Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8129
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8129 Sentencia: 3023 Actor: Varas, Carlos Jesús Demandada: MINERA SANTA CRUZ S.A Objeto: Demanda Laboral Fecha:05/09/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil veintitrés se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Co-mercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “VARAS, Carlos Jesús c/ MINERA SANTA CRUZ S.A s/ Demanda Laboral” expe-diente Nº 18.556 del año 2017 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº1 en lo Civil, Co-mercial, Laboral y de Minería de la Ciudad de Pico Truncado e ingresados en la instancia bajo el Nº8129. A estos efectos se determinó el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Jor-ge Omar Alonso y Mario A. Albarrán para resolver las siguientes cuestiones PRIMERA: ¿Debe admi-tirse la excusación planteada en PE 893482/2023? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Que pronunciamiento debe dictarse? A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Dra. Griselda I. Bard en PE 893482/2023 se excusa con fundamento en la actuación profesional de su esposo el Dr. Eduardo Rubén González en autos. Por ser de público conocimiento que el Dr. González es el cónyuge de nuestra colega resulta procedente la excusación formulada toda vez que se configura la causal del art. 17 inc. 1º del CPCC.
Por ello propongo al Acuerdo aceptar la excusación formulada y apartar a la Dra. Bard del conocimiento y trámite de este expediente. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
II. Coincido en que se ha configurado la causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC. Por ello adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que los Dres. Sergio E. Acevedo, Víctor V. Mártensen y Diego E. Díaz se presentan como apoderados de Carlos Jesús Varas. Promueven demanda laboral contra MINERA SANTA CRUZ S.A. en la que se persigue el cobro de la suma de $440.071,46 en concepto de indemnización por despido ilícito. Reclaman esa suma por los rubros integración del mes de despido, preaviso omitido, antigüe-dad, vacaciones proporcionales, SAC con base la remuneración del mes de marzo de 2015 y lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse, intereses a la tasa activa desde que la obligación se hizo exigible, las multas del art. 2 de la ley 25323 y aplicación del art. 9 de la ley 25.013 y costas. Se refieren al ingreso del actor como dependiente de la demandada el 16 de marzo de 2007, su desempeño en el laboratorio químico en la mina Yacimiento San José, veta “huevos verdes”, en un sistema de 14 días de trabajo por 14 días de franco.
Explican que el traslado era por cuenta de la em-presa y que durante los 14 días el actor se domiciliaba en ese lugar. Señala que al haberse recibido la notificación el día 16 de abril de 2015 nace el derecho a la integración del mes de despido. Relatan que no se le entregó la documentación del art. 80 de la ley 20744 ni el recibo de la liquidación final que recién se agregó en el expediente de igual carátula Nº 17280. Califican de inexistente e inverosí-mil el hecho invocado como causal del despido, tal el de habérselo sorprendido fumando en su habi-tación el día 3 de abril de 2015 que cuestiona. Invocan la inviolabilidad del domicilio y normas cons-titucionales que lo protegen, así como la protección de la intimidad del actor que torna ilícita la con-ducta de la demandada si hubiera querido ingresar a la habitación domicilio del actor.
Afirman que Varas no fumaba por lo que, afirma, la demandada no podrá probar nada. Sostienen que en realidad la empresa pretende sacarse de encima a un operario que el 8 de abril de 2015 reportó un incidente que podría acarrear graves consecuencias ambientales y la salud en general, cual es la ausencia de contro-les de los niveles de cianuro. Afirman que ésta es la verdadera causa del despido y de la artera con-ducta de la demandada. Expresan que el hecho de fumar en su habitación por parte del actor no ame-rita la finalización de la relación. Argumentan que el despido no tuvo contemporaneidad que exige el sistema legal y que si tanta gravedad tenía esa conducta que le atribuye, en vez de despedirlo de inme-diato dejó transcurrir una semana para adoptar tal decisión.
Realizan comentarios sobre la ausencia del Estado para controlar la actividad contaminante. Califican además el despido de desproporcionado con argumentos que se tienen presente, con cita de jurisprudencia. Citan el derecho, ofrecen prueba y solicitan en el petitorio que oportunamente se condene a la demandada al pago de la indemnización reclamada y la multa pedida.
IV. Que corrido traslado por providencia simple de fs. 15, en la audiencia del art. 47 de la ley 1444, cuyo acta obra a fs. 96, no se llega a un acuerdo por lo que, la demandada, representada por el Dr. Eduardo Rubén González, procede a contestar la demanda con la documental de fs. 17/90 y escri-to de fs.91/94vta. En él contesta la demanda formulando una serie de negativas y, excepto la que re-conozca expresamente, desconoce la autenticidad de la documental agregada a la demanda por el ac-tor.
Argumenta que el actor consintió el despido comunicado el 10 de abril de 2015 y reproduce la causal invocada para el despido. Sostiene que el consentimiento deriva que, comunicado el despido, el actor guarda silencio a sabiendas de su infracción toda vez que, recién el 10 de noviembre de 2015, pretende impugnar y cuestionar la causal del despido. Considera extemporánea la impugnación formu-lada luego de 7 meses.
Argumenta que el actor conocía desde el comienzo de la relación la prohibición absoluta de fumar. Dice que se le informó, desde el día del ingreso al yacimiento el reglamento de convivencia para la unidad minera que se encuentra en el legajo personal y fueron comunicadas en los cursos de seguridad que se dictan en el establecimiento. Por ello afirma que hubo de parte del trabajador una violación a las normas de seguridad y convivencia que imponen la ruptura del vínculo laboral.
Invoca, con relación a la gravedad de la falta cometida motivos de salubridad y seguridad. Ello por la existencia, en el yacimiento, de elementos inflamables y explosivos. Por ello estima que la con-ducta del actor resulta una falta grave a los deberes de obediencia en concordancia con los arts. 86, 64 y 65 de la LCT. Da su versión de los hechos transcribiendo el informe de novedades del 3/4/2015 elaborado por los vigiladores que identifica y se tiene presente. Extrae conclusiones de ese informe. Sostiene que Varas se ocultó para no percibir el la certificación y las comunicaciones de la empresa. Y luego lo pretende disfrazar argumentando haber fijado el domicilio de pago en la Secretaría de Trabajo de Pico Truncado, que jamás comunicó a la empresa, para pretender la indemnización del art. 80 de la LCT. Alega que se trata de una falacia pretender que el despido obedeció a un supuesto in-forme que denunció y reportó de consecuencias ambientales. Hace referencia que al notar la inobser-vancia del reglamento por parte del actor se labró un informe suscripto por dos vigiladores y el jefe de seguridad civil y patrimonial de la empresa. Señala como contradicción la de negar que el actor fuma-ra y más adelante indicar que “…aún de haber fumado…” lo que justifica que la misiva que envió después de siete meses resistiendo el despido. Argumenta que el lapso entre la infracción y el despido ha sido breve como exige la jurisprudencia que invoca. Funda en derecho y ofrece la prueba de la que intentará valerse para solicitar el oportuno rechazo de la acción impetrada, con costas.
V. Que luego que la parte actora contestara el traslado de la documental y se opusiera a prue-ba y ampliara la ofrecida a fs. 97/98 a fs. 106 en audiencia se determinan los hechos controvertidos, se abre la causa a prueba y se provee la considerada pertinente.
Producida parte de la prueba en el expediente escrito, ya digital la demandada, en PE 502323/2022 la demandada desiste de la prueba pendiente y se declara improcedente el pedido de audiencia para reconocimiento solicitado por el actor en PE 340906/2022. En PE 380280/2022 se fija audiencia de alegato. Conforme certificación de la Actuaria en PE 704441/2022 se da por perdido el derecho a la demandada de alegar, y se tiene como único alegato presentado el acompañado en PE 703521/2022.
En PE 715124/2022 se llama autos a sentencia que es incorporada en PE 779524/2023 y que hace lugar parcialmente a la demanda impetrada por Carlos Jesús Varas contra la firma Minera Santa Cruz S.A. y en consecuencia condena a esta última a abonar al actor las sumas de dinero a determinar-se en su oportunidad correspondientes a los rubros demandados en concepto de a) indemnización reclamada en concepto de antigüedad, b) integración del mes de despido, c)SAC sobre integración del mes de despido, d) preaviso, e) SAC s/ preaviso y f) art. 2 ley 25.323. Estableció la sentencia que las sumas definitivas de dinero correspondiente a los rubros condenados deberán ser actualizadas desde la fecha referida supra conforme la tasa de tasa activa del Banco de la Nación Argentina y que los montos o sumas que en definitiva resulten deberán ser abonadas por la parte demandada en el plazo de diez días siguientes a la fecha del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practi-carse bajo apercibimiento de ejecución forzosa (art. 90 y siguientes de la ley 1444). La sentencia des-estimó los rubros SAC proporcional, vacaciones no gozadas y SAC sobre vacaciones no gozadas y condenó en costas a la demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota. Difiere la regu-lación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos.
VI. Que disconforme con lo resuelto la demandada, por medio de la pluma de su apoderado, interpone y funda recurso de apelación en PE 779524/2023. El recurso le es concedido libremente y con efecto suspensivo en PE501319/2023, que corre traslado de los agravios. Los apoderados del ac-tor contestan los agravios y solicita su rechazo.
Los autos se elevan con la certificación de estilo instrumentada en PE 893482/2023. Recibido el expediente en PE895761/2023 se integra Cámara con los Dres. Jorge Omar Alonso y Mario A. Al-barrán. Consentida la integración en PE 914163/2023 se dispone el pase de los autos a despacho para dictar sentencia y se establece el orden para ello.
VII. Que la demandada recurrente se agravia, como se señaló en PE 779524/2023. Se queja por la condena al pago de la indemnización por despido del art. 245 de la LCT, por entender despro-porcionado el despido con la falta del actor y por la falta de consideración de su argumento relativo al silencio del actor frente al despido por un prolongado lapso. Le agravia además la condena al pago del incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323 y la tasa de actualización del monto de la conde-na. En suma se agravia por la sentencia y requiere se haga lugar al recurso y se revoque la sentencia en todas sus partes. Al ingresar al tratamiento de cada uno de estos agravios se refiere a la proporcionalidad del despido de un empleado que, a sabiendas de la prohibición, igual decidió llevar adelante su inconduc-ta.
Sostiene que la prueba demostró que el trabajador, a sabiendas de la prohibición de no fumar, llevó adelante su inconducta y que el juez escuetamente hace lugar a la demanda con citas doctrinarias, sin basarse en la prueba rendida lo que califica de arbitrario. Hace invocación del reglamento interno, informe de novedades y la documental agregada a la contestación, testimonios brindados y la opinión de la experta que evidencian que el actor, desde el ingreso, sabía de la prohibición y sin embargo desafió ese límite impuesto por la empleadora y decidió correr el riesgo y fumar en lugar prohibido. Invoca la facultad de dirección del empleador y que el trabajador supo en todo momento de los luga-res habilitados para fumar, siempre en el exterior al aire libre pero decidió hacerlo en un lugar prohi-bido.
Argumenta que la decisión tomada por la demandada fue razonable pues no puede dejar de pa-sar por alto una infracción pues en cualquier momento puede repetirse. Cita doctrina y considera que las circunstancias de modo, tiempo y lugar fundan la causa del despido invocada en la carta documen-to y que cumplen con las exigencias de los arts. 242 y 243 de la LCT y procedente el rechazo de la demanda. Tras otras consideraciones que se tienen presente pide se revoque el fallo en crisis. En el segundo agravio discurre sobre la falta de oportuna impugnación de la sanción y se agra-via por la falta de tratamiento en la sentencia de esta defensa interpuesta en el punto IV.1 de la contes-tación de la demanda respecto del consentimiento del trabajador de la sanción de despido impuesta el 10 de abril de 2015 y recién el 10 de noviembre impugna la causal del despido, lo que a su juicio in-dica el consentimiento de la sanción al mantener el silencio durante un largo tiempo.
Invoca el art. 67 de la CT que establece un plazo de 30 días corridos para ejercer el derecho que le asiste para cuestio-nar la procedencia, el tipo y extensión de la medida, vencido el cual se tendrá por consentida la san-ción disciplinaria. Cita doctrinarios que adhieren a la posición que se trata de un plazo de caducidad. Entiende que el silencio del trabajador invalidan la sentencia. En un tercer agravio invoca la improcedencia en este caso de la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 pues sostiene que la forma que lo trata la sentencia que con la sola cita de la ley y con la iniciación de la demanda y resistencia del empleador implica que acceda al beneficio, e importa en la práctica la prohibición de despedir.
Sostiene que se aparta del espíritu de la ley y cita jurisprudencia y doctrina.
En el cuarto agravio cuestiona la tasa de interés establecida e invoca la jurisprudencia casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia en “Díaz c/ Provincia de Santa Cruz s/ laboral” o “Farrel, F.N. c/ Laperchuc, R.O. y otro s/ laboral - cobro de pesos” entre otros que sostienen la tasa pasiva. Por ello solicita que en la eventualidad de hacer lugar al reclamo de la actora los créditos se actualicen con la tasa pasiva de interés del Banco Central de la República Argentina. Invoca el derecho que entiende aplicable. Pide se revoque la sentencia conforme los argumentos que expresa, con imposición de cos-tas.
VIII. Que los apoderados de la parte actora contestan estos agravios solicitando el rechazo del recurso de apelación en estudio.
Al contestar el primer agravio el recurrente realiza consideraciones sobre la sentencia condena-toria que acepta, pese a que nunca fue probado en el expediente que el actor estaba fumando en su dormitorio habitación en el domicilio laboral. La sentencia solo alude que la sanción fue despropor-cionada y pese a sus argumentos la demandada no logra conmover el razonamiento expuesto por el sentenciante para fundar que no hubo injuria que autorizara el despido lo que permite rechazar el pri-mer agravio. Sostiene que pasa por arriba que Varas no fumaba y se refiere a lo que entiende la ver-dadera causa del despido: un reporte del actor que podría acarrear graves consecuencias ambientales y la salud en general. Expresa que esa es la madre del borrego e invocar que a Varas lo encontraron fu-mando no es más que una banal excusa para despedirlo y escarmentar al resto del colectivo de sus compañeros de trabajo sobre que hay cuestiones sobre las cuales se debe guardar silencio bajo pena de despido. Argumenta que la demandada no ha tenido en cuenta las presentes actuaciones para fundar el recurso y que aparte de su observaciones sobre que Varas no fumaba, la sentencia se encuentra sóli-damente fundada y no ha merecido una crítica seria, concreta y razonada desde que parte de la base que el actor fumaba y que pese a la carga de probarlo no aportó constancia suficiente. Dice que el señor juez insiste en que el despido fue desproporcionado en lo que califica de mejor y más justa in-terpretación de los hechos y el derecho y agrega el principio de continuidad del contrato de trabajo con invocación del art. 10 de la LCT y jurisprudencia que en sumario transcribe. Con respecto al segundo agravio expresa que se trata de un argumento contrario a derecho invocando el art. 58 de la LCT que transcribe. Enfatiza en que no puede desconocerse que el actor tiene la garantía de la defensa en juicio, del debido proceso y del principio de legalidad para negar que pueda sostenerse que el actor consintió la sanción de despido y que su derecho caducó por no haber ejercido ésta acción de modo contemporáneo al distracto.
Contesta el tercer agravio diciendo que la demandada reconoce que el actor intimó el 10 de noviembre de 2015 por su despido incausado y pago de las indemnizaciones. Recuerda que el único requisito de procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25323 es la intimación que la deman-dada menciona en su responde por lo que pide el rechazo de este agravio. Sostiene que de las circuns-tancias probatorias con relación a la causa del despido ésta aparece como absolutamente falsa además de irrelevante y arbitraria e insiste en su versión sobre la causa del despido. Indica que exonerarse del pago del incremento resulta dañoso por cuanto el tiempo transcurrido hubo de envilecer el crédito reconocido en la sentencia. Cita jurisprudencia y pide el rechazo del agravio. Rechaza la pretensión de la demandada de aplicación en el caso de la doctrina casatoria res-pecto de la tasa de interés. Para ello sostiene que por el proceso inflacionario se consagra una solución injusta si se la acoge. Dice que por otra parte se estaría desconociendo lo dispuesto en el título preli-minar de la ley 26.994 (CCyC) en cuanto que la naturaleza alimentaria de la indemnización debe res-petarse por hacer a la finalidad de la norma (art.1) y que debe ser interpretada según sus finalidades y los tratados de derechos humanos (art.2). Respecto de la protección contra el despido arbitrario dice que quedaría desnaturalizada al no aplicarse el interés moratorio que se pueda acercar lo mas posible al valor de la indemnización al tiempo que efectivamente debería ser abonada por la accionada hace ya ocho años (art.3). Pide el rechazo de todos los agravios y se confirme la sentencia con costas en ambas instancias.
IX. Que, así planteados los agravios, la lógica nos indica que se debe ingresar en primer tér-mino al examen del segundo agravio y seguir en su caso por el primero pues la suerte de estos agra-vios sellan la suerte de los sucesivos. Recordemos que el art. 67 de la LCT establece:
“Facultades disciplinarias. Limitación. El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los treinta (30) días co-rridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o exten-sión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite, según los casos. Vencido dicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.”
Y que el art. 259 de la LCT establece que:
“No hay otros modos de caducidad que los que resultan de esta ley”
Y la que surge del art. 67 transcripto es una de las caducidades que admite el derecho laboral y se caracteriza por la brevedad del plazo. La ley quiere que este tipo de controversias se resuelva suma-riamente en beneficio de la disciplina colectiva sin cuya observancia la empresa no puede cumplir con sus fines. Se autoriza el cuestionamiento por el trabajador y producida la impugnación tiene el plazo de prescripción de dos años para las acciones judiciales. La impugnación es por cualquier medio sien-do el acostumbrado el telegrama rechazando la sanción o bien el manifestar “en disconformidad” si es notificado por escrito o por escribano. Ante la falta de oportuno cuestionamiento se tendrá por con-sentida la sanción disciplinaria. En efecto si bien la ley dispone un breve plazo para el cuestionamien-to, la caducidad no opera si se el trabajador realiza alguna manifestación que exteriorice su voluntad de valerse de la facultad de cuestionar la procedencia de la sanción. Resta aclarar que no me cabe duda de que el despido es una sanción disciplinaria, la más grave de ellas, pues implica resolver el contrato de trabajo. Quiero poner de relieve que la sentencia tuvo por acreditado que el actor fumó en el dormitorio que la empresa provee a sus operarios que el actor no cuestionó. En autos el plazo de caducidad ha transcurrido con exceso desde la notificación del distracto (la más grave sanción) hasta el cuestionamiento por telegrama ley 23.789 de fs. 3. Y por ello la cadu-cidad de la acción intentada se había operado al iniciarse la demanda y por ende corresponde el re-chazo de la acción que había caducado antes de proponerla.
Es atendible pues el segundo agravio de la parte demandada en cuanto la sentencia no dedica un solo párrafo a la defensa esgrimida en el escrito de contestación de la demanda. Como el procedi-miento se encuentra ajustado a derecho por vía de apelación debemos resolver sobre la procedencia de la defensa intentada y no tratada (arts. 254 párrafo 2º, 277 y concordantes del CPCC).
Y por las razones expuestas más arriba debe admitirse el agravio y prosperar la defensa de caducidad invocada oportunamente. Así lo propongo al Acuerdo.
Que, sin perjuicio de ello, y para el supuesto de no ser compartida esta posición en el Acuerdo, expreso que sería también procedente el primer agravio. En efecto el magistrado ha tenido por cierto que el actor ha sido sorprendido fumando dentro de la habitación existente en el establecimiento y la Perito en Seguridad Industrial ha puesto en evidencia la existencia de suficiente cartelería en los dor-mitorios y ambientes sobre esta prohibición y la existencia de un sector en el módulo especial para fumar. Ilustró la perito sobre la prohibición, como se encontraba señalada y los peligros y afectación a las personas que comparten los dormitorios. (ver fs. 204/211). En la sentencia el magistrado cita un fallo que se corresponde con el año de mi nacimiento (1939) dictado por la Cámara de Paz Letrada Sala II, publicado en La Ley tomo 19, página 467 en JA 70-883 e incluso en la vieja Gaceta de Paz. Es que, a esa fecha no se habían creado la Justicia Nacio-nal del Trabajo y las contiendas laborales se decidían antiguamente por la Justicia de Paz lega conver-tida luego en Justicia de Paz letrada. Llama la atención una cita de 1939. Pero allí la Sala II integrada por los Dres. Luis Quirno Costa, Raúl Lozada Echenique y Francisco Carreño (valga la cita de la sen-tencia de sacarlos del olvido) establecieron que hay que establecer una lógica de causa a efecto, según sean las modalidades de cada caso en particular, como cita la sentencia como sostiene el Dr. Cimini que comparte esos argumentos. Este argumento, (no obstante la antigüedad del precedente) no ha sido rebatido con una crítica concreta y razonada. El fumar en el dormitorio es peligroso (no será el prime-ro que se queda dormido fumando) y por otro lado el trabajo en minería requiere medidas de sanidad por las enfermedades pulmonares en los mineros. Aparte ignorar la prohibición afecta la disciplina en una actividad peligrosa. Es por ello injuria grave que a mi juicio en este caso no permite la continua-ción de la relación pues implica mantener la relación con un operario que desafía las prohibiciones de la patronal. Es decir lo resuelto con relación a la caducidad vuelve abstracto el tratamiento se los demás agravios no obstante lo cual reitero que la causal invocada constituye una injuria grave por lo que una opinión contraria no afecta el resultado. Es decir que desde dos vías de impugnación surge que la sen-tencia no es justa.
Entiendo por otro lado que el tiempo transcurrido entre la comprobación por los vigiladores de la infracción y la decisión del distracto es prudente para analizar los hechos, comprobarlos y no pro-ceder irreflexivamente. Es decir no afecta la decisión a la que arribo.
Con esta propuesta los restantes agravios se vuelven abstractos habida cuenta que mi voto tie-ne como consecuencia revocar la sentencia y rechazar la demanda promovida. Con costas (art. 68 del CPCC). Así lo propongo al Acuerdo por considerar que la sentencia no es justa.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
X.-Coincido con las razones expuestas por el preopinante para sostener que la acción del actor había caducado al haber consentido la sanción aplicada. Coincido también con él en cuanto conside-rada que la violación de la prohibición de fumar en los dormitorios es una grave injuria que autoriza el despido. Adhiero por ello al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las razones expuestas al responder a las anteriores cuestiones propongo dictar el siguiente pronunciamiento que pongo a consideración del Acuerdo: 1º) Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE 893482/2023 y apartarla del conocimiento y trámite de este expediente. 2º) Admitir el segundo y el primer agravio expresados por la demandada y declarar que había caducado la acción intentada y por otro lado justa la causal del despido. Rechazar en conse-cuencia la acción promovida por CARLOS JESÚS VARAS contra MINERA SANTA CRUZ S.A. con costas (art. 68 del CPCC). 3º) Declarar abstracto el tratamiento de los restantes agravios expresados. 4º) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales hasta tanto obre en autos regulación en la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de inicio. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Alonso dijo:
XII. Por considerar justa la propuesta formulada adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 05 de septiembre de dos mil veintitrés
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circuns-cripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE 893482/2023 y apartar-la del conocimiento y trámite de este expediente.
2. Admitir el segundo y el primer agravio expresados por la demandada y declarar que había caducado la acción intentada y por otro lado justa la causal del despido. Rechazar en consecuencia la acción promovida por CARLOS JESÚS VARAS contra MINERA SANTA CRUZ S.A. con costas (art. 68 del CPCC).
3. Declarar abstracto el tratamiento de los restantes agravios expresados.
4. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales hasta tanto obre en autos regu-lación en la instancia de grado.
5. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de inicio. El Dr. Al-barrán no suscribe este pronunciamiento por no existir disidencias a dirimir. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Jorge O. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201035S.231 Tomo: XCIX Sentencia: 3023 Folio Nº: 058/065 Secretaria: 1
Fin de la sentencia