Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 58.642
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciadas, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C.: Recházase la aclaratoria solicitada (arts. 166 inc. 2°, 267, 68 C.P.C.C. ).
" VALTUILLE LUIS ALBERTO Y OTROS C/BORREGO NESTOR ANGEL S/ NULIDAD DE ESCRITURA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Sentencia Registro nº: 112 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 23 días del mes de Septiembre del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Jorge Mario Galdós y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados “Valtuille, Luis Alberto y otros c/Borrego Néstor Ángel s/Nulidad de Escritura” (causa nº 58642), y habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es justa la sentencia de fs. 386/395 vta.?
2da - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Juez Dra. LONGOBARDI, dijo:
I. a). Arriban los autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación incoado por los actores (fs. 400), herederos declarados de Jacinta Valtuille, contra la sentencia dictada a fs. 386/395 vta. , que rechazó la acción de nulidad de la escritura de oferta de donación de dos inmuebles rurales, efectuada por Florencio Borrego -quien fuera en vida cónyuge de la mencionada- a favor de su sobrino, Néstor Ángel Borrego, demandado en autos.
Los actores incoaron la referida pretensión anulatoria (fs. 93/99 vta.) con sustento en dos argumentos principales y uno subsidiario. En orden a los dos primeros, adujeron inicialmente que la oferta de donación efectuada resulta nula desde que al momento de prestar su asentimiento conyugal del art. 1277 C.C., la Sra. Jacinta Valtuille se encontraba insana por padecer Mal de Alzheimer, y el propio donante se hallaba hospitalizado, en su lecho de muerte. Al respecto, y tratándose de un acto a título gratuito, destacaron que si bien la hipótesis planteada no encuadra en las previstas en el art. 474 C.C., resultan aplicables, conforme jurisprudencia citada al efecto, las normas sobre testamentos y actos celebrados sin discernimiento o en estado de incapacidad (arts. 897, 921, 1045, 1809, 3615, 3616 y cctes. C.C.). A esos fines, precisaron que la escritura impugnada se realizó en junio de 2000, dos meses antes de que falleciera el donante y cuando el mismo ya se encontraba internado en el Hospital de Urdampilleta, y su cónyuge, Jacinta Valtuille, se encontraba insana. Destacaron que al momento en que falleció la Sra. Valtuille, en el expediente de insania ofrecido como prueba estaba pronto a designarse curador definitivo.
Como segundo argumento principal, pusieron de relieve que la oferta de donación no fue aceptada por el demandado, y que el mismo se mantuvo como intruso en el predio en cuestión desde la muerte de los causantes hasta julio de 2007, en que los mismos, en su carácter de herederos, tomaron posesión legal de los inmuebles. En ese marco, adujeron que el demandado carece de un título válido y de una acción reivindicatoria en su favor, y que la falta de aceptación de la oferta de donación torna inoponible y nula la misma respecto de los herederos declarados de quien fuera cónyuge supérstite del causante.
Finalmente, como argumento subsidiario, adujeron que la oferta de donación en debate importó la afectación de la legítima de la Sra. Jacinta Valtuille (el 50%), con lo que, considerando la nulidad del consentimiento prestado por la mencionada, el demandado no podría pretender un porcentaje mayor al 50%.
En su escrito de responde, el accionado negó, en lo que importa, que la Sra. Valtuille presentara al momento de prestar su consentimiento una enfermedad incapacitante y que su tío se encontrara en su lecho de muerte. Subrayó que su padre y tío poseían sus campos divididos por una calle y que se visitaban y colaboraban mutuamente en las tareas, compartiendo asimismo la propiedad sobre una fracción de campo. Destacó que los demandantes iniciaron el juicio de insania habiendo transcurrido tres meses de celebrada la oferta de donación; cuestionó la validez de las pruebas incorporadas al juicio de insania y consideró nulo lo allí actuado. Afirmó que ni su tío ni la Sra. Valtuille padecían al momento de la escritura de una enfermedad que los incapacitara para disponer de sus derechos, con lo que la escritura en cuestión resulta un acto auténtico.
b). La sentencia de grado (fs. 386/395 vta.), rechazó la acción promovida, considerando no acreditada ninguna causal que permita dudar del estado de salud mental, tanto del otorgante como de su cónyuge, ni tampoco encontró acreditadas ninguna de las excepciones previstas por el art. 474 del Cód. Civil al principio general de que luego del fallecimiento de una persona, no pueden impugnarse sus actos entre vivos por causa de incapacidad. En lo que particularmente respecta a la posible configuración de la tercera excepción legal; esto es, la mala fe de quien contrató con el fallecido -quien, destacó, no estuvo presente al firmarse la escritura de donación-, se dispuso a analizar(punto 3.1., fs. 389) el estado de salud del Sr. Borrego y la Sra. Valtuille. En esa línea, recordó que la carga de la prueba relativa a la falta de perfecta razón en el testador, pesa sobre quien solicita la nulidad del testamento, y puso de relieve la escasez- a su entender- del aporte probatorio efectuado al respecto por los actores. Referenció el contenido relevante del expediente de insania iniciado respecto de la Sra. Jacinta Valtuille, particularmente, el certificado médico expedido por el Dr. Medo (el 05/09/00) con sustento en el cual se solicitó la declaración de insania, y el informe psiquiátrico del Servicio de Salud Mental de Hospital Sub Zonal de Bolívar (del 05/04/01). Asimismo, destacó que el referido informe es contradicho por el informe médico de fs. 256 producido por el Hospital Municipal de Urdampilleta, en el que se refieren las distintas causales de internación, consignándose que hacia octubre de 2001 la Sra. Valtuille había sido internada por excitación psicomotriz, y diagnosticándosele enfermedad de Alzheimer recién a partir de la internación del 25/06/01. A renglón seguido, concluyó que ninguno de los síntomas descriptos en la pericia efectuada por la Dra. Ledesma como propios de la enfermedad de Alzheimer aparecen acreditados con las constancias de la causa.
En lo que atañe a la falta de aceptación de la oferta de donación, destaca que la muerte del donante antes de la aceptación no impide que el donatario la acepte conforme al art. 1795 C.C., pues las únicas circunstancias que ponen fin a la promesa de donación son la muerte del donatario o la revocación de la oferta antes de haberse aceptado la donación. Finalmente valoró que el donatario manifestó su voluntad de aceptación iniciando los trámites ante el escribano José Luis D’ Andrea durante el año 2007, acorde los certificados remitidos en copia por el notario interviniente (fs. 223/229), aceptación que no pudo concretarse en razón de existir una inhibición general de bienes trabada por ARBA.
c). Contra el referido decisorio, se alza la parte actora a fs. 400, fundando su recurso de apelación mediante la expresión de agravios de fs. 410/425 vta. Estructura la referida fundamentación en cuatro agravios diversos. En primer término, se agravia de la falta de tratamiento del planteo de nulidad efectuado por el demandado respecto de los expedientes de insania y sucesorio; nulidad que, en ambos casos, entiende, debe ser rechazada. En segundo lugar, se agravia de que el juez de grado no haya tenido por acreditada la inhabilidad de la Sra. Valtuille al otorgar su asentimiento conyugal para la oferta de donación. Al respecto, aduce que la prueba fundamental para tener por acreditada la incapacidad, radica en el expediente de insania –que se encontraba con dictamen favorable a la declaración de insania del Defensor de Incapaces y con curador provisorio designado-, que es un instrumento público que hace plena fe y no fue declarado nulo, y no en las declaraciones testimoniales y la pericia valoradas por el a quo.
En ese marco, la recurrente pone de relieve que entre la escritura de oferta de donación y el inicio del juicio de insania transcurrieron dos meses y 28 días y no un año y dos meses como por error se afirma en el fallo. Asimismo, asevera que el sentenciante confundió el “Hospital de Urdampilleta” con la “Casa Hogar de Urdampilleta” donde la Sra. Valtuille estuvo alojada un mes antes de que falleciera su esposo. Subraya que del informe del mes de abril de 2001 obrante a fs. 26 del expediente de insania, surge que la Sra. Valtuille arribó al Hospital con severo deterioro del juicio e inteligencia, con informe de “demencia en sentido jurídico” y un tiempo de evolución estimado en cuatro años aproximadamente y realiza una serie de críticas al razonamiento del juez a quo sobre la valoración de las pruebas e informes médicos.
Asimismo cuestiona el valor probatorio de la pericia médica de autos, subrayando que la perito nunca tuvo a la vista a la Sra. Valtuille; que el contenido general relativo a la enfermedad del Alzheimer es insuficiente para desvirtuar el informe pericial obrante en el expediente de insania. Agrega que la sentencia no ponderó las contradicciones que se verifican en la prueba testimonial ofrecida por el demandado; ni la formulación de la pregunta séptima de la absolución de posiciones de los actores que importó para los ponentes, conf. el art. 409 CPCC, el reconocimiento de que la Sra. Valtuille tuvo hasta su muerte problemas psiquiátricos o mentales. Seguidamente, trajo a colación la causa “Gaute” de la SCBA (Ac. 71.178, del 30/05/01) que confirmó el fallo de esta Alzada que había considerado aplicable a las donaciones las normas relativas a los actos efectuados sin discernimiento y las disposiciones relativas a la capacidad para testar (arts. 3615 y 3616) en cuanto exigen “perfecta o completa razón”.
En lo que atañe al estado de salud del Sr. Borrego, cuestiona la validez de la declaración del escribano interviniente y reitera que al momento de firmar la oferta de donación, el Sr. Borrego se hallaba con cáncer de cólon, a sólo dos meses de su fallecimiento y con un estado de salud absolutamente vulnerable.
Seguidamente, la recurrente se adentra en el desarrollo de su tercer agravio, afincado en que el a quo consideró que la falta de aceptación de la donación, por sí sola, no acarrea la nulidad de la misma, en tanto no se produzca el fallecimiento del donatario o la revocación de la misma. Subraya que los bienes ofertados en donación ya habían pasado al dominio de la Sra. Valtuille, y, tras su fallecimiento, a sus únicos y universales herederos. Destaca que en el marco de la sucesión ya se habían producido diversos actos procesales que no fueron ponderados por el sentenciante.
Aduce que la inhibición invocada por el demandado como justificación para la ausencia de aceptación de la donación, no constituía óbice para dicho acto, sino sólo, en todo caso, para la inscripción de la propiedad a su nombre. En ese marco, cita jurisprudencia que sostiene que la escritura de oferta de donación no constituye un título suficiente para acreditar el carácter de donatario que alega el demandado, en tanto debió mediar la aceptación de dicha oferta también mediante escritura pública, conforme el art. 1810 CC. Finalmente, como cuarto agravio, critica que el fallo cuestionado no haya abordado el argumento subsidiario introducido en la demanda a fs. 98, en orden a que, en todo caso, la oferta de donación en cuestión afectó la legítima de la Sra. Valtuille que asciende al 50% de los bienes del causante, constituyendo un supuesto de testamento velado que debe dejarse sin efecto en lo que exceda de ese porcentaje.
Corrido traslado de la expresión de agravios, la misma fue respondida por el demandado.(fs. 427/433); encontrándose firme el llamamiento de autos para sentencia (fs. 435) y cumplidos los restantes pasos procesales de rigor, se encuentran estos autos en condiciones de ser abordados para el dictado de la presente sentencia.
II.) 1. Como fuera adelantado al referir los antecedentes relevantes para el dictado de la presente sentencia, la recurrente se agravió en primer término de que el juez de la instancia anterior haya omitido tratar las referidas nulidades planteadas por el demandado. Al respecto, corresponde desechar por inadmisible el referido planteo, en tanto y en cuanto, en rigor de verdad el mismo no constituye un agravio para la recurrente en los términos del art. 260 del CPCC, desde que la misma carece de interés en que se declaren las nulidades en cuestión; importando ello, en consecuencia, la ausencia de uno de los recaudos de admisibilidad del recurso incoado (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 1975, T V, pág. 85; esta Sala, causa nº 57512 “Jaume, Delia Rafaela…”, del 18/12/2013).
2). Para referirme al agravio atinente a la presunta incapacidad de la Sra. Jacinta Valtuille al momento de prestar su asentimiento conyugal en la escritura de oferta de donación cuya nulidad peticiona el apelante, me detendré previamente en el marco jurídico dentro del cual corresponde prestar el denominado “asentimiento conyugal”, previsto por el art. 1277 del Cód. Civil, para luego analizar la proyección que esta cláusula pudiera tener en orden al negocio jurídico cuya nulidad se peticiona.
El accionante demandó la nulidad de la escritura de donación N° 26 de fecha 24/06/2000 otorgada por el Sr. Florencio Borrego, aduciendo la nulidad del asentimiento conyugal prestado en dicha escritura por la cónyuge, Sra. Jacinta Valtuille, quien al momento de suscribir dicho asentimiento se encontraría insana, inscribiéndose su caso en el de dementes no declarados en juicio a que se refiere el art. 474 del Cód. Civil. Si bien sus familiares iniciaron con fecha 21/09/2000 el respectivo proceso de declaración de incapacidad (aunque con posterioridad a la firma de la escritura impugnada), aquél proceso quedó inconcluso -con prueba ya producida- por fallecimiento de la presunta insana antes de dictarse sentencia. Lo narrado surge de la lectura de los exptes. N°583/2000 “Jacinta Valtuille s/ Insania” y N°761/2001 “Borrego Florencio y Jacinta Valtuille s/Sucesiones”, ambos tramitados por ante el Juzgado de origen y que obran por cuerda en estos autos.
El asentimiento conyugal reglado en la primera parte del art. 1277 del Cód. Civil (generalmente prestado en términos acordes a los que surgen de la escritura impugnada), es el que debe prestar el cónyuge en el caso de que su consorte esté disponiendo de bienes gananciales. Dicho asentimiento, en el caso de los bienes gananciales, es un requisito sustancial de la escritura, cuya ausencia acarrea la nulidad (o inoponibilidad) del acto de disposición; nulidad relativa (pues está dispuesta en resguardo de los derechos del otro cónyuge y puede sanearse); aunque para algunos autores se trataría de una causal de inoponibilidad al cónyuge no disponente; pudiendo sanearse sea por la conformidad ulterior o autorización judicial (Zanoni, Eduardo A. Derecho Civil, Derecho de Familia,Ed. Astrea, T.I, págs. 600/615; Zambrizzi, Eduardo A., Régimen de bienes en el matrimonio, Ed. La Ley,T.I, pg.400/431). Pues bien, dicho asentimiento conyugal, en la especie, no era necesario, pues los bienes donados no son gananciales sino bienes propios del donante, según surge de los certificados de dominio agregados en el proceso sucesorio (fs.97 y 105), como así también del “corresponde” de la propia escritura de donación.
El otro supuesto en que se requiere el asentimiento conyugal, es el reglado en el segundo párrafo del art. 1277 Cód. Civil: “para disponer del inmueble propio de uno de ellos, en que está radicado el hogar conyugal si hubiere hijos menores o incapaces”. El párrafo segundo del art. 1277 del Cód. Civil restringe o limita el poder dispositivo sobre el inmueble propio de uno de los cónyuges en que radica el hogar conyugal, si en él conviven hijos menores o incapaces; advirtiéndose en la previsión, un fin tuitivo del núcleo familiar a través de la vivienda. Esta norma, requiere el asentimiento del cónyuge no titular del dominio del inmueble propio para que el propietario disponga válidamente; hipótesis que revela como caracteres fundamentales, en primer lugar, su vigencia sólo para el caso de que haya hijos menores o incapaces que convivan en el inmueble que constituye el hogar conyugal. (Zanoni, Eduardo A., Derecho Civil, Derecho de Familia, T.I, pgs.608/615 y ss, Ed. Astrea, 3ª. edición); Plenario Cam. Nac. Civil, 27/7/77, L.L. 1977-C-392 y ED 74,253 acerca de las funciones del Registro de la propiedad en la Ley 17.801). De manera más contundente lo explica Trigo Represas, al afirmar: “Excepcionalmente, la ley también exige el asentimiento conyugal para disponer del inmueble propio de uno de los esposos, en el que esté radicado el hogar conyugal, existiendo además hijos menores o incapaces. Esta hipótesis requiere la concurrencia acumulativa de las dos condiciones antedichas: 1) Que el inmueble sea sede del hogar conyugal, y 2) Que en él residan hijos menores o incapaces” (Trigo Represas, Félix A., “El asentimiento conyugal para los actos de disposición”, Ed. LEX, págs. 39 y 65). Fuera de esta situación contemplada en la norma, el cónyuge que no es propietario del bien no recibe esta protección del art. 1277 parr.2°, ya que esa protección al otro cónyuge la da el art. 211 del Cód. Civil (Sambrizzi, Eduardo A., Régimen de bienes en el matrimonio, La Ley, T.I, págs. 430/434, con citas de Vidal Taquini, Carlos H., “Matrimonio civil”, págs. 547 y 548, y Méndez Costa, María Josefa, Cód. Civil Comentado, Derecho de Familia Patrimonial, pg. 202).
Se advierte que no existen en este supuesto hijos menores o incapacitados, que por otra parte, como herederos forzosos, hubiesen desplazado a los actores en el orden sucesorio. Tampoco el inmueble constituía el asiento del hogar conyugal. La oferta de donación se refiere a dos inmuebles rurales y en la escritura de donación el escribano consigna como domicilio de ambos cónyuges el de Av. San Martín N° 733 de la localidad de Urdampilleta, mención que no ha sido cuestionada y que por otra parte se condice con la denuncia de un inmueble urbano ganancial, ubicado en la localidad de Urdampilleta (conf. Fs 154/157 del Expte. Sucesorio, dominio Matrícula 15.580), que sería el último domicilio conyugal de los causantes.
Podría cuestionarse que en el sub caso faltó la manifestación del otorgante en el sentido que no se requería la venia del art. 1277 Cod. Civil, por tratarse de bienes propios en los que no estaba radicado el hogar conyugal ni había hijos menores o incapacitados; mas esta es simplemente” una declaración de voluntad que no forma parte del supuesto de hecho del acto o negocio principal, sino condición jurídica para la validez u oponibilidad de éste” (Cam. Apel. Civ. y com., 4° Nom. Córdoba, 12/3/85, “V. de M., N.F. y otro c. Q. C.R. y otra”, L.L. on line,, AR/JUR/518/1985, cit. en Protección de la Vivienda familiar, Levy, Lea M.-Bacigalupo de Girard. María, pg. 80 n.3). El Código Civil no regula la forma en que debe prestarse el asentimiento conyugal.
Como consecuencia de lo anterior, los herederos legítimos (no forzosos) , sobrinos de la causante, no pueden tachar de nula la escritura de oferta de donación ni la cláusula de asentimiento conyugal (si se participa de la tesis de la invalidez relativa de la falta del asentimiento) ni tampoco su inoponibilidad a la causante; en ambos casos, reitero, por no encontrarnos ante ninguno de los supuestos de hecho aprehendidos por la norma del art. 1277 al exigir el asentimiento conyugal y no ser necesario tal asentimiento (cfr: Méndez Costa,. María Josefa, Código Civil Comentado, Derecho de Familia Patrimonial, arts. 1217 a 1322, Ed. Rubinzal Culzoni, pgs.187 a 224 y bibliografía citada).
Se concluye entonces, que la indagación de la falta de discernimiento o presunta demencia de la cónyuge que comparece a prestar un asentimiento conyugal que no era necesario – reitero, por no tratarse de bienes gananciales, ni tampoco de bienes propios que hubieran sido la sede del hogar conyugal y no haber hijos-, es absolutamente innecesaria e irrelevante y no puede teñir de invalidez al acto. En este contexto , la cláusula impugnada pasa a ser una mera cláusula enunciativa, de quien no era parte del acto jurídico principal ni debía prestar su asentimiento como recaudo sustancial de la donación (arts.1277, párr. 2°, y art.18 Cód. Civil). Respecto a las cláusulas contenidas en una escritura, Llambías formula una clasificación tripartita: 1) Los hechos pasados ante el oficial público, 2) Las cláusula dispositivas, y 3) Las cláusulas enunciativas (Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil, parte,. General, T.II, Ed. A. Perrot, 1993, pgs. 442/443,). ”Las cláusulas enunciativas del documento notarial, se refieren a manifestaciones superfluas o accesorias de las partes (en el sub caso, de un compareciente que no es parte), que podrían omitirse o suplirse sin que se altere el objeto del acto (Sup. Trib. Just. Tucumán, Sent. N°41,12/02/2003, “Segundo Mirta Norma c/Sanatorio del Norte SRL s. Cobros”, elDial.com, BB562C).
En cuanto a la nulidad de la escritura, o en su defecto, de la cláusula de asentimiento conyugal, debe recordarse que no corresponde solicitar la nulidad por la nulidad misma (art. 1047 Cod. Civil). Siguiendo el concepto generalmente admitido en la doctrina nacional, la nulidad resulta ser “la sanción de invalidez prescripta por la ley por adolecer el acto jurídico de un defecto constitutivo”; la nulidad como sanción se da frente a un vicio en el acto jurídico, el cual consiste en la falta o concurrencia de algún requisito o cualidad que, conforme a la ley, debía estar presente en al acto jurídico en el momento de su celebración; es decir, que la causa de nulidad es originaria. No es otra cosa que la inobservancia de alguno de los requisitos indispensables que por imperio de la ley debe reunir el acto o negocio jurídico (LLoveras de Rezk, María Emilia, Tratado Teórico Práctico de las Nulidades, Ed. Depalma, pág. 28/29). Por consiguiente, descartada la necesidad del asentimiento conyugal, no sería posible declarar la invalidez del acto, independientemente del estado mental de la Sra. Valtuille al tiempo de firmar dicha escritura.
Si finalmente se considerase que con esta cláusula se quiso plasmar la conformidad de la cónyuge con la donación de bienes propios efectuada por el otro cónyuge, resultaría nula de nulidad absoluta y sin valor legal alguno, debiendo tenerse por no escrita, atento la prohibición de contratar sobre herencias futuras (art.1175 Cod, Civil) en conjunción con los artículos 3311 (que establece la prohibición de aceptar o repudiar herencias futuras) y en particular el artículo 3599 ( que establece que toda renuncia o pacto sobre herencia futura será de ningún valor). Por las razones anteriormente expuestas, determinar si la causante carecía o no de discernimiento al momento de firmar la escritura resulta una cuestión abstracta y por ende, exenta de un pronunciamiento judicial.
Considerando que “...los pronunciamientos abstractos o meramente académicos están vedados a los Tribunales de justicia pues para el dictado de una sentencia sobre el mérito de la causa es menester que exista una efectiva colisión y que el proceso sea necesario para dirimirla, presupuesto que debe estar presente no sólo en el inicio, sino, además durante todo el desarrollo del proceso ... frente a la ausencia de interés procesal, la pretensión deviene inadmisible, correspondiendo la desestimación. El juez puede actuar al respecto oficiosamente, gozando la Alzada de idéntica potestad” (Azpelicueta - Tessone, “La Alzada”, pág. 65 y sig.; Trib. cit., causas nº 37.845 del 18/2/97 “Ciancio de Eseverri...”; nº 48.916 del 03/8/05 y nº 50.765 del 08/3/07, “Esnaola...”, entre otras), (el destacado me pertenece).
Es así que la cuestión de la incapacidad de la cónyuge pierde relevancia y deviene abstracta, al tornarse inoperante por su falta de litigiosidad (Cám. Apel. Civ.y Com. Deptal., Sala I, causa nº 34347 del 29/10/93; esta Sala, causa nº 38496, 08/05/97, "Banco Caseros S.A. c/ Olza, Sara Rosa s/ Cobro Ejecutivo"). Ha decidido la Suprema Corte Bonaerense que “hay ausencia de los requisitos jurisdiccionales allí donde no existe una discusión real entre el actor y el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde un comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se extinguió la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción, o cuando las cuestiones a decidir son enteramente abstractas” (S.C.B.A.
Ac.32096 del 28/6/83; Ac.L35666, 18/3/86 “Fantaguzzi”, A.y S. 1986-I-177; Ac.L83132 16/10/2002 “Benitez”; L80770, 12/9/01 “Municipalidad de General Pueyrredón”). Añaden Azpelicueta y Tessone que “es menester que exista una efectiva colisión y que el proceso sea necesario para dirimirla; presupuesto que debe estar presente, no sólo en el inicio, sino, además, durante todo el desarrollo del proceso. ...” (aut. y ob.cit. pág.66), (esta Sala Causas N° 45355 "De Martino c/Sanikam s/Cob.Ejec.
Med.Cautelar”, del20/02/03, N°45386 “Moreno…” del 29/05/03, N° 58323 “Carbone…” del 10/06/14, Sala I N° 50.360 del 08/02/07).
Por los argumentos expuestos es que no corresponde ingresar al tratamiento del Segundo agravio, en lo referente a la ausencia de capacidad mental de la Sra. Jacinta Valtuille al prestar su asentimiento conyugal. 3.) El apelante se refiere por último a la enfermedad terminal del donante, mencionando su internación en el Hospital de Urdampilleta al tiempo de la firma (fs.97). El a quo consideró no acreditada la falta de salud mental del otorgante e hizo mención al informe hospitalario que descartaba su internación al momento de la firma de la escritura (fs.254, 256, 392, 393vta.). Sin compartir el criterio de la sentencia al referirse a la salud mental del Sr. Borrego (en tanto considero que la misma no fue motivo de cuestionamiento concreto en la demanda), cabe no obstante rechazar en este punto el embate recursivo por tratarse de reiteración de argumentos anteriormente expuestos y no de una crítica concreta y razonada del fallo recurrido (art. 260 C.P.C.C.).
4). La recurrente sostuvo asimismo (tercer agravio), que el a quo no ponderó los efectos de la no aceptación de la oferta de donación por parte del demandado y el hecho de la culminación del expediente sucesorio respecto de los bienes en disputa. Afirmó primeramente que al no haber aceptado la donación, el demandado sólo posee un derecho personal, no un derecho real de posesión como sí posee su parte. Subrayó en tal sentido que los bienes ofertados en donación ya habían pasado al dominio de la Sra. Valtuille y, tras su fallecimiento, a sus únicos y universales herederos. Se advierto una cierta confusión en la terminología empleada por la apelante, por cuanto la denominada ”posesión hereditaria” , es un concepto que no se adecúa a lo dispuesto en el art. 2351 C.C., sino que se refiere a la “investidura de la cualidad de heredero,( más) que a una posesión verdaderamente dicha” (Salvat R. Argañaraz, M., Tratado de Derecho civil Argentino, Derechos Reales, ed. TEA, Bs.As., 1961, 56ª.ed., T.I, p. 164, N°198).
En segundo término, tal como se destacó en el decisorio impugnado, el art. 1795 del Cód. Civil, determina que “Si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede éste, sin embargo, aceptarla, y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa dada”. Como consecuencia de la referida disposición, cabe concluir que la falta de aceptación por el demandado de la oferta de donación ,con antelación al fallecimiento del propio donante y de la conclusión de los trámites sucesorios de la heredera de éste, Sra. Jacinta Valtuille, no obsta al derecho del mencionado de aceptar la misma en tiempo y forma, ya que, eventualmente, de encontrarse inscriptos los bienes, tendría a su disposición la ya referida acción personal para reclamar la entrega a los herederos del donante (art. 1834 Cod. Civil). Este fundamento no ha sido correctamente rebatido por el apelante, demostrando la causa y fundamento jurídico por los que –a su entender- la referida disposición no sería aplicable, produciendo una especie de “caducidad” de la facultad de aceptar con posterioridad al fallecimiento del donante; por lo que corresponde rechazar este agravio (art. 260 C.P.C.C.).
5. a). Descartado el agravio referido a la falta de capacidad de la Sra. Jacinta Valtuille, al igual que la facultad del donatario de aceptar la donación pese al fallecimiento del donante, resta considerar el cuarto y último agravio, referido a la falta de tratamiento en la instancia anterior del argumento acerca de la afectación de la legítima de la cónyuge supérstite Sra. Valtuille. Este argumento, que el actor había expuesto a fs. 98 con carácter “subsidiario” (para el supuesto de que se considerase válida la cláusula de asentimiento conyugal de la Sra. Valtuille), adquiere relevancia como argumento principal, a la luz de las consideraciones anteriormente expresadas. Interpretando la voluntad petitoria del accionante, correctamente recalificada conforme a los hechos constitutivos de esta litis, lo manifestado en la demanda (fs.98) y en la contestación (fs.119/126) y por aplicación del principio “Iuria novit curia”, correspondería su calificación como acción de reducción de donaciones inoficiosas, en los términos del art. 3601 del Código Civil. En relación a las facultades del juzgador para recalificar el encuadre jurídico de las pretensiones –o defensas- de las partes, se ha dicho que “... Reiteradamente se viene adoctrinando que es función de la judicatura la formulación del encuadre jurídico adecuado, es decir, la subsunción de los hechos alegados y probados en la norma correspondiente. Y que el principio iura curia novit tiene plena vigencia en segunda instancia, ya que el artículo 164 CPCBA (ídem CPCN) hace aplicable en la Alzada la norma anterior, cuyo inciso 6° recoge dicho adagio.... (S.C.B.A. L 37.327 del 31/08/84 ; L 33.626 del 04/06/85; L 26.365 del 05/12/78; conf. Busso, Código Civil Anotado, T.I, pág. 194; Belluscio, Código Civil págs..109/110; Azpelicueta – Tessone “La Alzada Poderes y Deberes”, págs..193/194 y 195).
Por otra parte y en cuanto a las facultades de la alzada de abordar cuestiones no resueltas por el juzgador como la presente –lo que constituye la queja del apelante-, se ha admitido que el tribunal ad quem puede abordar todas las cuestiones planteadas en primera instancia, aunque no hayan sido abordadas en la sentencia en revisión. Las potestades decisorias del órgano judicial de segunda instancia se encuentran circunscriptas al conocimiento de aquellas cuestiones que hayan sido, por una parte, oportunamente sometidas a la decisión del órgano inferior, y por otra parte, comprendidas en los agravios expresados por el apelante. De ello se deriva que el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada se encuentra, en primer lugar, limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez inferior, y no por lo resuelto por éste en su sentencia. El régimen de la doble instancia, en efecto, sólo requiere que existan dos sentencias que examinen las cuestiones propuestas en las oportunidades procesales correspondientes, pero no exige que tales cuestiones sean sometidas a un doble examen. (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, T.V, 3ª. Ed. act. por Carlos E.Camps y Alberto Tessone, pgs. 426 y ss.; asimismo: Highton-Arean, Cod. Procesal Civ. y Com. de la Nación, T.5, pg.357 y ss, Ed. Hammurabi). En este sentido, la norma del art. 273 Cód. Procesal Civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires permite decidir sobre cuestiones omitidas en primera instancia, debidamente expuestas en la expresión de agravios (Tessone-Azpelicueta, “La Alzada…”, pg.217).
b.) Ahora bien: efectuada la recalificación de este agravio como acción protectoria de la legítima, y sin entrar a juzgar sobre la admisibilidad o procedencia de dicha acción en el sub caso, no procede sin embargo dar curso al tratamiento de esta acción de reducción, porque la oferta de donación aún no ha sido aceptada, y por lo tanto, la donación no se encuentra perfeccionada; es decir, que no estaría aún configurado el objeto de la pretensión ni tendría la demandada legitimación pasiva. En definitiva, al no existir donación (ya que la oferta de donación no fue aceptada) no procede analizar la admisibilidad o procedencia de la acción de reducción. Esto no significa, empero, que le asista razón al apelante cuando sostiene que la oferta resulta inválida por no haber sido aceptada antes del fallecimiento del donante, como vimos anteriormente. El contrato de donación es un contrato creditorio unilateral que genera una obligación de dar a cargo del donante (art. 1833 Cód. Civil), y cuyo incumplimiento da una acción personal para solicitar la entrega de los bienes donados (art. 1834), mas no una acción real. Hasta el momento de su aceptación, la donación es un acto jurídico unilateral, que vale sólo como promesa de donación. Conforme lo establece el art. 1792, “para que la donación tenga efectos legales debe ser aceptada por el donatario, expresa o tácitamente, recibiendo la cosa donada”. La donación de la cosa inmueble efectuada por escritura de donación pero sin aceptación por el donatario, importa la promesa de donación que hace formar el contrato de donación por mutuo consentimiento cuando el donatario lo expresa en otra escritura (art. 1811) (Spota, Instituciones de Derecho Civil, Contratos, T.VII,pg.260).en materia de inmuebles la forma requerida tanto para la oferta como para la aceptación es la escritura pública(art. 1811), forma solemne cuyo incumplimiento acarrea la nulidad (Lorenzetti, Ricardo, Tratado de los Contratos, T.III, pg.604, ant.y ss). Nuestro máximo tribunal provincial ha dicho que “la agregación de una escritura en la cual se instrumentó una oferta de donación de inmuebles, dirigida al accionado…no alcanza para atribuirle la calidad de donatario, siendo menester la aceptación efectuada también mediante esa forma específica, pues es el contrato –como acuerdo de voluntades- el que debe se hecho bajo las solemnidades prescriptas por la ley (conf. art. 1184 Cód. Civil)”.(SCBA, Ac. 75.700, “Sotelo de Palavecino…), sent. del 30/IV/03).
La reducción puede deducirse como acción, a fin de atacar una donación inoficiosa ya concretada, o bien puede oponerse como excepción, cuando el heredero enfrenta una donación aún no perfeccionada y cuyo cumplimiento es demandado por el donatario (Lorenzetti, Ricardo, ob. cit.,pág.626, y cita N° 73 de López de Zavalía, Contratos, T.II, parte especial I, p.528). En el presente caso sólo podría plantearse como acción, si la donación ya se hubiese perfeccionado mediante la aceptación y el bien se encontrase en el patrimonio del donatario, que no es el caso de autos. No dándose en autos dicho presupuesto, y sin perjuicio de la recalificación efectuada del cuarto agravio, la acción de reducción debe ser rechazada por inadmisible. Sin perjuicio de lo cual, destaco que para el caso en que el demandado acepte la donación en la forma legal prevista, podrían las partes ocurrir por la vía procesal pertinente, oportunidad en que podrá plantearse la reducción, sea por vía acción, sea por vía de la excepción o defensa de reducción (arts. 1830, 1831, 1832 del Cod. Civil; Lo Prete, Octavio, Acciones protectorias de la legítima, Ed. Hammurabi).
En lo que hace al demandado, la alegada imposibilidad de aceptar la donación en razón de la inhibición denunciada, podría ser soslayada mediante el recurso a las herramientas legales pertinentes (arts. 1834 y 1839 del Cod. Civil).
Por las consideraciones expuestas, es que propicio al acuerdo el rechazo de los agravios del apelante.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. Galdós y Peralta Reyes, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Señora Juez Doctora Longobardi, dijo:
Por lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciadas, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., propicio la confirmación de la sentencia, por los fundamentos del acuerdo. Las costas de la acción de nulidad en ambas instancias, serán soportadas por su orden, en razón de las particularidades del caso; sin imposición de costas por la acción de reducción que se declara inadmisible, en razón de la forma como se originara la cuestión (arts. 68 y 71 CPCC); difiriéndose las regulaciones de honorarios para su oportunidad (art. 31 dec. ley 8904)
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. Galdós y Peralta Reyes adhirieron votando en igual sentido, por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Septiembre de 2014.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciadas, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., Confirmase –por los fundamentos expuestos- la sentencia apelada. Impónense las costas en ambas instancias por la acción de nulidad, por su orden, en razón de las particularidades del caso. Sin costas por la acción de reducción que se declara inadmisible, en razón de la forma como se originara la cuestión (arts. 68 y 71 CPCC); difiriéndose las regulaciones de honorarios para su oportunidad (art. 31 dec.ley 8904). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
MARIA INES LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II JORGE MARIO GALDOS VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II
Causa nº: 2-58642-2013 " VALTUILLE LUIS ALBERTO Y OTROS C/BORREGO NESTOR ANGEL S/ NULIDAD DE ESCRITURA "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Sentencia Registro nº: 127 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 23 días del mes de Octubre del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Jorge Mario Galdós y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados “Valtuille, Luis Alberto y otros c/Borrego Néstor Ángel s/Nulidad de Escritura” (causa nº 58642), conforme la desinsaculación oportunamente practicada a fs.436 de conformidad con los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Galdós y Dr. Peralta Reyes. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra - ¿Es procedente la aclaratoria planteada a fs.454 y vta., contra la sentencia dictada a fs.437/450?
2da - ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Sra. Juez Dra. LONGOBARDI, dijo:
I). Contra la sentencia dictada por este tribunal a fs.437/450, Néstor Ángel Borrego dedujo aclaratoria (art. 267 C.P.C.C.) respecto a la imposición de costas “por su orden” pese a confirmarse la sentencia de primera instancia que rechaza la demanda, en base a las siguientes consideraciones: 1). En primer lugar, sostuvo que ninguno de los agravios de la actora recurrente fueron receptados por el tribunal. 2). En segundo lugar, reiteró las aclaraciones ya efectuadas en autos acerca de los justificativos invocados por su parte por los que hasta la fecha no había aceptado la oferta de donación que originara los presentes actuados. En función de la primera consideración, sostiene el recurrente que: a) Fue traído al proceso con innumerables gastos, por iniciativa de la actora, cuyo planteo no tuvo acogida en las distintas instancias, por lo que ésta reviste el carácter de vencida, eje rector en materia de costas “que funciona automáticamente al no admitir la justicia su pretensión”. Invoca la regla general de imposición de costas a quien resulte objetivamente derrotado (art. 68 C.P.C.C.), y la excepción para eximir de todo o parte de ellas al vencido, que debe ser fundada mediante un pronunciamiento expreso, bajo pena de nulidad (art. 68, ult,. párrafo). b). Agrega que el hecho de que la demanda no prospere en su totalidad, no quita al actor su carácter de vencido, pues éste nunca sería liberado de todas las costas generadas ya que sería un despropósito que el demandado (que es el “triunfador”), termine cargando con las propias costas como aquí ha acaecido. c). Continúa diciendo el apelante que de ninguna manera los actores podrían considerarse con derecho al planteo efectuado, pues todos los elementos de prueba aportados por su parte, fueron más que suficientes para contrarrestar la liviandad y audaz articulación formulada por aquellos, obrando de mala fe e induciendo la realización de medidas probatorias en una cuestión que no era ni dudosa ni novedosa. d). Por las razones apuntadas considera que la resolución de este tribunal imponiendo las costas por su orden resulta irrazonable e incurre en absurdo, existiendo inequidad en el criterio de su distribución. En conclusión, solicita se aclare y determine fehacientemente y con sustento en el art. 267 parr. 3°, que las costas del proceso deben ser soportadas íntegramente por los actores vencidos.
II). 1) En cuanto a la primera consideración indicada en el punto 1) del apartado anterior, sustentada en las razones detalladas en los apartados a), b), c) y d) precedentemente detallados, entiendo que debe ser rechazada la aclaratoria en análisis, pues la sentencia dictada por esta alzada resulta suficientemente clara, no señalándose cuál es la duda o capítulo omitido u error material en que pudiere haber incurrido. En realidad lo que el recurrente persigue por esta vía, no es la corrección de un error material ni la omisión de la sentencia o aclaración de un concepto oscuro, sino la modificación del criterio de imposición de las costas, que ha sido fundado, precisamente, en las particularidades del caso, las cuales no son sino las consideraciones jurídicas efectuadas en la sentencia a través de su Considerando II, ap. 1 a 5, que llevaron a confirmar el rechazo de la acción de nulidad pero por otros fundamentos distintos a los de primera instancia: en efecto, el fundamento del rechazo en esta instancia fue que la cuestión litigiosa resultaba abstracta (Cons.II. ap.2, fs. 444vta./445vta.), en tanto en la sentencia de primera instancia se había rechazado la nulidad por falta de prueba suficiente de la incapacidad alegada (fs.393 vta., Cons.II, ap.6 y Cons.IV y V).
2). En relación a los límites de la aclaratoria, el art. 166 inc. 2° del C.P.C.C. faculta al juez a corregir, a pedido de parte y sin sustanciación, cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Si bien los límites son un tanto difusos, tanto en la figura de la aclaratoria de oficio (art. 36 inc. 3°) como a pedido de parte (art. 166 inc. 2° y 267 del C.P.C.C.), el Código de Procedimiento consigna como límite el no alterar lo sustancial de lo decidido; afirmando la doctrina de la Corte que debe dejarse sin efecto el pronunciamiento que –en franca transgresión a los artículos citados-, exceda los límites fijados alterando sustancialmente la sentencia que pretendió aclarar; resultando esencial que se mantenga la integridad ideológica del fallo (Camps, Carlos, Cod.
Proc. Coment., arts. 33 y 166, pags.82/83 y 308/310; conf. Morello, Augusto Mario – Sosa Gualberto – Berizonce Roberto, “Códigos Procesales…”, t. II-C, pág.275, Azpelicueta - Tessone, “La Alzada. Poderes y Deberes”, pág.249). Dado que el escrito en análisis no refiere a ninguna de las causales que viabilizan el recurso de aclaratoria, sino que, a través del mismo, se pretende una modificación de lo resuelto en el pronunciamiento dictado por esta Sala, corresponde dar respuesta negativa a la cuestión planteada (arts.36 inc.3, 166 inc.2 del C.P.C.C.), debiendo en consecuencia, desestimarse la aclaratoria deducida (ésta Sala, Causa 58279, “Franceschelli…” Sent. Int. del 21/10/14). 3). En otro orden de ideas, el recurrente no ha advertido que de los términos de la sentencia de esta instancia no puede adjudicarse a ninguna de las partes el carácter de “Vencido”, ni el carácter de “Vencedor”, ya que la cuestión litigiosa no existe (fs.444 vt./445, SCBA Ac. 32096, Ac.L35666, Ac L 83132 y demás fallos citados).
En materia de imposición de costas por su orden cuando la cuestión deviene abstracta, cabe recordar anteriores pronunciamientos de este tribunal en los que se destacó la existencia de doctrina casatoria que establece que en tales casos “no cabe, en rigor, considerar vencida a ninguna de las partes, por lo que corresponde imponer las costas en el orden causado (art. 68, 2da.parte y 73 –por analogía- del C.P.C.C. (S.C.B.A., 27/11/1996, “Aguirre...”, LLBA, 1997, 1; íd., 8/4/97, “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. …”, 16/9/97, “Pelco S.A….”). Su fundamento radica en la desaparición del concreto interés jurídico, por lo que –en tal caso- no puede hablarse de parte vencida (Cám.1° Apel. Civ. y Com.
Mar del Plata, Sala II; 10/02/98, “Consorcio de Propietarios Moreno 2040 – Mar del Plata …”, L.L.B.A., 1999, 1034; E.D., 184, 360, Causa N°50471 “Elenka…” del 30/04/07). Asimismo que “la cuestión se ha tornado abstracta no cabe, en rigor, considerar vencida a ninguna de las partes imponiéndose las costas por su orden” (S.C.B.A., causa 1682, sent. del 16/9/97; 1350, sent.del 23/11/93 “Farmacia Gatti Soc. Com. Simple…”; 1636, sent.del 21/6/95 “Colegio Internacional Sek Argentina S.A….”; 2044, sent.del 12/8/97 “Procuración General…”; 1864, del 21/4/98 “Ocral S.A. y otros …”; Ac.79405, del 14/11/01 “Supermercado Integral AFRA …”, Ac.89517, del 17/11/04 “Herederos de Melidoni, Carmen Dominga …”, (esta Sala Causa N°56730, del 4/12/12 “Saavedra …”; Causas N°37617, del 30/4/96, “Chiesa…”; N°45500, del 6/5/03, “Bco.
Mayo …”; N°42520, del 10/8/04, N°46898, del 19/8/04, “Elebar S.A….”, entre otras.).
4). Resulta asimismo oportuno recordar aquí los fundamentos y alcance de la sentencia dictada por este tribunal, y el motivo del rechazo de los agravios de la actora, en particular el referido al rechazo de la nulidad de la cláusula de asentimiento conyugal en la escritura de oferta de donación efectuada por el cónyuge a favor del demandado, aún no aceptada por éste. La sentencia, antes de decidir si era posible ingresar al análisis de la nulidad de la cláusula de asentimiento conyugal en los términos del art. 474 del Cod. Civil, analizó si dicha cláusula de asentimiento conyugal era necesaria o relevante; llegando a la conclusión de que, por revestir los bienes donados el carácter de bienes propios del cónyuge disponente, y no habiendo tenido hijos el matrimonio, era absolutamente innecesaria, en una correcta interpretación del art. 1277, párrafo segundo, del Cód. Civil, por lo que resultaba cuestión abstracta el detenerse a analizar la capacidad o incapacidad de la cónyuge a los fines del asentimiento exigido por el art. 1277 párrafo primero del Cod. Civil (fs. 441vta./442).
En este punto cabe decir también, que los argumentos reiterados en el apartado 2) del recurso en tratamiento sobre los motivos de la no aceptación, no son de recibo, en tanto no corresponden a la aclaratoria planteada. Pero sí debe recordarse, que fue la postura del recurrente al arrogarse el carácter de donatario –sin previa aceptación de la donación por escritura pública, arts. 1792 y 1811 del Cod. Civil- la que dio origen al conflicto que derivó en esta cuestión litigiosa, a partir de su presentación en el sucesorio reclamando la entrega de los bienes y la exclusión de los herederos ab intestato (conf. fs.127/130 del Expte.N° 769/2001 “Borrego Florencia – Valtuille Jacinta s/ Suc.”, agregado por cuerda); abonado ello por la admisión en carácter de parte sin la previa aceptación de la donación en la única forma posible, que es la solemnidad de la escritura pública, sin la cual la donación no surte efectos legales (arts. 1792 y 1811 Cod. Civil). Esta circunstancia, sumada a la recalificación “iuria novit curia” de los agravios de la actora referidos a la violación de la legítima de la cónyuge, como una acción de reducción de donaciones inoficiosas (fs.446/447vta.), motivó que en la sentencia se resolviese (fs.448/449vta.) que la procedencia de la acción de reducción tampoco podía ser analizada. Es decir que la falta de aceptación de la donación impidió –por resultar prematura la cuestión, aclaro - ingresar a su estudio, no encontrándonos ante el supuesto de una donación aceptada en la que los bienes ya ingresaron al patrimonio del donatario, en que cabría por vía de acción de reducción, ni tampoco ante el supuesto de los arts. 1834, 1839 Cód.Civ. en que procedería por vía de la excepción de reducción (fs.448 vta.). Cabe recordar que se dijo asimismo que la cláusula atacada era una mera cláusula enunciativa, es decir, de aquellas que se refieren a manifestaciones superfluas o accesorias de las partes, que podrían omitirse o suplirse sin alterar el objeto del acto (fs.444). Por otra parte, también se consideró que si con la citada cláusula se pretendía plasmar la conformidad de la otra cónyuge con la donación de bienes efectuada por su cónyuge, se trataba de una cláusula nula de nulidad absoluta y sin valor legal alguno, debiendo tenerse por no escrita atento la prohibición de contratar sobre herencias futuras (arts. 1175,3311 y 3599 del Cod. Civil), (fs.444 vta.)..
5. En síntesis, cabe decir que la naturaleza abstracta o no litigiosa de la cuestión planteada en relación a la cláusula de asentimiento conyugal cuya nulidad se pretendía, fue lo que llevó a rechazar la demanda de nulidad, y no los argumentos ni las pruebas de la demandada como pretende aquí el recurrente; y fue el carácter de donatario que se asignó el demandado lo que llevó a rechazar por inadmisible (por prematuro, puede aclararse) el tratamiento de la acción de reducción de donaciones inoficiosas. En razón de ello, por la cuestión que resultara abstracta se aplicaron las costas por su orden, y por la que se declaró inadmisible, no se impusieron costas (arts. 68 y 71 C.P.C.C.), dado que no fue la parte actora quien la planteara como acción sino este tribunal al recalificar “iuria novit curia”, uno de sus agravios.
Por todo ello, corresponde rechazar la aclaratoria solicitada (arts. 166 inc. 2°, 267 párr. 3°, 68 párr. 2° del C.P.C.C.). Así lo voto.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. Galdós y Peralta Reyes, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, la Señora Juez Doctora Longobardi, dijo:
Por lo expuesto, atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciadas, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., propicio el rechazo de la aclaratoria solicitada.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. Galdós y Peralta Reyes adhirieron votando en igual sentido, por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Octubre 23 de 2014.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciadas, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C.: Recházase la aclaratoria solicitada (arts. 166 inc. 2°, 267, 68 C.P.C.C. ). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
MARIA INES LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II JORGE MARIO GALDOS VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II
Fin de la sentencia