Abriendo la norma
Juzgado de Paz de Ituzaingó · Causa 24.462
"V., R. C/ C. DE P. DE S. DE O., A. P. Y OTROS S. P. C. L. S/ AMPARO" EXPTE. 24462.-
Ituzaingó, 17 de septiembre de 2026.-
Proveyendo Demanda - Se Presenta (237401416000399720)
Por presentado en el carácter invocado, con el patrocinio de la Defensoría Oficial y constituidos los domicilios procesal y digital.-
Para resolver la medida cautelar solicitada en las presentes actuaciones caratuladas "V., R. C/ C. DE P. DE S. DE O., A. P. Y OTROS S. P. C. L. S/ AMPARO" relativas al amparo y a la solicitud de medida cautelar urgente tendiente a obtener la reconexión inmediata del servicio público esencial de agua potable en favor de una persona mayor en situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta.-
Primero: Que el Sr. R. V., se presenta con patrocinio de la Defensoría General, interponiendo acción de amparo y el dictado de una medida cautelar innovativa y urgente con el objeto de que se ordene a la empresa prestataria del servicio, la reconexión inmediata y provisoria del suministro de agua potable en el inmueble habitado por una persona mayor de edad, la cual se encuentra privada de este recurso vital, indispensable para asegurar su subsistencia, la preservación de su salud psicofísica y el respeto elemental por su dignidad humana.-
Segundo: Que corresponde recordar que para la procedencia de las medidas cautelares no se exige un examen de certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino un juicio de probabilidad o verosimilitud (fumus boni iuris), sumado al inminente peligro en la demora (periculum in mora) y la necesidad de evitar la producción de un daño grave, irreparable o de extrema gravedad durante la sustanciación del proceso. Estos recaudos procesales adquieren una intensidad superlativa y se flexibilizan notablemente cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad, como en el caso de autos.-
Tercero: En lo relativo a la VEROSIMILITUD DEL DERECHO, el reclamo encuentra un sólido e indiscutible sustento normativo, convencional y constitucional en la protección reforzada que el ordenamiento jurídico acuerda a las personas mayores y en el carácter de derecho humano fundamental e inderogable que reviste el acceso al agua potable.- En primer lugar, cabe destacar que el acceso al agua potable y saneamiento ha sido reconocido pacíficamente como un derecho humano esencial e indispensable para una vida digna, vinculándose de manera directa e inescindible con el derecho a la vida, a la salud (Art. 42 de la Constitución Nacional y Art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) y a un ambiente sano y equilibrado (Art. 41 de la Constitución Nacional).-
En este sentido, cobra especial relevancia la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual declaró formalmente el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.-
Asimismo, la Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) establece que el agua es un recurso natural limitado y un derecho fundamental para la condición humana, resultando indispensable para llevar una vida digna y constituyendo un requisito previo para la realización de otros derechos fundamentales, vedando categóricamente que la falta de recursos económicos prive a los sectores vulnerables de este recurso indispensable en concordancia con el art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que formas parte del bloque normativo Constitucional por imperio del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.-
Cuarto: Al respecto la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Kersich", reafirma la tutela preferencial de los bienes colectivos y de los servicios públicos esenciales vinculados a la preservación de la vida y de los recursos naturales vitales . como el agua, imponiendo a los órganos judiciales una actuación tuitiva y urgente frente a afectaciones que impactan en derechos de incidencia colectiva y en la salud de sectores vulnerables.-
Quinto: Asimismo, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores consagra de modo categórico el derecho a la salud, a la seguridad y a un nivel de vida adecuado que incluya el acceso continuo a los servicios básicos, imponiendo a los Estados partes y a los operadores jurisdiccionales la obligación de adoptar todas las medidas reforzadas necesarias para garantizar el goce efectivo de estos derechos sin discriminación por razones de edad.-
Sexto: En el ámbito jurisdiccional provincial, la Guía de Buenas Prácticas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la atención y el trato de personas mayores establece pautas claras de actuación institucional orientadas a remover activamente cualquier obstáculo procesal, garantizando un acceso a la justicia real, rápido y efectivo, y velando prioritariamente por la integridad, la autonomía y el bienestar de este colectivo históricamente vulnerable.-
Séptimo: En otro orden de ideas, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, las cuales exhortan a los órganos judiciales a adoptar medidas de tutela urgente y de preferencia que garanticen la efectiva protección de los derechos de quienes, por razones de edad avanzada, salud precaria o condición social, se hallan en una situación de debilidad manifiesta frente a la interrupción de suministros vitales por parte de empresas prestatarias de servicios públicos.-
Octavo: que en el caso que nos ocupa, el actor manifiesta haber dejado de recibir la boleta en formato papel, y que desconoce como bajar la factura digital y la app, siendo la brecha digital, un obstáculo que hizo que se atrasara en algún pago.-
Al respecto, entiendo que la imposición unilateral de canales digitales de facturación por parte de las empresas prestatarias de servicios públicos esenciales (Como la supresión de la factura en soporte papel), configura una barrera estructural discriminatoria que vulnera los derechos de las personas mayores.-
La brecha digital no constituye una mera incomodidad técnica o una falta de voluntad de pago, sino una condición objetiva de exclusión derivada de la edad avanzada, la escasez de recursos tecnológicos y la ausencia de conectividad o de saberes informáticos específicos.- Condicionar la continuidad de un suministro vital como el agua potable al uso obligatorio de plataformas electrónicas de cobro, exigiendo un manejo digital ajeno a las capacidades de un adulto mayor, subvierte la lógica de los servicios públicos domiciliarios.-
Ninguna reglamentación comercial o modernización administrativa de carácter privado puede anteponerse al orden público constitucional y convencional.-
Noveno: Es más que claro que exigir la virtualidad como requisito excluyente para acceder al conocimiento de las liquidaciones de deuda, transforma una barrera socio-digital en un mecanismo de privación ilegítima, afectando de manera directa el derecho humano fundamental al agua potable, a la salud, a la vida y a un trato digno e igualitario de una persona mayor, contraviniendo todas las disposiciones convencionales en la materia.-
Décimo: La exclusión derivada de la brecha digital no puede constituir bajo ningún punto de vista un valladar legítimo para privar a una persona mayor de un recurso vital. La imposición unilateral de canales informáticos de facturación y la supresión de la boleta en soporte papel, operativiza una barrera discriminatoria que desconoce las limitaciones reales y objetivas asociadas a la edad avanzada, la escasez de saberes informáticos específicos y la falta de conectividad idónea.-
Ninguna reglamentación comercial o simplificación administrativa de carácter privado puede anteponerse al orden público constitucional y convencional. Exigir la virtualidad como requisito excluyente para conocer las liquidaciones de deuda transforma una mera dificultad tecnológica en un mecanismo de privación ilegítima, vulnerando de manera directa el derecho humano fundamental al agua potable, a la salud, a la vida digna y al trato equitativo consagrado por el plexo normativo protectorio.-
Décimo primero: No es menos cierto que la supresión de la factura en soporte papel y la consecuente imposición unilateral de canales informáticos de facturación configuran una barrera estructural discriminatoria que vulnera gravemente los derechos de las personas mayores y la exclusión digital derivada de la supresión inconsulta del soporte papel no puede convalidar la afectación de un derecho humano fundamental, especialmente cuando se traduce en la imposición de una carga económica o técnica desproporcionada que el usuario, por su edad y condiciones socio-culturales, se encuentra fáctica y jurídicamente imposibilitado de superar.-
Décimo segundo: Los argumentos derivados de la teoría de la imprevisión y la alteración de las bases negociales en el marco de los contratos de servicios públicos domiciliarios, imponen el deber de buena fe y las empresas prestatarias no pueden modificar unilateralmente las condiciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales (Como la forma de facturación y notificación del débito) alterando las reglas bajo las cuales el usuario venía operando de buena fe, para luego endilgarle un supuesto incumplimiento derivado de una barrera tecnológica que la propia prestataria introdujo sin su consentimiento.-
Ea viable destacar la plena vigencia del principio de continuidad y regularidad de los servicios públicos esenciales, sobre todo aquellos relacionados con el derecho a la salud, como el agua potable y este principio de continuidad, en el caso que nos ocupa, constituye una prerrogativa de orden público destinada a resguardar la subsistencia misma de los administrados.-
Décimo tercero: La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la interrupción de un servicio público esencial como medida de autodefensa ante la falta de pago no puede ejercerse de manera abusiva ni desatendiendo el principio de razonabilidad (Art. 28 de la Constitución Nacional), convirtiéndose en una vía de hecho ilegítima cuando el obstáculo para abonar obedece a un impedimento de accesibilidad digital generado por la propia prestataria frente a un sector hipervulnerable, como lo es una persona adulta mayor jubilada que percibe el haber mínimo y la distribuidora de servicios ostenta una posición mas favorable y se encuentra obligada a arbitrar medios de notificación inclusivos, accesibles y seguros, pues pretender que la falta de acceso a una plataforma web o la imposibilidad de descargar una boleta electrónica, constituya una falta liberatoria de responsabilidad para la empresa equivaldría a trasladar ilegítimamente los costos de la modernización tecnológica sobre las espaldas de los sectores más desprotegidos de la sociedad, subvirtiendo flagrantemente el espíritu tuitivo del ordenamiento jurídico.-
Décimo cuarto: Entiendo que condicionar la continuidad de un suministro vital como el agua potable, al uso obligatorio de plataformas electrónicas de cobro, exigiendo un manejo digital ajeno a las capacidades reales de un adulto mayor en situación de vulnerabilidad, transforma desfavorablemente la finalidad tuitiva de los servicios públicos domiciliarios, dando viabilidad a que la exclusión tecnológica se traduzca en el corte intempestivo de un recurso indispensable para la subsistencia, lo que implica una forma de exclusión social intolerable, desnaturalizando la obligación de los prestadores de garantizar servicios accesibles y seguros para todos los sectores de la comunidad sin discriminación alguna.- Décimo quinto: El juego armónico de las garantías consagradas en los arts. 14 bis, 16 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, así como los arts. 10, 11, 15 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, consagran el principio de tutela judicial continua y efectiva, el respeto a la dignidad de la persona humana y el deber constituyente de protección integral de los sectores vulnerables de la comunidad.- Décimo sexto: Que la Ley 14782 de la Provincia de Buenos Aires reconoce formalmente el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida, garantizando el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para uso personal y doméstico, el acceso físico y oportuno al agua apta para consumo y la distribución equitativa y no discriminatoria del servicio y establece un nivel mínimo esencial de disponibilidad diaria por persona, con programas prioritarios para grupos vulnerables y zonas de escasez.-
Décimo séptimo: En cuanto al PELIGRO EN LA DEMORA, este se acredita de manera palmaria e in re ipsa ante la propia naturaleza del bien vital afectado. La privación del suministro de agua potable a una persona mayor genera un perjuicio irreparable, continuo y de extrema gravedad que compromete de forma directa e inmediata su salud, su integridad física, su dignidad y su subsistencia diaria, tornando ilusoria cualquier decisión tardía que pudiera adoptarse al finalizar el debate del proceso principal.-
Décimo octavo: La tutela urgente en supuestos de servicios públicos esenciales y personas mayores exige una actuación judicial altamente tuitiva y de orden público, apartándose de rigorismos formales excesivos y ponderando el principio protectorio consagrado constitucionalmente. Por ello, entiendo corresponde ordenar la reconexión provisoria del servicio bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias y de comunicar su incumplimiento a la justicia penal en los términos del art. 239 del CP, sin perjuicio de la posterior sustanciación y el esclarecimiento definitivo de las actuaciones.-
Décimo noveno: Con respecto a la CONTRACAUTELA, atento a la naturaleza eminentemente tuitiva de la pretensión cautelar y la clara condición de vulnerabilidad de la persona peticionante, corresponde eximirla de la prestación de caución real, teniéndose por suficientemente prestada la caución juratoria en los términos de ley (Art. 199 del CPCC).-
Por todo lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo prescripto por los arts. 14 bis, 16, 41, 42, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional; arts. 10, 11, 15, 38 y concs. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; Resolución 64/292 de la ONU; Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la doctrina legal que emana del fallo "Kersich" de la CSJN, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, la Guía de Buenas Prácticas de la SCBA, art. 1, 2 y concs. de la Ley Provincial 14782; y arts. 195, 199, 230, 232 y concs. del CPCC:
PRIMERO: Hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada y, en consecuencia, ordenar a la empresa prestataria del servicio C. DE P. DE S. DE O., A. P. Y OTROS S. C. L. que proceda en el plazo perentorio e improrrogable de 24 hs a la reconexión inmediata y provisoria del servicio de agua potable en el inmueble habitado por R. V., titular del DNI Nro. ... sito en la calle B. Nro. ... de la Localidad y Partido de Ituzaingó, debiendo abstenerse de realizar nuevos cortes, restricciones o suspensiones mientras dure la tramitación de las presentes actuaciones (Arts. 195, 230, 232 y concs. del CPCC) ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias de UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000,00) por cada día de retraso en la reconexion (Art. 804 del CCyC) y de comunicar la desobediencia a la justicia penal en los términos del art. 239 del CP.-
SEGUNDO: Fijar la vigencia de la presente medida precautoria por el plazo legal necesario hasta la resolución definitiva de la cuestión de fondo, o hasta tanto se disponga lo contrario en el marco del proceso principal, debiendo facilitar al SR. V. R. el acceso a las boletas en formato papel y otorgar el plan de pago y/ otorgamiento de plazos para la regularización del pago del servicio teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad del mismo.-
TERCERO: Tener por prestada la caución juratoria en los términos expuestos en los considerandos, eximiéndose a la parte actora de otorgar caución real en atención a su condición de vulnerabilidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE de manera urgente y por Secretaría, habilitándose días y horas inhábiles a los fines de asegurar el cumplimiento inmediato y eficaz de la presente manda cautelar.-
DR CARLOS ALBERTO MICELI JUEZ
Fin de la sentencia