Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.377-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los Sres. Zacarías Vaca Tarifa y Edith Mariela Tarifa Paredes.
2Revocar la resolución dictada por la Aduana de Orán, en cuanto tuvo por configurada la infracción de contrabando menor prevista en el artículo 947 del Código Aduanero.
3Dejar sin efecto el comiso del dinero secuestrado y la multa aplicada.
4Ordenar la devolución de las sumas retenidas, en la medida en que no se hubiera efectivizado su reintegro.
5Costas al fisco vencido.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-124121677-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 7 de Noviembre de 2025 Reunidos los Señores vocales miembros de la Sala “G” Dres. Horacio Joaquín Segura, Dr. Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “VACA TARIFA SACARÍAS y OTRO c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 37.377-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 458/2016 (AD ORAN) dictada por el Administrador de la Aduana de Oran en el Sumario N° SC76- 323/1/2016, en cuanto condena a Sacarías Vaca Tarifa y a Edith Mariela Tarifa Paredes por la comisión de la infracción prevista en el art. 947 del C.A., en remisión al art. 864 del C.A., a la pena de comiso de la mercadería secuestrada (divisas), a la vez que se les aplica una multa equivalente a dos veces el valor en plaza de la mercadería secuestrada, la cual asciende a la suma de $ 170.000.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 40/42vta. se presentan las coactoras mediante apoderado e interponen recurso de apelación contra la mencionada resolución. En primer lugar, efectúan una reseña de los hechos que dieran origen a la presente causa. Señalan que personal de Gendarmería les incautó dos sumas de dinero en el entendimiento de que intentaban hacer un egreso del país hacia Bolivia por un lugar no habilitado. Refieren que la Res. AFIP DGA N° 2.705/2009 permite el egreso de una suma equivalente a 10.000 U$S por persona mayor de 18 años, con lo cual a su entender el supuesto egreso del país, por un paso no habilitado, de las sumas incautadas, carecería de fundamento. Sostienen que no intentaron hacer el egreso del país. Argumentan que el acta labrada contó con la incorporación de dos testigos no presenciales del hecho. Manifiestan haberse encontrado a 500 metros de la frontera. Aducen que no tenía sentido evitar el control si las sumas de dinero que poseían se encontraban dentro de lo permitido por la reglamentación. Sostienen que su conducta no resulta típica, ni siquiera en grado de tentativa, en tanto no se encontraban en un paso no habilitado y porque tampoco se afectó el control aduanero. Aluden a la nulidad planteada en la contestación de la corrida de vista en cuanto a la falta de los dos testigos. Finalmente, ofrecen prueba, hacen la reserva del caso federal y solicitan que se declare la nulidad de lo actuado y que, en subsidio, se revoque el fallo aduanero.
III. Contestación del traslado: A fs. 58/60 el representante fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no fueran objeto de su expreso reconocimiento o bien surgieran de las actuaciones administrativas. Señala que en el caso se les imputó a las coactoras la infracción de contrabando menor prevista en el art. 947 del CA, en relación al tipo delictual de los arts. 863 y 864 inc. a) del CA. Afirma que de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas se puede presumir que la mercadería en cuestión (dinero) habría ingresado por un lugar no habilitado al efecto por la Aduana. Alude a que los billetes de banco son mercadería en virtud de lo dispuesto por el art. 10 del CA y cita jurisprudencia y doctrina al respecto. Cita el texto del art. 864 inc. a) del CA. Considera que en el caso no existió nada que afecte el tipo y que, por lo tanto, la conducta resulta antijurídica. Finalmente, hace la reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas N° 17748-160-2016 se inician a fs. 1 con la constancia de remisión de actuaciones a la Aduana de Oran en fecha 22/06/16, junto con el efectivo incautado ($ 85.000). A fs. 2 y vta. luce el parte de contrabando de exportación N° 33/16 labrado en fecha 20/06/16. A fs. 3 lucen constancias de recepción de sumas de dinero correspondientes a distintos partes de secuestros. A fs. 6, con fecha 24/06/16, se instruye sumario imputándosele a Sacarías Vaca Tarifa y a Edith Mariela Tarifa Paredes la infracción prevista y penada por el art. 947 del CA, a la vez que se les corre vista de lo actuado. A fs. 9 se efectúa la valoración de la mercadería. A fs. 9 vta. lucen las constancias de notificación por parte de los imputados en fechas 06/07/16 y 11/07/16. A fs. 14/17 se presenta el descargo en fecha 03/08/16, mediante el cual opone la nulidad del procedimiento. A fs. 18, con fecha 12/08/16, se tuvo por presentado el descargo y se declaró el procedimiento de puro derecho. A fs. 19 y vta., con fecha 05/09/16, se emite el dictamen jurídico N° 1385/2016 AD ORAN. A fs. 21 y vta. luce la resolución aduanera aquí apelada, Resolución Fallo N° 458/2016 (AD ORAN). A fs. 22 se informa la apelación al TFN.
Por PV-2025-122223042-APN-VOCXXI#TFN se elevó la causa a la Sala “G” y el 04/11/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-122628744-APN-VOCXXI#TFN).
V. Que, en primer lugar, corresponde que me expida respecto de lo peticionado por las coactoras en sus presentaciones de fs. 19/20 y 29/30 de autos. Mediante las mismas informan haberse acogido al régimen de sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260 a los fines de la declaración voluntaria y excepcional de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior. A tal fin acompañan sendas copias de presentaciones ante la AFIP en fechas 26/01/2017 y 16/02/2017. Solicitan, en consecuencia, el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46 inc. b).
Que el referido artículo, en su parte pertinente, establece que “Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional, conforme a las disposiciones de este Título, gozarán de los siguientes beneficios en la medida de los bienes declarados: (…) b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado. (…) La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal. …”
Que el citado artículo, se ubica en el LIBRO II “RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL”, bajo el Título I denominado “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior”, y se enfoca en la regularización de tenencias de moneda y bienes, o en el comúnmente denominado “blanqueo de capitales”, y no en la condonación de multas impuestas como consecuencia de la imputación de infracciones de naturaleza aduanera, como sucede en el caso de autos. A tal fin, rigen los requisitos dispuestos en el artículo 56 de la Ley 27.260. Que, en consecuencia, el régimen invocado por las coactoras no surte efectos a los fines de liberarlas de la multa que pudiera corresponderles si se resolviera tener por configurada en el presente la infracción de contrabando menor dispuesta en el artículo 947 del C.A., lo que será analizado seguidamente.
VI. Que el art. 947 del C.A en su parte pertinente, y en su versión vigente al momento del hecho de autos, disponía que: “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta.. ...”. (texto luego modificado por el art. 250 de la Ley N° 27.430 -B.O. 29/12/2017-, mediante el cual se elevaron los importes)
Que, como surge del texto del art. 947, para que se configure –lo que se ha dado en llamar- “contrabando menor”, es necesario que se encuadre la conducta en cuestión en alguno de los supuestos previstos en los arts. 863, 864, 865, inc. g), 871 y 873, del Código Aduanero. Vale decir, el art. 947 no describe conducta punible alguna, por lo que resulta imprescindible encuadrar la conducta o el "hecho" que se pretende reprimir en alguno de los supuestos o tipificaciones legales que se describen en las normas citadas. Así lo tiene dicho prestigiosa doctrina, la cual ha sido recogida por la jurisprudencia de este Tribunal y de la Cámara del fuero Contencioso Administrativo Federal, en los siguientes términos: “… la estructura del tipo de contrabando menor queda conformada a partir de su asimilación a los tipos penales del contrabando en sus formas simple y tentada, como también la agravada, limitando ese supuesto a los casos previstos en el art. 865, inc. g). En todos los casos, el tope monetario determinado divide el plano infraccional del delictual. Consecuentemente, corresponde realizar una aproximación a los tipos de contrabando a los cuales la figura infraccional remite” (Cotter, Juan Patricio, “Las infracciones Aduaneras”, Ed. Abeledo Perrot, 2011, pág. 169 y ssgtes.).
Asimismo, se ha establecido respecto de la infracción bajo análisis que “Su característica principal reside en contener la estructura del tipo penal del delito de contrabando doloso, del que solo difiere en el valor en plaza de la mercadería en infracción. De tal manera, el tope monetario que fija la norma permite otorgarles, a ciertas hipótesis de contrabando, un tratamiento más benigno. (…) el valor de la mercadería objeto del delito juega como elemento moderador de la sanción a aplicarse y permite otorgarle al ilícito el tratamiento de una infracción aduanera.” (Código Aduanero Comentado, Abeledo Perrot, M. A. Alsina, E.C. Barreira, R.X. Basaldúa, J.P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado, Tomo III, pág. 356).
VII. Que, tal como se vio en el considerando precedente, y pese a que la parte resolutiva de la resolución aduanera no establece el inciso en virtud del cual subsume la conducta de los imputados en la figura del 864, surge claramente de sus considerandos, así como de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, que la imputación se refiere al supuesto contenido en el inc. a), el cual prescribe que “Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que: a) Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos; …”.
Que, tal como surge en la Exposición de Motivos del Código Aduanero “…todas las hipótesis que reprime el artículo 864 requieren dolo…”, por lo cual queda descartado que el tipo pueda configurarse con el elemento subjetivo culposo.
VIII. Que, en ese orden de ideas, es importante recordar cuál es el bien jurídico protegido en el caso del contrabando.
Esta circunstancia no es meramente dogmática, sino que será el faro que guíe la interpretación de la normativa aplicable, a la luz de la plataforma fáctica del caso.
Que, si bien es sabido que no son pocas las dificultades que acarrea definir y delinear el contenido del bien jurídico protegido a la hora de hablar del contrabando, claro está que abarca y alcanza al debido control aduanero.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el contenido del bien jurídico protegido en el contrabando es “el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones (art. 863 del Código Aduanero)” (Fallos: 344:3458)
Aquel criterio ya había sido sentado años antes, al entender que el bien jurídico tutelado por el art. 863 del Código Aduanero corresponde a una función específica del servicio aduanero consistente en controlar la concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes aduaneros, o fundan la existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación (Fallos 323:3426).
En el célebre caso “Legumbres” (Fallos 312:1920) el Máximo Tribunal se ocupó de aclarar que el bien jurídico protegido “excede al de la integridad de la renta aduanera.”
Indudablemente, se debe analizar el art. 947 del C.A. en correlato con otros artículos del mismo Código Aduanero, a los cuales necesariamente remite y en el marco de la inherente e indelegable función de control que le compete a la Aduana.
También se ha señalado que el bien jurídico tutelado “...es el adecuado ejercicio de la actividad de control propia del servicio aduanero, constituido en la especie por el sometimiento igualitario de todas las mercaderías exportadas e importadas a un tratamiento uniforme; es decir, que en el delito de contrabando lo tutelado no es la recaudación fiscal, ni la regulación de la política económica del Estado en relación con las operaciones de importación o exportación, sino el ejercicio de la función principal encomendada a las aduanas, tal es, el control sobre la introducción, extracción y circulación de mercaderías”(Voto Dr. Riggi, Cámara Nacional de Casación Penal, “Oliva Gerli, Carlos Gustavo y otros s/ Recurso de casación”, 08/03/1999)
Como explica destacada doctrina, en lo que hace al bien jurídico protegido cuando se habla de contrabando, de la redacción del art. 863 del C.A. surge como presupuesto previo que la Aduana ejerza la función de control sobre importaciones y exportaciones. Asimismo, también se tiene en consideración la vulneración de nuevas funciones otorgadas a la Aduana por normas específicas también quedarían abarcadas por la figura, cuando hayan sido asignadas teniendo en miras el ejercicio de dicho control (el resaltado es propio. Cfr. Gottifredi, Silvina M. y Shurig, Harry L., La afectación del bien jurídico protegido por la Aduana con relación a delitos e infracciones, Jurisprudencia Argentina, Lexis Nexis, Número especial, Derecho Penal Aduanero, 2004.)
IX. Que no es posible otorgar una solución justa al caso sin considerar que el contrabando y en particular, el llamado “contrabando menor”, no queda configurado de forma aislada, sino que deben ser analizadas diferentes normas que resultan aplicables.
En ese sentido, la resolución de los casos no puede efectuarse de forma mecánica, ya que no se trata de que el juez administrativo sea un mero autómata, sino que posee la delicada función de interpretar las normas en juego, de forma tal de no incurrir en resoluciones irrazonables y, por lo tanto, injustas. A esos fines, no puede dejar de considerarse que más allá de que el dinero se considere dentro del concepto de “mercadería” que emplea el art. 10 del C.A., la configuración de la infracción del art. 947 del C.A. conlleva necesariamente a tener en cuenta la especificidad del régimen que la regula y que, en el caso, no pesaba sobre ella-dados los montos (siendo en total para ambas coactoras $ 85.000 pesos argentinos) ningún deber de declarar ni se encontraba prohibida su exportación.
En efecto, las normas que imponen la obligación de declarar (Resolución General AFIP 2704/2009) establecen un monto en moneda extranjera o nacional de curso legal, por un valor igual o superior al equivalente a DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000).
El art. 7 del Decreto N° 1570/01 también estatuye una prohibición relativa para la exportación de billetes y moneda extranjera cuando se trate de sumas que superen el mismo monto antes referido.
Desde esa atalaya, cabe concluir que resulta irrazonable la decisión que condena a las coactoras por la infracción de contrabando menor cuando la exportación de la mercadería no se encontraba prohibida, sin siquiera tener el deber de declararla ante el servicio aduanero.
X. El razonamiento no se conmueve por encontrarse las coactoras “en cercanías” a un paso no habilitado. Esa circunstancia no produce una especie de “alquimia” apta para transformar la mercadería en aquella susceptible de la infracción de contrabando, según se trate su hallazgo en un paso habilitado o no.
En los considerandos de la resolución aduanera se refiere al control aduanero y a la forma en la que la mercadería “pretendía ser ingresada/trasladada evadiendo el control. Lo relevante es que el lugar de ingresos, salidas o transporte no tenga asignado un control aduanero”.
Sin embargo, están ausentes en el razonamiento del servicio aduanero dos aspectos que hacen a la tipicidad de la conducta, pues no existe una ilegalidad de la mercadería en sí misma ni impedimento alguno para su traslado o exportación. Más aún, si hubiera sido detectada o por un paso habilitado, no habría merecido cuestionamiento alguno.
Que, por los motivos antes expuestos, la conducta resulta atípica, por carecer de uno de los elementos necesarios para su configuración: la reprochabilidad de la conducta basada en la licitud de la mercadería (la suma de $ 85.000) que se hubiere pretendido extraer del territorio nacional.
Que, lógica consecuencia de lo expuesto, no habría manera de afectar el debido control aduanero, el cual no fue vulnerado, máxime cuando la mercadería (dinero) que se encontraba en posesión de las coactoras no se encontraba prohibida.
XI. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (conf. art. 1163 del C.A.).
Por ello, voto por:
1).- REVOCAR la Resolución Fallo N° 458/2016 (AD ORAN) dictada por el Administrador de la Aduana de Oran en el Sumario N° SC76-323/1/2016.
2).- Disponer que se proceda, por intermedio de la entidad competente, a la devolución del dinero incautado.
3).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Ante todo, si bien acompaño el resultado final de la decisión y voto por revocar el acto administrativo, destaco que las razones que me conducen a tal solución son manifiestamente distintas de las sostenidas en el voto precedente, al que no adhiero en sus fundamentos. En ese sentido, encuentro menester dejar expresamente establecido que los fundamentos allí expuestos no constituyen el criterio que deba prevalecer en este Tribunal, en tanto podrían conducir, de ser aplicados sin reservas, a interpretaciones equívocas en futuros casos semejantes. En este punto, resulta necesario recordar la doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha consolidado como regla que la sentencia debe entenderse como una unidad lógico-jurídica en la que su parte dispositiva constituye la conclusión necesaria de las premisas fácticas y normativas desarrolladas en sus fundamentos (Fallos: 344:1266; 344:545; 321:1642; 320:985, disidencia de los jueces Fayt y Boggiano; 316:609, entre muchos otros). Esa afirmación se ha visto reafirmada al sostenerse que la sentencia constituye un todo indivisible (Fallos: 347:596; 346:1234; 344:3585; 330:4040; 330:1366; 329:5074, voto del juez Fayt; 328:412; 315:2291), de manera que no cabe admitir antagonismos entre la parte resolutiva y los fundamentos que la sustentan (Fallos: 324:1584), ya que entre ambos existe una recíproca integración (Fallos: 327:3660, disidencia del juez Petracchi; 311:2120; 311:509). Asimismo, el Alto Tribunal ha señalado en numerosos y antiguos precedentes que es la parte dispositiva la que constituye el fallo y no sus considerandos o la apreciación de los elementos de prueba (Fallos: 118:243; 113:64; 111:339; 28:129). No obstante, también afirmó que para establecer el alcance y los límites de una decisión debe atenderse a su parte resolutiva sin prescindir de sus fundamentos, puesto que toda sentencia configura una unidad en la que aquella no es sino la conclusión final y necesaria de los presupuestos de hecho y de derecho examinados en la motivación (Fallos: 345:1101, voto de los jueces Rosatti y Lorenzetti; 324:2210; 324:547; 324:132; 314:1633; 308:732). El Tribunal ha resaltado, en definitiva, que no es únicamente el imperio ejercido en la parte dispositiva lo que da validez al pronunciamiento, sino también las motivaciones que lo sostienen, en tanto ambos aspectos configuran un todo indivisible demostrativo de una unidad lógico-jurídica (Fallos: 343:2098; 342:2183; 339:873).
II. Toda vez que la Corte Suprema ha señalado que las sentencias de los tribunales colegiados no pueden entenderse como una simple colección de votos aislados sino como el resultado de un intercambio racional de ideas, cabe subrayar que la validez de la decisión no depende únicamente de la coincidencia en la parte resolutiva, sino también de una sustancial unidad en los fundamentos que la sustentan (Fallos: 346:1564; sentencia del 01/08/2024; 345:338; 344:3585; 343:506; 312:1058, entre otros). Esa exigencia de coherencia lógica y jurídica impone que el pronunciamiento se configure como un todo indivisible, donde la conclusión sea el desenlace necesario de las premisas de hecho y de derecho explicitadas en la motivación. En este marco, la necesidad de reconstruir un nuevo relato de los antecedentes de la causa se presenta como un imperativo metodológico. No se trata de repetir lo ya consignado en el voto preopinante, sino de examinar nuevamente las constancias documentales a la luz de mi propio razonamiento. Solo de ese modo puede asegurarse que la conclusión alcanzada —la revocación del acto administrativo— responda a un proceso argumental íntegro, en el que los hechos adquieren sentido en función de la lógica normativa que aquí se desarrolla. Por lo tanto, la reelaboración de los antecedentes no constituye un mero ejercicio de estilo, sino la vía necesaria para garantizar que la sentencia conserve esa unidad lógicojurídica exigida por la doctrina de la Corte. De allí que la valoración autónoma de los documentos y circunstancias del caso se revele indispensable, pues es precisamente su incidencia, observada desde la perspectiva de mis fundamentos, la que permite arribar a la misma solución final, aunque sobre la base de consideraciones manifiestamente distintas.
III. Para otorgar sustento adecuado a la valoración autónoma que aquí propicio, corresponde reseñar en forma ordenada y cronológica los hechos tal como surgen de las constancias de autos, pues la unidad lógico-jurídica de la sentencia exige que las premisas fácticas se enlacen con los fundamentos normativos que les darán sentido. En efecto, el 20 de junio de 2016, personal de Gendarmería Nacional, en el marco del operativo denominado “Frontera”, se hallaba apostado en el sector conocido como “Los Gomones”, aproximadamente a quinientos metros del paso internacional habilitado de Chalanas. Allí observaron a dos personas —Zacarías Vaca Tarifa y Edith Mariela Tarifa Paredes, domiciliados ambos en la provincia de Mendoza— quienes, según el acta labrada, habrían intentado egresar del país a través de un paso no habilitado. En tal circunstancia fueron interceptados y se les requirió exhibir lo que transportaban entre sus prendas, constatándose que llevaban dinero en efectivo en pesos argentinos. Conviene destacar que los recurrentes alegaron que la intercepción tuvo lugar a 250 metros del Paso Internacional Chalanas, extremo que no fue refutado por la contraria ni consignado expresamente en el acta. Seguidamente, ambos fueron trasladados a la Sección Aguas Blancas, donde el personal de Gendarmería procedió a una requisa más minuciosa y contabilizó el dinero hallado. Se dejó constancia de la restitución parcial de una suma de efectivo, por razones humanitarias, y de la incautación del remanente, puesto a disposición de la Aduana de Orán. En cuanto a la intervención de testigos, se registró la presencia de Emilio Javier Alvero y Dora Velázquez Cadena. La última acompañó el traslado de los imputados hasta la Sección Aguas Blancas, pero no se precisó si presenció el momento inicial de la interceptación. Alvero, por su parte, participó únicamente en la requisa y conteo del dinero, sin haber intervenido en el primer acto de intercepción. Ambos firmaron el acta junto con los imputados y los agentes intervinientes, constando en el mismo documento la observación relativa a la negativa inicial de una de las personas interesadas a suscribir, circunstancia que, por los datos consignados, puede atribuirse a Edith Mariela Tarifa Paredes. Este detalle adquiere relevancia en la valoración de las actuaciones, en tanto muestra que la firma de los imputados no se produjo en forma inmediata ni espontánea.
Concluida esta etapa, se instruyó el sumario y se corrió vista a las partes, cuyas defensas obran en el expediente administrativo. Luego de evacuarse el dictamen jurídico previsto por la normativa, el Administrador dictó la resolución apelada. En síntesis, sostuvo que el dinero debía ser considerado mercadería y, como tal, objeto del control aduanero. En ese marco, encuadró la conducta en la figura del contrabando menor del artículo 947 del Código Aduanero, destacando que dicha infracción reproduce la estructura típica del contrabando doloso, diferenciándose únicamente por el valor en plaza de la mercadería. Señaló asimismo que basta un acto positivo dirigido a eludir el control aduanero, sin que se requiera una maniobra compleja.
Sobre esa base, concluyó que el dinero secuestrado pretendía ser trasladado por un paso sin control aduanero asignado, configurándose así la infracción prevista. En consecuencia, dispuso el comiso del dinero y la aplicación de una multa equivalente al doble de su valor en plaza. Contra tal resolución los interesados interpusieron el recurso que habilita la competencia de este Tribunal.
IV. En tales condiciones, corresponde determinar si el dinero en efectivo transportado por los recurrentes, al ser interceptados por personal de Gendarmería Nacional en las inmediaciones del paso internacional de Chalanas, puede ser considerado “mercadería” a los efectos del Código Aduanero y, en consecuencia, si la conducta atribuida configura la infracción de contrabando menor prevista en el artículo 947, con la consecuente procedencia del comiso y la multa aplicada por la Aduana de Orán.
En otros términos, la cuestión a resolver radica en precisar:
• La naturaleza jurídica del dinero en efectivo —si corresponde asimilarlo a la categoría de mercadería sometida al control aduanero.
• La validez y suficiencia de las actuaciones instrumentadas en el procedimiento de interceptación y secuestro —en especial, la ubicación geográfica del hecho, la intervención de testigos y la forma en que se documentó la actuación—.
• La configuración de los elementos típicos del contrabando menor —esto es, la existencia de un acto positivo destinado a evadir el control aduanero en un paso no habilitado—.
• La razonabilidad y legalidad de la sanción impuesta —comiso del dinero secuestrado y multa equivalente al doble de su valor en plaza—, a la luz del principio de legalidad y de proporcionalidad sancionatoria.
V. El recurrente pretende excusarse en dos argumentos que no resultan atendibles. El primero de ellos reside en sostener que el dinero en efectivo no constituye mercadería a los efectos aduaneros. Tal afirmación contradice abierta y reiterada doctrina administrativa y jurisprudencial, que de manera constante ha reconocido que el dinero es susceptible de tráfico y, por ende, debe ser objeto del control que ejerce la Aduana. El segundo argumento esgrimido consiste en pretender asimilar su situación a la de los viajeros que egresan del territorio por lugares habilitados, como si el mero hecho de que el monto no superara el umbral fijado para la obligación de declarar implicara una dispensa para obviar el paso por la vía autorizada. Esta equiparación resulta inadmisible, pues desconoce que la normativa sobre regímenes de viajeros regula deberes de declaración y modalidades de canalización, pero no autoriza en modo alguno a eludir los pasos habilitados de control aduanero. Por lo tanto, ninguno de los argumentos invocados por el recurrente logra enervar la validez de la imputación, ya que ambos descansan en premisas incompatibles con la estructura normativa aplicable y con la finalidad de tutela que inspira al sistema de control aduanero.
VI. En lo que respecta a la configuración típica del contrabando, cabe recordar que nos encontramos frente a un delito de peligro abstracto. Ello implica que es el legislador quien, en el marco del principio de legalidad, determina ex ante la peligrosidad de ciertas conductas y, sobre la base de un juicio verosímil sustentado en la experiencia y en la objetividad de los hechos, prevé el riesgo que tales acciones entrañan para los bienes jurídicos tutelados (cfr. Bosano, Ernesto Leopoldo s/ p.s.a. infracción a la ley 23.737, causa n° 73-B/98, B 60 XXXV, 09/11/2000, Fallos: 323:3486; Mansilla, Mario Héctor s/ casación (infracción ley 23.737), M 412 XXXIII, 10/02/1998, Fallos: 321:160). En ese sentido, cabe recordar que la Corte ha reiterado que, en los delitos de peligro abstracto, lo que determina la punibilidad de la conducta no es la producción concreta de un daño, sino la peligrosidad general de la acción respecto de determinados bienes jurídicos.
En el caso del contrabando, ese bien protegido no es únicamente la integridad de la renta aduanera, sino principalmente el adecuado ejercicio de las funciones de control que las leyes confieren al servicio aduanero sobre importaciones y exportaciones (art. 863 del Código Aduanero). Tan es así que resulte irrelevante para la consumación del delito de contrabando, que la mercadería logre o no ser retenida por la Aduana. Ya que, en efecto, lo decisivo es que la conducta haya entorpecido o dificultado el normal ejercicio de las facultades de control, pues el tipo penal se satisface ya con ese solo menoscabo (Chukwudi, Anthoni s/ incidente de recurso extraordinario, CPE 990000182/2013/TO01/6/1/1/RH003, 11/11/2021, Fallos: 344:3458).
En esa lógica, adviértase la decisión del legislador de equiparar la sanción de la tentativa con la del delito consumado, en cuanto encuentra fundamento en que, tratándose de un ilícito de peligro abstracto, la tentativa (esto es, comenzar a entorpecer) y la consumación (entorpecer efectivamente) no configuran dos momentos cualitativamente distintos, sino meras gradaciones cuantitativas dentro de un mismo continuo de afectación, que tiene como punto final la supresión del control aduanero. Por consiguiente, la consumación del contrabando se produce desde el instante mismo en que se inicia el entorpecimiento del control fiscal, sin necesidad de que exista un perjuicio concreto a la renta aduanera, pues el interés jurídico protegido radica en la preservación del sistema de control aduanero en sí mismo considerado.
Precisamente, aplicada esta doctrina al caso bajo examen, corresponde concluir que la conducta atribuida a los recurrentes se enmarcaría prima facie en la lógica de los delitos de peligro abstracto, habidas cuentas de que al intentar egresar del territorio nacional por un paso no habilitado transportando dinero en efectivo, no sólo introdujeron un elemento idóneo para el tráfico —que el legislador, doctrina y jurisprudencia han reconocido como mercadería a los efectos aduaneros—, sino que además habrían ejecutado un acto positivo que entorpeció el adecuado ejercicio del control que la ley reserva a la Aduana.
De este modo, carece de relevancia que la suma transportada no hubiera superado el umbral de declaración previsto en la normativa de viajeros, pues dicho límite regula únicamente obligaciones de información y modalidades de canalización financiera, pero en ningún caso habilita a prescindir de los pasos autorizados. Porque resulta claro que lo determinante aquí es que la conducta se realizó fuera de los canales previstos por el ordenamiento.
VII. En ese estado de cosas, admitir la tesis contraria importaría generar una paradoja jurídica. En efecto, ello implicaría que el particular que intenta salir con sumas reducidas —inferiores a USD 10.000 o al monto que se fije en el futuro— por accesos clandestinos se vería beneficiado frente a quien utiliza los pasos habilitados y se somete al control. Así, se transformaría un límite cuantitativo en carta blanca para la elusión espacial del contralor.
En este orden de ideas, consolidar un criterio que tolere esa práctica habilitaría el “transporte hormiga” de divisas, posibilitando el fraccionamiento de sumas que, en conjunto, podrían exceder no solo el umbral actual sino cualquier límite futuro, anulando así la eficacia del contralor aduanero. Tal dinámica vaciaría de contenido la función de la Aduana, favorecería circuitos de informalidad y lavado y minaría la seguridad económica y fiscal del país.
De allí que admitir la posibilidad de egresar dinero por lugares no habilitados —bajo el pretexto de que la suma no supera el umbral vigente— equivaldría a abrir una compuerta en el dique de la legalidad. En consecuencia, debe advertirse que no se trata de un resquicio técnico sino de un agujero negro en el tejido del control aduanero.
A mayor abundamiento, sostener esa postura consagraría un principio de desigualdad intolerable. En otras palabras, el resultado sería que el ciudadano que cumple con la norma quedaría en peor situación que aquel que opta por el atajo opaco. De esta forma, la regla de control se trocaría en una burla, castigando la lealtad con trámites y demoras y premiando la transgresión con fluidez.
En suma, la permisividad frente al tránsito clandestino de divisas menores a diez mil dólares —o del monto que se establezca en el futuro— erosionaría la trazabilidad económica y expondría al país a reproches internacionales. Por ello, puede afirmarse que la Aduana quedaría reducida a un decorado incapaz de garantizar la transparencia de los flujos financieros en la frontera.
VIII. Desde esta perspectiva, corresponde mirar más allá del caso individual y considerar el efecto sistémico de la decisión. En este sentido, no debe perderse de vista que una sentencia no es un relámpago aislado; es una señal que ilumina —o ensombrece— el horizonte. Si este criterio se consolidara, bastaría fraccionar grandes sumas en pequeños envíos hormiga para anular la eficacia del contralor aduanero.
Por ello, conviene aclarar que no es posible confundir el régimen de equipaje —con sus franquicias y umbrales de declaración, pensado para agilizar la circulación de viajeros en pasos habilitados— con el contrabando por lugares no habilitados, que sanciona la sustracción del control territorial mismo. Así, debe destacarse que el umbral previsto por la normativa —sea de USD 10.000 o el que eventualmente fije la legislación vigente— no constituye un pasaporte para transitar por accesos clandestinos, sino una franquicia aplicable únicamente dentro del espacio controlado.
IX. En definitiva, nada debe pasar por lugares no habilitados porque el control aduanero no se mide en montos sino en espacios. De ahí que pueda afirmarse que todo lo que entra o sale debe hacerlo por la puerta visible, nunca por la rendija. Si algo puede salir sin control, entonces todo puede hacerlo ya que bastaría dividir en partes lo que en conjunto exceda el umbral —sea el actual de USD 10.000 o el que establezca en el futuro la normativa— y la suma final escapará siempre a la mirada aduanera.
X. Por consiguiente, corresponde afirmar sin vacilaciones que el tránsito por un paso habilitado jamás podrá equipararse al cruce furtivo por un lugar inhabilitado. Esta diferencia no es un capricho ni un prurito formalista, sino que se arraiga en la esencia misma del régimen aduanero cuyo nervio vital descansa en la sujeción al control estatal ejercido en los puntos previamente designados como umbrales legítimos de la soberanía. Así las cosas, quien atraviesa por un lugar inhabilitado no solo evade una barrera física, también clausura de un tajo el procedimiento previsto, deshilacha la trama de la legalidad y cancela la trazabilidad que da sentido al control. De seguro, esa acción encarna una afrenta directa al bien jurídico tutelado, que no se limita a la protección de la recaudación fiscal. Antes bien, pone en jaque al orden público económico, erosiona la seguridad que dimana de la vigilancia de las fronteras y distorsiona la competencia leal que preserva la transparencia de los mercados. Ninguna duda cabe que aceptar lo contrario equivaldría a transmutar la ley en oropel y reducir el control aduanero a un ritual vacío, cuando en verdad constituye la guardia perenne de la República frente a la opacidad del contrabando, la grieta por la cual se filtran la informalidad, el lavado y la desigualdad. Allí donde la norma fija los linderos del Estado, el cruce clandestino no es un simple atajo, es un agujero abierto en el muro de la legalidad, un resquicio por el cual se compromete, en definitiva, la soberanía misma.
XI. Téngase presente que la frontera no es solo una línea geográfica, es una línea de fuego que separa el orden del desorden. Allí, la Aduana cumple la función del vigía que custodia el equilibrio. Cruzar por un paso habilitado es transitar por la puerta legítima del laberinto, con sus rituales de control y legalidad, mientras que hacerlo por un sendero clandestino equivale a internarse en un pasaje secreto que desordena el mapa entero. Tal como en los espejos de Borges, un mínimo quiebre en la superficie basta para multiplicar las grietas hasta el infinito. De igual modo, una sola fisura en el control aduanero puede propagar la fractura del orden económico, abriendo la puerta a un caos que ya no reconoce linderos. Por ello, sin hesitación alguna corresponde desechar la falsa analogía entre quien cruza por pasos habilitados con sumas cercanas al umbral y quien lo hace clandestinamente. El primero actúa bajo control y deja trazabilidad; el segundo apaga deliberadamente toda luz. Más todavía, cabe destacar que el régimen de equipaje fue concebido como corredor de facilitación para efectos personales, no como atajo para flujos de efectivo fraccionados con finalidad evasiva. Por lo tanto, la diferenciación entre paso habilitado y lugar inhabilitado es idónea, necesaria y proporcionada para preservar el orden económico.
XII. Por todo lo expuesto, reafirmo que la obligación de transitar exclusivamente por los pasos habilitados no es un requisito meramente formal, sino el pilar que sostiene la arquitectura del sistema aduanero, ya que, en efecto, constituye la condición de posibilidad del orden aduanero, porque sin ese punto de control previamente designado la Aduana no podría ejercer sus funciones de verificación, registro y fiscalización. Desde esta mirada más amplia, puede decirse que permitir la entrada o salida de bienes por sendas ocultas sería como arrancar las costuras de un tejido paciente, hasta dejarlo deshilachado y sin forma. La frontera, en vez de erguirse como un límite real, quedaría reducida a una línea imaginaria, apenas un trazo en los mapas, mientras el poder de policía fiscal del Estado se volvería un cascarón vacío, privado de sustancia y de fuerza. Precisamente es en los pasos habilitados donde late el corazón del control, habidas cuentas de que allí se asegura la trazabilidad de los flujos que cruzan la frontera. Con toda seguridad, son esos umbrales los que permiten saber quién entra y quién sale, distinguir lo legítimo de lo ilícito, seguir el rastro de las operaciones como si fueran huellas en la arena y detener a tiempo delitos que acechan el comercio como el contrabando, el lavado de activos y la evasión.
XIII.-En definitiva, relativizar esta regla sería como apagar la lámpara que, desde antiguo, arroja su claridad sobre el registro de los movimientos fronterizos. Sin esa luz, el Estado quedaría como un viajero en la penumbra, tanteando a ciegas un territorio incierto, despojado de la información que le permite resguardar lo que le es más propio. No se trata solo de la recaudación, sino también de la seguridad de sus habitantes y de la competencia justa que sostiene, como un andamiaje invisible, el orden económico de la Nación. En suma, lo que aquí se protege no es un número sino la puerta. Es que a la luz de todo lo dicho, permitir egresos por lugares no habilitados porque el monto parezca menor o manejable sería como aceptar que, si uno lleva pocas cosas, puede salir del aeropuerto por una puerta lateral para ganar tiempo. Esa excepción desarma el control, borra el registro y convierte la regla en una anécdota.
En consecuencia, reafirmo que el tránsito exclusivo por los pasos habilitados no es un capricho de la forma sino la cerradura misma de la casa común. Y, como cualquiera comprende en la vida diaria, nadie deja abierta una ventana con la excusa de que por allí solo podría colarse algo pequeño, porque ese resquicio basta para poner en riesgo la seguridad de todo el hogar. De igual manera, permitir un cruce por un lugar no autorizado, aunque el monto parezca mínimo, es abrir una grieta en el muro del control aduanero, un desgarrón que debilita su estructura hasta volverla, poco a poco, ineficaz.
XIV. Sin perjuicio de todo lo señalado, que resultaba menester para no dejar una señal equívoca acerca de la naturaleza y trascendencia de los hechos examinados, corresponde advertir que el acto administrativo sancionador no puede ser mantenido toda vez que se ha enrostrado a los encartados la responsabilidad por un delito. No obstante que en el caso ni la vista conferida ni la resolución condenatoria individualizan de manera expresa el tipo penal de fondo que se tendría por configurado, del análisis detenido de los considerandos y de las constancias obrantes en las actuaciones se desprende con claridad que la imputación se encuentra referida al inciso a) del artículo 864, en coincidencia con lo señalado por el voto del vocal preopinante. Cabe recordar que dicha norma prevé la sanción con pena de prisión de dos a ocho años para quien “importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos”. De este modo, se advierte que el reproche formulado descansa en la imputación de un cruce por lugar no habilitado, circunstancia que —más allá de la calificación como contrabando menor derivada de la cuantía en juego— conserva la estructura típica y la ilicitud propias del delito de contrabando en su modalidad dolosa.
XV. A pesar de los altos umbrales probatorios y de responsabilidad que impone el encuadre punitivo debido a la caracterización del derecho penal como ultima ratio del ordenamiento jurídico, en el caso el aparato sancionador se exhibe castigando actos meramente preparatorios. Ello resulta incompatible con las exigencias mínimas de un Estado de derecho, pues la potestad de imponer sanciones penales requiere que la imputación supere un estándar estricto de convicción, que la doctrina y la jurisprudencia han definido como la prueba más allá de toda duda razonable.
En efecto, la punición no puede fundarse en conjeturas, sospechas o inferencias que permanecen en el terreno de lo hipotético. Castigar sin que el hecho imputado se encuentre acreditado con ese grado de certeza implica no solo desnaturalizar el principio de legalidad y diluir la exigencia de tipicidad estricta, sino también invertir la presunción de inocencia y convertir el ius puniendi en un instrumento arbitrario. Así, la sanción sobre actos que no superan el estadio preparatorio y que no se acreditan con el estándar de prueba requerido equivale a extender de modo desmedido la frontera del castigo hasta abarcar conductas carentes de entidad lesiva. Ello vulnera el principio de proporcionalidad y vacía de contenido la noción de ultima ratio que justifica al derecho penal y, por extensión, al derecho penal aduanero.
Con toda verdad, el derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, conforme al cual el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe activarse únicamente cuando las demás alternativas de control han demostrado su insuficiencia. Esta directriz implica que el Estado no se encuentra compelido a sancionar penalmente toda conducta antisocial, pero al mismo tiempo tiene vedado criminalizar aquellas que no representan un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos. Asimismo, ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano constituye la última de las decisiones posibles en el espectro sancionatorio que el Estado está jurídicamente habilitado a desplegar. Ello así, porque la pena criminal representa el recurso más drástico al que puede acudir el poder público para reprimir un comportamiento que se estima lesivo de los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de conductas sólo cuando existe una necesidad real y verificable de protección de los intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal, lejos de ser un instrumento de aplicación automática o expansiva, sea considerado como la ultima ratio del derecho sancionador, es decir, el recurso excepcional que se activa únicamente cuando otras vías resultan insuficientes para resguardar los bienes jurídicos tutelados.
Asimismo, el principio de culpabilidad se proyecta en nuestro ordenamiento con consecuencias insoslayables que limitan y orientan el ejercicio del poder punitivo del Estado. En primer lugar, consagra el Derecho penal de acto, según el cual sólo es posible castigar al hombre por lo que hace, por su conducta exteriorizada en el mundo social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. La sanción, por tanto, debe descansar en hechos verificables y no en estados subjetivos de ánimo o de personalidad. En segundo lugar, establece el principio conforme al cual no hay acción sin voluntad, lo que exige la configuración del elemento subjetivo del delito. Ningún hecho humano puede ser valorado jurídicamente como acción si no es fruto de una decisión libre y consciente; de allí que no pueda castigarse una conducta que no haya sido intencional, esto es, ejecutada con conocimiento y voluntad por una persona capaz de comprender y querer. En tercer lugar, dispone que el grado de culpabilidad constituye un criterio básico de individualización de la pena. La sanción que se imponga al autor debe guardar proporción con la entidad del juicio de exigibilidad que recae sobre su conducta. En otros términos, la pena no puede ser mayor ni más gravosa que la medida de culpabilidad que efectivamente corresponda, pues sólo de esa manera se preserva la racionalidad y la justicia del sistema sancionador. En consecuencia, el principio de culpabilidad se erige en valladar frente a todo intento de sancionar actos meramente preparatorios, o conductas carentes de voluntad suficiente para configurar acción típica, ya que ello equivaldría a castigar al sujeto por lo que piensa, desea o proyecta, y no por lo que efectivamente hace.
XVI. De seguro, la distinción entre actos preparatorios y tentativa punible constituye una de las fronteras más delicadas del iter criminis. Los primeros abarcan aquellas conductas exteriores dirigidas a planear, organizar o facilitar la comisión de un delito, pero que aún no representan un inicio de ejecución típico; son manifestaciones previas que, aunque pueden revelar la voluntad delictiva, carecen en general de idoneidad inmediata para poner en peligro concreto el bien jurídico protegido. La tentativa, en cambio, exige el comienzo de ejecución de la acción típica, esto es, la realización de actos que, de no mediar causas ajenas a la voluntad del autor, conducirían directamente a la consumación del delito. La tentativa punible, por tanto, se ubica más allá de la mera preparación: implica ya la afectación, al menos en grado de peligro concreto, del bien jurídico tutelado, lo que justifica la anticipación de la punición en virtud de su proximidad lesiva.
Con base en los criterios expuestos, corresponde valorar el hecho concreto. En primer término, los imputados fueron interceptados a unos doscientos cincuenta del Paso Internacional Chalanas, dentro de la zona de vigilancia especial a que refieren los artículos 7 y 125 del Código Aduanero. Sin embargo, la sola presencia en dicho lugar no equivale a ingreso a la zona primaria aduanera ni, mucho menos, a la consumación o tentativa inequívoca de un cruce clandestino. Del mismo modo, no se ha constatado el empleo de ardid, ocultamiento o maniobra alguna dirigida a sustraer la mercadería del control aduanero.
Por ello, la conducta imputada permanece en el ámbito de los actos preparatorios, que por regla general carecen de tipicidad penal y no permiten subsumir el hecho en el artículo 864 inciso a) del Código Aduanero, ya que ni aun bajo una interpretación extensiva podría insinuarse la existencia de una tentativa inacabada, toda vez que ese encuadramiento tropieza con un obstáculo insalvable en orden a la falta de elementos que permitan tener por acreditado un inicio de ejecución inequívoco, ya que no hubo cruce iniciado, no se presentó documentación falsa ni se verificó ocultamiento del dinero transportado. En ese sentido resulta difícil sostener que se ha entorpecido el funcionamiento de la Aduana cuando lo único acreditado es la presencia de los imputados a doscientos cincuenta metros del Paso Chalanas y por ende de “Los Gomones”, portando moneda nacional. ¿Cómo podría afirmarse, sin caer en meras conjeturas, que se disponían a egresar del país y no simplemente a transitar por la zona? Nada de ello surge del acto administrativo sancionador, que se limita a consignar la interceptación y la existencia del dinero.
El contrabando, aun concebido como delito de peligro abstracto, exige al menos un inicio de ejecución que revele una afectación concreta de las funciones de control. Pero aquí no hubo cruce, no hubo contacto con la zona primaria aduanera, no se mojó siquiera un pie en el charco que separa las orillas. Sin embargo, se pretende proyectar sobre esa mera cercanía el largo brazo del poder punitivo, como si la sospecha valiera lo mismo que el hecho y la anticipación equivaliera a consumación. Ciertamente aceptar esa lógica significaría sancionar no lo que ocurrió, sino lo que acaso podría haber ocurrido, y transformar el derecho penal en un dispositivo de persecución preventiva, en abierta contradicción con los principios de legalidad y mínima intervención.
En tales condiciones, reconocer tipicidad allí donde los hechos sólo muestran actos preparatorios equivaldría a desbordar el marco del derecho penal como ultima ratio, contrariando los principios de legalidad, culpabilidad y mínima intervención que deben regir toda decisión sancionatoria.
XVII. Cabe recordar que el estado de duda invocado por el a quo no puede reposar en una mera apreciación subjetiva, sino que debe derivar de una minuciosa, racional y objetiva valoración del conjunto de la prueba. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados precedentes (Fallos: 311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833; 321:2990 y 3423), al destacar que la simple invocación de una incertidumbre acerca de los hechos no impide, por sí sola, alcanzar razonablemente el grado de convicción requerido para un pronunciamiento condenatorio. Efectivamente, el estándar de “más allá de toda duda razonable” no se satisface con dudas posibles, extravagantes o imaginarias, sino únicamente con aquellas que se apoyan en razones objetivas y verificables. Como lo ha señalado la Suprema Corte de los Estados Unidos en los casos Victor v. Nebraska (511 U.S. 1) y Winship (397 U.S. 358), la duda razonable es, en sí misma, un juicio probabilístico, que debe estar fundado en elementos de peso y no en meras conjeturas. Aplicado al sub lite, ello significa que no basta con suponer que, por encontrarse los imputados a 250 metros de un paso no habilitado y portar moneda nacional, se disponían a egresar clandestinamente del país. Tal inferencia, sin prueba adicional que lo respalde, se reduce a una conjetura y no supera el estándar de certeza que el derecho exige para habilitar la condena. Admitir lo contrario equivaldría a sustituir la prueba por la sospecha y la duda razonable por una duda imaginaria.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1).- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los Sres. Zacarías Vaca Tarifa y Edith Mariela Tarifa Paredes.
2).- Revocar la resolución dictada por la Aduana de Orán, en cuanto tuvo por configurada la infracción de contrabando menor prevista en el artículo 947 del Código Aduanero.
3).- Dejar sin efecto el comiso del dinero secuestrado y la multa aplicada.
4).- Ordenar la devolución de las sumas retenidas, en la medida en que no se hubiera efectivizado su reintegro.
5).- Costas al fisco vencido.
Dra. Claudia Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1).- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los Sres. Zacarías Vaca Tarifa y Edith Mariela Tarifa Paredes.
2).- Revocar la resolución dictada por la Aduana de Orán, en cuanto tuvo por configurada la infracción de contrabando menor prevista en el artículo 947 del Código Aduanero.
3).- Dejar sin efecto el comiso del dinero secuestrado y la multa aplicada.
4).- Ordenar la devolución de las sumas retenidas, en la medida en que no se hubiera efectivizado su reintegro.
5).- Costas al fisco vencido.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.11.06 22:26:49 ART Date: 2025.11.07 09:18:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.07 12:33:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.07 12:33:59 -03:00
Fin de la sentencia