Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto glosado a fs. 198/203, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
TOMO CXLII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9019 FOLIO Nº 056/060 PROT. ELECT. JR101697I.242
Río Gallegos, 10 de octubre de 2024.-
La presente causa caratulada “V.R. Y OTRO S/ ROBO AGRAVADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA”, Expte. Nº 18.001/19F2, Apelación Nº 9150/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 198/203, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, Dra. M.Q., quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de F.A.R., en orden al delito de “Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda (arts. 45 y 167 inc. 2º del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000).- Que a fs. 225/228 y vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 242 sostuvo el recurso (cód. validación 61fcda2e) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos,
La defensa planteó que el resolutorio recaído en autos -fs. 198/203- no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido.-
I. INEXISTENCIA DE PRUEBA DE CARGO - AUSENCIA DE PERICIA PSICOLOGICA PSIQUIATRICA - REPROCHE DE LA CONDUCTA: IMPUTABILIDAD: Sustentó el remedio procesal interpuesto, en la duda que emerge del presente sumario en cuanto a la imputabilidad del Sr. R. al momento de acaecer el hecho del cual es acusado.-
Argumentó, que los elementos probatorios colectados en el sumario no resultarían suficientes a los efectos de atribuirle al causante la responsabilidad penal en orden al delito que se le enrostra.-
Refirió que se carece de prueba de cargo que pueda determinar si R. padece de alguna insuficienca o alteración de sus facultades mentales que le impidieran comprender que los actos que les fueran atribuidos son contrarios a derecho, y por ende, dirigir su comportamiento de acuerdo a ese entendimiento.-
En ese mismo carril argumentativo, dijo que no se realizó la pericia psicológica psiquiátrica respecto del imputado, generando una duda insalvable en cuanto a la imputabilidad del causante al momento de acaecer el hecho que se le endilga -su opinión-.-
En conclusión determinó, que las constancias obrantes en autos generan una duda insalvable, ya que la imputabilidad de su defendido no ha sido corroborada en autos con prueba de cargo -dada la orfandad probatoria existente-, afectando de ese manera el derecho de defensa del encartado, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 inciso 1º del C.P. y el artículo 319 inciso 5º del C.P.P., entendiendo que debe regir en su máxima extensión el prinicipio in dubio pro reo, por ello, solicitó la NULIDAD del auto de procesamiento, y en consecuencia, que se dicte el sobreseimiento de su defendido, o en su defecto, se dicte la falta de mérito.-
II. ROBO AGRAVADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA - ART. 167 INC. 2º - ENCUADRE JURIDICO: Sostuvo que un correcto encuadre típico de la conducta por la que fue indagado el Sr. R. no puede ser otro que el de "robo simple" contenido en el art. 164 del CP, descartándose la agravante "en poblado y en banda" tipificado por el art. 167 inc. 2º del CP.-
Manifestó que ha quedado totalmente demostrado por los dichos mismos del pretenso damnificado el Sr. L.M.M. -propietario del local comercial donde funciona el autoservicio la "xxx"-, que el lugar donde se habría producido la conducta delictiva endilgada a su defendido, se encontraba totalmente deshabitado, al momento en que se habría cometido.-
De este modo, requirió que se revoque en cuanto a la calificación legal de los hechos por el que se le dicta el procesamieno a F.A.R. y se lo reemplace por otro que disponga su procesamiento sin prisión preventiva por ser autor del delito de "robo simple" (art. 164 CP).-
III. MONTO DEL EMBARGO: Objetó el monto dispuesto, por considerarlo excesivo, arbitrario y exorbitante, teniendo en cuenta las condiciones personales del encartado, el cual es una persona joven de 23 años de edad, que vive con sus padres, sin antecedentes penales, que vive de desempeñarse como empleado sin relación laboral registrada (en negro) y sin remuneración mensual fija.-
Peticionó su adecuación atento a las constancias obrantes en autos y a las condiciones personales del referido.-
IV. DEL PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA: Planteó que en el supuesto de que no se haga lugar a lo solicitado en los apartados precedentes, el presente caso, debe ser analizado a la luz de la teoría de la insignificancia.-
Expresó que cuando la afectación a un bien jurídico es ínfima, ninguna reacción de carácter penal puede presentarse como razonable y proporcional. Por ello, un juego armónico de los presupuestos que se desprenden de los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y lesividad, impiden que aquellas lesiones de carácter mínimo a los bienes jurídicos puedan considerarse como lesiones jurídicamente relevantes a los fines del derecho penal.- A modo de resúmen expuso, que luego de un análisis en detalle de las constancias obrantes en autos y la supuesta actividad desarrollada por el imputado -la cual habría sustraído bebidas sin menoscabar la integridad física de persona alguna-, entendió, que corresponde revocar la resolución apelada y sobreseer al imputado, pues existe una mínima afectación al bien jurídico protegido por la ley penal, siendo éste insignificante e inidóneo para llenar, llegado el caso, la tipicidad objetiva del art. 167 inc. 2º del CP.- Citó doctrina y jurisprudencia en apoyatura de su tesitura.-
1. Que ingresando al tratamiento de los agravios expresados por la apelante, debo decir que no le asiste razón en cuanto a que el auto impugnado no se ajuste a derecho.-
Veamos, en líneas generales, se ha dicho que motivar: “…es la obligación que tienen los jueces de dar a conocer los razonamientos en los que se sustentan sus decisiones...” (Roldán Santiago; Justificación y motivación de las resoluciones judiciales; Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Nº 9; septiembre 2010; Sección doctrina; abeledo-perrot; Buenos Aires, pág. 6).-
En nuestro caso, resulta insostenible el planteo de la defensa, ya que la resolución dictada por la Magistrada se encuentra debidamente motivada, habiéndose efectuado una concreta y detallada intimación del hecho -en sus circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona-; se valoró todo el espectro probatorio recabado y se argumentó sobre la adopción de la calificación jurídica asignada como constitutiva del delito de “ROBO AGRAVADO POR SER COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA”, dándose cumplimiento a las normas reguladas en los Arts. 115, 116 y 291 del C.P.P. en cuanto a la forma y el contenido que debe tener un procesamiento -siendo aquel un acto jurisdiccional válido- y permitiéndole a la A Quo tener por acreditada -con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa del proceso- tanto la materialidad como la responsabilidad que se le atribuye al encartado, mediante la valoración en conjunto y bajo las reglas de la sana crítica racional de los elementos que, para esta Alzada, se presentan como serios, concordantes y no controvertidos por otros medios de prueba, El pronunciamiento de la Jueza de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo. En tal sentido, baste con tomar vista de la fs. 198 y vta., en el punto "RESULTA" II) El cuerpo probatorio del auto recurrido, donde se enumeraron las piezas probatorias en que se apoyó para determinar la materialidad y autoría de los hechos en cabeza de C.G.S..-
En el auto recurrido, se ponderó la totalidad de la prueba aunada a la causa, las cuales la llevaron al dictado del resolutorio recurrido.-
Cabe recordar que, en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en el mismo.-
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612); por tal motivo, se rechazará el presente agravio.-
2. Por otra parte, yendo al tratamiento de lo planteado acerca de la inimputabilidad del encartado que indicó la defensa, esta Alzada ya lo ha señalado en anteriores oportunidades, que "...debe tenerse en cuenta que la declaración de inimputabilidad de un sujeto debe ser acreditada fehacientemente por los mecanismos técnicos y específicos aportados por los expertos en psicología y psiquiatría que sean convocados en auxilio de la Instrucción; ello es así, dada su consecuencia legal dentro del proceso que exime de pena al causante por aplicación del Art. 319º Inc. 5º del Código de rito. Que dada la certeza que se exige para la procedencia de esta causal excusatoria, es que no es posible hacerla viable con la sola valoración judicial de las pruebas reunidas por los órganos de la instrucción, al contrario, es necesaria la convocatoria de los expertos para despejar las dudas que en torno a la situación planteada pudieran presentarse...".- A lo anteriormente expuesto, debe agregarse que "...nuestra legislación no contempla la llamada ´imputabilidad disminuida´ sino que solamente es causa de exculpación la verdadera imposibilidad de comprender los actos al momento que se llevan a cabo o dirigir las acciones conforme a esa comprensión..." (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 3º, 28/12/1990 en "R., L." citado en Horacio J. Romero Villanueva en su "Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria", Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 111).- Además, que "...el imputable disminuido o semi imputable es penalmente responsable mientras no se demuestre que haya atravesado por un verdadero estado de inconsciencia..." (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 2º, 30/4/1985 en "G., R.H." en Romero Villanueva, ob. cit., pág. 111).-
He de señalar que el Art. 34 del C.P. reviste un carácter excepcional: es necesaria su acreditación en el caso concreto. La mera presunción de inimputabilidad no alcanza para hacer aplicable la norma exculpatoria sino que es menester que produzca la imposibilidad de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.-
Así las cosas, encuentro que las circunstancias descriptas que emergen del caso en estudio resultan sumamente indicativas de que, en principio, R. habría contado con un estado de consciencia suficiente para ser merecedor de un reproche penal, esto es, que no cabría aplicar una causal de inimputabilidad, por lo que, no se le hará lugar al presente agravio.-
Amén de ello, en cuanto a lo relativo a la medida de prueba sugerida por la parte recurrente en su escrito de apelación, -que no fue ordenada por la A Quo, esto es, pericia psicológica psiquiátrica necesaria a los fines de analizar la capacidad del Sr. R. de comprender y dirigir sus acciones-, corresponde analizar las diligencias probatorias que sí fueron realizadas, a fin de determinar si las mismas permiten atravesar la etapa regulada por el Art. 289 del C.P.P.: siendo mi respuesta afirmativa, es decir, alcanzan para confirmar el temperamento incriminante adoptado respecto del causante.- Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que la Jueza de Instrucción en virtud de lo dispuesto por los arts. 185 inc 1º) y 199 del C.P.P., tiene amplias facultades para comprobar si existe un hecho delictivo, y podrá hacer uso de las diligencias que estime pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, tal lo acontecido en el caso de marras; más aún, debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar a la instructora en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.-
Por todo ello, el argumento ensayado por la defensa también queda descartado.-
Pues de esta manera, la Jueza de grado, fue reconstruyendo -en base al análisis integral de la prueba-, una coherente versión de lo acontecido, arribando a una fundada decisión, habiendo efectuado el estudio y valoración de la prueba -según puede leerse-, de acuerdo a las normas de la sana crítica racional, conforme establece el Art. 199º –tercer párrafo- del Código de rito.-
Al respecto se ha dicho que: “…las pruebas colectadas deben ser evaluadas en su conjunto, concatenándolas en secuencia lógica, pues la sentencia definitiva “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...”. (Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- En orden a lo expuesto resultan suficientes, al menos en la instancia procesal en que nos encontramos, los elementos probatorios obrantes en autos para procesar al encartado.-
Que es por todo lo expuesto, no vislumbrándose, se insiste, que la resolución atacada sea violatoria de los derechos de defensa y del debido proceso como lo sostiene la apelante, es que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento del imputado F.A.R. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
3. En relación a la crítica referida al cambio de calificación legal, ya que el accionar del imputado correspondería con la figura del delito de "Robo Simple" (art. 164 del CP). Cabe mencionar que, del estudio de la resolución recurrida se observa que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente el hecho en orden al delito de "Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda (arts. 45 y 167 inc. 2º del Código Penal).- En cambio, de los argumentos de la recurrente se advierte que sus planteos constituyen una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza subrogante de grado sin lograr controvertir lo decidido.-
Por consiguiente, y siendo criterio de esta alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.-
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas).- Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).-
4. Asimismo, en cuanto a la aplicación del "Principio de Insignificancia" -intención defensiva- esta Alzada entiende que no tendrá resultado favorable, debiéndose citar los lineamientos esbozados por este Juzgado de Recursos en anteriores oportunidades, en los que se dijo que “...de la manera como se encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el Art. 162º del Código Penal...” (Corte Sup., 1986, “A.,L.E. y otros”, Fallos 308:1796 citado en H.J. R.V., en su libro “Código Penal de la Nación”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 599).- Corresponde recordar que sobre el principio de insignificancia en relación a la figura del Art. 164º del Código Penal (como a la del hurto) se ha dicho que “...el robo no distingue graduación alguna en lo que respecta a la lesión del bien jurídico tutelado ya que la protección hacia tal derecho es tan amplia que éste se verá afectado, más allá del valor económico que la cosa en sí posea...” (Romero Villanueva, ob. cit., pág. 629).- “...El principio de insignificancia...atiende al escaso valor de la cosa sustraída...la doctrina ha señalado que el bien jurídico lesionado por el delito de hurto no es el patrimonio, sino el derecho de propiedad en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional ya que el mayor o menor valor de la cosa puede tener efecto únicamente para la graduación de la pena dentro de los límites fijados en las escalas penales correspondientes al hurto y al robo...” (CNCCorr., Sala I, 5-4-2000, “C., N.G.”, c. 13.367, www.pjn.gov.ar, citado en “Revista de Derecho Penal 2011-2. Delitos contra el patrimonio-I”, Director Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 536).- A lo antes dicho debe agregarse que las cosas sustraídas no son propiamente artículos de primera necesidad (tratándose de alcohol/cervezas), razón por la cual el accionar tampoco estaría amparado en alguna causa de justificación.-
Con lo cual, entiendo que la instrucción logró, obtener elementos idóneos para el dictado del pronunciamiento, arribando a una resolución acorde al momento procesal que atraviesa la causa, luego de realizar un razonamiento lógico de los hechos y valoración coherente de la prueba. Por consiguiente, el planteo formulado por la recurrente en este punto queda descartado.-
5. Por último, la defensa cuestiona el embargo dispuesto, por considerarlo excesivo, arbitrario y exorbitante.-
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del C.P.P..-
En efecto, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al cuestionamiento articulado- se advierte que la Sra. Magistrada en los considerandos de fs. 198 vta./202 vta., ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria del hecho investigado y de la participación del imputado en el mismo, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho, señalando los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, considerando que guardan relación con el perjuicio que se hubiere causado.- Por otro lado, no debemos perder de foco el tiempo transcurrido desde que se dictó la medida con los altos niveles inflacionarios, razón por la cual el monto no se vislumbra irrazonable ni tampoco inadecuado; razón por la cual desestimaré lo planteado.-
En este sentido, resulta oportuno citar calificada jurisprudencia que dice "...el texto del art. 554 C.P.P. (art. 518 C.P.P.N. y 499 del C.P.P.S.C.) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...". (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: "M., H.A.". Vocales: F., P., V. Secc. N1).-
6. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
7. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 198/203, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas -Juez Subrogante-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia