Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1Desestimar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de agravios. -2°) Imponer las costas en la instancia en el orden causado por las razones expuestas.-3°) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se encuentren determinados los de primera instancia.-4°) Tener presente la reserva del caso federal.5°)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.-
El Dr. Horacio M. Fernandez no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 033 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3204 Folio Nº: 192/197 Secretaria: 1
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9191/25 Sentencia: Definitiva Actor: Varas Roberto Benjamin Demandada: San Antonio Internacional S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 10-06-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los diez de junio de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “VARAS, ROBERTO BENJAMIN C/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A. S/ LABORAL" Expte. 36831/18 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de esta ciudad que tuviera ingreso en esta instancia, bajo el Nº 9191/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Humberto Eduardo Monelos y Horacio M. Fernandez para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/105 Roberto Benjamín Varas con el patrocinio letrado del Dr. Fernando Chanampa demanda a San Antonio S.A. por los rubros derivados del despido incausado y por reparación integral por accidente de trabajo. Señala que ingresó a trabajar para la demandada en febrero de 2005 como enganchador de equipo de terminación y reparación en la industria petrolera, que después de 11 años de trabajo tiene un accidente, lo que relaciona con el reclamo para el despido. Detalla pormenorizadamente que padeció un problema lumbar el día 6 de diciembre de 2013 en ocasión del trabajo y todas las atenciones y estudios que se realizó al respecto a partir de ese momento. Señala que se trató de un accidente de trabajo y no de una enfermedad inculpable como dice la empleadora en los términos del art. 208 de la ley de contrato de trabajo. Agrega que la comisión médica le diagnosticó una enfermedad inculpable y que seguidamente el médico de la empresa le recomendó tareas livianas en lo sucesivo. Sostiene que existe responsabilidad de la empleadora y de la aseguradora por la incapacidad que presenta, que no se le dio un trato adecuado a su afección, que se agravó su físico y su moral con las conductas adoptadas por parte de la demandada y la aseguradora. Cita jurisprudencia. Solicita el pago de una reparación integral por incapacidad laboral, y la indemnización por despido incausado. Practica liquidación, ofrece pruebas, funda en derecho, solicita se admita la demanda y hace reserva del caso federal.-
II. La jueza da traslado de la demanda por el accidente de trabajo y fija audiencia de conciliación para el reclamo por despido.
A fs. 118/150 se presenta el Dr. Federico Ferreyra Amuchástegui en representación de San Antonio S.A. y opone excepciones de incompetencia y prescripción y contesta la demanda incoada. Sostiene la inexistencia del accidente de trabajo, afirmando la hipótesis de que se trató de una enfermedad inculpable, se explaya en el análisis de que la dolencia del actor no encuadra en un supuesto de enfermedad profesional por no encontrarse prevista en el listado vigente. En otro orden sostiene la improcedencia de la pretensión por indemnización por despido, argumentando que ante la enfermedad inculpable del actor se siguió el trámite de la LCT, tuvo la licencia paga del art. 208 de la LCT, se reservó el puesto de trabajo y posteriormente se extinguió la relación laboral conforme lo dispuesto por el art. 246 del ordenamiento referido. Desconoce la documentación, ofrece prueba, solicita se desestime el reclamo y hace reserva del caso federal.-
A fs. 172 hay constancia de la celebración de la audiencia del art. 47 de la ley 1444, con resultado negativo y a fs. 180/205 contesta la aseguradora Experta S.A. por medio de gestor procesal. Realiza una negativa detallada de los hechos, reconoce que se realizó una denuncia por dolor lumbar el 6 de diciembre de 2013, y agrega que no era la primera vez ya que Varas registraba varios antecedentes por lumbalgia en su legajo lo que describe. Sostiene que se trata de una enfermedad inculpable, cita jurisprudencia, se opone a la liquidación pretendida. Opone la defensa de "no seguro" por no encontrarse la patología dentro del listado de enfermedades laborales y carecer de nexo causal, opone la falta de legitimación pasiva por responsabilidad civil. Hace reserva del caso federal.
III. A fs. 225/226 se difiere el tratamiento de la excepción de prescripción para el momento de dictar sentencia, a fs. 245 se separan los trámites ordenando la formación de un expediente por la acción civil derivada del accidente del trabajo y por otro lado la presente causa, a fs 248/249 se ordena la producción de prueba. Finalizada la etapa probatoria sólo la parte actora acompaña alegatos y quedan los autos para dictar sentencia.-
En PE2028239-2025 con fecha 29 de septiembre de 2025 se dicta sentencia de primera instancia que rechaza la demanda en todas sus partes e impone las costas a la parte actora.-
IV. En PE2043978-2025 la parte actora apela y expresa agravios con relación a la sentencia dictada. En su presentación hace una extensa reseña del trámite dado a la presente causa, y transcribe parte de la prueba. Sostiene que el juez omite analizar la etiología del accidente que es lo que origina todo el conflicto. Refiere que lo que se describe en la demanda es un accidente de trabajo, y que la sentencia recurrida no lo trata sino que pasa a la aplicación del art. 208 del LCT, sin que exista un razonamiento lógico basado en las pruebas. Entiende que la prueba pericial médica es determinante por cuanto sostiene que el accidente guardaría relación causal verosímil para producir la secuela que describe. Entiende que existen limitaciones funcionales derivadas del siniestro y que debe aplicarse el Decreto 659/96 para estimar incapacidad. Hace referencia a la pericia psicológica y sostiene que por ella se acredita depresión moderada con impacto funcional. Señala que la comisión médica central en su dictamen dijo "alta con incapacidad a determinar y recalificación". Refiere que el juez de grado no valoró dicha prueba y lo califica de inculpable. Concluye que el accidente de trabajo está acreditado y debe indemnizarse. A partir de ello argumenta que la empleadora actuó mal en la relación con el actor invocando el art. 211 de la LCT par finalizar la relación laboral.-
En otro apartado sostiene que se incurre en confusión de la extinción del contrato de trabajo, ya que los regímenes son diferentes y en el caso la empleadora sostuvo una causal objetiva para finalizar el vínculo luego de vencido el período de conservación del empleo. Argumenta que el juez de grado parte de un encuadre erróneo, ya que la demandada no despidió al actor por una falta o un incumplimiento; sino que extinguió el vínculo por operatividad del plazo legal. Vuelve a referir que debieron considerarse las pruebas periciales antes señaladas. -
Agrega como punto de sus agravios la arbitrariedad en la valoración de la prueba, ya que el juez no expone claramente su razonamiento probatorio y no construye una plataforma válida para sostener su decisión. Reitera la falta de valoración de las pericias realizadas y la conclusión a la que llega prefiriendo un dictamen administrativo por sobre otras pruebas. Cita la doctrina de la CSJN en la causa “Pogonza”, de fecha 02/09/2021, cuando se refirió al accionar judicial de revisión de lo decidido en sede administrativa. Refiere a los estudios realizados por el actor y sostiene nuevamente que el Dr. Aybar es contundente en los términos de su dictamen médico; y que la demandada realizó una denuncia del siniestro carente de veracidad lo que habría complicado el expediente ante la comisión médica.-
Le agravia que existiría un error de subsunción jurídica por parte del juzgador al omitir la aplicación del artículo 212 de la LCT, ya que, sostiene que la enfermedad inculpable que no es el caso dado de la acreditación del accidente. Afirma que la sentencia elude este análisis y construye un razonamiento incompleto, ya que era deber del empleador intentar la reubicación del trabajador. Cita doctrina de la materia que se tiene presente. Se explaya en el sentido de que es el empleador quien debe otorgar tareas adecuadas en caso de que el estado de salud del trabajador así lo requiera, lo que entiende se configuró en el caso de autos.-
Sostiene que le causa un gravamen la posibilidad de que el trabajador quedó sin posibilidad de requerir las indemnizaciones derivadas de su despido, tras una series de prácticas erróneas que reitera.-
Pretende el dictado de un nuevo fallo, hace reserva del caso federal.- En PE2063566-2025 la parte demandada contesta los agravios. Sostiene que el fallo es ajustado a derecho y debe confirmarse, que ha tratado todas las cuestiones propuestas en la demanda con rigor científico.
Argumenta que tal como lo sostiene el juez de grado, la decisión rupturista fue una vez finalizado el plazo de preservación del empleo y se halló ajustada a derecho en de conformidad a lo expuesto por el art. 211 de la L.C.T. Agrega que es un artilugio para generar confusión sostener que se confunde el régimen aplicable, ya que el juez no confunde los regímenes, sigue un razonamiento lógico en la correcta aplicación de los arts. 208 y 211 de la LCT, en cuanto al uso de la licencia paga, el año de reserva de puesto y la notificación extintiva. Afirma que no existe ningún error en la subsunción del caso a la legislación aplicable. Agrega que ello está además reforzado por la prueba producida en autos que detalla a partir de sostener que el actor tuvo una enfermedad inculpable, y que si el actor sostiene lo contrario debió acreditarlo. Relata que se funda en la prueba pericial médica pero que la misma no acredita la mecánica del accidente sino que se limita a repetir el “relato” de la demanda. Hace referencia a la carga probatoria de la parte y cita doctrina en este aspecto. Recuerda que la Comisión Médica señaló que se trata de una enfermedad inculpable, y que la actora intenta revertir ese postulado, insistiendo en un accidente de trabajo, que no se encontraría acreditado. Señala que la pericia médica excede su finalidad ya que no corresponde que el perito determine la relación causal entre la dolencia y el presunto accidente, siendo que se omite analizar además el historial médico de Varas donde consta los problemas de lumbalgia que tenía anteriormente y se basa únicamente en el relato del actor. Cuestiona lo manifestado por Varas en cuanto al mecanismos del accidente y la supuesta incapacidad.-
Concluye que Roberto Varas padeció una enfermedad inculpable degenerativa y crónica, lo que sostiene además con lo que arroja la resonancia magnética nuclear de fecha 27/12/2013, los antecedentes médicos del actor y lo manifestado en la audiencia confesional.-
En otro orden refiere que tampoco existió un despido indirecto ni corresponde indemnización en tal sentido ya que nunca existió intimación previa ni se consideró en tal postura. Entiende que por aplicación de los principios de preclusión y de congruencia, el planteo de la actora referido al art. 212 LCT es inadmisible, al no haber sido incluido en la demanda, resultando extemporáneo e injustificado. Ratifica la reserva del caso federal.-
V. Así planteadas las posturas de las partes cabe señalar que la presente causa se desarrolló en principio en forma "incongruente", habida cuenta que se dió dos trámites diferentes, uno por el accidente invocado por el actor y otro por el despido, y posteriormente a fs. 245 se estableció que se formaría otra causa contra la aseguradora como accidente laboral. En este entendimiento la presente causa tramitó únicamente a fin de valorar si procede la indemnización por despido incausado, como lo trata el juzgador en la sentencia.-
Aclarado ello debo señalar que el tratamiento de la prescripción articulada en su oportunidad habrá de ser en la demanda de accidente ya que sobre ello son los fundamentos que expone la demandada.-
En su agravios el actor sostiene que el juez de grado no analiza la etiología de la enfermedad del actor y concluye que ello lo lleva a decidir como lo hace. Cabe señalar que esta causa continuó su trámite a fin de analizar si corresponde al actor percibir las sumas derivadas de una despido sin justificación. La empleadora tramitó la relación conforme lo dispuesto para casos de enfermedad inculpable. Es decir que partiendo que la afección de salud del trabajador era ajena al trabajo el régimen aplicable corresponde ser los arts. 208 y ss. de la Ley de Contrato de Trabajo. Independientemente de lo que se decida en la causa civil que tramita por la reparación del accidente, en este caso puntual la interpretación que se realiza en la sentencia recurrida es la correcta. No corresponde en este proceso analizar el tipo de enfermedad de Roberto Varas, sino si el distracto se encontró o no injustificado. La empleadora ha demostrado que ante el evento de salud sufrido por Varas, se le otorgaron las licencias médicas correspondientes, se mantuvo su puesto de trabajo con pago de salarios y vencido el plazo no pudiendo reintegrarlo se puso fin a la relación laboral. Ello se encuentra expresamente contemplado en el art. 211 de la LCT. Sumado a ello para que un trabajador pueda considerarse despedido indirectamente o por culpa del empleador, no basta con una mera desinteligencia o entendimiento; debiendo por otro lado existir una intimación previa para hacer cesar la situación o regularizar la situación. En el caso, si bien el actor realiza una intimación (fs. 45), la misma no basta por sí para que proceda la indemnización, ya que parte de un error en cuanto señala que lo "suspendieron" cuando en realidad se había declarado extinguida la relación laboral; y la finalización de la relación laboral obedece a una sola causa, ello no puede modificarse unilateralmente un mes después como pretende el actor. Por otro lado debe existir un incumplimiento grave del empleador que torne imposible o gravosa la continuidad del vínculo laboral, lo que en el caso no se invocó ni demostró.
El recurrente insiste en agravios en la falta de apreciación correcta de la prueba, pero lo cierto es que las medidas probatorias cuya valoración invoca lo constituye la pericial médica y demás estudios médicos. Debo señalar algo notorio, cual es que dichas medidas deberán ser valoradas al momento de analizar el accidente en cuestión y sus consecuencias, en el trámite especial que se sigue a tal fin. Ninguna prueba se ha desarrollado en esta causa tendiente a acreditar la voluntad del trabajador para retomar su puesto de trabajo, ni otra labor dentro de la empresa, sino que finalizado el período de reserva de puesto de trabajo, al no haberse demostrado su aptitud para la labor que tenía el empleador procedió de conformidad con lo normado por el art. 211 de la LCT. En este entendimiento no logra revertirse el razonamiento del juez de grado a fin de entender que el distracto del caso ha sido injustificado.
La demandada adoptó la conducta legal esperada para el caso y no ha sido revertida dicha postura. El texto de la ley es claro para volver al trabajo debe estar con alta médica (aún con incapacidad). El actor de autos continuaba con el tratamiento; el período de reposo que contempla la norma es terapéutico, por lo tanto irrenunciable.-
No obstante, habida cuenta que la presente causa se desarrolló en varias aristas y con varios reclamos siendo que el actor pudo haberse creído con derecho a litigar, propongo que las costas en la instancia se impongan en el orden causado (arts. 68 segundo párrafo del CPCC y art. 25 de la ley 1444). Así lo voto.
Por estas razones entiendo que los agravios del actor no pueden prosperar por considerar acertado el razonamiento del magistrado de grado, respondo por la afirmativa.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VI. Que Comparto la interpretación ensayada por la primer votante respecto a la interpretación de los arts. 211 y 212 de la LCT y por ende, entiendo que el distracto ha sido justificado. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. En función de los argumentos desarrollados en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Desestimar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de agravios.
2. Imponer las costas en la instancia en el orden causado por las razones expuestas. 3°) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se encuentren determinados los de primera instancia. 4°) Tener presente la reserva del caso federal. 5°)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que considero a la propuesta ajustada a lo tratado al contestar la primera cuestión. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia,10 de junio de dos mil veintiséis
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Desestimar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de agravios. -2°) Imponer las costas en la instancia en el orden causado por las razones expuestas.-3°) Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se encuentren determinados los de primera instancia.-4°) Tener presente la reserva del caso federal.5°)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.-
El Dr. Horacio M. Fernandez no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 033 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3204 Folio Nº: 192/197 Secretaria: 1
Fin de la sentencia