Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8777/25 Sentencia: Definitiva Actor: Varas Daniel Alberto Demandada: Hot Hed S.A Objeto: Demanda Laboral Fecha: 29-08-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintinueve del mes de Agosto de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: "VARAS, DANIEL ALBERTO C/HOT HED SA S/DEMANDA LABORAL", Expte. Nº 19.359 del año 2.017 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de la Familia de la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8777/2025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Griselda Elizabeth Bard y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. A fs. 12/13 se presenta el Dr. Carlos Toledo Vargas en representación del Sr. Daniel Alberto Varas y promueve demanda laboral contra la firma Hot Hed SA por el cobro de la suma de $ 208.121,44 en concepto de Rubro Adicional por Torre, Indemnización por antigüedad, Omisión de Preaviso, Integración del Mes de Despido, SAC sobre estos dos últimos, entrega de certificado de trabajo y certificación de servicios e indemnizaciones art. 80 y 132 bis LCT, art. 2 Ley 25.323 con más los intereses conforme a la tasa activa del BNA desde que son debidos y hasta su efectivo pago con costas. Relata los hechos, describe y fundamenta los rubros reclamados, funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.
II. A fs. 44 obra constancia de celebración de audiencia conciliatoria con resultado negativo y a fs. 38/43 el Dr. Sergio Acevedo, apoderado de la firma Hot Hed S.A. contesta demanda.
Formula una negativa particular de hechos, relata la realidad de los hechos, funda en derecho, ofrece prueba, y hace su petición final.
III. A fs. 50 y vta. se abre la causa a prueba. Producida la ofrecida y admitida se clausura el período probatorio a PE 15796-2023, poniéndose los autos para alegar. A PE 999887-2023 lo presenta el actor.-
IV. Por PE 1345629-2024 se dicta sentencia de primera instancia en la que se hace lugar parcialmente a la demanda promovida por Daniel Alberto VARAS contra HOT HED S.A condenándola al pago de la suma de dinero correspondiente al rubro Indemnización del Art. 80 LCT ($ 137.156,94), la que deberá ser actualizada conforme a la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina y desestima los rubros adicional por torre, indemnización por antigüedad, omisión de preaviso, SAC s/omisión de preaviso, integración mes de despido, SAC s/integración mes de despido, art. 132 bis LCT y art. 2 Ley 25.323. Asimismo condena a la demandada a hacer entrega al actor del certificado de aportes y certificado ANSES, y regula los honorarios profesionales de los letrados intervinientes.- La sentencia es recurrida por la parte actora y mediante PE 1371953-2024 expresa los agravios, solicitando se haga lugar a los rubros reclamados de adicional por torre, diferencia de indemnización por antigüedad, de integración del mes de despido y S.A.C y la sanción del art. 2 de la ley 25.323, pidiendo se actualicen por la tasa activa del BNA con costas. En sustento de las quejas que formula, argumenta en primer lugar, que el Juez de grado desestimo el rubro adicional por torre en virtud a una declaración testimonial que señala que el actor trabajaba 8 horas diarias, siendo que los recibos de haberes demuestran que le abonaban horas extras y los rubros vianda almuerzo 10 hs, desayunos, ayuda alimentaria o horas y vianda cena 12 horas, lo que indica que el actor trabajaba las 12 horas que requiere la norma convencional. Con ese fundamento pide se revoque el decisorio y se admita el rubro conforme a los valores informados a fs. 172 por el Sindicato Petrolero y Gas Privado. Como derivación de este agravio, plantea la diferencia de indemnización por antigüedad ya que a la mejor remuneración debe sumarse el monto adicional por torre.
Se queja también respecto del rubro integración del mes de despido, señalando que en razón de haberse dispuesto el despido el 3/4/17, corresponde abonar dicho mes de manera completa y no parcialmente como fue pagado. Nada dice respecto del SAC al que alude en el punto II de su presentación.
Critica que el magistrado de la instancia anterior haya rechazado la pretensión de incrementar las indemnizaciones por antigüedad e integración del mes de despido en un 50 % conforme a lo previsto por la ley 25.323, por cuanto ha cuestionado el rechazo de los rubros por diferencias de indemnización por antigüedad e integración del mes de despido lo que implica que ésta sanción también resulte procedente. Por último se agravia en orden a la tasa de interés a aplicar, solicitando se aplique la tasa activa del BNA ya que la demandada no formulo oposición.
El recurso planteado por el actor no mereció réplica de la contraparte pese a encontrarse debidamente notificado.
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
V. Abordando el tratamiento del recurso incoado por el actor, inicio el análisis de la primera de sus quejas a través de la cual, critica la decisión de grado en cuanto desestima el rubro adicional por torre.
En esa faena, tengo en cuenta en primer lugar, las prescripciones del art. 64 del CCT 643/12, el que dice en su primer párrafo: "Adicional de Torre: Las empresas abonarán a los trabajadores que integren la dotación de los equipos de torre, que cumplan diagramas de trabajo de 12 horas efectivamente afectados al equipo en Yacimiento comprendidas dentro del título II un adicional mensual…." Así las cosas y a los fines de decidir sobre el punto, debo hacer hincapié necesariamente en las características del régimen de trabajo que cumplía el operario en favor de su empleador, pues, conforme se aprecia de los términos de la norma, será la extensión de la jornada laboral que tenga el operario lo que determinará si le corresponde o no percibirlo. En concreto, se habrá de apreciar, si alcanzaba las 12 horas que se fijan como presupuesto de procedencia. En la instancia anterior, se interpretó que no se logró acreditar ese extremo y fue por esto que el recurrente, a la hora de plantear sus agravios, adujo que la naturaleza de los ítems que conformaban la remuneración que mensualmente percibía, daban cuenta de que tenía una jornada diaria que se ajustaba a las exigencias normativas, es decir, que cumplía con las doce horas de labor. Dicho ello, observo que el actor, al momento de promover la demanda, no especifico cómo era su régimen de trabajo y tampoco lo hizo, cuando fundamento la queja en tratamiento.
Del estudio de las constancias probatorias incorporadas, surge que el testigo propuesto por esa parte José Antonio Linares, el que declaró a fs. 118, fue quien describió ese régimen diciendo que era de Lunes a Viernes de 8 a 5, Sábados media jornada y si había días que tenía que salir en sus francos, solo lo hacían si los llamaban. Dijo también que trabajo con el actor en la empresa demandada, que ingresaron en la misma fecha y que éste cumplía tareas de soldador y que estaba también en la parte de torque. Y fue justamente con sustento en esos dichos, que el adicional en cuestión se desestimó en la instancia anterior.
Para revertir esa decisión adversa, el apelante se apoyó como arriba se dijo, en los ítems que integraron su remuneración, ya que interpreta que son indicativos de la extensión de la jornada. Si bien comparto esa apreciación en el sentido de que las horas extras liquidadas a un trabajador hacen suponer que supera la jornada diaria normal de 8 horas, pues, es el necesario presupuesto fáctico que avala su pago, no pierdo de vista que en el supuesto en estudio, de lo que se trata concretamente, es de corroborar si el actor alcanzaba las doce horas diarias de trabajo. Es decir, no solo debemos tener en cuenta el hecho en sí del trabajo extraordinario cumplido, sino su quantum. En este sentido, tengo presente lo dicho por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo al indicar que "…es criterio de ésta Sala que la prueba del cumplimiento de labores durante tiempo extraordinario, no existe norma legal alguna que establezca que su valoración deba ser realizada con mayor estrictez, o que la convicción que arroje la prueba producida deba ser más contundente que la necesaria para administrar cualquier otro hecho litigioso. En otras palabras, el horario puede ser probado por cualquiera de los medios de prueba expresa o implícitamente admitidos por la ley orgánica y la valoración de la prueba debe ser realizada conforme los principios de la sana crítica, como dispone el art. 386 del CPCC" (conf. esta misma Sala, in re: "Morgante, Adriana B. c/ Representantes SA"; entre muchas otras, en igual sentido, CNAT, Sala IV, in re "Funari, Raúl c/ Consorcio de Prop. del edificio de J.V. González 406"). Bajo esos lineamientos, observo que la quejosa, para acreditar la procedencia del adicional en disputa, no tuvo otra actividad probatoria más que la ya detallada, es decir, la prueba testimonial de un compañero de trabajo, la que va de suyo, no le fue para nada útil a los fines pretendidos. Nada más aporto pudiendo haberlo hecho.
Es de ahí que propuso como único camino para criticar la decisión de grado, la conformación de su recibo de sueldo. En éste sentido, aprecio de autos, que se hizo operativa la presunción del art. 55 LCT por no haber presentado la demandada la documentación detallada a fs. 50, esto es, los recibos de haberes de toda la relación laboral y la de aportes con destino a la seguridad social, obra social y seguros correspondientes a toda la relación. En consecuencia, tendríamos que tener por cierta las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que deberían haber constado en esos registros. No obstante, ésta presunción es "iuris tantum" es decir, puede ser desvirtuada por prueba en contrario.
Que conforme con ello, opino que en el supuesto, la presunción que emana de la norma es irrelevante para tener por acreditado el hecho sobre el que se apoya el reclamo, pues, entiendo que no se puede presumir la cantidad de horas necesarias para admitir el planteo del actor, cuando el testigo que declaro fue preciso sobre ese punto. Dejarlo de lado, no sería más que quitarle eficacia probatoria y valor convictivo a su testimonio poniendo por encima una presunción que admite, como se dijo, ser dejada sin efecto. Que por ello estimo que la realización de horas suplementarias en la cantidad que exige la normativa convencional, esto es 12 horas, no se encuentra acreditada en autos.
En conclusión, de acuerdo al marco de la pretensión deducida, la postura asumida por las partes, las pruebas producidas en la especie, considero que no cabe más que confirmar el pronunciamiento de grado en el aspecto tratado.
VI. Que de acuerdo a la forma en que se ha resuelto el agravio anterior, debo por lógica, también rechazar la segunda queja planteada.
VII. Que respecto del tercer agravio, el que recae sobre el ítems integración del mes de despido, observo del recibo de liquidación final agregado a fs. 10/11 que al actor se le abono la suma de 18.287,59 por ese concepto. Conforme surge de tal documental, la fecha de la liquidación es del 18/4/2.017 y la de pago, el 20/4/2.017, es decir, dos días después. Si tomamos como mejor remuneración mensual, normal y habitual la del mes de marzo de 2.017, esto es 45.718,98, que es la que toma el actor a fs. 13, tenemos que los días abonados por el ítems en cuestión corresponde a 12 días, que son justamente los restante para terminar el mes en el que se extinguió el vínculo de trabajo.
Así las cosas, debo compartir el razonamiento del magistrado de grado en cuanto determina que la fecha desde que se debe computar el rubro tratado, es el 18 de abril de 2.017, pues, así resulta de las probanzas incorporadas en autos, en particular, la constancia de baja de Afip y el recibo de liquidación final.
Que por ende y en virtud a lo dicho, interpreto que la integración del mes de despido ha sido correctamente liquidada.
Que por tanto propongo rechazar la queja en cuestión.
Que respecto del cuarto agravio, destaco en principio que el análisis de la procedencia de la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323, obliga a revisar la forma en que se ha configurado el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes.
Cabe también remarcar que la interpretación de la sanción que contempla esta norma, la que importa un agravamiento en la indemnización prevista por la normativa laboral en sus arts. 232, 233 y 245, debe ser restrictiva. Tengo presente para así opinar, el precedente del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en los autos caratulados "MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL-COBRO DE PESOS", Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ). Dicho ello, tengo en cuenta que en el caso, el planteo recursivo en cuestión, se sustenta en parte, en el rechazo de las diferencias de indemnización por antigüedad demandada y de la integración del mes de despido (art. 245 y 233 LCT) conforme se decidió en la instancia anterior. Es por esto que de acuerdo a la forma en la que se resolvieron esos puntos en el presente, es evidente que no puede admitirse la sanción que se persigue, pues, se concluyó en que la demandada, abono de manera correcta la respectiva liquidación final en lo que a dichos rubros respecta. De modo tal, que siendo la finalidad de la sanción contemplada en el art. 2 de la ley 25.323, compeler al empleador a pagar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar futuros litigios, interpreto que no está presente en el caso su presupuesto de procedencia, cual es el no pago de la indemnización en tiempo oportuno. Por estas razones y de acuerdo a la interpretación que se le debe dar por tratarse de una sanción en consonancia con lo decidido en forma reiterada por el Máximo Tribunal Provincial, concluyo en que el agravio no debe prosperar.
VIII. Por último y en cuanto al quinto agravio a través del cual se queja en orden a la tasa de interés a aplicar, solicitando se aplique la tasa activa del BNA, debo señalar que la tasa de interés que se utiliza para actualizar los montos determinados, debe valorarse en cuanto a su conveniencia siempre en beneficio del trabajador, ya que se trata de la tutela de derechos laborales que impone prestar una especial atención (arts. 14 bis C. N., 9 y ccs. LCT, arts. 766 y ccs. CCC, 164 y 166 CPCC). En ese sentido destaco que esta Excma. Cámara ha decidido en diferentes pronunciamientos la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina como mecanismo de interes válido.
Si bien cierto es que la doctrina casatoria del Tribunal Superior de Justicia al respecto ha sido la utilización de la tasa pasiva promedio del BCRA, cierto también lo es que se debe analizar el caso al día en que se emite la resolución pertinente. Con ese entendimiento, advierto que la tasa establecida en grado, es más beneficiosa que la pretendida en agravios y es por ello que considero que no debe ser modificada tal como la recurrente lo pide. Máxime cuando no alcanza a explicar suficientemente el perjuicio que en concreto le ocasiona lo decidido, pues, su apreciación, se reduce a una crítica meramente abstracta. Por lo tanto corresponde también el rechazo de la queja tratada.
IX. Por último y en cuanto a las costas, entiendo que al no haber habido oposición de la demandada a los agravios formulados por el accionante, no obstante la forma en la que se resolvieron en el presente, la mismas en ésta instancia deberán ser soportadas por el orden causado.
X. Asimismo y en mérito a la labor desempeñada en esta instancia, importancia del pleito, y resultado obtenido, corresponde regular los honorarios del Dr. Carlos Toledo Vargas en un 27% de lo regulado en la instancia de grado (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330).
XI. Por estas razones entiendo que la sentencia es justa y debe confirmarse en todo lo que fue materia de apelación. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y con sus conclusiones. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XIII. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por la parte actora, debiendo confirmarse la sentencia de grado obrante a PE 1345629-2024 inscripta al N° 1644 T° XXXI Fº 154/157. 2º) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. 3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Carlos Toledo Vargas por la importancia del pleito y resultado obtenido en un 27% de lo regulado en la instancia de grado (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330). 4º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA SEGUNDA CUESTION la Dra. Griselda Bard dijo:
XIV. Que coincido con el Dr. Fernandez por cnsiderar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 29 de Agosto de dos mil veinticinco
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios vertidos por la parte actora, debiendo confirmarse la sentencia de grado obrante a PE 1345629-2024 inscripta al N° 1644 T° XXXI Fº 154/157. 2º) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. 3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Carlos Toledo Vargas por la importancia del pleito y resultado obtenido en un 27% de lo regulado en la instancia de grado (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330).) 4°) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. El Dr. Humberto Eduardo Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.- Protocolización: A201043S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3139 Folio Nº: 105/110 Secretaria: 1
Fin de la sentencia