Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.255-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 107.514 (pesos ciento siete mil quinientos catorce) por la representación procesal y de $ 268.785 (pesos doscientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y cinco ) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3Regular los honorarios del contador Walter César Varela como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $ 2.000 (pesos dos mil), la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines las pautas dispuestas por el Decreto ley N° 16.638/57.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-120662896-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Diciembre de 2021 - Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”.
En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´ Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 48.255-I caratulado “VACCARO, GERMAN LUIS s/recurso de apelación - Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 95/104 German Luis Vaccaro interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 109/2017 (DV RJUN) y N° 110/2017 (DV RJUN) ambas de fecha 28 de agosto de 2017 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Junín de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinó su obligación en el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales marzo, abril, agosto a noviembre de 2012, enero a mayo, agosto a diciembre de 2013, enero a marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2014 y en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2012, 2013 y 2014 con más intereses resarcitorios y se aplicaron multas equivalentes a tres veces los impuestos omitidos en los períodos mencionados en los términos de los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). En primer lugar advierte que se lesionó su derecho de defensa en juicio al no haberse notificado debidamente la vista en el procedimiento de determinación, lo que le impidió presentar el descargo, sin perjucio de lo cual señala que no formula un pedido de nulidad y pide que lo manifestado sea tenido en cuenta al disponer la apertura a prueba de las presentes actuaciones.
Afirma que resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 46 inc. d) de la ley N° 27.260 al haber ingresado al régimen de sinceramiento fiscal y declarar todos sus bienes al 31/12/15, en especial considera que corresponde con relación al incremento patrimonial no justificado endilgado por depósitos bancarios.
Se agravia por que las resoluciones recurridas no brindan un tratamiento de los hechos, ni ponderan sus manifestaciones ni tampoco consideraron las pruebas producidas, lo que deriva en la vulneración al debido proceso. Sostiene que mediante un uso discrecional y abusivo de sus facultades la AFIP estableció obligaciones impositivas en base a una metodología presuncional.
Explica que poseía el cargo de Presidente de la Confederación Argentina de Basquetbol (CABB) entre el 2008 y abril de 2014 y que dicha Confederación durante el 2012 atravesó una difícil situación económica-financiera por lo que prestó su colaboración para afrontar dicha coyuntura. De esa manera hace saber que como la CABB tenía un mal historial de cheques rechazados por el Banco Central ningún proveedor aceptaba sus libranzas por lo que prestó su chequera para poder cumplir con el pago a proveedores y paliar deudas y vencimientos urgentes de la entidad deportiva. Indica que dichas cancelaciones extraordinarias iban a ser canceladas con adelantos de contratos de sponsors y préstamos.
Continúa explicando que al momento de la cancelación de los cheques emitidos para cubrir los pasivos de la Confederación, no había recibido reintegro de la CABB para cumplir con los cheques y ante la inexistencia de fondos líquidos tuvo que vender los cheques para descontar los ingresados, y así sucesivamente. Apunta que los ingresos en sus cuentas bancarias no fueron genuinas ganancias sino que se trató de la asunción de pasivos para cancelar las obligaciones asumidas en nombre de la CABB.
Indica que la compensación de los pasivos se hizó parcialmente a través de la cesión del producido de ventas de entradas del Mundial de España e importes por pasajes de protocolo que la empresa recibió en su cuenta bancaria a través de depósitos. Considera que el concepto por el cual los terceros ingresaron los depósitos en su cuenta demuestra la ausencia de seriedad en la liquidación efectuada por el organismo fiscal ya que catalogó como ingreso a todas las acreditaciones de fondos sin verificar la lógica vinculación que tienen esas entradas con su actividad y su condición de Monotributista.
Critica que no se haya realizado una depuración de ingresos y egresos y se queja de que se hayan hecho las determinaciones sobre base presunta sin ponderar adecuadamente los hechos involucrados ni las pruebas ofrecidas que demuestran la vinculación de la CABB con los ingresos recibidos en su cuenta bancaria. En cuanto a las multas sostiene que no se acreditó el elemento doloso o intencional, a lo que agrega que las presunciones para determinar la materia imponible no pueden extenderse al campo infraccional. En subsidio cuestiona el apartamiento del mínimo legal al no exponerse las razones para graduar las sanciones en tres tantos de los impuestos omitidos.
Por último, ofrece prueba informativa, testimonial y pericial contable y por los argumentos que desarrolla pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 115/132 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Con relación al planteo de nulidad sostiene que las vistas y las determinaciones recurridas fueron notificadas en el mismo domicilio declarado conforme se desprende de las constancias obrantes en las actuaciones administraciones, sin que carezca de sustento fáctico y/o jurídico su planteo.
Sobre el pedido de aplicación del art. 46 inc. d) de la ley N 27.260 deja asentado que entre la documental acompañada o recabada por el personal actuante no obran elementos de prueba sobre un supuesto sinceramiento realizado.
Expone que el recurrente en su escrito recursivo únicamente expone agravios sobre la Resolución N° 109/17 por lo que infiere el consentimiento de la restante resolución apelada, y resalta que realiza una critica desordenada e infundada del acto administrativo sin un tratamiento adecuado de los hechos acaecidos.
Respalda el método presuncional seguido por el Juez Administrativo fundamentado en la inexistencia de cualquier medio de prueba viable, en razón de que el ajuste se basó en las pruebas recolectadas y tareas realizadas por las dependencias fiscalizadoras que demostraron su inconducta fiscal al ocultar su realidad económica. Explica que de los escasos elementos aportados y de las circularizaciones realizadas a los bancos donde es titular de cuentas bancarias se detectaron depósitos bancarios por la suma de $ 2.585.994,48 durante los períodos fiscales 2012 a 2014 sin que las solas manifestaciones sin respaldo documental hayan logrado justificar las diferencias advertidas por la inspección.
Rechaza las Actas del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Básquetbol acompañadas para demostrar los supuestos préstamos debido a que carecen de cualquier condición que las acredite como un documento fehaciente ya que solo tienen la firma del contribuyente, sin explicar monto del préstamo ni aportar ningún contrato que avale la operación. En cuanto a las Actas de Protocolo de la Confederación por las que pretende respaldar los depósitos por ventas de entradas al mundial de básquet en España apunta que se trata de copias sin autenticación y sin firma de los dicentes.
Indica que el Juez Administrativo consideró procedente la aplicación de lo dispuesto por el art. 18 punto 2) inc. g) de la ley N 11.683 (t.o. 1998 y mod.) para considerar a tales acreditaciones como ventas omitidas en el Impuesto al Valor Agregado, mientras que en el Impuesto a las Ganancias se tuvo en cuenta lo establecido en el art. 18 punto 1) inc. g) de la ley de procedimiento fiscal, con más un diez por ciento en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos deducibles.
Argumenta que la conducta que motiva la aplicación de las multas fue ponderada en debida forma al reunirse las circunstancias objetivas y subjetivas que hacen procedente la aplicación del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley de procedimiento fiscal. Concluye que se probó el soporte fáctico de la figura infraccional, del cual se infiere la conducta dolosa, sin que el actor haya aportado pruebas idóneas hábiles para enervar el hecho cierto como su inferencia.
Respecto de los intereses resarcitorios resalta que no se esgrime agravio alguno, por lo que al haber sido calculados en conformidad con el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) deben ser confirmados. Por lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 143 se hizo lugar a la prueba informativa y pericial contable, mientras que a fs. 158 se dio por decaída la primera de las probanzas mencionadas y a fs. 167 decayó la restante prueba ofrecida, por lo que a fs. 170 se declaró cerrado el período de instrucción.
Que ello así, por PV-2021-99167221-APN-VOCXII#TFN (fs. 173) se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y por IF-2021-116213302-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que si bien la recurrente hace saber que se vulneró su derecho de defensa debido a la falta de notificación de las resoluciones de vista, lo que aduce le impidió presentar en sede de la Administración su descargo y aclara que no formula un pedido de nulidad sino que pide que no se aplique la limitación estipulada en el art. 166 de la ley N 11.683 (t.o. 1988 y mod.), cabe dejar asentado que conforme se desprende de las actuaciones administrativas las Resoluciones Nros. 106/2017 (DV RJUN) y 107/2017 (DV RJUN) fueron debidamente notificadas a su domicilio fiscal (act. adm, cpo. de verificación N° 1 Impuesto al Valor Agregado, fs. 133 y cpo. de verificación N° 1 Impuesto a las Ganancias, fs. 86).
A ello cabe agregar que los actos recurridos han sido dictados en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que los sustentan, sin que se encuentre afectada la validez del procedimiento ni lesionado el derecho al debido proceso, por lo que se evidencia que lo manifestado por el recurrente consiste en una discrepancia con el criterio fiscal seguido para el dictado de las resoluciones apeladas, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo en debate.
V. En lo que hace al pedido de aplicación de lo dispuesto por el art. 46 inc. d) de la ley N 27.260 el mismo no puede prosperar en razón de que de las constancias de autos no se encuentra agregada ninguna documentación que acredite el sinceramiento invocado y si bien mediante Multinota F. 206/I del 1/11/2016 el recurrente hizo saber su intención de adherir no se desprende que así lo haya hecho (act. adm., cpo. de verificación N° 1 Impuesto a las Ganancias, fs. 23).
VI. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Que el recurrente presenta como actividad declarada la actividad de servicios jurídicos.
Que a través de una Orden de Intervención anterior se dispusó su exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Monotributo por la causal indicada en el art. 20 inc. f) de la ley N 26.565 desde el 28/03/2012 y su alta en el régimen general. Una vez iniciada la presente inspección presentó las declaraciones juradas originales del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2012 a 2015 y las del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales marzo de 2012 a diciembre de 2014.
Que el personal fiscalizador analizó los ingresos obtenidos durante los años mencionados sin que el recurrente haya aportado registro o documentación sobre las compras y gastos, únicamente respecto de las ventas arrimó la liquidación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se obtuvó información del Banco Francés S.A. lo que permitió confeccionar una planilla con el detalle de los resúmenes bancarios por el período comprendido entre el 01/01/2012 a 31/12/2014, en base a la cual se pidió al contribuyente la justificación de $ 2.585.994,48 correspondientes a depósitos efectuados en dicho período.
Que sin acompañar documentación respaldatoria indicó que las acreditaciones se correspondían a honorarios profesionales, a reintegros de la Confederación Argentina de Básquetbol y al producido de ventas de entradas del Mundial de España en compensación a los préstamos de valores oportunamente realizados.
Que en base a lo actuado, se concluyó en la existencia de depósitos bancarios sin justificar, los que fueron tratados como ventas e ingresos omitidos en los términos del art. 18 de la ley N 11.683 (t.o. 1998 y mod.) con más 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.
VII. Que al esgrimir sus agravios cuestiona el procedimiento desarrollado por el ente fiscal y la falta de consideración de las probanzas documentales ofrecidas, cuando del cotejo de las resoluciones apeladas se desprende que el ente fiscal valoró debidamente las probanzas aportadas, sin perjuicio de lo cual las consideró insuficientes para justificar los voluminosos depósitos en sus cuentas bancarias y debió recurrir a circularizar a las entidades bancarias en las que tenía cuenta de su titularidad y a la Confederación Argentina de Básquetbol y a la Federación Pampeana de Básquetbol, sin que éstas dos últimas entidades respondan los requerimientos y sin que se observe un proceder arbitrario en el actuar fiscal que haya lesionado su derecho de defensa. Que del relevo de las actuaciones administrativas surge que la única documental proporcionada consiste en el Acta del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Básquetbol de fecha 11/1172013, en la que solo se mencionó un préstamo en pesos para solucionar el problema financiero de la Confederación pero no se agrega ningún contrato sobre el empréstito ni ninguna otra constancia sobre su posterior devolución a plazos, como ser recibos. Por otro lado se agregan Actas de Protocolo de dicha Confederación, con las que pretende demostrar los depósitos por ventas de entradas al mundial de básquet, las que fueron observadas debido a la falta de agregación de originales y por su omisión de autenticación, incluso las mismas no están firmadas por los otorgantes y otros intervinientes (act. adm., cpo. de verificación N 2, Monotributo, fs. 372/380 y 381/384).
Que, con dicha documental el Sr. Vaccaro no pudo justificar los ingresos a sus cuentas bancarias, por lo que debido a la carencia documental apuntada el organismo fiscal procedió a cuantificar la materia imponible obteniendo información de terceros, como ya se dijo de las entidades bancarias ya que las asociaciones relacionadas a la actividad del básquet no respondieron ante el pedido de aporte de información. Sobre la base de estas consideraciones resulta que haber acudido al sistema previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal como ha hecho el Fisco atento las falencias constatadas resulta ajustado a derecho, sin que ante este Tribunal haya incorporado nuevos elementos para sustentar sus dichos en razón de que ambos medios probatorios, informativo y pericial contable, fueron dados por decaídos debido a su negligencia para instar su producción. Ello así, a pesar de quejarse de que en sede administrativa no fueron evaluadas debidamente sus probanzas y de criticar que el ente fiscal no hizo una depuración de ingresos y egresos ante esta instancia no incorporó nuevos elementos en sustento de sus afirmaciones ni impulsó la concreción de las pruebas admitidas, lo que pone de resalto la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal. Que correspondía a Germán Luis Vaccaro demostrar que no incurrió en la omisión de ventas e ingresos imputada, lo que no ha sucedido en autos, al no lograr refutar la presunción aplicada, conforme se desprende de todo expuesto.
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que por lo tanto, resulta procedente el cargo practicado por el Fisco Nacional, por lo que, corresponde convalidar los ajustes efectuados en el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias.
VIII. Respecto de los intereses resarcitorios pretendidos, cabe señalar que han sido liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, por lo que cabe disponer su confirmación.
IX. Que resta referirse a las multas aplicadas con sustento en los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que el actor hace mención de la doctrina emanada de la causa “Mazza Generoso y Mazza Alberto” del 06/04/1989 (Fallos 312:447), en la que la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las presunciones otorgadas por la ley para determinar la obligación tributaria, no resultaban aptas para presumir una conducta fraudulenta del contribuyente, criterio que ha sido mantenido en las sentencias dictadas en las causas "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello (TFN 10.582-I) c/DGI" - 31/3/1999, y "Montenegro Hermanos Sociedad Anónima c/Dirección General Impositiva" - 24/8/2000.
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo al recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en los Considerandos precedentes, ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas, como así también en la graduación adoptada por el Juez administrativo, sin que resulte atendible el planteo al rspecto formulado.
X. Que por lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparte lo expuesto por el Dr. Martín en los puntos IV y V de su voto, no correspondiendo la imposición de costas toda vez que las cuestiones planteadas no fueron interpuestas como de previo y especial pronunciamiento.
II. Que adhiere a la solución propiciada por el Vocal Instructor en cuanto confirma el ajuste practicado, correspondiendo efectuar algunas precisiones adicionales.
Respecto a la razonabilidad de la utilización de los depósitos bancarios como indicio representativo de ingresos (fs. 33), cabe poner de resalto que inveteradamente, incluso previo a la sanción de la ley 25769 (BO: 17/11/2003) que incorporó a éstos el art. 18, se ha reconocido su procedencia, quedando así plasmada su conexión normal con el hecho imponible (conf. CNACAF, Sala III in re: "Chacra Aldelmassih -TF 14532-I- c/DGI" del 1/2/2000). En virtud de lo expuesto, el método escogido por el Fisco para reconstruir y determinar la materia imponible en autos resultó válido. En esta línea, no se ha podido justificar en autos que los depósitos bancarios tuvieran un origen distinto a los ingresos que como propios debió declarar impositivamente (cfr. Sala I de la Alzada in re: "Ledesma Amalia" y “Sunblad Manuel Eduardo, sentencias del 26/9/2000 y 07/04/2009, respectivamente) ni tampoco existen elementos que permitan reducir la liquidación delosgravámenes determinados, correspondiendo la confirmación de los ajustes practicados.
III. Respecto de los intereses resarcitorios, teniendo en cuenta su naturaleza y el criterio restrictivo para su exención que impera en la materia fiscal (cfr. Fallos: 323:1315); corresponde confirmar su procedencia y el cálculo efectuado en el acto apelado.
IV. Resta referirse a sendas sanciones aplicadas, en los términos del artículo 46 y 47 inciso a) de la ley de rito. Que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Que por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). En el caso concreto –según el Fisco- existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas en virtud del art. 47 inc. a), esto es que: " medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11”.
Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
En efecto, ante la grave contradicción entre los ingresos declarados y la información recolectada por la AFIP que concluyó que éstos resultaban muy inferiores a las acreditaciones bancarias detectadas (inc. a] del art. 47 de la Ley Nº 11.683), cabe concluir que se encuentra configurada la presunción de que existió una conducta dolosa por parte del contribuyente.
A partir de ello, es posible concluir que las declaraciones juradas inexactas presentadas inicialmente tuvieron una grave incidencia en la determinación de la materia imponible y, por su parte, la recurrente no acreditó ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por aquellas (cfr. criterio de la Sala V de la Alzada in re “Proms S.A.”, sentencia del 2 de julio de 2019)
Que en esta línea, el Cimero Tribunal sentenció in re “Industrias Delta S.A.I.C. y Otros”, sentencia del 11/09/84: “de la frase referida a la "inversión de la carga de la prueba", no debe inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la falsedad de toda imputación huérfana de apoyo que se le formule, sino la necesidad de acreditar que las defensas que alegue tienen visos de seriedad suficientes para desvirtuar la presunción legal basada en hechos que corresponde probar a la parte acusadora”.
Por lo expuesto, toda vez que la presunción de dolo contemplada en el inciso a) del art. 47, no fue debidamente desvirtuada por el apelante y no advirtiendo razones para reencuadrar o reducir el monto de sendas sanciones impuestas en los términos del artículo 46 de la ley de rito, corresponde su confirmación.
V. En efecto, voto por confirmar los actos apelados en todas sus partes. Con costas.
La Dra. O ´Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Martín.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 107.514 (pesos ciento siete mil quinientos catorce) por la representación procesal y de $ 268.785 (pesos doscientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y cinco ) por el patrocinio letrado; los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24.432.
3. Regular los honorarios del contador Walter César Varela como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $ 2.000 (pesos dos mil), la que queda a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines las pautas dispuestas por el Decreto ley N° 16.638/57.
4. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2021.12.10 14:25:00 -03:00 Date: 2021.12.13 12:42:48 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.13 12:50:11 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.13 12:50:12 -03:00
Fin de la sentencia