. 31), que los operadores judiciales deben garantizar la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los mismos y quiénes son sus naturales testigos.-
Para ello, se deben considerar las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.-
Por otro lado, respecto al valor probatorio de los testimonios acerca de los hechos endilgados al imputado, con acierto se ha dicho que: “La circunstancia de que los testigos no hayan visto por sí mismos los hechos que motivaron la causa penal, sino que se limitan a repetir lo que escucharon de terceras personas, no invalida per se sus declaraciones.”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; “Marcus, Alejandro Fabián Rubén”; 10/11/2008 Cita Online: AR/JUR/17536/2008.- En relación a la suficiencia de la prueba para el dictado del procesamiento, en un caso como el que nos ocupa, incluso en una etapa de casación más avanzada a la que transita esta causa, fueron valorados por un Alto Tribunal elementos similares a los agregados en autos, llegando en este antecedente a rechazar un recurso de casación. Al respecto se dijo: “El recurso de casación interpuesto contra la condena por el delito de abuso sexual agravado por la calidad del sujeto activo y por la situación de convivencia debe ser rechazado, pues los argumentos recursivos evidencian una disconformidad con el pronunciamiento del Tribunal del Juicio y no un ataque fundado contra aquél, ya que los reproches se dirigen más bien a una negación ilógica de las probanzas que a demostrar la arbitrariedad en el razonamiento del juzgador que se basó tanto en los testimonios de la víctima y en los informes psicológicos realizados sobre aquella, los cuales dan cuenta que no presentaba pensamientos fabulatorios o imaginativos, lo que conjugaba para la gravitación de la credibilidad de su testimonio.” (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes; 12/02/2015; “E., M. A. P/ abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado por la calidad de guardador y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años dos veces reiterada (tres hechos) y abuso sexual por acceso carnal doblemente calificado por la calidad de guardador de la víctima y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años s/ concurso real”; LA LEY 05/06/2015, Cita Online: AR/JUR/187/2015).- La decisión adoptada por la Sra. Magistrada se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN-, y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de extrema vulnerabilidad en la que se habría encontrado la persona al momento de los hechos que denunciara su mamá.-
La resolución atacada evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la Convención de los Derechos del Niño, Convención Belem do Para, 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- En función de lo expresado, no vislumbrándose, se insiste, la resolución atacada violatoria de los derechos de defensa, que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado A.E.V. dictado por la instrucción y en orden al delito enrostrado, con la salvedad que sólo en la modalidad agravada por ser ascendiente.-
Ello por cuanto asiste razón a la defensa que el agravante “encargado de la educación o guarda” aplica subsidiariamente y no conjuntamente, por estar en presencia de un familiar directo como persona imputada, razón por la cual la mencionada será revocada.-
Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Con relación al monto del embargo trabado, corresponde decir que no tendrá acogida favorable en esta instancia.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del C.P.P..-
En efecto, y contrariamente a lo señalado por la defensa, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que la Sra. Magistrada en el punto Quinto de los Considerandos ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria del hecho investigado y de la participación del imputado en el mismo, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- En orden a lo expuesto y en razón de las circunstancias del hecho debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia del delito investigado en autos, por lo que la suma ordenada de Pesos un millón ($ 1.000.000) no aparece como irrazonable ni desproporcionada.- Así se ha dicho que “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).- En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice “...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...” (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Angel”. Vocales: Funes, Pueyrredon, Vargas. Secc. N1).-
III. En otro orden de ideas, atento las facultades de superintendencia atribuidas a este Juzgado de Recursos , tras el análisis de la presente causa venida a estudio, nos vemos compelidos a exhortar al juzgado interviniente en la presente investigación en el sentido de extremar los recaudos para evitar dilaciones en las tramitaciones de las causas.-
En primer lugar, si bien es perfectamente advertible que durante el desarrollo de la siguiente instrucción se suscitaron situaciones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación (vgr. tiempo transcurrido entre que se ordenaron las pericias psicológicas y la entrega de los pertinentes informes), no se logra comprender, y tampoco se encuentra justificado, los periodos de tiempo durante los cuales la causa permaneció paralizada.- En segundo lugar a la abreviación del proceso apunta, en primer lugar el llamado principio de concentración, que propende a reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos. Es decir conjuga los arts. 185 (finalidad de la instrucción), con el 197 (duración de la instrucción), más el 199 (reglas de la prueba) y ccss. del C.P.P., siendo ello acorde a las obligaciones internacionales suscriptas por el Estado Argentino (arts. 18, 31, 75 inc. 22 C.N.; art. 8.1 y 8.5 CADH; art. 14.1 PIDCyP; art. 18 y 26 DADDH y art. 11.1 DUDH). Pues bien este principio ha sido desconocido en la instrucción.- En acreditación palmaria de ambas falencias podemos citar, y sin agotar todas, las que a continuación se informarán.-
Así por ejemplo, y sólo por citar algunas, no se encuentran justificadas las ventanas de tiempo existentes entre las providencias y/o actos procesales de fs. 77 y 93 (15 de noviembre de 2022 y 08 de septiembre de 2023, en ese orden), y fs. 103 y 108 (04 de diciembre de 2023 y 27 de marzo de 2024, respectivamente).-
Pues bien, sólo allí se contabilizan más de 13 meses, esto es más de un año.-
Por otra parte, pese a lo señalado y la naturaleza del delito en cuestión (que incluso el juzgado lo menciona a fs. 6vta. último párrafo), se presenta como carente de coherencia que en proveído de fecha 25 de noviembre de 2021 se cite a prestar declaración testimonial a la profesional tratante de la pretensa víctima recién en fecha 07 de abril de 2022.-
Sin existir causa que lo amerite se ordenan providencias complementarias sin solución de continuidad, es decir al otro día de la anterior (vgr. ver fs. 03 y 06, de fechas 24 y 25 de noviembre de 2021 respectivamente); se ordenan pericias psicológicas en diferentes providencias y con amplios intervalos de tiempo -a la pretensa víctima primero (fs. 06, de fecha 25 de noviembre de 2021) y a sus hermanas también menores de edad luego (fs. 43, de fecha 08 de febrero de 2022)-; y, lo que causa mayor asombro aún, tras haber cursado sendas intimaciones a la profesional psicóloga en diversas oportunidades para que presente los informes atento el tiempo transcurrido desde que se concretaron, recién se provee la recepción de los mismos en fecha 08 de septiembre de 2023 cuando de las constancias surge que el de las niña S.M.V.B. fue recepcionado el día 02 de febrero de 2023 y los de las niñas S.A.V.B. y S.R.V.B. el día 07 de febrero de 2023 (es decir 8 meses después).- Ello sin dejar de mencionar que los sellos impuestos desde el juzgado actuante con fecha 03 de enero de 2022 a fs. 80, 81, 82, 83, 84 y 85 en realidad se corresponden con el año 2023. Nunca podrían ser del año 2022 sencillamente porque una entrevista bajo la modalidad de cámara gesell fue realizada en fecha 18 de marzo de 2022 en tanto las otras dos en fecha 01 de abril de 2022.-
Que esto no es novedoso e incluso se ha extinguido la acción penal por prescripción para investigar delitos en otras causas que allí tramitaron, en donde también se hicieron estos señalamientos ("B., M.M. S/ DENUNCIA LESIONES LEVES", Expte. Nº 3905/19 - Apelación/Causa JR Nº 8383/23, resolución inscripta al TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.; REGISTRO Nº 8233; FOLIO Nº 121/128; PROT. ELECT. JR101 109I.231; de fecha 08 de Noviembre de 2023).- Asimismo lo descripto en los párrafos que anteceden, no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de instrucción. Por dicha razón, la Sra. Magistrada se encuentra compelida a obrar conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión.-
Sin hesitación alguna podemos aseverar que nos encontramos frente a una instrucción deficitaria tras años de iniciada, que se agrava por el estado de vulnerabilidad de la pretensa víctima y el tenor del hecho denunciado.-
Incluso se evidencia la ausencia de requerimiento fiscal alguno tendiente a la prosecución de las presentes actuaciones pese a las circunstancias expuestas.-
A este respecto, no podemos dejar de mencionar, que es deber del Estado Argentino, y en lo que nos toca, de la Justicia Penal, la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito configurativos de la victimización primaria, debiendo procurar de igual manera que, el daño sufrido por las víctimas del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, lo que configuraría la victimización secundaria. Todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidad Internacional frente a las obligaciones asumidas también en materia de perspectiva de género.- Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta especialmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, ello teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. En virtud de lo normado por la CADH, se deben adoptar medidas particularizadas y especiales ante la ocurrencia de un acto de violencia física y/o sexual, surgiendo una obligación estatal reforzada de debida diligencia.- Conforme lo establecido en la Convención de Belém do Pará, en los casos en los que una mujer sea víctima de violencia, en particular violencia o violación sexual, las autoridades estatales deberán tener particular cuidado en el desarrollo de las investigaciones y procesos a nivel interno, así como al momento de adoptar medidas de protección y de acompañamiento durante el proceso, y después del mismo, con el fin de lograr la rehabilitación y reinserción de la víctima.- La Argentina asumió compromisos internacionales en materia de violencias de género al suscribir la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la primera de ellas con jerarquía constitucional.-
No nos olvidemos que también, en atención a la edad de la pretensa víctima, es de aplicación al caso las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño.-
A través del recorrido por dichas Convenciones, como también por los principios, reglas y fallos del Sistema Interamericano, encontraremos la relevancia que se le imprime a las medidas de protección en el marco de investigaciones y procesos judiciales dirigidas, tanto a las personas que padecen violencias de género como también a quienes podrían aportar testimonios fundamentales.- Consecuente con lo referido, nuestra CSJN ha dicho que: "...Cuando la Nación ratifica un tratado que firmo con otro Estado se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata...". (LALEY, 1992-C, 543).- En el ámbito local, la ley 26.485 de Protección Integral, establece el deber estatal de promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, fijando los derechos y garantías mínimos de los procedimientos judiciales, estipulando concretamente, el derecho a obtener de parte de la justicia una respuesta oportuna y efectiva (art. 16 inc. b), recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos (art. 16 inc. e) y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (art. 16 inc. i). (Cf. criterio sostenido en Apelación Nº 7227/21 y Nº 7997/22).- Pues bien, a las claras está que esto no ha ocurrido.-
Una lectura mínimamente responsable del expediente al momento de ordenarse las medidas y un diligente control de sala hubiesen reducido drásticamente los exagerados tiempos insumidos en esta investigación.-
Otro claro ejemplo este sentido lo constituye la suspensión de la diligencia de declaración indagatoria del imputado obrante a fs. 73 y de fecha 16 de septiembre de 2022. ¿Y por qué sostenemos ello?. Sencillamente porque luce evidente que un día hábil anterior a la fecha de la diligencia el juzgado se percató que aún no contaban con los informes psicológicos de las entrevistas llevadas a cabo respecto de las niñas en la modalidad de Cámara Gesell. Recordemos que dicho ordenatorio se concretó un viernes siendo que el lunes siguiente (19 de septiembre de 2022) estaba fijada la audiencia indagatoria. Que dicho sea de paso había sido ordenada el día 21 de junio de 2022.- Es que a poco que vamos desgranando la actividad jurisdiccional se aprecian situaciones que distan mucho de una eficiente actividad investigativa.-
Es claro que situaciones como esta, pese a los constantes y diversos señalamientos formulados desde esta sede judicial, atentan contra el acceso a la justicia y el eficiente servicio que se debe prestar a la comunidad.-
Incluso impacta negativamente también en la organización del trabajo de esta Alzada, al tener que dar trámite prioritario a expedientes procedentes de ese Juzgado que ingresan con posterioridad a los de otras dependencias de la Circunscripción Judicial pero que al detentar varios años de instrucción y con delitos próximos a prescribir, nos vemos compelidos al alterar el orden correspondiente a su análisis al momento de resolver.- La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta a la Sra. Jueza que imprima celeridad en la presente investigación y se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza.- Sin perjuicio de los señalamientos formulados, y atento los antecedentes obrantes de similar tenor en esa dependencia , corresponde comunicar lo aquí resuelto a la Secretaría de Superintendencia, Jurisprudencia y Servicios Notariales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.-
IV. Como fuera esbozado en el párrafo que antecede, otra dilación ostensible e injustificada que se aprecia consiste en la entrega de los informes psicológicos por parte de la Lic. MA.A.T. del Cuerpo Pericial Psicológico del Excmo. T.S.J., pese a haber sido reclamado reiteradamente.-
Así, una vez evaluadas la pretensa víctima por la citada profesional en fecha 18/03/2022 y sus hermanas, ambas en fecha 01 de abril de 2022, los instrumentos en cuestión se recepcionaron en la sede judicial los días 02 de febrero de 2023 y 07 de febrero de 2023 (en ese orden), es decir a más de 10 meses. Se deja constancia que las actas de las videograbaciones fueron recepcionadas unos días antes, esto es el 03 de enero de 2023 (recordemos que ello es así pese a que en los sellos aparece escrito 03/ENE/2022 en atención a las explicaciones precedentemente formuladas).- Para esto, y habiendo transcurrido más de 6 meses de las entrevistas a las niñas, obra a fs. 73 (fecha 16/09/2022) el ordenatorio de la Sra. Jueza de la remisión urgente a la citada profesional de los informes psicológicos, bajo apercibimiento de ley y de informar al Tribunal Superior de Justicia el incumplimiento.-
Es dable señalar que el primer reclamo fue cursado a la profesional mediante código de validación 7e9ddfes (ver fs. 73vta.), respondiendo mediante código de validación 4943a18a el día 22 de septiembre de 2022 (fs. 75) que en fecha 21/10/2022 lo presentaría, esto es a más de un mes después de formulado el requerimiento judicial, explicitando allí que el atraso obedece al cúmulo laboral de la dependencia.- Atento la no presentación de los instrumentos en la fecha referida por la citada profesional, el día 10 de noviembre de 2022 (fs. 77), el juzgado la intima para que dentro del término de 48hs. presente los informes periciales y los soportes magnéticos, bajo apercibimiento de ley y de informar al Tribunal Superior de Justicia el incumplimiento.-
Pues bien, a ello la profesional MA.A.T. responde a fs. 79 “…Hago saber que en el día de hoy, MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022, la Agente Fiscal Adjunta Dra. A.O. se presentará en Sede Judicial y hará entrega de tres (3) sobres cerrados acerca de la recepción testimonial con implementación del recurso técnico de Cámara Gesell correspondiente a las hermanas de autos S., S. y S., todas de apellido V.B., los cuales contienen de manera separada los soportes magnéticos en cd (x2), acta de audiencia de cada entrevistada y copias de sus documentos nacionales de identidad. Asimismo, en esta oportunidad comunico que los informes periciales ordenados a las mencionadas serán remitidos a Sede Judicial por quien suscribe a través de SNE en el plazo de cinco días…”.- La documental referida fue finalmente recepcionada, como se adelantara párrafos arriba, por el juzgado en fecha 03 de Enero de 2023 (y no 03ENE2022 como se consigna en el sello), en tanto que los informes periciales lo fueron en fecha 02 de febrero de 2023 (perteneciente a S.M.V.B.) y 07 de febrero de 2023 (pertenecientes a S.A.V.B. y S.R.V.B.).-
En orden a las consideraciones expuestas, que conspiran contra el acceso a la justicia y van a contramano de los compromisos internacionales suscriptos por el Estado Argentino mencionados precedentemente, corresponde comunicar lo aquí resuelto a la Secretaría de Superintendencia, Jurisprudencia y S. Notariales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.-
V. Asimismo, en función de lo expuesto en los acápites III) y IV), y teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos y lo normado por los arts. 59, 62 y ccss. del C.P.P.; y arts. 78 incs. d), e), f) y j) y 75 inc. d) y e) de la Ley Nº Uno Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, deviene inexorable remitir copia de la presente resolución al Sr. Fiscal ante el Excmo. T.S.J. a los fines que estime corresponder (conf. art. 71 inc. e) y f) de la Ley Nº 1 Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz). -
VI. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución atacada, esto es en orden al delito de ABUSO SEXUAL SIMPLE agravado por ser cometido por un ascendiente, REVOCÁNDOSE el agravante por ser encargado de la guarda (art. 119 1er. párrafo, en función de lo normado por el inc. b) del Código Penal), ello conforme los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la Sra. Jueza lo referido en el punto III) de los Considerandos a los fines allí indicados.-
3. HACER SABER al Sr. Fiscal ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz el contenido del punto V) de los considerandos que preceden.-
4. LIBRAR OFICIO a la Secretaría de Superintendencia, Jurisprudencia y S. Notariales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz a los efectos de comunicar lo aquí resuelto en los puntos III) y IV).-
7. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
(NAS)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia