Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa 51891
Lo que resolvió el tribunal
I. Diferir el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Provincia de Buenos Aires para el momento de la sentencia definitiva, lo que así decido (art. 35 inc. g CPCA).
II. Hacer lugar a la excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa (art. 35 inc. 1 ap. i) opuesta por la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia, por los fundamentos expuestos precedentemente, corresponde intimar a la parte actora para que, en el plazo de 90 días , acredite el agotamiento de la vía administrativa o la configuración del silencio administrativo en los términos previstos en el art. 16 CPCA. Todo ello, bajo apercibimiento de desestimar la pretensión interpuesta.
III. Atento a como se ha resuelto el presente incidente, corresponde fijar las costas por su orden (art. 51 C.P.C.A).
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Expte. Nº: 51891 .-
Autos: DEL VALLE MIGUEL ANGEL C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS .-
Mercedes, en el día de su firma digital.-EL/ AC
Estos autos caratulados " DEL VALLE MIGUEL ANGEL C/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS" (Expte. N° 51891) , en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
I. Que con fecha 7/5/2026 se presenta el Sr. Miguel Ángel del Valle, con el patrocinio letrado del Dr. José Oscar Gómez, promoviendo una pretensión anulatoria contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener la declaración de nulidad absoluta del acto administrativo mediante el cual la Junta Médica Evaluadora de la ciudad de Bragado (B) denegó su renovación del certificado de discapacidad. Asimismo, solicita se le ordene al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de la Delegación de Junta Médica Evaluadora de la ciudad de Bragado, el dictado de un nuevo acto administrativo que disponga el otorgamiento del correspondiente certificado de discapacidad.
Relata que el año 2003 fue sometido a una intervención quirúrgica cardiovascular en el Hospital Español Bahía Blanca, en la que le practicaron tres bypass. A raíz de dicha intervención, la Junta Médica dispuso limitaciones en las tareas que debía desempeñar, con el objeto de preservar su estado de salud.
Manifiesta que, en el año 2005 mientras prestaba servicios en el Estado Nacional como militar de la Armada Argentina en Puerto Belgrano, la Dirección de Personal de dicha fuerza, en atención a su condición de salud, decidió modificar su régimen de carrera, pasando de Alfa a Bravo -esto es, régimen de primera línea a una segunda línea- y asignándole funciones de carácter administrativas.
Agrega que en el año 2008, fue sometido a una intervención quirúrgica de vesícula en el Hospital Naval Puerto Belgrano.
Señala que en el año 2010, su empleadora -Armada Argentina- solicitó una nueva evaluación por parte de la Junta Medica, a fin de actualizar las tareas y limitaciones por su afección de salud.
Continúa relatando que, en marzo de 2012, luego de realizar su actividad aeróbica matutina durante el horario de servicio en la Base Naval Puerto Belgrano, sufrió cuatro infartos, cuadro que derivó en una muerte súbita. Ante tal circunstancia, debió recibir maniobras de reanimación, por lo que el personal de enfermería miliar solicitó al servicio médico una unidad coronaria del Hospital Naval Puerto Belgrano.
En ese contexto, refiere que permaneció internado en el nosocomio mencionado, donde se le realizaron estudios médicos. Con los resultados de las evaluaciones efectuadas, la Junta Médica determinó la necesidad de colocación de un cardiodesfribilador (CDI), procedimiento que finalmente se llevó a cabo.
Aclara que su médico cardiólogo de cabecera desde el año 2003 hasta julio de 2012, fue el Dr. Vital Martinez, que a su vez, era médico directo del Hospital Naval Puerto Belgrano. Asimismo, refiere que en la actualidad su médico es el Dr. Cristian Alejandro Patocchi.
Continua diciendo que tanto la Junta Médica Ordinaria, como posteriormente la Junta Médica Superior, lo declararon inepto para el servicio por no reunir las condiciones psicofísicas requeridas. En consecuencia, la Armada Argentina dispuso su pase a situación de retiro efectivo en su carácter de militar de Institución.
Expone que, como consecuencias de las intervenciones quirúrgicas referidas, de las evaluaciones de las Juntas Médicas y de otras consultas y prácticas médicas, se le determinó una incapacidad de más de un 70%.
Sostiene que, la falta de renovación del Certificado de Discapacidad le resulta un problema extremo para salvar su vida, dado que su afección de salud le demanda medicación de muy alto costo y es de difícil acceso a través del vademécum de su obra social (Obra Social de las Fuerzas Armadas -OSFA-). Añade que, la ausencia de dicho certificado le impide acceder a los medicamentos necesarios con costo al 100% gratuito.
Por último ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.
II. Que conferido el traslado de ley, en fecha 21/9/2026, se presenta el Dr. Juan Francisco Lisciotto, en carácter de letrado apoderado de la Fiscalía de Estado junto al patrocinio letrado del Dr. José Martín Torres, quien en legal tiempo y forma opone con carácter de previo y especial pronunciamiento, las excepciones de falta de legitimación pasiva manifiesta del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la inadmisibilidad de la pretensión por falta de agotamiento de la vía administrativa.
Expone que la presente acción tiene por objeto obtener la nulidad de la resolución que denegó la renovación del Certificado Único de Discapacidad, identificada como N° ARG-02-00020034638-20260227-20260827-BS-343, dictada con fecha 27/2/2026 por la Junta Evaluadora de la Discapacidad de la ciudad de Bragado. Al respecto, destaca que del acto administrativo cuestionado, surge que suscribieron la denegatoria las Dras. Giachelli, Persichini y Pereyra, quienes actuaron exclusivamente en el marco de la Junta Local, sin intervención de organismo o dependencia propia del Ministerio de Salud de la Provincia.
En sustento de su planteo, sostiene que el procedimiento para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad en el territorio provincial, contempla dos instancias diferenciadas y jerárquicamente escalonadas.
En tal sentido, cita el art. 3 de la Resolución Ministerial N° 2216/2011 (Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 22/7/2011) el cual establece: "Dejar establecido que se deberán constituir las Juntas de Primera Instancia en cada municipio, mediante decreto de la Intendencia Municipal y las Juntas de Segunda Instancia en los hospitales provinciales, mediante disposición de los Directores Ejecutivos, determinando presidente y vocales entre los profesionales, designándose en ambos casos al presidente y a los vocales entre los profesionales habilitados, como también determinando el lugar y días y horarios de atención".
A partir de dicho marco normativo, señala que se desprenden dos consecuencias relevantes para la resolución de las excepciones opuestas. En primer lugar, afirma que la Junta de Primera Instancia -en este caso funciona en el Municipio de Bragado- es un órgano municipal, integrado por profesiones designados por decreto de la intendencia, cuya actuación se limita a la primera instancia del procedimiento. En segundo lugar, destaca la existencia de una Junta de Segunda Instancia, radicada en un hospital provincial y constituida por disposición de su Director Ejecutivo, que es la instancia de revisión prevista por la propia reglamentación ministerial para los casos en que el interesado no esté conforme con lo resuelto por la Junta Municipal de Primera Instancia.
Párrafo aparte, puntualiza que si el interesado no activó la Segunda Instancia, la Provincia no ha tenido participación alguna del trámite y mal puede cargarse sobre ella la responsabilidad de un acto que le es ajeno.
Al efecto, manifiesta que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires carece de legitimación pasiva para responder por el acto administrativo que se pretende impugnar, puesto que no existe participación provincial alguna en la denegatoria que se ataca, como así tampoco existe relación jurídica de base entre la pretensión deducida y el Ministerio de Salud que habilite a dirigir contra él una condena anulatoria por un acto en cuyo dictado no intervino.
Apartado siguiente, plantea la excepción de inadmisibilidad de la pretensión por falta de agotamiento de la vía administrativa. Al respecto, sostiene que de las constancias de autos no surge que el actor haya siquiera intentado, con posterioridad de la denegatoria de fecha 27/2/2026, someter su caso a revisión ante la Junta de Segunda Instancia correspondiente. Señala que aquel promovió directamente la presente demanda judicial contra el Ministerio de Salud, sin transitar previamente la instancia prevista por la reglamentación provincial, privando así a la Administración Provincial de la posibilidad de revisar, y eventualmente, corregir por sus propios medios la decisión municipal cuestionada.
Asimismo, manifiesta que, para el supuesto de no prosperar las excepciones planteadas solicita subsidiariamente la citación como tercero a la Municipalidad de Bragado por ser dicho municipio quien, a través de su Junta de Primera Instancia integrada por profesionales de designación municipal, dictó el acto administrativo cuya nulidad aquí se persigue.
Por último, ofrece prueba y realiza su petitorio final.
III. Que corrido el traslado de las excepciones, la parte actora se presentó a responderlas.
Indica que las Dras. Giachelli, Persichini y Pereyra, como Integrante de la Junta Evaluadora, prima facie obraron por delegación de su principal Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, afirma que el instrumento público denegatoria certificado de discapacidad que la Junta Evaluadora de Bragado expidió, posee el membrete que dice Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, son agentes dependientes de la demandada en cuanto al cometido sanitario que se discute en autos, en todo caso queda en evidencia la falta control/supervisión de su principal Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
El Programa Provincial de Rehabilitación y sus Juntas Evaluadoras, deben tener las supervisiones y controles del Organismo Principal Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, máxime tratándose de cuestiones de discapacidad por afecciones graves de salud.
Adhiero para que se cite como tercero a la Municipalidad de Bragado-Junta Evaluadora de la Discapacidad.
IV. Que atento el estado que exhibe la causa, con fecha 30/9/2026 pasan los autos a despacho para resolver las excepciones planteadas y;
I. Que en fecha 21/9/2026, la parte demandada -Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires- opone excepción previa y de especial pronunciamiento de falta de legitimación pasiva manifiesta. En sustento de dicha defensa, aduce que el organismo carece de legitimación para responder por el acto administrativo aquí impugnado, por cuanto sostiene que no ha existido intervención alguna por parte de la autoridad provincial en la denegatoria cuestionada.
Por otra parte y en igual carácter, interpone excepción de inadmisibilidad de la pretensión por falta de agotamiento de la vía administrativa. Al respecto, funda dicha defensa en lo que establece la Resolución 2216/11, respecto a que, en el procedimiento de marras, la competencia para resolver en última instancia administrativa corresponde a la Junta de Segunda Instancia radicada en un hospital provincial. En tal sentido, señala que en el caso de autos, dicha instancia revisora no habría sido instada por el actor, tras el dictado de la denegatoria cuestionada, por lo que no habría solicitado su revisión ante la Junta de Segunda Instancia correspondiente, circunstancia que -a su entender- impide considerar agotada la vía administrativa, y en consecuencia, conduce a la inadmisiblidad de la pretensión formulada.
Que mediante presentación electrónica de fecha 27/9/2026, la parte actora comparece a contestar las excepciones opuestas por la contraria. Refiere que, las profesionales suscriptoras de la denegatoria aquí atacada obraron por delegación de su principal Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, señala que, el instrumento público consistente en la denegatoria certificado de discapacidad, expedido por la Junta Evaluadora de Bragado, lleva el membrete que dice Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, sostiene que, el Programa Provincial de Rehabilitación y sus Juntas Evaluadoras, deben tener las supervisiones y controles del Organismo Principal Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
II. Excepción de falta de legitimación pasiva manifiesta del Ministerio de Salud :
En primer término corresponde señalar que, la falta de personería (legitimatio ad processum) constituye una excepción dilatoria, un impedimento procesal que delata la insuficiencia de la representación invocada por quien comparece a juicio por un derecho que no sea propio.
Siguiendo la línea trazada anteriormente, se ha dicho que se configura la falta de legitimación pasiva para obrar en el demandado, cuando este no es titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión; ésta debe ser manifiesta, es decir que no se requiera otro trámite que el incidente de excepciones y pueda ser resuelta con los elementos obrantes en la causa (Palacio, L.E., "Derecho Procesal Civil", t. VI, 1997, Ed. Abeledo Perrot, Pág.134) sin necesidad de producir prueba.
A su vez, tiene dicho la doctrina que: "En estos casos y siempre que aparezca de manera manifiesta, palmaria o plena, y donde el órgano jurisdiccional no precise de la actividad probatoria para formar su convicción, ya que luego de la substanciación se hallare con suficientes elementos de juicio para admitir la falta de tal condición para la sentencia de mérito, así debe resolverlos sin más trámite. Y tiene que ser con carácter previo, imposibilitando por lo tanto una decisión sobre el fondo del asunto. Tal criterio parece acertado, ya que no es razonable tramitar todo un juicio, cuando ab initio se tiene el convencimiento de que no media legitimación para obrar. Por el contrario, si la ausencia de ella no surge patente o notoria, cabe postergar la resolución para el momento de la sentencia" (Morello; Passi Lanza Sosa; Berizonce; Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados, Tomo IV, Ed. Platense - Abeledo Perrot, págs. 315/316).
En ese orden de ideas, se desprende que, esta defensa, tiene por finalidad impedir la tramitación del juicio respecto de quien la opone, cuando desde el principio existe la certeza de que la misma resulta procedente.
Cabe poner de resalto que, en fecha 23/3/2010 el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires suscribió el Convenio Marco de Cooperación Técnica, por cuya cláusula tercera se acuerda que la emisión del Certificado Único de Discapacidad en el ámbito de la provincia estará a cargo del Programa Provincial de Rehabilitación y sus Juntas Evaluadoras.
A su vez, la Resolución N° 131 de fecha 4/2/2011 dejó establecido que se efectuaron capacitaciones previstas a los profesionales de la salud que integrarán las Juntas Evaluadores de Personas a fin de adquirir la formación necesaria para la emisión del CUD.
En ese sentido, la Resolución Ministerial Nº 2216/2011 dictada el día 22/7/2011, en su artículo 3 establece una diferenciación entre las Juntas de Primer Instancia constituida en el ámbito de cada municipio mediante decreto, y las Juntas de Segunda Instancia constituidas en hospitales provinciales, mediante disposición de los Directores Ejecutivos.
En el supuesto de autos, no surge manifiesta y palmaria, la falta de legitimación intentada por la Provincia de Buenos Aires, pues no se vislumbra, el carácter "manifiesto" que la norma procesal prevé como recaudo para su tratamiento como excepción "previa" (cfme. art. 35 inc. g CPCA).
Que en la convicción, de que el mayor debate y aporte de elementos probatorios, puede ser de trascendencia, en orden al acierto de la solución de fondo, es que considero diferir el tratamiento de la excepción planteada para el momento de la sentencia definitiva (art. 35 inc. g C.P.C.A.).
III. Excepción de inadmisibilidad de la pretensión por falta de agotamiento de la vía administrativa :
En lo que respecta a la segunda cuestión en tratamiento, esto es, el planteo de la excepción previa de inadmisibilidad de la pretensión opuesta por la Fiscalía de Estado.
En tal sentido, he de recordar que, el examen de admisibilidad, comprende el análisis preliminar, acerca de la concurrencia de los requisitos formales y específicos, al momento de interposición de la demanda, sin que ello implique un análisis de la cuestión de fondo.
Como puntapié inicial traigo lo expresado por nuestro Máximo Tribunal en relación a lo estatuído en el artículo 166 último párrafo de la Constitución Provincial, que tiene dicho que: "La operatividad del artículo 166 in fine de la Constitución ha provocado sensibles modificaciones en lo atinente a la exigibilidad de vías administrativas de tránsito previo y obligatorio, las que han de tener cabida como excepción al principio de la directa demandabilidad estatal, en aquellas situaciones expresamente previstas por un enunciado normativo de rango legal, razonablemente establecido con arreglo a la señalada accesibilidad irrestricta a la jurisdicción." (SCBA, causas, B 52174 "Mreued, Félix c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso administrativa", Sentencia del 22/11/2006; B 59612, "Arruvito, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa", Sentencia del 14/02/2018. Sumario Juba B92469).
Que, es del caso destacar, que el planteo efectuado por el actor, se encuentra dentro de los supuestos en que resulta necesario el agotamiento de la vía administrativa, y este extremo, en la presente no se encuentra abastecido, toda vez que no se ha interpuesto recurso alguno a fin de que el organismo provincial -Juntas de Segunda Instancia- lleve adelante la revisión de la denegatoria de la solicitud de otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, por ende tampoco se encuentra configurado el silencio administrativo en los términos previstos en el art. 16 CPCA. De modo tal que cabe concluir, no se halla cumplido el requisito de agotamiento de la vía establecido en el art. 14 inc 1 ap "a" del CPCA.
Por todo lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la excepción de inadmisiblidad de la pretensión por falta de agotamiento de la vía administrativa opuesta.
POR ELLO , en mérito de las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 34, 35 inc. 1° apartados "g" e "i", 77 inc. 1° y concordantes del C.P.C.A.,
I. Diferir el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Provincia de Buenos Aires para el momento de la sentencia definitiva, lo que así decido (art. 35 inc. g CPCA).
II. Hacer lugar a la excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa (art. 35 inc. 1 ap. i) opuesta por la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia, por los fundamentos expuestos precedentemente, corresponde intimar a la parte actora para que, en el plazo de 90 días , acredite el agotamiento de la vía administrativa o la configuración del silencio administrativo en los términos previstos en el art. 16 CPCA. Todo ello, bajo apercibimiento de desestimar la pretensión interpuesta.
III. Atento a como se ha resuelto el presente incidente, corresponde fijar las costas por su orden (art. 51 C.P.C.A).
NOTIFÍQUESE.
REGÍSTRESE.
Firmas
Funcionario firmante: LASERNA Luis Oscar - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1348-2026
Fin de la sentencia