Abriendo la norma
Juzgado de Ejecución N.º 1 de San Isidro
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPRIMERO: INCORPORAR A Luis Alberto VALOR GONZALEZ (argentino, nacido 15.10.1953 en San Fernando, DNI: 10.275.265, hijo de Cirilo Nicolás Valor y de Rosario González, con prontuario policial NO. 228.815 de la Sección AP; FC: 154.334) AL INSTITUTO DE LA LIBERTAD ASISTIDA en el marco de la presente causa No.10803 (Ex-Legajo de Ejecución NO. 7313 del JEP no. 2 San Isidro; la cual se corresponde con la causa No.113413 que tramitara por ante el Tribunal en lo Criminal No.2 del Dpto. Judicial de San Isidro, donde se dictara la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas del juicio en orden al delito de robo calificado por el uso de arma y otros; IPP 14-08-001548 UFI de Benavidez; …
///Isidro, 30 de abril de 2014.
Para resolver en la presente causa No.10803 caratulada "VALOR, LUIS ALBERTO S/INC. DE EJECUCION DE CONDENA DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO", los pedidos de SALIDAS TRANSITORIAS Y LIBERTAD ASISTIDA efectuados en favor del causante;
I. Que arriba el legajo ante esta sede en razón de la excusación que formulara la Dra. Victoria Elias García Maañón a fs.99/100.
II. Así, en el presente incidente, resulta menester recapitular que con fecha 12 de noviembre de 2013 (fs. 69/72), la Sra. Juez de Ejecución actuante resolvió denegar la incorporación del causante a los regímenes de Libertad Asistida y de Salidas Transitorias, promoviéndolo sin embargo en el régimen semiabierto modalidad amplia, por los motivos expuestos en dicha resolución, a la cual me remito.
Apelada la decisión por la Defensa Particular a fs. 75/78, y por el interesado a fs. 81, se concedió el recurso, que quedó radicado ante la Sala IIa. de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías Dptal., cuyos integrantes con fecha 18 de diciembre de 2013, por mayoría, resolvieron revocar el auto de fs.69/72vta. en cuanto no hizo lugar al instituto de libertad asistida ni a las salidas transitorias en favor de Luis Alberto Valor, debiendo la Sra. Juez "a quo" actuar de conformidad con lo expuesto en los Considerandos, es decir, una vez recibidos los nuevos informes criminológicos solicitados por la Alzada y previa vista a las partes, resolver teniendo presente para ello también, las palabras del penado en cuanto a que jamás había sido sancionado, toda vez que del informe criminológico surge una sanción disciplinaria.-
III. De tal manera, una vez aceptada la competencia, se encontraban ya agregados a fs. 143/166vta. los informes criminológicos de fecha 17/02/14. En el Acta Dictamen obrante a fs. 166/vta., se señaló que "... producida la evaluación del Legajo Técnico Criminológico y demás constancias criminológicas obrantes en el legajo del causante, y en virtud de los criterios establecidos por la normativa vigente, esta Instancia advierte, de acuerdo a lo que surge de la entrevista psicológica realizada, una posición subjetiva de no implicancia respecto al acto transgresor, negando su accionar por el que fuera condenado. Paralelamente a ello, se infiere la utilización de mecanismos evasivos respecto de su pasado accionar, máxime si se tiene en cuenta la repetición de su grave actuar transgresor que lo ha llevado a estar en reiteradas oportunidades y durante varios años privado de su libertad, advirtiéndose por lo tanto, la ausencia de capitalización de tales experiencias punitivas pasadas. Es dable destacar los obstáculos que encuentra esta Instancia a la hora de evaluar y monitorear, por un tiempo prudencial, el desarrollo comportamental del causante en un Régimen y Modalidad de mayor laxitud normativa que en el que se encuentra actualmente alojado. Se aduce ello, en función de la negativa presentada por el interno de ser trasladado a un Establecimiento acorde al Régimen y Modalidad que contribuya a favorecer la gradual progresividad impuesta, tal como surge del acta firmada por el mismo, que se adjunta al presente. En función de lo precedentemente expuesto, amerita esta Instancia la impronta de vislumbrar en Valor la adquisición de una faz de confianza consolidada, como así también la capitalización de las instancias punitivas atravesadas a lo largo de su devenir vital, a los fines de poder gozar progresivamente de algún beneficio externatorio. Es por ello, que estima la INCONVENIENCIA de incluir al interno VALOR GONZALEZ, Luis Alberto FC: 154.334 en el Régimen de Salidas Transitorias y Libertad Asistida..." textual-.-
IV. Cumplida la vista fiscal a fs. 186/vta., la Sra. Fiscal de Ejecución Dra. María del Carmen Gigante, manifestó su OPOSICIÓN a la incorporación del causante en el instituto, y señaló que: "... emerge de los informes efectuados por la Junta de Selección, del Grupo de Admisión y Seguimiento y del departamento Técnico Criminológico, del Servicio Penitenciario Provincial ...la inconveniencia de otorgar los beneficios rogados al causante (arts. 166/vta). En razón que el informe reza "esta instancia advierte de acuerdo a lo que surge de la entrevista psicológica realizada, una posición subjetiva de no implicancia respecto al acto transgresor, negando su accionar por el que fuera condenado. Paralelamente a ello, se infiere la utilización de mecanismos evasivos respecto de su pasado accionar, máxime si se tiene en cuenta la repetición de su grave actuar transgresor que lo ha llevado a estar en reiteradas oportunidades y durante varios años privado de su libertad, advirtiéndose por lo tanto la ausencia de capitalización de tales experiencias punitivas pasadas. Por otro lado, observo que de dicho informe surge que "Es dable destacar los obstáculos que encuentra esta instancia a la hora de evaluar y monitorear por un tiempo prudencial el desarrollo comportamental del causante en un régimen y modalidad de mayor laxitud normativa que en el que se encuentra actualmente alojado. Se aduce ello, en función de la negativa presentada por el interno de ser trasladado a un establecimiento acorde al Régimen y Modalidad que contribuya a favorecer la gradual progresividad de la pena impuesta... Por todo lo expuesto... MANIFIESTO MI OPOSICIÓN..." (sic).
V. Por su parte, los Sres Defensores Particulares Dres. Francisco José García Maañón y Gustavo Alberto Semorile, a fs. 188/194, abogaron por la incorporación de su ahijado procesal al instituto liberatorio. Señalaron que el informe criminológico ha estimado la inconveniencia en la particular pericia psicológica practicada; citaron el Fallo 45713 del Excmo Tribunal de Casación, por lo que desistieron de la realización de pericia psicológica ofrecida; dejando subsidiariamente solicitado para el caso de que esta parte lo considere necesario, la realización de una experticia en el Cuerpo Auxiliar Departamental. Disintieron con la Sra. Fiscal toda vez que ha traído a colación los hechos que llevaron a Valor a transitar el régimen penitenciario, pues señalaron que ello tornaría la finalidad del sistema ejecutorio en netamente retributivo, contrario a la manda del art. 8vo de ley 24660. En cuanto al régimen penitenciario que transita su asistido, señalaron que el mero traslado a otra dependencia "...reanudaría su proceso evolutivo, situación de convivencia, y todos aquellos estandartes que acarrea un movimiento entre Unidades, generando en consecuencia, un detrimento de su readaptación social. " (sic); y que "...es el Estado quien debe procurar el debido otorgamiento de aquellos elementos para favorecer la progresividad del condenado.". (sic). Que por lo expuesto, solicitan la libertad de su ahijado procesal.
VI. Encontrándome en condiciones de resolver el presente, señalaré que conforme surge de la sentencia que en copia certificada luce en autos a fs.1/53 del legajo de ejecución principal, dictada por el Tribunal en lo Criminal No. 2 Dptal. en causa NO. 13413, con fecha 5.9.2012 ha condenado a Luis Alberto VALOR GONZALEZ a la pena de SIETE (7) años de prisión, accesorias legales y costas del juicio, en orden a resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo doblemente calificado por el uso de armas de fuego y en poblado y en banda; portación ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad, abuso de arma criminis causae y daño agravado y robo doblemente calificado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse en concurso ideal con privación ilegal de la libertad.
Que conforme el cómputo de pena que luce a fs.55/56 en copia certificada, surge que Valor fue detenido el dia 31 de julio de 2009, permaneciendo en idéntica situación a la fecha, fijándose el vencimiento de la pena temporal para el dia 30 de julio de 2016.
Resultando que a la fecha lleva privado de su libertad cuatro (4) años y nueve (9) meses, el requisito temporal que habilita la procedencia de la libertad asistida se encuentra a la fecha abastecido, motivo por el cual corresponde darle preminencia a este instituto, por sobre el de las salidas transitorias, por regular de manera más adecuada la situación del causante.
VII. En cuanto al requisito subjetivo, de los informes remitidos por el Departamento Técnico-Criminológico de la Unidad Nº21 de Campana, del Servicio Penitenciario Bonaerense, en particular del gráfico de vida y conducta carcelaria que luce a fs. 4/5 y 146vta. y de los informes criminológicos de fs. 121/132 vta. (18/12/13) y fs.143/166 (17/02/14), surgen elementos que permiten tener por satisfecho tal extremo.
En tal sentido, se informa que el causante registra conducta Ejemplar 10 - repetido- sin sanciones, desde su ingreso al ámbito penitenciario en el tercer trimestre de 2009 -específicamente el 10/09/09-; resulta merecedor de un concepto Bueno; mantiene y respeta los lineamientos del sector que habita. En el plano educativo culminó la escuela secundaria en la UP 13 en el año 2011, realizó cursos de VIH, Electromecánica y actividades juveniles (PC) - fs.147-.
Por otra parte, realiza actividades recreativas, desarrolla tareas laborales como mantenimiento general (mayordomía) en el Sector de Colegio intramuros, que ha informado como excelente su desempeño en los siguientes aspectos: presentismo, relación con sus iguales, motivación observada, participación y concepto general que merece. Asimismo, se ha dejado constancia que el interno es muy respetuoso con el personal penitenciario y con sus iguales, como también muy eficaz en las tareas encomendadas (fs.149).
En el aspecto social se ha informado que no participó del grupo de abordaje psicosocial. Lo han visitado familiares, concubina y amigos y en caso de externación, fijará su domicilio en la casa de su pareja, Sra. Nancy Collazo, en la calle Franck y Couch sin número, Barrio San Antonio, Estación de Villa Rosa, localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar. Ante dicha eventualidad manifestó intenciones de insertarse laboralmente instalando un comercio (verdulería), para lo que contaría con apoyo del municipio (fs. 157/158).
Por último, cabe destacar que si bien se encuentra ordenada su incorporación al régimen semiabierto amplio, y las autoridades penitenciarias han sostenido que para la adecuación de la medida debería ser trasladado a la Unidad NO. 16 de Junín, el causante ha solicitado permanencer en el mismo establecimiento, por lo que continuó allí alojado, en el Pabellón C módulo 2 (fs.146).
VIII. Examinadas y valoradas las constancias de autos, en cuanto a todos los informes emitidos por la unidad alojante, como así también el monto de la pena impuesta y el comportamiento observado, durante la totalidad de su permanencia dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Provincial, entiendo que se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por la normativa aplicable, por lo que corresponde hacer lugar al pedido de libertad asistida de Luis Alberto Valor, declarando abstracto el resto de los institutos en trámite.
En primer lugar, es menester precisar qué se entiende por "concepto", como así también cuáles han de ser las cuestiones a ponderar para su elaboración. Así, el art.101 de la ley 24.660, establece que "El interno será calificado, asimismo, de acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social".
Se ha sostenido que: "Resulta del análisis de pautas de buena conducta y comportamiento en el desenvolvimiento del interno, tanto en su faz personal como grupal, respeto a las autoridades y participación en las actividades que la institución ofreciese. Los profesionales del Grupo de Asistencia y Seguimiento mantendrán entrevistas periódicas con los internos y en base a ellas producirán un informe que será comprensivo de la personalidad del evaluado, su adaptación a las normas de convivencia, el acatamiento de los reglamentos carcelarios y su participación en las distintas actividades que le ofrece el establecimiento..." (Federico M. Weinstein, Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense, Comentada, Anotada y Concordada con ley Nº 24.660 de Nación, Ed. Jurídicas, Omar Favale, Bs. As. Febrero 2007, pág.71), razón por la cual para las autoridades carcelarias es merecedor de un buen concepto.
IX. En cuanto a la oposición Fiscal, basada en los informes criminológicos remitidos en último término (fs.143/166vta.), corresponde realizar el siguiente análisis:
A fs.21/35 obra un informe criminológico, cuyo dictamen favorable, respecto de las Salidas Transitorias, se ha plasmado en el Acta Nº207/2013 y a fs.68 obra un Acta Dictamen emitida por la misma Unidad que aloja al causante (Unidad Nº21 de Campana) individualizada con el Nº347/2013, cuya conclusión también resulta favorable, en este caso respecto de la Libertad Asistida, valorando en ambos casos aspecto objetivos tales como trabajo, estudio, concepto, conducta, los que se encuentran debidamente informados.
Entre un informe (18/06/13 -fs.35-) y otro (25/10/13 -fs.68-) han transcurrido cuatro (4) meses y siete (7) días. Sin embargo, a fs.93 se encuentra glosado un oficio suscripto por el Lic. Fabio Frontelli, Director del Instituto de Clasificación del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se informa que: "...se ha advertido que los informes confeccionados por la Unidad Nro.21 de Campana, tomados en consideración para dictaminar sobre el beneficio de libertad asistida de Luis Alberto Valor (Acta Dictamen nro.347/2013) se encuentran vencidos, de acuerdo al plazo de vigencia establecido en el art.6 del anexo 1, dec. reglamentario 2884/04 de la ley 12.256. En virtud de ello se dispuso la actualización de los mismos, a fin de que esa cámara pueda resolver el otorgamiento o no de libertad asistida sometido a consideración, en base a informes vigentes. Sin perjuicio de ello, se ha advertido asimismo, que el Acta nro.347/2013 mencionada adolece de irregularidades y ausencia de una debida fundamentación, apartándose de los lineamientos vigentes en materia de evaluación y seguimiento de las personas privadas de su libertad. ...". Ahora bien, conforme surge de la norma invocada por el Director Provincial del Instituto de Clasificación (art.6 del anexo 1 del Decreto 2889/04 reglamentario de la ley12.256): "...Las reuniones de seguimiento como evaluaciones periódicas, se realizarán con una frecuencia no inferior a los 6 meses y el respectivo informe de seguimiento será confeccionado dentro de los 30 días corridos con la misma modalidad implementada para la admisión. ...". Es decir que al momento de la confección del Acta 347/2013 los informes correspondientes conservaban su vigencia.
Sin embargo, a fs.143/166vta. obra un nuevo Legajo Técnico Criminológico, cuyos informes se compadecen casi en su totalidad con aquellos que anteriormente fueran objetados por el mismo organismo que ahora informa, sin que se observe modificación alguna de las circunstancias objetivas allí documentadas.
La única diferencia se aprecia en el informe psicológico realizado por la Lic. María Isabel Larroca (fs.155/156) que sirve como fundamento del dictamen, ahora desfavorable, del organisno técnico, plasmado en el acta de fs.166/vta.- Así del acta aludida (fs.166/vta.) se desprende que: "...Producida la evaluación del Legajo Técnico Criminológico y demás constancias criminológicas obrantes en el legajo del causante, y en virtud de los criterios establecidos por la normativa vigente, esta Instancia advierte, de acuerdo a lo que surge de la entrevista psicológica realizada, una posición subjetiva de no implicancia respecto del acto transgresor, negando su accionar por el que fuera condenado. Paralelamente a ello, se infiere la utilización de mecanismos evasivos respecto de su pasado accionar, máxime si se tiene en cuenta la repetición de su grave actuar transgresor que lo ha llevado a estar en reiteradas oportunidades y durante varios años privado de su libertad, advirtiéndose por lo tanto; la ausencia de capitalización de tales experiencias punitivas pasadas. Es dable destacar los obstáculos que encuentra esta Instancia a la hora de evaluar y monitorear, por un tiempo prudencial, el desarrollo comportamental del causante en un Régimen y Modalidad de mayor laxitud normativa que en el que se encuentra actualmente alojado. Se aduce ello, en función de la negativa presentada por el interno de ser trasladado a un establecimiento acorde al Régimen y Modalidad que contribuya a favorecer las gradual progresividad de la pena impuesta, tal cómo surge del acta firmada por el mismo, que se adjunta al presente. En función de lo precedentemente expuesto, amerita esta Instancia la impronta de vislumbrar en Valor la adquisición de una faz de confianza consolidada, como así también de la capitalización de las instancias punitivas atravesadas a lo largo de su devenir vital, a los fines de poder gozar progresivamente de algún beneficio externatorio. Es por ello, que estima la INCONVENIENCIA de incluir al interno VALOR GONZALEZ, Luis Alberto, F.C.Nº154.334 en el Régimen de Salidas Transitorias y Libertad Asistida". (el subrayado me pertenece).-
En tal sentido debo señalar que, conforme he resuelto en anteriores oportunidades, las objeciones formuladas por el órgano informante que obedecen primordialmente a aspectos psicológicos en modo alguno pueden obstruir el goce de la libertad condicional, en la medida que tales características personales del individuo, por un lado pertenecen a la esfera de intimidad del sujeto (art.19 C.N.), que no se encuentra afectada por la pena impuesta, y por otra parte no llegan a desmerecer aquellos logros que resultan de su esfuerzo y voluntad, tales como: carecer de sanciones disciplinarias, la conducta alfanumérica y concepto informados, su incorporación desde un período prolongado al área laboral, la realización de cursos de capacitación, y el trato con el personal penitenciario y con sus compañeros.-
Al respecto, lleva dicho la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías departamental que: "...Se incurrió en un verdadero desvío peligrosista que desnaturaliza el derecho penal de acto, en tanto propende a incluir en el juicio que deberá realizarse acerca de la libertad de la persona encarcelada -en este caso anticipada, restringida a condiciones y por períodos cortos de tiempo, datos inatinentes al acto y si al sujeto penalmente intervenido. ... Por esta razón es que la pena no puede extenderse más allá de la culpabilidad establecida en la sentencia al dimensionar la pena. Tampoco el derecho del condenado a sus salidas transitorias puede limitarse por cuestiones distintas a las exigidas legalmente para su concesión. La consideración de parámetros, como por ejemplo la estructura psíquica del sujeto y su escasa reflexión e implicancia por el accionar desajustado, son pautas ajenas no sólo al marco del art. 17 apartado 4º de la ley 24.660, sino a la estructura dogmática del Derecho Penal de acto y por tanto un deslizamiento hacia la persecución del sujeto no por el acto penado sino por la consistencia de su ser, ámbito que la Constitución Nacional ha protegido de toda interferencia no sólo a través del Principio de Reserva que establece el art. 19, sino también y antes, en las bases del sistema liberal que liberó a la humanidad de toda diferencia entre los hombres por motivo distinto de sus propios actos -igualdad ante la ley; prohibición de la esclavitud; libertad religiosa y de pensamiento; libertad de no autoincriminación; libertad de pensar y expresar lo pensado y de peticionar etc. ..." (Causa Nº18381 Valcat, Gustavo s/Salidas Transitorias, rta.13/03/03)
Sin perjuicio de ello, no soslayo que conforme los indicadores señalados oportunamente por el Sr. Director Provincial del Instituto de Clasificación, el acta remitida en último término, basada en el informe psicológico, adolece también de vicios, como derivación de dicho informe, razón por la cual tampoco puede ser tenido en cuenta en esta instancia.
Así conforme surge de la Resolución Nº2/10 de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, dictada el día 03/05/10, se desprende que: "ARTÍCULO 4º: Las conclusiones de los informes técnicos criminológicos deberán fundarse primordialmente en circunstancias objetivas debidamente acreditadas relativas a la conducta observada dentro de la institución penitenciaria. En las valoraciones psicológicas o psiquiátricas deberá hacerse mención expresa de los tratamientos suministrados, acompañando los respectivos protocolos, la relación sucinta de las entrevistas y los resultados de los test y demás exámenes realizados".
Tal como puede observarse a fs.155/156 el informe psicológico fue confeccionado por una profesional ajena a la Unidad que aloja al Sr. Valor, la Lic. Larroca, y se basa en una única entrevista, realizada en la Unidad Nº21, y en la misma se ha omitido toda mención a las técnicas desarrolladas, los tratamientos suministrados o los resultados de los test producidos para su evaluación, por dar sólo algunos ejemplos. Dichas circunstancias, impiden su valoración y por lo tanto resultan un elemento más para tener por infundado el dictamen producido a fs.166/vta.
En relación a ello, la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, expreso que: "...en virtud de tratarse de un área específica relacionada al psiquismo de la persona debería ser analizado por un profesional idóneo en la materia mediante la aplicación de los tests y estudios que la psicología indica durante un tiempo suficiente para adquirir el conocimiento sobre el sujeto, máxime cuando -precisamente- ello pretende ser obstáculo para incluirlo en el régimen de libertad asistida. A este respecto corresponde observar la ausencia en el informe del aspecto psicológico del Grupo de Admisión y Seguimiento (fundamento del de la Junta de Selección) de detalle de técnicas aplicadas para la evaluación y seguimiento periódico (conf. art. 96 de la ley 12.256), tal exigen las reglas de la disciplina respectiva. Este informe pues, no es producto de una tarea intelectual y técnica sino de un desenvolvimiento burocratizado de su quehacer. Lo allí expuesto no puede constituir la base de un diagnóstico clínico ni parámetro válido de prognosis seria, que desde ya reclamaría entrevistas como las periódicas evaluaciones dispuestas por el art. 97 de la ley 12.256, ausentes in re...."(Causa Nº 22.156/IIIra. "Espíndola, Walter s/ libertad asistida". Excma. Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, Sala IIIra., del voto de la Dra. Vazquez, mayo de 2006).-
No obstante, y más allá de no constituir requisitos que habiliten la procedencia del instituto en trato, y por lo tanto tampoco pueden ser merituados como obstáculo para su viabilidad, entiendo que las circunstancias señaladas bien podrían ser abordadas por profesionales del Patronato de Liberados, en el caso que lo amerite, elevándose periódicamente los informes correspondientes a esta sede.
Así lo ha entendido la Sala Segunda de la Ecxma. Cámara de Apelación y Garantías, que resulta Alzada en esta instancia, al confirmar una resolución de libertad condicional dictada por el suscripto, en causa Nº75568/IIa., (6803 del registro de esta sede) "Ferreira, Claudio Daniel, rta. 09/04/12" donde sostuvo que: "...Los motivos por los cuales el Dpto. Técnico Criminológico objetó el otorgamiento del instituto liberatorio a Ferreira han sido valorados por el Magistrado, y por ello en la resolución en crisis dispuso que el Patronato de Liberados brinde al mencionado Ferreira todas las herramientas tratamentales en lo psicológico a los fines de abordar las supuestas problemáticas surgidas durante su tiempo de detención (problemática de personalidad y de adicciones a las sustancias) y en lo laboral, lograr la capacitación y provisión de fuente de trabajo. Esto permitirá una mejor reinserción social del nombrado, dejando de constituir -a mi criterio- un obstáculo en la concesión del instituto de libertad condicional. ..." (sic. del voto del Dr. Pitlevnik, al que adhiriera el Dr. Stepaniuc).
X. Por otra parte del acta dictamen de fs.166/vta. en que la Sra. Fiscal basa su oposición, surge que el penado no ha querido ser trasladado a la Unidad Nº16 de Junín, a fin de incorporarse al régimen semiabierto amplio en el que fuera incluído por la Dra. Elías García Maañón, lo que a criterio de las autoridades penitenciarias resulta "...un obstáculo que encuentra esta Instancia a la hora de evaluar y monitorear, por un tiempo prudencial, el desarrollo comportamental del causante en un Régimen y Modalidad de mayor laxitud normativa que en el que se encuentra actualmente alojado. Se aduce ello, en función de la negativa presentada por el interno de ser trasladado a un establecimiento acorde al Régimen y Modalidad que contribuya a favorecer las gradual progresividad de la pena impuesta, tal cómo surge del acta firmada por el mismo, que se adjunta al presente. ...".
Al respecto, debo destacar que resulta, al menos, inexacta la afirmación acerca de eventuales obstáculos para evaluar el desempeño del causante en el ámbito carcelario.
En primer lugar debido al largo período que lleva en detención, en el que las autoridades han podido evaluar que ha demostrado adaptarse al régimen carcelario, una voluntad para el trabajo y capacitación que ha sido destacada en los distintos informes incorporados a lo largo de la presente ejecución, como también su conducta y concepto.
Sin perjuicio de ello, el traslado dispuesto por las autoridades penitenciarias carece de fundamento alguno y no sólo resultaba innecesario, sino que significaba una grave afectación de aquellos derechos del condenado no afectados por la condena (vgr. contacto familiar, educación, trabajo, salud), en detrimento del tratamiento que se viene desarrollando.
En tal sentido resulta falaz la afirmación contenida en el el informe aludido, en torno a la supuesta dificultad para "...evaluar y monitorear, por un tiempo prudencial, el desarrollo comportamental del causante en un Régimen y Modalidad de mayor laxitud...", habida cuenta que ya se encontraba incorporado en dicho régimen desde el 10/07/12 -hace más un año y nueve meses- (antes de lo resuelto por mi colega), al ser alojado en el Módulo C, Pabellón 2 de la Unidad Nº21, "...destinado a internos extramuros, con salidas laborales y con Salidas Transitorias, en condiciones asimilables a un régimen abierto y/o semiabierto de la modalidad limitada y/o amplia. ...", tal como surge de lo informado oportunamente a fs.16, 24, 34, 114, 125, 131, 175 y 180.
A mayor abundamiento, cabe señalar que en el marco de la causa Nº9883 seguida a Urrejola Coria, Rubén Alejandro, a instancia de este Juzgado, el Director General de Asistencia y Tratamiento, informó al suscripto mediante nota 908/13 que: "...no existe dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Provincial establecimientos destinados para el alojamiento exclusivo de internos incluídos en régimen semiabierto, es por ello que en todas las Unidades de régimen cerrado existen pabellones destinados a alojar internos que posean este tipo de régimen, adjuntando al presente una descripción de regímenes por Unidad. ..." (sic. del oficio remitido por el Inspector General (E.G.) Fabián Raúl Rodriguez, el 25/09/13 en la causa aludida). Por otra parte en el informe que se adjuntó al oficio se ha informado que TODAS LAS UNIDADES DEL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL cuentan con régimen semiabierto, lo que se erige en un nuevo elemento a tener en cuenta para tener por arbitraria e infundada la resolución de traslado y en consecuencia desacertada la afirmación en sentido de no poder evaluarlo en un régimen más autogestivo.
XI. A esta altura corresponde destacar que de acuerdo al sistema de progresividad, tal como lo establece claramente el art. 6º de la Ley 12.256, el paso por los distintos regímenes resulta de aplicación alternativa y no necesariamente secuencial. Así se encuentra redactado en la norma "...El régimen de condenados, caracterizado por la asistencia y/o tratamiento, comprenderá los regímenes abierto, semi-abierto y cerrado, los que serán de utilización alternativa y no necesariamente secuencial...".
Al respecto ha sostenido Marcos Gabriel Salt, que: "....El "régimen progresivo" es, precisamente, un sistema de ejecución de las penas privativas de libertad que se caracteriza por la posibilidad de que las condiciones de encierro y, en general, las privaciones y restricciones de derechos derivados de la pena privativa de la libertad se atenúen progresivamente durante el tiempo de cumplimiento de la sanción (mutación de las condiciones de cumplimiento de la pena). De esta manera, si el interno cumple con determinados requisitos que varían según las distintas versiones conocidas de regímenes progresivos, tiene la posiblidad de recuperar paulatinamente la vigencia y ejercicio de los derechos de los que fue privado por la medida de encierro, hasta alcanzar el pleno goce de ellos con el agotamiento de la pena..." ("Los Derechos Fundamentales de los Reclusos. España y Argentina. Iñaki Rivera Beiras, Marcos Gabriel Salt, 1999, Ed. Del Puerto, pág. 224).
XII. En cuanto al contenido de los informes criminológicos, resulta un elementos más a tener en cuenta al momento de resolver, pero carente de efectos vinculantes. En este orden de ideas se ha señalado que "...para que el Juez de Vigilancia no se convierta en la cobertura formal de la actividad de la Administración sin efectividad alguna, es preciso que se forme necesariamente a los encargados de ejercer dicha función, de tal suerte que sean capaces de valorar correctamente las resoluciones que, adoptadas por la Autoridad Penitenciaria, son objeto de un posterior control. Si ambas condiciones se cumplen, si a la atribución al Poder Judicial del efectivo control de la ejecución penal se une una adecuada formación especializada de los encargados de ello, dotándoseles al tiempo de los necesarios medios para que la función sea realmente efectiva, se habrá dado un gran paso en la dura lucha por el respeto y la salvaguarda de los derechos fundamentales" (Asenio Cantisán, Heriberto; "El Juez de Vigilancia", en Revista de Estudios Penitenciarios, Nro.237, Ministerio de Justicia, Madrid, 1987, p.15, citado por Hendler, Edmundo S., "Las Garantías Penales y Procesales, Enfoque Histórico- Comparado", 2001, Ed. Del Puerto S.R.L., pág.171).
De igual modo, tiene dicho la Excma. Cámara Deptal. que "...no puede entenderse que los informes de los organismos criminológicos resulten vinculantes para el órgano judicial, so pena de permitir que sea la autoridad administrativa y no este último quien decida, materialmente, sobre la procedencia de lo peticionado, con la consiguiente vulneración del principio de judicialización que se aplica a la etapa de ejecución de la pena (arts. 3 ley 24.660 y 3 ley 12.256)...Corresponde entonces analizar los informes de los organismos criminológicos junto con los restantes elementos de autos a fin de estudiar el cumplimiento del requisito subjetivo de instituto en trato..." (Causa Nº 23.164/IIIra. "Irigoytía, José Luis s/ Salidas Transitorias" Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, Sala III, del voto del Juez Herbel, diciembre de 2006.).
Por ello considero que la vista de la Representante del Ministerio Público Fiscal, basada únicamente en el acta dictamen de fs.166/vta. deviene infundada, toda vez que los aspectos allí mencionados no constituyen requisitos exigidos por la ley para la viabilidad del instituto, ni un obstáculo a su otorgamiento. Por último en torno a lo manifestado por el penado, respecto a la inexistencia de sanciones disciplinarias, ello se encuentra corroborado por lo informado en último término por la unidad alojante a fs.146vta.
Finalmente, tendré en cuenta como circunstancias favorable en torno a su futura reinserción social, la contención familiar que surge del informe socioambiental de fs. 59/60 y del informe social que luce a fs. 157/158.
Por ello, conforme al principio de progresividad que debe regir en la etapa de ejecución, que no necesariamente deberá ser secuencial, entiendo que es precisamente, mediante la aplicación del instituto en trato que se puede lograr aquella progresiva incorporación del individuo al medio libre, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, y bajo supervisión del patronato de liberados órgano que deberá velar para que se evalúe a través de los profesionales que correspondan la necesidad del liberado de realizar tratamiento psicológico en cuanto a situaciones de su devenir vital, y en caso de arrojar resultado positivo, se cumpla el mismo, debiéndose elevar periódicamente los informes correspondientes. De igual modo deberá propenderse a que pueda continuar con la asistencia sanitaria que su situación de salud presenta.
Por todo lo expuesto, habiendo analizado la totalidad de las circunstancias que emergen de los informes aludidos, examinadas y valoradas todas las constancias de autos, en particular los informes emitidos por el instituto de Clasificación y el gráfico de conducta y concepto emitido por la Unidad Carcelaria alojante, y en virtud del monto de la pena impuesta y la conducta observada durante su permanencia dentro de la órbita del Servicio Penitenciario Provincial, toda vez que el peticionante ha cumplido con los requisitos exigidos por el art. 104 segundo párrafo de la ley 12.256, en función del art.13 del C.P. corresponde incorporar en el régimen de libertad asistida a Luis Alberto VALOR (arts. 106, 107, 498, 511, 512 y concs. del C.P.P., 1º, 4º inc.b), 12 inc.d), 28 y ccdtes. de la ley 24.660 y 4, 5, 10, 104 segundo párrafo y ccdtes. de la Ley 12.256, este último en función del art.13 del C.P.).
Por tal motivo, corresponde y así,
PRIMERO: INCORPORAR A Luis Alberto VALOR GONZALEZ (argentino, nacido 15.10.1953 en San Fernando, DNI: 10.275.265, hijo de Cirilo Nicolás Valor y de Rosario González, con prontuario policial NO. 228.815 de la Sección AP; FC: 154.334) AL INSTITUTO DE LA LIBERTAD ASISTIDA en el marco de la presente causa No.10803 (Ex-Legajo de Ejecución NO. 7313 del JEP no. 2 San Isidro; la cual se corresponde con la causa No.113413 que tramitara por ante el Tribunal en lo Criminal No.2 del Dpto. Judicial de San Isidro, donde se dictara la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas del juicio en orden al delito de robo calificado por el uso de arma y otros; IPP 14-08-001548 UFI de Benavidez; Juzgado de Garantías NO. 3 Dptal), la que se hará EFECTIVA EN LA FECHA, debiendo certificar previamente que no registre impedimentos o anotación a disposición de otro juzgado, bajo las siguientes condiciones: 1) presentarse al Juzgado siempre que sea llamada al efecto; 2) residir en el domicilio sito en la FRANCK Y COUCH S/N, BARRIO SAN ANTONIO, ESTACION VILLA ROSA, LOCALIDAD DE VILLA ROSA, PARTIDO DE PILAR, y en el que se practicarán las notificaciones y emplazamientos pertinentes, debiendo comunicar a este Juzgado todo cambio o ausencia por un plazo mayor a treinta días; 3) presentarse al Patronato de Liberados, que corresponda según el domicilio, con la frecuencia que el organismo determine; 4) Adoptar dentro de un plazo razonable oficio, arte, o profesión, si no tuviere medios propios para su subsistencia; 5) no cometer nuevos delitos; 6) abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas en exceso y de consumir estupefacientes.
SEGUNDO: Estas condiciones regirán hasta el vencimiento de la pena impuesta que operará el día 30 de JULIO de 2016, plazo durante el cual la libertad condicional será revocada si el penado cometiese un nuevo delito o violare la obligación de residencia, no computándose, en el término de la pena el tiempo que ha durado la libertad, y no pudiendo el penado obtenerla nuevamente (art. 15, 2do. párrafo del C. P.).
TERCERO:Para su liberación, ofíciese al Sr. Jefe de la Unidad Nro.21, CAMPANA, SPPBA, donde se deberá notificar de lo resuelto, y, asimismo, que deberá comparecer a la Sede de este Juzgado dentro de las próximas 24 horas hábiles de efectivizada su libertad, a fin de confeccionar el acta compromisoria, de conformidad con lo normado en el art. 198 de la Ley 12.256 y art. 514 del C.P.P.
CUARTO: DISPONER que el Patronato de Liberados evalúe a través de los profesionales que correspondan la necesidad del liberado de realizar tratamiento psicológico y le brinde todas las herramientas tratamentales al respecto a los fines de abordar eventuales problemáticas que no habrían sido aboradadas durante su tiempo en detención, y en lo laboral, a los fines de lograr la capacitación y provisión de fuente de trabajo al liberado (arts. 173, 174, 176, 177, 180 y ccdtes. de Ley 12256).
QUINTO: Regístrese, notifíquese y comuníquese.
FDO: GABRIEL ALEJANDRO DAVID
Ante mi: María Elisa Silvi
Fin de la sentencia