Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2575/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1091651-2023 y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1064703-2023.-
2Componer positivamente la litis, haciendo lugar parcialmente a la demanda entablada por el Sr. Carlos Jesús Varas y condenando a la demandada Minera Santa Cruz S.A. al pago de las sumas resultantes de la liquidación a practicar conforme artículo 99 de la Ley 1444, correspondiente a los rubros demandados en concepto de: a) indemnización reclamada por antigüedad; b) integración mes de despido (abril/2015); c) SAC s/ integración mes de despido; d) Preaviso; e) SAC s/ preaviso. Las sumas definitivas de dinero correspondientes a los rubros condenados deberán ser actualizadas desde el 16 de abril de 2015, conforme la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina y en el término de diez (10) días de quedar firme la misma.-
3Desestimar los rubros SAC proporcional (abril 2015), vacaciones no gozadas, SAC s/ vacaciones no gozadas, y las multas contempladas en los artículos 2° de la Ley 25.323 y 9 de la Ley 25.013.-
4Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida y diferir la regulación de honorarios de los profesionales hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2575/23-TSJ Sentencia Nº: 776 Actor: VARAS CARLOS JESUS Demandada: MINERA SANTA CRUZ S.A.
Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 18-12-20255 Texto: TOMO XXV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 776 FOLIO Nº 4811/4820 PROT. ELECT. TSS1 011 S.251
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “VARAS CARLOS JESUS c/ MINERA SANTA CRUZ S.A. s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº V-18.556/17 (V-2575/23-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Sergio Acevedo (cfr. PE1091651-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial. Este pronunciamiento, en lo que aquí interesa, admitió el primer y segundo agravio expresado por la demandada en su apelación contra la sentencia de Primera Instancia; por ende, declaró que había caducado la acción intentada, y, por otro lado, entendió justa la causal de despido. Por lo expuesto, rechazó la acción promovida por el Sr. Carlos Jesús Varas contra Minera Santa Cruz S.A. con costas al actor (cfr. PE1064703-2023).-
A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar parcialmente a la demanda, por lo que condenó a Minera Santa Cruz S.A. al pago de diversos rubros indemnizatorios; más intereses; y con costas a la demandada (cfr. PE763591-2022).-
II. Que en su recurso de casación, la parte actora plantea que se interpone por violación de la ley y doctrina legal conforme el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por el canal impugnativo de la doctrina de la arbitrariedad (cfr. PE1091651-2023, págs. 2 y 7).- Califica de arbitrario y absurdo el criterio de la Excma. Cámara de tener por acreditado que el actor había fumado en el dormitorio que la empresa le proveía. Añade que: “...de la lectura del resolutorio atacado, se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos probatorios que se advierte como arbitraria o absurda, generando un desconocimiento de un crédito laboral de naturaleza alimentaria, que las reglas de orden público tuitivo protegen con especial énfasis y contradiciendo además el propio texto y espíritu de la normativa.” (cfr. PE cit., pág. 7).- Argumenta que el fallo desconoce que las facultades disciplinarias del empleador y el poner fin al contrato de trabajo (con o sin causa) son instituciones distintas en su letra y espíritu. Observa que la sanción disciplinaria lleva consigo un castigo rehabilitador para el trabajador con miras en mejorar su desempeño y asegurar el mantenimiento del contrato de trabajo (art. 10 LCT); en cambio, en el despido el empleador ya no quiere o no le interesa la rehabilitación de aquél, sino la marcha de la empresa (cfr. PE cit., págs. 7/8).-
Sostiene que la sentencia de la Cámara, que acogió el agravio de la caducidad de la acción, resulta contraria a lo que dispone el texto legal, pero además a todas las normas y principios que informan el derecho laboral en punto a su naturaleza tuitiva y protectoria (arts. 4, 9, 10, 11, 12 y 58 LCT, entre otros). Añade que se ciñe la cuestión a analizar el valor preferencial que el ordenamiento reconoce al trabajo humano y las normas de orden público laboral que vienen a garantizar las prerrogativas constitucionales (cfr. PE cit., pág. 8).-
Dice que se probó que efectivamente el Sr. Carlos Jesús Varas no es fumador, por ende no fue encontrado fumando en su dormitorio laboral. Esta circunstancia, sigue en su argumentación, descalifica la pretendida justa causa invocada por la demandada al despedirlo, luego de una antigüedad laboral de ocho (8) años. Añade que el despido “...encubrió la prevención de un grave y dañino acontecimiento ambiental y su control, que es la ausencia de los registros de cianuro en el proceso de lixiviación del mineral de oro y plata que extrae la demandada.” . Anudan que tanto la sentencia de Primera Instancia como la de Cámara parten de un hecho inexistente, que falsamente inventó la demandada para despedir al actor (cfr. PE cit., pág. 9).-
Entiende que se afectó al actor su derecho de defensa y se lo privó de trabajar; y que tampoco se le brinda protección contra el despido arbitrario (cfr. PE y pág. cits.).- Añade que: “En efecto la defensa de Minera Santa Cruz S.A., esgrimida a fs. 93, es que los señores Rodrigo Horacio Berdote, Matías Moreyra y Domingo de los Ríos habían ingresado con la autorización de Varas a su habitación y lo encontraron fumando y que para probar tales extremos se los citaría a reconocer la documentación. Pues bien, esta actividad probatoria, agonal, no se realizó por cuanto fue la propia parte demandada la que desistió de la misma. Nos estamos refiriendo a quienes ‘efectivamente’ podían probar el hecho que presuponía la justa causa. ¿Puede entonces tenerse por probado que Varas estaba fumando aquél 3 de abril de 2015?” (cfr. PE y pág. cits.).-
Observa que: “... el testigo Eduardo Roberto Sánchez a fs.118 y vta., que sí prestó declaración testimonial y que la demandada no cuestionó ni sus dichos ni su idoneidad, testificó que Varas no fuma, que no ingresaron a la habitación el personal de seguridad, ni que tampoco ingresaba, salvo requisas y que, a él, que vivía en la misma habitación que el actor, nunca presenció una requisa en domicilio habitación.” (cfr. PE y pág. cit).-
Entiende que: “En términos probatorios estamos frente a la situación que contempla el artículo 9 en su texto actual la ley 20744 recogiendo aquél principio in dubio pro operario, que las sentencias de Primera Instancia y la Cámara ni siquiera se encaminaron a tomar en cuenta como base de la defensa central de Varas. Y es aquí donde esta parte sostiene que se le afectó el derecho de defensa al actor, para finalmente desconocer su derecho al despido arbitrario y condenarlo al pago de las costas.” (cfr. PE y pág. cit.).-
Aduce que la demandada hubo de violar el derecho a la intimidad del actor, como así también su domicilio, ya que ni Varas ni Sánchez autorizaron el ingreso a dicho recinto (cfr. PE cit págs. 9/10).-
Manifiesta que el artículo 276 de la LCT establece que los créditos provenientes de las relaciones individuales del trabajo serán actualizados cuando resulten afectados por la depreciación monetaria desde la fecha en que debieron ser abonados hasta el momento de su efectivo pago. Por ser pública y notoria la depreciación monetaria, solicita que al dictar sentencia se aplique el citado artículo, actualizando los montos de los conceptos reclamados y repotenciando el capital reclamado al momento de su efectivo pago (cfr. PE cit., pág. 10).-
Advera que el artículo 276 de la LCT resulta aplicable aún a pesar de lo dispuesto en el 7° de la Ley 23.928 (modificado por el art. 4° de la Ley 25.561), puesto que nos encontramos ante una norma específica del derecho laboral, de orden público y tuitiva de la prestación alimentaria de los trabajadores. Resolver en sentido contrario, sigue diciendo, significaría violar el derecho de propiedad del actor, cita al artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. PE y pág. cits.).-
Asimismo plantea, para el improbable caso en que se rechace la pretensión esgrimida, que se impongan las costas por el orden causado, al derivarse el presente proceso de una relación laboral (conforme lo estipulado en el segundo párrafo del art. 245 de la LCT) (cfr. PE cit., pág. 11).-
Formula reserva del caso federal y de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Nº 48, por si se rechaza o se declara desierto el presente recurso “...en virtud que en tal supuesto se verían conculcados legítimos derechos de raigambre constitucional, como ser el de propiedad (art. 17 CN), el de trabajar y vivir dignamente con una justa retribución (arts. 14 y 14 bis CN), a la igualdad (art. 16 CN); a la Defensa en Juicio (Art.18 CN), así como a Declaraciones y Pactos con jerarquía constitucional (cfr. art. 75 inc. 22 CN) como ser la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 26), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6° y 7°), y los Convenios de la OIT Nros. 2 (Desempleo, año 1919), 26 (Métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928), 30 (Horas de trabajo, 1930), 52 (Vacaciones pagadas, 1936), 88 (Servicio de empleo, 1948), 95 (Protección del salario, 1949), 100 (Igualdad de remuneración, 1951), 111 (Contra la discriminación, 1958), 156 (Trabajadores con responsabilidades familiares, 1981), todos ratificados por la República Argentina (con respecto a los convenios de la OIT, Argentina ha ratificado 69 de ellos de los que están en vigencia 60. Generalmente en los casos en que hubo denuncias, nuestro país ha ratificado los nuevos Convenios que revisan a los anteriores).” (cfr. PE y pág. cits.).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…debe hacerse lugar al recurso interpuesto por la parte actora.” (cfr. PE1448526-2024, pág. 12).-
En PE882706-2024 se llaman autos para dictar sentencia y en PE1471286-2024 pasan las presentes a estudio.-
III. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada por la actora, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido por el artículo 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, al afirmarse que la Cámara de Apelaciones, al dictar su pronunciamiento, ha incurrido en violación de la ley o doctrinal legal; y arbitrariedad.-
Que en primer término corresponde adentrarnos en lo vinculado a la caducidad de la acción.-
IV. Que seguidamente corresponde analizar la alegada inaplicabilidad del artículo 67 de la LCT en los casos de despido.-
En tal sentido resulta conveniente recordar que el artículo 67 de la LCT establece que: “…El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los treinta (30) días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.”.- En esta materia el legislador ha introducido un plazo de caducidad, al establecer que las sanciones disciplinarias quedarán consentidas si el trabajador sancionado no las impugna dentro del plazo de treinta días, ya sea para poner en cuestión la existencia misma del hecho imputado, la responsabilidad del dependiente o cuestionar la medida y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, se la sustituya por otra o se la limite. Si una sanción no es impugnada dentro de ese plazo, luego no es factible admitir su cuestionamiento judicial.-
También establece la mencionada ley que no son admisibles las sanciones que consistan en una modificación del contrato de trabajo, ni las multas (cfr. art. 69 de la LCT).- En relación al artículo 67 referido anteriormente, Mario E. Ackerman afirma que: “Algunos autores lo consideran como la máxima sanción disciplinaria. Sin embargo a la vista del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, el despido no podría considerarse una sanción disciplinaria. La notificación del mismo tiene carácter recepticio es decir surte pleno efecto a partir de que la otra parte toma conocimiento de la decisión, por consiguiente, no puede impugnarse dicha medida tal cual dispone el segundo párrafo de la norma antes citada, ya que no es susceptible de revisión. En su caso, si el trabajador entiende que la causa alegada es inexistente, podrá plantearlo en una acción ordinaria ante la justicia, pero el vínculo jurídico que unía a las partes ya se habrá extinguido. Además, si se considera la finalidad a la que tiende el poder disciplinario -mejorar la conducta del trabajador manteniendo la relación de trabajo-, este extremo no se cumple en el caso del despido.” (cfr. autor cit., “Tratado de Derecho del Trabajo”, Tomo II, 2º Edición ampliada y actualizada, Rubinzal Culzoni -Editores-, Santa Fe, 2014, pág. 949).-
En igual sentido podemos afirmar que “…en un análisis despojado de toda consideración normativa, el despido motivado en incumplimiento del trabajador participa de las características que permiten incluirlo entre las más graves sanciones aplicables. En ese caso, la sanción no buscará enmendar la actitud del trabajador afectado por la medida, sino su castigo a través de la desvinculación definitiva. Ahora bien, efectuado el análisis de la cuestión en el marco del derecho positivo vigente en nuestro país, entendemos que no hay espacio para esa concepción ya que la LCT no ha regulado al despido como sanción disciplinaria sino como uno de los modos de extinción contractual. En cualquier caso, si se pretendiera sortear esa falta de regulación en el sentido mencionado y someter el despido a los principios y límites que enmarcan al poder disciplinario, nos encontraríamos con una serie de incompatibilidades que lo hacen imposible. Por ejemplo, un trabajador despedido no puede solicitar que se sustituya esa medida por otra más leve o, lisa y llanamente, que se la suprima, puesto que en el sistema de estabilidad relativa impropia el despido dispuesto por el empleador podrá o no constituir un ilícito contractual, pero siempre será válido.” (cfr. Ojeda, Raúl Horacio: “Ley de Contrato de Trabajo comentada y concordada”, Tomo I, Segunda Edición Actualizada, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2011, pág. 486).- Por lo expuesto es que consideramos que no resulta aplicable al caso de autos el artículo 67 de la LCT, como afirma la Cámara. Sin perjuicio de lo expuesto, es cierto que discrepan algunos autores en considerar si el despido constituye o no una sanción propia del derecho disciplinario. Pero de ningún modo se podría afirmar, como lo hace la Cámara, que sobre el trabajador corre un plazo de caducidad de 30 días, por imperio del artículo 67 LCT, para impugnar el despido; y al haber transcurrido tal lapso le decreta la caducidad de la acción (PE1064703-2023, págs. 11/12).-
V. Que ahora bien, sentada la inaplicabilidad del artículo 67 de la LCT al caso de autos, corresponde adentrarnos en el motivo del despido del actor.-
Debemos recordar que el vínculo laboral que unía al Sr. Carlos Jesús Varas con Minera Santa Cruz S.A. finalizó por decisión de la empleadora. Minera Santa Cruz S.A. despidió al actor alegando que el 3 de abril de 2015 fue encontrado fumando en su habitación en la Unidad conocida como Yacimiento San José, lo que violaría estrictas normas internas de seguridad y convivencia. Por lo antedicho lo despidió invocando justa causa (cfr. foja 2).- El voto que lidera el fallo de Cámara sostiene que el Juez de Primera Instancia ha tenido por probado que el actor fue sorprendido fumando en su habitación del campamento de la Unidad Minera San José (cfr. PE1064703-2023, pág. 12). Pero tal afirmación no es exacta, ya que la sentencia de Primera Instancia se limita a decir al respecto que: “…Tampoco se acreditan ni se describen las circunstancias en las que fue encontrado fumando el actor...”; sin efectuarse ningún análisis probatorio sobre esta circunstancia. Luego, la sentencia de Primera Instancia concluye que: “...considerar que el despido por encontrar fumando en su modulo (sic) al Sr. Varas Carlos Jesús, no puede ni implica una falta de gravedad necesaria para proceder a efectivizar un despido con justa causa, y en consecuencia debe hacerse lugar a la demanda...” (cfr. PE763591- 2022, pág. 7).-
Asimismo la sentencia de Cámara sostiene que: “… Quiero poner de relieve que la sentencia tuvo por acreditado que el actor fumó en el dormitorio que la empresa provee a sus operarios que el actor no cuestionó (sic).” (cfr. PE1064703-2023, pág. 11). Esta proposición tampoco es correcta ya que el actor en cada oportunidad procesal relevante negó que hubiese fumado en el lugar de trabajo.- Así, en la demanda, se niega que el Sr. Varas hubiese fumado en su habitación el 3 de abril (cfr. foja 11). También, el actor desconoce la autenticidad de “el informe de novedades número 0-03”, que es el que daría cuenta de que el actor se habría encontrado fumando (cfr. foja 97). Niega que hubiese fumado en su alegato (PE703521-2022); cuando contesta agravios y solicita el rechazo del recurso de apelación (cfr. PE800507-2023); y en su recurso de casación (cfr. PE1091651-2023).-
Ahora bien, ante la negativa del actor sobre el hecho por el cual funda el despido la empleadora (estar fumando en su habitación) queda determinar a quién le corresponde probar tal extremo.-
Recordemos que el vínculo laboral entre el Sr. Carlos Varas y Minera Santa Cruz S.A., se extinguió por decisión de la empresa empleadora, quien expresó que el trabajador se encontraba fumando en su dormitorio dentro de las instalaciones de la Unidad San José, dando por concluida la relación laboral con justa causa (cfr. foja 2).-
En primer lugar cabe señalar que en los casos de despido, como regla general que regula la materia, vale tener especialmente en cuenta que la extinción del contrato de trabajo con justa causa puede tener lugar frente al incumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo alguna de las partes, inobservancia que siempre debe configurar injuria y que además, atendiendo a su gravedad, no se consienta la prosecución del vínculo laboral. Pero son los jueces quienes tienen a su cargo el deber de valorar prudencialmente la injuria, no perdiendo de vista el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, ciñéndose a las reglas establecidas en la ley de contrato de trabajo, y a las modalidades y circunstancias personales que se presenten en cada caso (cfr. art. 242 de la LCT).-
Debe tenerse en cuenta que la falta debe ser lo suficientemente grave como para constituir injuria que impida la continuación de la relación laboral. Asimismo, debe ser proporcional y resultar razonable respecto del incumplimiento.-
Nótese, que en la ley no se formulan conceptualizaciones ni enumeraciones típicas de cuáles habrán de configurar conductas injuriosas; por el contrario, podría decirse que se aplica un criterio de amplia flexibilidad permitiendo que sea el juez quien determine, en cada caso que le es sometido a su conocimiento y conforme las particularidades propias del asunto, si la gravedad del incumplimiento que se imputa resulta suficiente para justificar la rescisión del vínculo sin derecho a percibir indemnización por antigüedad.-
Por otra parte, no debe perderse de vista que la prueba de la causa del despido recae en el empleador que invoca la existencia del hecho injurioso. Aquí sería la demandada. Lo relevante, en este caso, es determinar si la medida resultó o no ajustada a derecho a la luz de la prueba aportada al proceso. Y ello por cuanto, como es sabido, el que alega un hecho como justa causa de despido debe asumir la carga probatoria proporcionando los elementos necesarios al sentenciante para efectuar una adecuada valoración de las circunstancias relevantes del caso.-
Respecto de la carga probatoria de la causal del despido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que: “…el empleador que dispone el despido de un dependiente mediante la invocación de una causal que, a su criterio, es injuriosa y de entidad tal que impide la prosecución del vinculo laboral, debe agotar todos los extremos a fin de acreditar sus afirmaciones…” (cfr. “Flores Roberto Héctor c/ Ricardo Nini S.A. s/Despido”, 16/05/2012, causa LP 101177 S; en igual sentido “Daneri José A. c/ Cattorini S.A.I.C.F.I. s/Despido”, del 13/09/2006, causa LP L 80404 S). También ha sostenido que: “…incumbe al empleador acreditar los hechos motivantes de la cesantía dispuesta con invocación de justa causa…” (cfr. “Crespo Francisco J c/ Telefónica de Argentina SA s/ Indemnización por despido”, 20/11/2002, causa LP L 77150 S).-
Con el mismo criterio, este Tribunal Superior de Justicia ha expresado que: “¼estaba a cargo de la demandada acreditar las conductas que alegó en el telegrama de despido, y de no ser así cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del actor¼” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXII, Reg. 2770, Folio 4313/4317).-
Respecto del supuesto de duda en la prueba de los hechos, Juan Carlos Fernández Madrid afirma que: “¼la decisión en favor del trabajador en caso de duda sobre la prueba de los hechos está legitimada por la naturaleza de esos mismos hechos, por las dificultades de producción de la prueba para el trabajador, y por los derechos que se busca privilegiar. El empleador que cuenta con una organización que lo respalda, que tiene la carga de llevar anotaciones y registraciones y que ejerce sus poderes de dueño, está en posición de manifiesta superioridad para obtener testimonios favorables, informes de proveedores y clientes, y para presentar registraciones que lo benefician. El dominio de todos los resortes de la empresa le impide desconocer lo que en ella sucede. De ahí que si en presencia de todos esos medios, la prueba resulta equilibrada para ambas partes, se debe proteger a la más débil.” (cfr. autor cit., “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Editorial La Ley, 3º Edición, Buenos Aires, 2007, Tomo I, pág. 230).-
Conforme el principio protectorio que rige el proceso laboral, como también las denominadas cargas probatorias dinámicas, se encuentra con mayor obligación de probar aquél que se halla en mejores condiciones o posee a su alcance con mayor facilidad los medios para arrimar al conocimiento del juzgador los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Esta doctrina presume que las partes no se encuentran en igualdad de posibilidades probatorias, desequilibrio que por lo general acompaña a las relaciones de poder propias de las relaciones jurídicas sustantivas. Respecto del principio protectorio ha dicho este Tribunal Superior de Justicia que: “¼es preciso partir necesariamente del ‘principio protectorio’ que caracteriza el Derecho del Trabajo, pues este principio es el que, enancado en el precepto constitucional que dispone la protección del trabajo, se orienta a subsanar el desnivel negocial en el que se encuentra el trabajador con relación a la parte empleadora¼” (cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 393, Folio 2130/2138). Frente a esta asimetría, se establece que aquellas circunstancias a las que una de las partes tiene un acceso más directo deben serle exigidas en el marco del deber de colaborar con el juez en la formación de su convicción.-
Este Alto Cuerpo ha entendido que en la tarea de valorar prudencialmente el motivo del distracto: “…la Cámara debió tener en cuenta la insuficiencia del material probatorio aportado por la demandada, a quien incumbía desvirtuar las presunciones ya señaladas. Máxime cuando el ejercicio de la prudencia en la apreciación, adquiere exigencias especiales en supuestos como los debatidos en el sub examine, en los cuales en razón de la especial tutela que dispensa el ordenamiento jurídico, resulta necesaria una estricta evaluación de la causal invocada para extinguir la relación.” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 541, Folio 3048/3054).-
Luego del análisis de la totalidad de la masa probatoria disponible en autos, se adelanta que ningún elemento de juicio se ha incorporado que autorice a tener por probado el motivo invocado en la comunicación extintiva.-
En efecto, Minera Santa Cruz S.A. postula en la contestación de su demanda como prueba de que el actor fue encontrado fumando, un informe de novedades del 3 de abril de 2015, que habría sido suscripto por Rodrigo Horacio Berdote, Matías Moreyra y Domingo de los Ríos (cfr. foja 93).-
Este parte de novedades es un instrumento privado (cfr. art. 287 del CCyCN) y ha sido negada su autenticidad por el actor, cuando se le corrió traslado de dicha prueba (cfr. fs. 97/98 vta.).-
Es dable observar que los instrumentos privados carecen de valor probatorio mientras no se pruebe su autenticidad. Los mismos exigen para su validez en el proceso, el reconocimiento de quien lo otorgó o la aceptación de su autenticidad por parte de la contraparte (cfr. art. 334 inc. 1° CPCyC, de aplicación cfr. art. 53 de la Ley Nº 1444). Ninguna de estas alternativas se presentó en esta causa. Ya que por un lado, el actor expresamente rechazó la autenticidad del parte de novedades (cfr. foja 97) y las personas que habrían suscripto el instrumento nunca declararon en juicio. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque la empleadora expresamente desistió de esa prueba testimonial.-
La demandada desistió de los testimonios de Domingo de los Ríos y Matías Moreyra (cfr. foja 167) y Rodrigo Berdote a foja 172. La Jueza actuante aceptó tales pedidos de desestimiento (cfr. fs. 169 y 173).-
Acerca del valor probatorio de los instrumentos privados se ha dicho que: “…‘Sobre su valor probatorio a diferencia de los instrumentos públicos, que gozan de la presunción de autenticidad, los privados no la tienen de modo que carecen de todo valor probatorio mientras la firma no haya sido reconocida por el firmante o declarada debidamente reconocida por el Juez (arts. 1012 y 1026 C. Civil), habiéndose destacado que como la firma es condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada, a quién invoca dicho instrumento en juicio corresponde la carga de la prueba de su autenticidad. La omisión del cumplimiento de dicha carga probatoria no lleva inexorablemente al rechazo de la pretensión, pues si la valoración integral de los demás elementos de juicio disponibles conduce a la convicción de que las partes estuvieron unidas mediante una relación jurídica, cabe admitir tal circunstancia (Prot. de Sent. T° I-F° 592/596-03)’.” (cfr. CCiv.Com.Minería San Juan, Sala 3, “Sanz Mariano Segundo c/ Mereles Lilia Beatriz s/ Daños y Perjuicios”, del 28-10-2011, http: saij.gob.ar Cita Online: FA11280041).-
También se ha sostenido que: “...cuando no se trata de documentos atribuidos a la contraparte, y que por sí solos no traen aparejada o demostrada su autenticidad, es necesario ofrecer y producir la prueba consiguiente para que ese instrumento posea efectos respecto de terceros -ya que es evidente que no se puede reconocer documental en cuya formulación no se ha intervenido o la cual ni siquiera ha sido suscripto- prueba que incumbe a quien intenta valerse de la misma pues es obligación producir en el proceso elementos probatorios formalmente auténticos (conf. doctrina causa Ac. 82.844, ‘Arriaga’, sent. del 16-VII-2003)…” (cfr. SCBA, “Stratico Fabián Ezequiel contra ‘Ferrovías S.A.’. Daños y perjuicios”, causa C. 118.649, del 01-06-2016).-
Así, la falta de reconocimiento del parte de novedades no lleva indefectiblemente a su rechazo como medio probatorio, aunque sólo cabría admitir su validez en atención a la valoración integral de otros medios probatorios. Pero de la compulsa de autos no surge otra prueba que acredite que Varas haya estado fumando.-
Es más, el testigo Eduardo Roberto Sánchez, quien según el parte de novedades se encontraba presente mientras fumaba el actor (cfr. foja 93), declaró ser compañero de habitación del mismo en los últimos cinco o seis meses antes de irse, que el actor no fumaba y que tampoco fue sorprendido fumando por el personal de la empresa (cfr. fs. 148 y vta.).-
Este panorama deja en total orfandad probatoria la supuesta falta invocada en la comunicación extintiva, razón por la cual el despido directo dispuesto debe reputarse injustificado.- Las razones esgrimidas en los considerandos que anteceden llevan a que el recurso interpuesto tenga favorable acogida, en cuanto a la violación de la ley, correspondiendo en consecuencia, casar la sentencia.-
VI. Que al rechazarse, en Primera Instancia, el pedido de caducidad de la acción opuesta por la demandada y determinarse que no se acreditó la existencia de justa causa para el despido cobra relevancia el hecho de que Minera Santa Cruz S.A. apeló la sentencia de Primera Instancia que le fuera adversa. Allí planteó agravios vinculados con la procedencia de distintos rubros reclamados por el actor, como la procedencia de la multa prevista en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323, la tasa de interés y costas (cfr. PE779524-2023). Todos ellos no fueron tratados por la Cámara de Apelaciones por haber hecho lugar a la caducidad de la acción y considerar que existió justa causa de despido (cfr. PE1064703-2023, pág. 15).-
Ante tal circunstancia, estimo que se impone que este Alto Tribunal asuma la competencia positiva, pues corresponde dar respuesta a las defensas oportunamente planteadas por la Minera Santa Cruz S.A. y que no renovó en atención al resultado favorable que su postura obtuvo en Segunda Instancia. Es pertinente recordar que la Suprema Corte Bonaerense ha propugnado el mismo criterio, a saber que: “...por aplicación de la regla de la adhesión a la apelación cuya vigencia en la sede extraordinaria ya ha sido sostenida por la Suprema Corte (conf. doctrina en causas L. 77.372, ‘Paz’, sent. del 14-IV-2004; L .80.099, ‘Torti’, sent. del 19-IX-2007; L. 86.972, ‘Hernández’, sent. del 2-XII-2009), corresponde atender las defensas que opuso el demandado en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado.” (cfr. SCBA, “L. C., J. M. c/ Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo”, causa L. 102.918, del 16-02-2011. Ver también TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXI, Reg. 697, Folio 4117/4136).-
Por lo tanto, procederé a analizar las defensas esgrimidas por la demandada en su recurso de apelación.-
Asimismo se determinarán la totalidad de los rubros demandados que habrán de prosperar en atención a que la sentencia de la Cámara rechazó la acción promovida por el Sr. Varas (cfr. PE1064703-2023, pág. 15).-
VII. Que en lo vinculado a los ítems indemnizatorios que han de prosperar es conveniente rememorar que la presente demanda por despido sin justa causa se inicia el 5 de abril de 2017. La acción se dirige contra Minera Santa Cruz S.A. con motivo de la unión laboral que unió a las partes desde el 16 de marzo de 2007 hasta la fecha de notificación del distracto: 10 de abril de 2015 (tal como reconocen ambas partes en la demanda y su contestación, cfr. fs. 10 vta. y 92).-
La demandada no niega particularmente la fecha de ingreso del actor, ni plantea otro momento de inicio de la relación laboral. Por tal motivo, en función de lo estatuido en el artículo 334, inciso 1° del CPCyC estimo por reconocido como inicio del contrato de trabajo al 5 de abril de 2012.-
El Sr. Varas reclama indemnizaciones legales por despido sin causa en concepto de integración de mes de despido, preaviso, antigüedad, vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario, con más intereses y la multa prevista en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323 y la aplicación del artículo 9 de la Ley Nº 25.013 (cfr. fs. 10 y vta.).-
La relación laboral finalizó, como ya se adelantó, por el despido dispuesto por la empleadora argumentando que se lo encontró fumando. Hecho este que finalmente no pudo probar la demandada.-
Resta ahora determinar la viabilidad de los conceptos reclamados.-
a) Indemnización por antigüedad: La relación laboral comenzó el 16 de marzo de 2007 y finalizó el 10 de abril de 2015. Al momento del cese de la relación laboral el trabajador contaba con una antigüedad de ocho (8) años y veinticinco (25) días, por lo cual se le deben computar ocho (8) años de antigüedad. En consecuencia le corresponden percibir ocho (8) meses de sueldo de la última mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en el último año trabajado (cfr. art. 245 de la LCT).-
A estos fines se tomará la remuneración de marzo de 2015, tal como lo hizo la sentencia de Primera Instancia, teniéndose como mejor base la suma de pesos diecinueve mil sesenta y cinco pesos con setenta y un centavos, ($19.065,71) (cfr. PE763591-2022, pág. 8). Monto que no fue impugnado por ninguna de las partes.-
b) Integración del mes de despido: Surge de la liquidación agregada a foja 6 que no se le abonó en su totalidad el último mes en que trabajó. Se le abonaron sólo pesos cuatro mil novecientos noventa y tres pesos con doce centavos ($4.993,12). Por lo que corresponde hacer lugar al pago de la integración del mes de despido, por el mes de abril de 2015, teniendo en cuenta la fecha del distracto (10 de abril de 2015) y el monto de sueldo ya abonado (cfr. foja 6) (conf. art. 233 de la LCT).-
c) SAC sobre integración del mes de despido:
Atento lo decidido en el inciso anterior corresponde hacer lugar a este rubro.-
d) Preaviso: Conforme lo establecido en los artículos 231 y 232 de la Ley de Contrato de Trabajo, deben abonarse en este concepto dos salarios mensuales, en atención a la antigüedad del actor (un poco más de ocho años).-
e) SAC s/ Preaviso: debe hacerse lugar a este rubro ya que preaviso genera al derecho a percibir el importe proporcional del aguinaldo.-
f) SAC proporcional (abril 2015): surge de la liquidación agregada a foja 6 que se le abonó este rubro al actor, por lo que no corresponde hacer lugar al mismo.-
g) Vacaciones no gozadas: En la liquidación de foja 6 consta el pago de este ítem, por lo que no corresponde su procedencia.-
h) SAC s/ vacaciones no gozadas: también debe rechazarse este rubro, pues fue abonado en la liquidación final que luce a foja 6.-
i) Multa art. 2 de la Ley Nº 25.323: Ahora se debe determinar la procedencia o no de la multa prevista en el artículo 2° de la Ley 25.323. Recuérdese que este artículo dispone que: “Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.”.-
Debe tenerse presente que la indemnización prevista en el artículo 2 de la Ley Nº 25.323 tiende a resarcir daños independientes y distintos de la cesantía en sí. Busca indemnizar los perjuicios derivados del no pago oportuno de las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo.-
En el caso bajo estudio encontramos viable la aplicación de la excepción prevista en el segundo párrafo del precepto transcripto toda vez que el demandado se pudo considerar válidamente con razón para oponerse al pedido de la indemnización por despido. Abonan esta afirmación la circunstancia que la Alzada estimó, aunque erróneamente, que la acción había caducado y que existía justa causa de despido. Esto pone en evidencia que aspectos importantes de la litis eran razonablemente debatibles.-
A los efectos de apuntalar lo expresado, se ha manifestado que: “…dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr. Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que ‘…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema’ (confr. CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, ‘Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.’, JA 2002 IV, 129, citado en Rodríguez Saiach, Luis Armando, ‘Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones’, ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 576, Folio 3279/3288 y Reg. 587, Folio 3360/3367).-
A una solución similar se debe arribar respecto de la multa contemplada en el artículo 9 de la Ley Nº 25.013, que dispone: “Artículo 9º- (Falta de pago en término de la indemnización por despido incausado). En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la Ley 20.744 (t.o. 1976).”.- Esta norma genera un supuesto de concurrencia normativa di-recta con el artículo 2 de la Ley Nº 25.013, en cuanto a que las dos normas sancionan al empleador que injustificadamente no abona la indemnización por despido incausado (cfr. Ackerman, Mario E.: “El Despido. Despido sin justa causa, disciplinario, indirecto, por falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2021, pág. 498).-
Tal como hicimos referencia al tratar la indemnización del artículo 2 de la Ley Nº 25.323, no corresponde en el caso aplicar la multa prevista del artículo 9 de la Ley Nº 25.013, toda vez que, como dijimos, el demandado se pudo haber sentido razonablemente con derecho a oponerse al pago de la indemnización solicitada.-
Por lo expuesto debe rechazarse el pedido de la aplicación de las multas de marras previstas en los artículos 2 de la Ley Nº 25.323 y 9 de la Ley Nº 250.13.-
VIII. Que, ahora queda por determinar la tasa de interés aplicable al crédito del actor. Sobre esta cuestión debe reseñarse que la sentencia de Primera Instancia determinó que se debía utilizar la tasa activa del Banco de la Nación Argentina a tales fines (cfr. PE763591-2022, pág. 10). Esta decisión fue apelada por la demandada -quien le resultó favorable la sentencia de Cámara-, alegando que contradecía la doctrina casatoria dictada por este Alto Tribunal en varios precedentes. Solicitando que se aplique la tasa pasiva promedio prevista por el Banco Central de la República Argentina (cfr. PE779524-2023, pág. 5).-
Por su lado, el actor, en su casación, solicita la repotenciación del capital reclamado por aplicación del artículo 276 de la LCT (cfr. PE1091651-2023, pág. 10).-
El artículo 276 de la LCT, fue sustituido por el artículo 84 del Decreto N° 70/2023, denominado “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”. Y quedó redactado en estos términos: “Art. 276. -Actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados y/o repotenciados y/o devengarán intereses. La suma que resulte de dicha actualización y/o repotenciación y/o aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual. La presente disposición es de orden público federal y será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también, después de la declaración de quiebra.” (Artículo sustituido por art. 84 del Decreto N° 70/2023 B.O. 21/12/2023.).-
Ahora bien, más allá de la constitucionalidad o no que se pueda predicar de la reforma introducida al artículo 276 de la LCT por el Decreto N° 70/2023, lo que sostiene el mismo es que los créditos laborales serán actualizado y/o repotenciados y/o devengarán intereses. La norma no determina en que porcentaje deberán ser incrementados los créditos de origen laboral. Lo que sí hace es fijar un tope para su actualización y/o repotenciación y/o aplicación de intereses. Así, no se puede exceder el Índice de Precios al Consumidor más un tres por ciento de tasa pura anual.- Desde otro cuadrante, debe recordarse que la actualización monetaria o repotenciación de deudas aún se encuentran prohibidas, de acuerdo al texto literal vigente de la Ley Nº 25.561 -art. 4- que impide cualquier forma de actualización de los créditos, nótese que mantiene “derogadas…todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar…”. Este criterio ya había sido sentado por este Alto Tribunal en: Sentencia, Tomo XIII, Registro Nº 455, Folio 2.474/2.482. Razón por lo cual no es procedente acceder al pedido de repotenciación del capital.- Lo que sí corresponde adicionarse al crédito del actor son los intereses moratorios. Dicho lo cual se analizará la tasa de interés que corresponde aplicar al crédito del actor.- Como punto de partida es preciso destacar que este Alto Cuerpo ha conceptualizado a la doctrina legal como aquella que fluye en forma de mandato general abstracto, imperativo, de las normas vigentes y que en definitiva constituyen su “texto expreso”.
Este se integra con el sentido literal de la norma con más la adición de su inteligencia, desentrañada racionalmente según las reglas de la ciencia jurídica. Es, en síntesis, la interpretación de la ley (cfr. Sentencia, Tomos III, Reg. 117, Folio 543/546; IV, Reg. 131, Folio 625/631; V, Reg. 160, Folio 806/816; VI, Reg. 215, Folio 1157/1163 y Reg. 219, Folio 1180/1185; X, Reg. 363, Folio 1955/1961; XIII, Reg. 478, Folio 2592/2595 y XVI, Reg. 538, Folio 3030/3035).-
En consonancia con ello, se ha precisado que es este Tribunal Superior de Justicia el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (cfr. Sentencia, Tomos XII, Reg. 418, Folio 2282/2288; Reg. 422, Folio 2307/2312; Reg. 436, Folio 2377/2381; Reg. 437, Folio 2382/2396; XIII, Reg. 452, Folio 2462/2465; Reg. 478, Folio 2592/2595 y XIV, Reg. 498, Folio 2739/2745).-
La obligatoriedad de la doctrina casacional trazada por este Tribunal Superior de Justicia ha sido instituida en los fallos “Chazarreta” y “Amado”, en los que se dijo que: “Los fallos dictados por este Alto Cuerpo, constituyen doctrina legal…a la cual los jueces deben conformar sus decisiones…” (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677 y XV, Reg. 529, Folio 2969/2974). Este carácter vinculante es una de las consecuencias del funcionamiento de la casación y emerge de la condición de último intérprete local que le atribuye el plexo constitucional provincial a este cimero Tribunal Superior de Justicia (cfr. art. 132, incs. 3° y 4° de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz); de este modo, se produce una cohesión interpretativa en todo el territorio provincial que no debe desdeñarse dado que a su vez ello es fuente de seguridad, certeza e igualdad y, por ende, de equidad (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recurso extraordinarios y de la casación”, 2º edición., LEP, La Plata, 1998, pág. 169).-
Estar a lo que se haya decidido previamente es un principio básico de recta judicatura y de necesidad de certeza en la aplicación de la ley. Por lo tanto, la doctrina del precedente obligatorio se traduce en un mejor servicio de justicia, en tanto el mismo resulta más económico, eficiente, eficaz y previsible (cfr. Barotto Sergio - Apcarián Ricardo A.: “Doctrina legal obligatoria en los ámbitos federal y provincial. El modelo de la Provincia de Río Negro”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online:
AR/DOC/695/2019).-
De conformidad con estas premisas, el planteo de la parte demandada merece ser favorablemente receptado. Ello, en razón de que la sentencia de la Primera Instancia contradice el criterio legal fijado por este Tribunal Superior de Justicia en las causas: “Veras”, “Heredia”, “Moreno”, “Gómez” “Salguero”, “Garay” y "Capuzzello", en las que se estableció que al monto de condena debía adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Sentencia, Tomos XX, Reg. 675, Folio 3916/3921, Reg. 680, Folio 3952/3956 y Reg. 678, Folio 3940/3946; XXI, Reg. 698, Folio 4137/4146, Reg. 689, Folio 4028/4039, XXIII, Reg. 731, Folio 4423/4426 y Reg. 743, Folio 4509/4511).-
La solución que se propicia no es novedosa puesto que este Alto Cuerpo ya ha tenido oportunidad de expedirse ante planteos similares, sostuvo que: “…toda vez que la decisión adoptada en la instancia de grado se apartó de la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia, el recurso -en este aspecto- debe tener favorable acogida.” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 680, Folio 3952/3956).-
Si bien es aceptable que los jueces ordinarios dejen a salvo su opinión al respecto, no están autorizados a desentenderse de lo que este Alto Cuerpo ha resuelto en razón de su función uniformadora. En el caso concreto, el Juez de Primera Instancia hizo caso omiso a tal deber sin hacer la más elemental mención de la doctrina legal obligatoria que proviene de los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia.-
De tal modo, siguiendo con la doctrina legal emanada de los precedentes citados, emitidos en el marco de litigios de índole laboral, corresponde decidir que al monto que resulte de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
La tasa de interés se calculará a partir del momento en que la demandada entró en mora. Es decir, desde el cuarto día hábil de producirse el despido (16/4/2015). Ello en razón de la interpretación conjunta de los artículos 128 y 255 bis de la LCT. Sobre esta cuestión este Alto Cuerpo ha dicho que: “…En los casos de haberes e indemnizaciones, la LCT establece la mora automática (art. 138, LCT) y según los plazos prefijados (arts. 128 y 255 bis, LCT).’ (cfr. César Arese: “Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo”, 1ª edición, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, pág. 204). Y que: “…El artículo 255 bis del ordenamiento laboral dispone que: ‘El pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 128 computados desde la fecha de extinción de la relación laboral.’, mientras que el artículo 128 establece que: ‘El pago se efectuará una vez vencido el período que corresponda, dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3) días hábiles para la semanal.’.” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 678, Folio 3940/3946).-
IX. Que en mérito a las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1091651-2023 y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1064703-2023. Componer positivamente la litis, haciendo lugar parcialmente a la demanda entablada por el Sr. Carlos Jesús Varas y condenando a la demandada Minera Santa Cruz S.A. al pago de las sumas resultantes de la liquidación a practicar conforme artículo 99 de la Ley 1444, por los rubros demandados en concepto de: a) indemnización reclamada por antigüedad; b) integración mes de despido (abril/2015); c) SAC s/ integración mes de despido; d) Preaviso; e) SAC s/ preaviso, conforme lo dispuesto en el considerando VII. Las sumas definitivas de dinero correspondientes a los rubros condenados deberán ser actualizadas desde el 16 de abril de 2015, conforme la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina y en el término de diez (10) días de quedar firme la misma. Desestimar los rubros SAC proporcional (abril 2015), vacaciones no gozadas, SAC s/ vacaciones no gozadas, y las multas contempladas en los artículos 2° de la Ley 25.323 y 9 de la Ley 25.013.-
Las costas, en todas las instancias, se imponen a la demandada vencida (art. 68 del CPCyC, por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444), difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
Por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1091651-2023 y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1064703-2023.-
2. Componer positivamente la litis, haciendo lugar parcialmente a la demanda entablada por el Sr. Carlos Jesús Varas y condenando a la demandada Minera Santa Cruz S.A. al pago de las sumas resultantes de la liquidación a practicar conforme artículo 99 de la Ley 1444, correspondiente a los rubros demandados en concepto de: a) indemnización reclamada por antigüedad; b) integración mes de despido (abril/2015); c) SAC s/ integración mes de despido; d) Preaviso; e) SAC s/ preaviso. Las sumas definitivas de dinero correspondientes a los rubros condenados deberán ser actualizadas desde el 16 de abril de 2015, conforme la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina y en el término de diez (10) días de quedar firme la misma.-
3. Desestimar los rubros SAC proporcional (abril 2015), vacaciones no gozadas, SAC s/ vacaciones no gozadas, y las multas contempladas en los artículos 2° de la Ley 25.323 y 9 de la Ley 25.013.-
4. Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida y diferir la regulación de honorarios de los profesionales hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de lo dispuesto en PE2082226-2025 código de validación 4ytftb (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Presidenta-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1011S.251 Tomo: XXV Sentencia: 776 Folio N°: 4811/4820 Secretaría: 1
Fin de la sentencia